nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Punta Arenas, seis de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, representada por su Alcalde don José Gabriel Parada Aguilar, domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que con fecha 08 de junio de 2020 fue nombrada Juez Titular de Policía Local de Tierra del Fuego, con competencia sobre las Comunas de Porvenir, Timaukel y Primavera; y bajo el rol 560-2020, de esta Iltma. Corte de Apelaciones, con fecha 11 de febrero de 2020, se fijó el horario de funcionamiento de dicho Juzgado, de acuerdo a las prerrogativas privativas que otorgan los artículos 53 de la Ley Nº 15.231, y 2º del DL. Nº 812, de 1974.

Reclama que el Alcalde recurrido dictó el DECRETO 0688 de fecha 6 de julio del presente, notificado el 11 de julio del año en curso, mediante el cual se establece:

“CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de control de asistencia, puntualidad, permanencia y atrasos del personal municipal y servicio traspasado de educación de la I. Municipalidad de Porvenir, establece como medio de verificación el RELOJ CONTROL BIOMETRICO, en virtud del cual toda persona bajo control horario deberá registrar su ingreso y salida a través de los relojes de control dispuestos por el municipio, y para ello cada funcionario debe estar enrolado con su huella dactilar en el sistema, o en su defecto, el código único de registro para aquellos funcionarios que tienen problema con su huella.

DECRETO:

1.- ESTABLECER, como mecanismo de control de horario de la Jueza del Juzgado de Policía Local, Srta. Ivette L. Barría Rojas, C.I RUT reservado, el sistema de reloj control biométrico que se encuentra en dependencias de la Municipalidad de Porvenir, en el horario de audiencias públicas informado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas los días lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas.

2.- DISPONER, por parte de la Dirección de Recursos Humanos el ingreso al sistema enrolado con la huella dactilar o en su defecto crear código único de registro en caso de existir problemas con su huella.

3.- INSTRUIR, a la funcionaria municipal, Srta. Ivette Barría Rojas, Jueza del Juzgado de Policía Local, Grado 08 E.M.S., concurrir a la Dirección de Recursos Humanos para el registro de su huella dactilar o en su defecto crear código único de registro para su asistencia.

Precisa que la voluntad alcaldicia, manifestada en el decreto impugnado, denota un desconocimiento de la Independencia Judicial de la recurrente, consagrada en la Constitución Política de la República de Chile, y en la Ley 15.231, Orgánica de los Juzgados de Policía Local, soslayando observar además normas básicas de derecho público, hoy en día plasmados en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, instrumentos obligatorios y vinculantes para el recurrido. En este orden de ideas, de la lectura de la última ley invocada, en ninguna parte se logra constatar que el Alcalde tenga alguna función de control sobre el Juez de Policía Local, como la creatividad del Edil de Porvenir pretende imponer.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que desde el inicio de sus labores ha existido una actitud renuente del edil a respetar su independencia, ya que incluso días antes de asumir como alcalde, le pedía explicaciones respecto al cierre del tribunal -circunstancia decretada en ese momento por la alcaldesa subrogante producto de contagios Covid 19- a lo que se le respondió enviando el decreto económico respectivo y explicando un poco la forma de tramitación, cuestión que se reforzó el día 1 de julio, cuando concurrió a la oficina del Alcalde para un saludo protocolar, mantener una conversación relativa a funciones y forma de trabajar del Juzgado de Policía Local de Tierra del fuego y compartir la resolución del horario de atención del juzgado y de la juez. En ocasiones, el edil le escribió a través de WhatsApp cerca de las 18.00 horas, consultando por causas de personas especificas; incluso, el asesor jurídico, con Carlos Contreras Quintana, adoptó la misma actitud, concurriendo al tribunal, pidiendo una causa específica y solicitando explicaciones respecto a su tramitación.

Refiere que al día de hoy, en el tribunal hay 2 funcionarios: el secretario no letrado de 47 años de servicio y una funcionaria a contrata, a pesar de haber solicitado verbalmente al edil y administradora, más personas, ya que los departamentos municipales tienen por lo general 4 funcionarios. Lo anterior, afecta el desempeño de las funciones jurisdiccionales, ya que a pesar de haberse dictado la ley 20.554 que creó el cargo de secretario abogado, la autoridad comunal se ha negado sistemáticamente a dar una solución, el que producto de los requerimientos del concurso y porcentajes asignados por la Municipalidad, se declaró presumiblemente desierto en diciembre de 2021, y a pesar de que se cuenta con presupuesto disponible, tampoco se ha contratado un abogado en calidad de suplente. En el mismo sentido discriminatorio, no se no se ha autorizado la contratación de otra funcionaria que cubra las labores administrativas del tribunal, recargando el trabajo de la recurrente y obligándola a permanecer los días sin audiencia, trabajando en labores administrativas.

Explica que el teletrabajo del tribunal se dio ya que se está ejecutando un proyecto de cambio de piso flotante y habilitación de una oficina nueva, y habiéndose señalado que no existían dependencias para poder atender público, se solicitó el teletrabajo de los funcionarios con la venia de la encargada del proyecto de Secplac nombre reservado. Por otro lado, el día 02 de junio, producto de la constante negativa de mejora de las circunstancias del tribunal, se recibió la notificación del INE regional de suspensión indefinida de la encuesta del Juzgado de Policía Local, señalando que en el corto plazo no existía posibilidad de mejorar las precarias condiciones del mismo. Esta es otra circunstancia que perjudica al tribunal, pues existía posibilidad de que se implementaran las sugerencias para avanzar en igualar las condiciones con otros Juzgados del país para intentar acceder a un mínimo de igualdad de condiciones tecnológicas y de infraestructura tanto para los funcionarios como para los justiciados del Juzgado de Policía Local de la Isla de Tierra del Fuego.

Manifiesta que las conductas específicas que imputa a la recurrida, sin perjuicio de ser de una ejecución permanente en el tiempo, dado el permanente desconocimiento de su calidad de Juez de un Tribunal especial de la República, se ha materializado de la siguiente manera:

i. 21/01/2022 (Lunes 17:01)

El edil notifica a la recurrente de una resolución obtenida con ocasión de una denuncia a Contraloría emitida respecto de un juez suplente que se desempeñó como asesor municipal antes de su nombramiento, en la cual se deslizaba que debía cumplir un horario. El correo electrónico señalaba:

“Estimada nombre reservado

Junto con saludarla, el oficio de Contraloría Regional número E108462 de fecha 26 de mayo del año 2021, a propósito de una denuncia anónima, establece, en su número 2,2, lo que sigue:

Ahora bien, en cuanto al cumplimiento horario en el ejercicio del cargo de juez de policial, se debe tener en cuenta que esta Entidad Fiscalizadora ha manifestado en los dictámenes Nos 22.712, de 2011, y 4.274, de 2012, entre otros, que los jueces de policía local son funcionarios municipales regidos por la ley N° 18.883, en concordancia con lo prescrito en la ley N° 15.231, sin perjuicio de aquellos aspectos en que están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de Apelaciones, de manera que les resulta aplicable la normativa que regula a tales servidores.

Así las cosas, el juez o la jueza de Policía Local debe cumplir la jornada laboral y la Municipalidad, el alcalde, debe establecer un medio de control.

Adjunto el oficio del pronunciamiento para mejor comprensión.

Saludos cordiales”

ii. 08/06/2022; (08:28)

Correo electrónico remitido por el Director de Recursos Humanos de la municipalidad, del siguiente tenor:

“Estimada nombre reservado, Junto con saludar muy cordialmente, y de acuerdo a la instrucción que ha generado la unidad de control del municipio, en relación al cumplimiento de horario, el mecanismo interno es mediante registro de reloj control, para lo cual deberíamos registrar su huella en el sistema.

Saludos cordiales nombre reservado

Director de Recursos Humanos Municipalidad de Porvenir”

En el correo, en términos similares al del edil, se dirigen a la recurrente, desconociendo su cargo, asimilando el trato brindado a de cualquier funcionaria municipal.

iii. 11/07/2022 (Jueves 11:18)

Nuevamente se dirige el Director de Recursos Humanos, esta vez a la “Sta nombre reservado” y se notifica el decreto 0688, un día jueves -el cual no corresponde a un día de audiencias y dentro del horario de concurrencia presencial- con la intención de que el viernes 12 de julio, cumpliera con lo solicitado. El correo señalaba:

“Srta. nombre reservado, Junto con saludar muy cordialmente, tengo a bien remitir en forma adjunta Decreto Alcaldicio RH N° 0688.

Lo anterior para su conocimiento y pueda concurrir a la Direccion de Recursos Humanos para el registro de su huella.

Saludos cordiales nombre reservado

Director RRHH Ilustre Municipalidad de Porvenir”

Señala que la acción de protección interpuesta se dirige contra el acto administrativo plasmado en el Decreto Alcaldicio RH N° 0688, lesivo a sus derechos fundamentales, constituido en la especie por el desconocimiento de su independencia judicial, afectando con ello su integridad psíquica, la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. En efecto, la instrucción se ha impartido sólo respecto de la recurrente, vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al imponerse una diferencia arbitraria con los demás Jueces de Policía Local del país, que no están sometidos a la exigencia que la recurrida pretende imponer. Se conculca, además, su derecho de propiedad sobre la titularidad en el cargo, ya que, de no cumplir la ilegal orden, el recurrido procederá a descontar parte de sus remuneraciones, lo cual deviene en vulneración de su integridad psíquica.

En la especie, afirma, la arbitrariedad del acto se produce toda vez que se actuó en desconocimiento de su calidad de juez de un tribunal especial, intentando aplicarle una resolución de Contraloría que se refería a otro caso, y se decidió contravenir la ley y lo informado por la ICA de Punta Arenas, al ordenarle marcar en un reloj el ingreso a la Municipalidad en un horario mayor al fijado y en circunstancias de que se encuentra con teletrabajo y que es independiente de toda autoridad municipal, sin pedirle informe a la recurrente y por su mero capricho “ME ORDENA” acreditar cumplimiento de la Jornada Laboral Ordinaria estipulada por esa entidad edilicia para “LOS FUNCIONARIOS”, debiendo registrar las entradas y salidas de la suscrita a través del sistema Biométrico por Huella digital.

Manifiesta que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de Justicia ha establecido constantemente que es jurídicamente improcedente que la autoridad administrativa pretenda inmiscuirse en el cumplimiento del Horario de los jueces de Policía Local, resorte que es exclusiva de la Ilustrísima Corte respectiva. En efecto, por Pleno Administrativo rol AD-1747-2011, de fecha 29 de mayo del 2012, la Excma. Corte Suprema instruyó a las Cortes de Apelaciones para que, conforme a los arts. 53 de la Ley Nº 15.231, y 2º del DL Nº 812, de 1974, procedan a fijar los horarios de funcionamiento de los juzgados de policía local de sus respectivos territorios, “los que serán vinculantes para todo el personal” que labora en los respectivos Juzgados. Específicamente, en materia de control de asistencia, en marzo de 1977 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt transcribió el Acuerdo de Pleno Nº 21, de 18 de maro de 1977, al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, previniéndole que es legalmente improcedente que pretendiera que el Juez de Policía Local de la época, entonces dependiente de dicha I. Corte, firmara el libro de asistencia del municipio, porque, “de acuerdo al artículo 8º de la Ley Nº 15.231, los jueces de Policía Local son independientes de toda autoridad Municipal en el desempeño de sus funciones y están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de las respectivas Cortes de Apelaciones….”.

Por otra parte, agrega, el edil, al dictar el decreto según lo sugerido por Contraloría, ha actuado fuera de la competencia que le otorga la Constitución y las leyes y ha invadido la esfera de competencia del Poder Judicial, violando y conculcado expresas normas constitucionales, arrogándose facultades que la Constitución Política de la República y la ley no le han entregado. Además la autoridad recurrida ha infringido la doctrina de los actos propios, toda vez que por más de 2 años ha reconocido que como Juez, la recurrente sólo está subordinada, en el ámbito administrativo y jurisdiccional, a la Corte de Apelaciones de Punta arenas, por lo que, con su actuar, ha alterado el statu quo existente a la fecha de la dictación de los señalados actos administrativos.

Por estas consideraciones, concluye solicitando se declare: 1. Que el DECRETO 0688 no le es aplicable; 2.- Se ordene al recurrido que en lo sucesivo se abstenga de incurrir él, los funcionarios municipales o su asesor jurídico en comportamientos que afecten la independencia e imparcialidad de la recurrente, en su calidad de juez; 3.- Se le brinde al Juzgado de Policía Local una dependencia adecuada para efectos de atender público y el desarrollo de las labores jurisdiccionales; 4.- Se conceda a la recurrente el trato y respeto correspondiente por su condición de magistrada de un Tribunal especial de la República.

Evacúo informe por la recurrida el abogado don Carlos Contreras Quintana, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, fundado en que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna, así como tampoco vulneración a las garantías constitucionales impetradas.

Como primera cuestión, se debe tener presente que el decreto alcaldicio RH N°0688, de fecha 06 de julio del año en curso, está determinado por el pronunciamiento de Contraloría Regional de Magallanes N°E108462/2021 de fecha 26 de mayo de 2021 que, en lo pertinente, precisa en su punto 2.2 “Falta de acreditación de la jornada laboral como juez de policía local”, en la parte que nos compete, lo que sigue: “En este sentido, y de acuerdo a lo prescrito, entre otros, los dictámenes N°33.175 y 58.192, ambos de 2012 y 54.532 de 2015,los funcionarios municipales que se desempeñen en los juzgados de policía local, incluido el respectivo magistrado, por cierto, deben cumplir con la jornada especial de trabajo que fija la Corte de Apelaciones respectiva, no pudiendo los alcaldes exigirles una superior”. Así, lo expresado por el órgano contralor no es una sugerencia, como erróneamente lo interpreta la magistrado recurrente, sino que es una norma imperativa, una orden para el Alcalde en su calidad de jefe superior del servicio, que encuentra su fundamento legal en los artículos 6°, 7° y 98° de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N°18.575; y, 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N°10.336.

Ahora bien, respeto de cada una de las acciones reclamadas por la recurrente, se puede señalar:

1) Respecto del mecanismo de control de la jornada horaria de la jueza de policía local, establecido por decreto alcaldicio RH número 0688. Reiterar que se hace en virtud de una exigencia de la Contraloría General de la República, razón por la cual el mecanismo de control es legal, razonable y no arbitrario, por cuanto es el mismo sistema de control de todos los funcionarios municipales. Dicha instrucción emana del pronunciamiento de Contraloría que consta en documento E108462/2021 de fecha 26 de mayo del año 2021 y cuya observación se mantiene en oficio de seguimiento E214385/2022 de fecha 17 de mayo del año 2022. No obstante, es necesario precisar que efectivamente el horario de control presenta un error, por cuanto éste debe ser los días lunes, miércoles y viernes de 09.30 a 12.30 y no, como erróneamente se estableció en el decreto -09.30 a 13.30 horas- cuestión que se enmendará en los siguientes días.

2) Respecto a una renuencia del alcalde, sus dependiente o asesor jurídico a aceptar la independencia de la magistrado recurrente. Indicar que nunca ha existido una orden o una solicitud que afecte la independencia en el ejercicio de las atribuciones propias de la magistrado, incluso en los mismos hechos que describe podemos precisar lo que sigue: a) el alcalde, sólo en una oportunidad le consultó respecto a un procedimiento determinado con el objeto de informarse del mismo, sin requerir ni ordenar nada al respecto, razón por la cual una simple consulta relacionada con el quehacer propio de la magistrado no puede configurar un hecho tan grave como la afectación de su independencia; b) las comunicaciones efectuadas por funcionarios municipales y por el propio alcalde tienen que ver exclusivamente con el cumplimiento de lo ordenado por Contraloría regional respecto del control horario de la Magistrado, por ser materia que la afectaba y no otra; c) en cuanto a la situación descrita respecto del abogado compareciente, en modo alguno solicitó el expediente y audiencia en calidad de abogado externo municipal, sino como abogado de ejercicio libre que estaba resolviendo el encargo de otro colega.

3) En relación con la imputación de una negativa a contratar nuevos funcionarios para el tribunal y mejorar las dependencias del mismo. Respecto a los funcionarios, no existe acto discriminatorio, prueba de ello es que frente a la existencia de una vacante en el Juzgado, la provisión del cargo fue incluido en el proceso de llamado de concurso público de fecha 12 de noviembre de 2021, publicado en la página web del municipio, el que se dio en las mismas condiciones que el resto de los concursos públicos, siendo la recurrente miembro del comité de evaluación, sin embargo, el concurso se declaró desierto. Además, en los primeros días de junio, la Administradora Municipal visitó a la Magistrado en su oficina a fin de evaluar la incorporación de un Secretario Abogado en calidad de suplente, definiéndose, de mutuo acuerdo, posponer la contratación hasta después de terminadas las Obras de habilitación del primer piso del municipio, a fin de que la persona que ingrese cuente con su propia oficina. En esta parte es necesario precisar también que la contratación de funcionarios, es una potestad del Alcalde, conforme a los procedimientos que determina la ley y es él quien responsablemente y a sabiendas de la disponibilidad presupuestaria puede aprobar, no habiendo cabida a presiones de ningún tipo para dar curso a esto.

Respecto a las dependencias, el Municipio, haciendo eco de las necesidades manifestadas por la Magistrado, incluye una mejora del Juzgado de Policía Local, que implica agregar una oficina a sus dependencias. Con esto, es posible constatar fehacientemente que, desde su ingreso, el Alcalde y la nueva administración ha procurado mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del Juzgado en particular y de todo el Municipio, no habiendo motivo justificado para acusar de un actuar discriminatorio. La nueva oficina incorporada tiene como destinación el nuevo Secretario Abogado, lo que también da cuenta de la voluntad de proveer dicho cargo. Es preciso indicar que debido a múltiples problemas que tuvo dicho proyecto en las etapas de adjudicación y ejecución, el inicio de la obra se da el 07.07.22, pero, de forma previa al inicio de las obras, la Directora Secplan (s), se reunió con la Magistrado para definir un plan de contingencia para cuando inicien las obras. Tras analizar las opciones, se acordó que la mejor forma de continuar con el servicio era a través de Teletrabajo, lo cual fue propuesto a la Administradora Municipal y aprobado. Dicha situación continúa demostrando la preocupación de la Administración por atender las necesidades del Juzgado y acoger sus solicitudes, lo que nuevamente se contrapone a la acusación de actos discriminatorios. Finalmente, según señala la Inspectora Técnica, en su memo 17/2022, las obras se encuentran a un 95% de ejecución, siendo las obras en el ala del Juzgado las siguientes: 1) cambio de piso flotante en su totalidad (considerando el estrado), 2) abertura de vano para puerta entre oficinas y 3) cierre de ventanilla.

4) Respecto a la suspensión de la Encuesta del INE. Ello se trató de una decisión técnica totalmente ajena a las condiciones materiales de funcionamiento del Juzgado, por lo que no existe arbitrariedad alguna.

5) Respecto a las comunicaciones efectuadas vía correo electrónico a la recurrente, referidas a la necesidad de controlar la asistencia al tribunal, en los términos exigidos por Contraloría. En modo alguno se le falta el respeto y, sin perjuicio de la consideración en cuanto a la persona, aun estimando que no hay vulneración de garantía constitucional alguna, y entendiendo que no todos los funcionarios tienen la costumbre o el conocimiento de dispensar el trato que debe tener la magistrado, con esta fecha, por instrucción del alcalde, se ha remitido correo electrónico a todos los funcionarios dando cuenta del trato a la actual titular del cargo de Juez de Policía Local de Porvenir.

En razón de lo expuesto, se solicita el rechazo del recurso interpuesto, teniendo especialmente presente lo siguiente:

1. La Municipalidad ha establecido el cumplimiento de control horario de la nombre reservado recurrente conforme al horario de audiencias fijado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas y en cumplimiento de las instrucciones de Contraloría Regional de Magallanes.

2. No han existido otros hechos que atenten con una garantía constitucional de la recurrente 3. La acción deducida es extemporánea por cuanto fue notificada con fecha 11 de julio de 2022, venciendo el plazo de 30 días corridos establecidos en el número 1 del Autoacordado que regula la tramitación y fallo del recurso, con fecha 10 de agosto y teniendo como fecha de ingreso el día 11 de agosto de 2022, no puede prosperar Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.

Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO.

Que el hecho que motiva el presente recurso lo hace consistir la recurrente en la dictación, por parte de la Ilustre Municipalidad de Porvenir, del Decreto Nº0688 de fecha 06 de julio de 2022, notificado el 11 de julio de 2022, en virtud del cual se establece como mecanismo de control de horario a su respecto, el sistema de reloj control biométrico que se encuentra en dependencias de la Municipalidad recurrida, en el horario de audiencias públicas informado por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, los días lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas.

TERCERO.

Que, respecto de la alegación de extemporaneidad formulada, cabe tener presente que el plazo para la interposición de la acción cautelar no puede ser contabilizado únicamente desde el momento en que el Decreto impugnado es notificado, por cuanto el recurso de protección es una acción que va íntimamente ligada a situaciones de hecho. En este sentido, se debe considerar que el acto denunciado es de carácter continuo, es decir, sus efectos se prolongan en el tiempo sin cesar, lo que permite extenderlos de manera constante, motivo por el cual corresponde desestimar la alegación efectuada.

CUARTO. Que, respecto al fondo, para resolver el recurso en examen, es preciso considerar que el artículo 8° de la Ley N° 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, en lo que interesa, dispone que:

“Los Jueces de Policía Local serán independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de sus funciones. Son aplicables a los Jueces de Policía Local las disposiciones de los artículos 84, 85 y 86 de la Constitución Política; durarán, por consiguiente, indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removidos ni separados por la Municipalidad”.

“Los Jueces de Policía Local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones”.

Por su parte, el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, en lo que importa, establece que:

“A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes”.

“Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía”.

“Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y los Tribunales Militares en tiempo de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley Nº 19.968, en el Código del Trabajo, y en el Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él”.

“Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código”.

Por último, el inciso primero del artículo 82 de la Constitución Política de la República prescribe que: “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “tratándose de los jueces de policía local el diseño de su independencia es particularmente delicado, toda vez que son funcionarios municipales (artículo 5° Ley N° 15.231), nombrados por el municipio a propuesta de la Corte de Apelaciones respectiva, previo concurso (artículo 4°)”.

“Sin embargo, la ley se preocupa de establecer una serie de instrumentos destinados a lograr dicha independencia. Por de pronto, son independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de sus funciones (artículo 8°). Enseguida, no pueden ser removidos ni separados por la municipalidad (artículo 8°). Asimismo, la municipalidad debe proporcionar todos los elementos de trabajo, los medios de movilización para su funcionamiento (artículo 56). Del mismo modo, están directamente sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones (artículo 8°). Dicha Corte los califica (artículo 8°), pondera e1 informe de la municipalidad respecto a la eficiencia, celo y moralidad en el desempeño del cargo (artículo 8°). Además, la Corte de Apelaciones debe enviar antecedentes a la Corte Suprema para que, cuando proceda, formule declaración de mal comportamiento (artículo 8°). También, dicha Corte fija los días y horas de funcionamiento, previo informe del municipio (artículo 53) (…) como se observa, los jueces de policía local, si bien están insertos en la estructura municipal, tienen un control vía Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Pero, ni uno de esos controles ni su inserción orgánica en el municipio, puede afectar ni comprometer su independencia” (STC Rol N° 2961-16-CAA y acumuladas, considerandos 21° y 22°)

QUINTO: Que, en un asunto de similar naturaleza, la Excma. Corte Suprema ha resuelto “… que el artículo 61 letra a) de la de la Ley N° 18.883 contempla como obligación especial del alcalde y de los jefes de las unidades municipales, la de “ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Sin embargo, es evidente que el control jerárquico del alcalde no se extiende, en caso alguno, a los jueces de policía local, puesto que el ordenamiento jurídico es claro al disponer que la dependencia de estos magistrados lo es con los tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial de la República; específicamente, con la Corte de Apelaciones respectiva (artículo 8° de la Ley N° 15.231) y con la Excma. Corte Suprema (artículos 80 y 82 de la Carta Fundamental)” (Recurso de Protección, Excma. Corte Suprema, rol 30.006-2019, 07 de septiembre de 2020)

SEXTO: Que, así las cosas, resulta claro que el acto impugnado, consistente en instruir a la recurrente registrar su asistencia a través del sistema de reloj control biométrico que se encuentra en dependencias de la Municipalidad de Porvenir, como mecanismo de control de horario de la Sra. Jueza del Juzgado de Policía Local, doña Ivette Barría Rojas, en el horario de audiencias públicas informado por esta Corte de Apelaciones, como si la actora fuese una funcionaria de su dependencia y, por lo tanto, sometida al control jerárquico y disciplinario de la recurrida, constituye un acto ilegal y arbitrario, que afecta la garantía de la igualdad ante la ley, y amenaza la independencia e imparcialidad con que debe desempeñarse la recurrente en el cumplimiento de la función jurisdiccional, motivo por el cual la acción deberá ser acogida.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrido reconoció haber incurrido en un error en la dictación del Decreto impugnado, pero sólo en lo que dice relación con el horario fijado, lo que ha sido rectificado conforme declaró su abogado en estardos, motivo por el cual y siendo una de las alegaciones de la recurrente la circunstancia de ordenarle el Sr. Alcalde marcar en un reloj el ingreso a la Municipalidad en un horario mayor al ordenado por esta Corte en los autos rol N°560-2020-Pleno, cuestión que ya ha sido solucionada, no existe medida concreta alguna que adoptar en ese sentido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE el intentado por doña nombre reservado, Jueza del Juzgado de Policía Local de Tierra del Fuego, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, representada por su Alcalde don José Gabriel Parada Aguilar, sólo en cuanto se ordena al recurrido que deberá dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°0688, de fecha 06 de julio del año en curso, y, en lo sucesivo, deberá abstenerse de incurrir en comportamientos que afecten la independencia e imparcialidad de la recurrente, y brindarle el trato correspondiente a su condición de magistrada de un Tribunal de la República.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 3764-2022.PROTECCION.-