Recurso de protección

Punta Arenas, quince de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Mauricio, Cabo 1°, C/F Nro. NUM000, C.I. NUM001, dotación de la 1ra Comisaria de Carabineros Punta Arenas, dependiente de la XII a Zona de Carabineros Magallnes y Antártica Chilena quien interpone acción de protección en contra del Director nombre reservado, General Inspector Rodrigo Cerda Navarro, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, por la dictación del acto arbitrario e ilegal a través de la Resolución correspondiente a traslados el día 02 de Enero de los corrientes, publicada en el diario oficial , y que además se solicitó mediante un recurso de reconsideración a la Unidad correspondiente al General de Personal, con respuesta el 16 de junio y notificado el 18 de junio de los corrientes, en el cual no se dio ha lugar al recurso.

Manifiesta que se encontraba destinado a la 20 Comisaria de la Prefectura Santiago Cordillera e interpuso recurso de reconsideración en tenor de su familia se compone por su conviviente civil Maite y su hijo de 10 meses, Alejandro, el cual se encuentra con diversos diagnósticos médicos, desde hace 5 meses, por alergia alimentaria, mas alergia a la proteína leche de vaca, por lo cual es necesario que se alimente con lactancia de fórmula, debiendo consumir leche hidrolizada “ALTHERA” la cual sobrepasa el valor de los $25.000.- el tarro el cual contiene solo 400 gr. Por ende conlleva desembolsar $300.00 en 12 unidades aprox.

Mensualmente.

Además su hijo fue diagnosticado con hipotonía central más hipertonía lateral, ante lo cual, asiste 3 veces por semana a terapia guiada por kinesiólogo y terapeuta ocupacional en el centro de rehabilitación de Magallanes y padece también de piel atópica severa más rinitis alérgica, por estos dos últimos diagnósticos se le suministra tratamiento tópico el cual consiste en cremas con corticoides el cual se aproxima a los 70.000.- pesos.

Por lo cual, ante un eventual traslado no podrá dar cumplimiento al cuidado de su hijo, y las atenciones del cual este necesita, añade que además su hijo Alejandro, mantiene actualmente un quiste de 6 mm de diámetro en el lado occipital derecho de su cerebro, el cual se encuentra en pleno proceso de estudio por el hospital Clínico Magallanes, ya que se sospecha de un quiste de origen infeccioso por Toxoplasmosis y tuberculosis congénita, por ende se realizan diferentes resonancias y exámenes sanguíneos imagenologicos.

Atendido estosaspectos del ámbito familiar, laboral, médico y socio económico, es posible concluir que de concretarse el traslado dispuesto por la Dirección Nacional de Personal, se verá en la obligación de tener que disgregar su grupo familiar, con las nocivas consecuencias para el desarrollo de los hijos, vida afectiva de pareja y cuidado del progenitor desvalido traería consigo, sin considerar el detrimento económico que es el tener que cambiar de destino, al tener que solventar el arriendo de una nueva casa y adquirir los enceres necesario para guarnecer dicho nuevo inmueble. Lo contrario, trasladarse junto a su familia que sin lugar a dudas sería un ideal, en la práctica resulta ser una utopía, por cuanto eso significaría en primer lugar el que su cónyuge renuncie a su empleo, lo cual no es factible dado la cantidad de gastos que la enfermedad de su hijo conlleva.

En aquel sentido, estima que al momento de evaluar, proponer y disponer los movimientos de personal, se tendrá también en consideración según el manual de traslado de Carabineros de Chile, el aspecto personal esto es a aquellos que sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones, tales como: 1- Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además de estudios del personal o sus hijos, y otras debidamente calificadas. 2- Salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundamentalmente en caso de que alguno de ellos requiera atención profesional especializada, o por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de este.

Arguye que así las cosas se vulnera la garantía constitucional estipulada en el artículo 19° número 14 de Nuestra constitución Política de la República, debido a que la solicitud de Traslado gestionado en 2 oportunidades no ha sido efectiva, es por este motivo es que se concluye no respetar el correcto funcionamiento y procedimientos administrativos, y vulnerando con ello uno de los principios regidos por la ley 18.880 en especial el principio de imparcialidad del Artículo 11.

Sostiene que se debía contar con que tiene el deber de socorro y de protección a la vida de su hijo, o en subsidio se le traslade a una Unidad cercana a la red familiar en 1ra Comisaria los Angeles, o Sum. Com. Pallihue, o Tenencia uilaco, o en su defecto 4ta Comisaria Santa Bárbara, en este sentido manifiesta que no está pidiendo quedar en la misma Unidad, sin que por lo menos estar cerca de su domicilio y que pueda socorrer y cumplir con el cuidado de su hijo. En tal condición de vulnerabilidad, cuando se hace tan reiterado hablar y argumentar en estos tiempos a favor de los derechos de los hijos y de las madres, suele quedar en el olvido que los padres también poseen derechos y al mismo tiempo, que los maridos tienen deberes y responsabilidades, como lo es la de cuidar a sus cónyuges (art.131 del Código Civil) especialmente cuando está en una situación de vulnerabilidad, y en tal sentido, es que a través del recurso de reconsideración, lo que en el fondo se estaba solicitando a Carabineros era entender ese deber de auxilio que estima también compete a Carabineros, más aún el estado de enfermedad en que está actualmente su cónyuge.

Entiende además vulnerado los derechos consagrados en los inciso 1 y 2 del número 1, que garantiza “El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona” y los del inciso 1° del numeral 2°, que garantiza "La igualdad ante la ley”

Solicita, se acoja el recurso y acceder a el mismo en todas sus partes.

Acompaña en su recurso, Certificado de nacimiento de mi hijo ALEJANDRO, Certificado de unión civil entre MAITE Y MAURICIO, con fecha 2 de junio de 2020, Certificado Médico de su hijo ALEJANDRO, por la corporación de Rehabilitación Club de leones Cruz del Sur e Informe Kinesico Infantil de mi hijo Alejandro.

Informa nombre reservado, General Inspector de Carabineros por la recurrida, quien primero plantea que en lo que refiere a la supuesta interposición del recurso de protección dentro del plazo establecido, señala que mediante Acta de 16.06.2022, de la 1ª Comisaria "Punta Arenas", se le comunicó al Cabo 1° Mauricio lo resuelto por esta Alta Repartición relativo a su solicitud de conducto regular, de modo que es posible concluir que, a contar de ese instante el funcionario tomó conocimiento cierto del supuesto acto u omisión arbitraria o ilegal que habría ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de la garantía alegada.

Por consiguiente, el cómputo del plazo normado para la interposición del recurso de protección (30 días corridos), debió iniciarse con la notificación del acto administrativo por cuyo medio se comunicó dicha determinación (el 16.06.2022) y se ordenó el despacho inmediato del actor a su nueva destinación.

En ese sentido, acorde a los antecedentes que obran en la presente causa, se advierte que la actual acción cautelar fue interpuesta ante ese Tribunal de Alzada con fecha 10.08.2022, excediéndose con creces el plazo 30 días dispuesto para interponer dicha acción, contados desde la notificación ocurrida el día 16.06.2022.

En cuanto al fondo solicita el rechazo del recurso con costas, dando cuenta de los antecedentes administrativos y de la carrera del recurrente para exponer que con fecha 02 de enero de 2017 fue trasladado a la 1° Comisaria de Punta Arenas, permaneciendo en la misma hasta la fecha.

Añade que con fecha 20.10.2021, esta Dirección Nacional de Personal, dispuso, entre otros, el traslado del recurrente a contar del 02.01.2022, con los derechos reglamentarios, desde la 1ª Comisaria, de la Prefectura "Magallanes", a la 20° Comisaria *Puente Alto", de la Prefectura "Santiago Cordillera".

Al respecto, indica que el actor no ha sido despachado aun al lugar de su destinación, por cuanto éste se encuentra haciendo uso de licencia médica prolongada por enfermedad común desde el día 18.03.2022, presentando su última licencia por el término de 30 días, a contar de 17.08.2022. Ahora bien, con fecha 26.10.2021, el citado funcionario presentó solicitud de reconsideración de su traslado a esta Dirección Nacional de Personal, siendo notificado personalmente mediante Acta de 24.12.2021, emitida por la 1ª Comisaria "Punta Arenas", de la Prefectura "Magallanes", que comunica el Documento electrónico N.C.U. NUM002, de 23.12.2021, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), dependiente de la Dirección Gestión de Personas, de esta dependencia, a través del cual resuelve su solicitud, indicándole que efectuado un estudio de los antecedentes presentados por el requirente en su impugnación, se determinó no acceder a lo solicitado, toda vez que dicho movimiento obedeció a un previo estudio de las necesidades de personal de las diferentes Unidades de país, considerando a su vez, que el citado funcionario ha superado el tiempo máximo de permanencia en esa Zona de Tratamiento Económico Especial, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV, sobre "Tiempos de Permanencia Tabla 2", del Manual de Traslados del Personal, aprobado mediante en la Orden General N° 2.707, del año 2019.

Posteriormente, con fecha 30.12.2021, el requirente presento ante la Prefectura «Magallanes" solicitud de conducto regular para sostener audiencia con este Director nombre reservado, con la finalidad de exponer su situación personal.

En ese sentido, mediante Acta de 16.06.2022, de la 1ª Comisaria "Punta Arenas", se le comunicó al Cabo 1° Mauricio el Documento electrónico N.C.U. NUM003, de 15.06.2022, de esta procedencia, indicándole que se ha dispuesto no acceder a lo solicitado, por cuanto ya se dio respuesta a su requerimiento con fecha 23.12.2021. Asimismo, se le indica que en relación a la situación médica de su hijo, esta puede ser tratada en el principal Centro de Salud Institucional el Hospital de Carabineros, y en caso de ser necesario en la Región Metropolitana se cuenta con la Red Asistencial de convenios más grande de Chile.

Respecto de estos antecedentes refiere que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

Al respecto, el artículo 31 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde solo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

Lo anterior, se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

El nuevo Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor.

A mayor abundamiento, el referido manual determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

La señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

Bajo este contexto y en torno a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus dictámenes N° 32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que esta Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y las leyes a Carabineros de Chile.

En esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

Este criterio también ha sido recogido por la jurisprudencia mayoritaria de las Cortes de Apelaciones de nuestro país. En forma ilustrativa cita Sentencia recaída en causa rol N° 32.644-2021, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 95938-2021.

De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

En este sentido, el citado manual, reconoce que las destinaciones del personal, deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas.

Por su parte, y en relación al tiempo de permanencia en cada destinación, se debe precisar que, se encuentran establecidos en el citado Manual de Traslados, señalando que los tiempos mínimos y máximos determinados, tanto para las zonas de tratamiento económico especial como para el resto de las guarniciones del país; serán siempre referenciales y, por tanto, quedarán supeditados a las resoluciones que finalmente esta Dirección Nacional de Personal determine, ya sea para atender necesidades atingentes a la función operativa, o bien, cuando medidas administrativas determinen la conveniencia de promover nuevos destinos del personal.

En general, se propenderá a garantizar los tiempos mínimos establecidos, todo lo cual será condicionado por necesidades del servicio debidamente fundadas y/o disponibilidad presupuestaria.

Por último, indica que los artículos 6° y 7°, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2º de la ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado -dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile- no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas.

En ese sentido, la General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 3503, de 2020, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte de este Director nombre reservado, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder.

Al respecto, se informa que el movimiento decretado del recurrente, con los derechos reglamentarios, no resulta atentatorio contra la garantía contenida en el artículo 19, N° 1, de nuestra Carta Magna, por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, dado que todo lo que la Institución ha realizado, es el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada a los Mandos intervinientes, aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad, en consideración a necesidades operativas y dentro del marco general de un proceso anual respecto del cual todo el personal de Carabineros puede ser sujeto, sin distinción alguna, lo que trasciende los intereses particulares del servidor.

A su vez, es necesario hacer presente que su movimiento no constituye por sí mismo un impedimento absoluto a la valoración de trasladarse con su grupo familiar, pudiendo realizar los tratamientos médicos que el recurrente y su núcleo familiar pueda necesitar en el lugar de su nueva destinación; siendo un hecho público y notorio, que la ciudad de Santiago, destino del traslado decretado, cuenta con mayor cobertura médica que la que ofrece esa región; existiendo asimismo, una red de salud institucional a lo largo del país, de la cual pude hacer uso en razón del especial sistema previsional y de salud al cual adscribió de pleno derecho, por ser integrante del escalafón de Orden y Seguridad (aplica sentencia de 24.03.2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, causa Rol N° 15- 2022, confirmada por Excma. Corte Suprema en sentencia de 29.04.2022, en causa Rol N° 10.6111- 2022).

En ese contexto, la Institución, por razones del servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que el objetivo conseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes a la Institución policial (aplica dictámenes ros. 40.453, de 2015; 35.593, de 2016; 23.550, de 2017 y 3.503, de 2020, entre otros, de la Contraloría General de la República).

Tampoco se ha vulnerado el derecho contenido en el artículo 19, N° 2°, de nuestro Código Político, toda vez que los actos administrativos que dispusieron y ratificaron su traslado, cumplen con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal de esta Institución, en cuya virtud se dispuso algún movimiento por razones de índole operativa que, como se reseñó, es motivo de suyo suficiente para ser incluido en el plan anual de traslado, toda vez que las destinaciones del personal son de la esencia de Carabineros, por su naturaleza operativa que exige, constitucionalmente, primar el interés general sobre el particular.

De esta forma, el movimiento que reclama el recurrente se fundamenta principalmente en la causal de haber cumplido el tiempo máximo de permanencia en una Zona de Tratamiento Económico Especial, cuya duración en la Región de Magallanes y Antártida Chilena, estaba definida y prestablecida en el Manual de Traslados, conforme a una política institucional que es de carácter general, que tiene como finalidad efectuar una eficiente administración del recurso humano institucional, para cumplir con el cometido constitucionalmente asignado, dar eficacia al derecho y asegurar el orden y seguridad pública, tarea que se logra en esencial medida a través del constante movimiento del personal a las dotaciones donde sus servicios sean requeridos, no advirtiéndose en ese sentido, en el actuar de Carabineros de Chile una ilegalidad o arbitrariedad en la medida adoptada, respecto a su nueva destinación.

En cuanto a la alegación sobre supuesta vulneración al derecho de presentar peticiones a la autoridad contenido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República indica que la norma que consagra la presente acción cautelar, esto es, el artículo 20, de nuestra Carga Magna, no contempla dentro de sus garantías constitucionales protectoras para fundar el ejercicio dicha acción, aquella contenida en el artículo 19, N° 14, de dicho cuerpo legal.

Con todo, no se aprecia cómo el actuar Institucional ha conculcado el derecho a petición del recurrente, toda vez que éste no indica mediante hechos objetivos y solamente se han efectuado alegaciones genéricas.

En razón de lo expuesto, concluye que el traslado del Cabo 1° Mauricio, nombre reservado, desde la 1° Comisaria, de la Prefectura "Magallanes" , a la 20ª Comisaria "Puente Alto" de la Prefectura "Santiago Cordillera", fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, junto con haberse procurado el cumplimiento de lo establecido por los dictámenes de la Contraloría General de la República los cuales resultan obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, por lo que no estamos en presencia de un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo la vulneración esgrimida por el recurrente.

Así las cosas, y al tenor de lo expresado previamente, el funcionario no tiene en su haber un derecho indubitado que reclamar, más aún, queda en evidencia que la verdadera pretensión es transformar esta vía recursiva en una instancia, con el único objeto de obtener la declaración de un derecho que no posee.

En consecuencia, teniendo presente que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, podemos concluir que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto que tampoco se verifica-, careciendo la cautela de derechos fundamentales que nos convoca, de sustento normativo y fáctico.

Por lo tanto, conforme a las consideraciones precedentes, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir la presente acción constitucional.

Acompaña en su informe Orden N° NUM004, de 20.10.2021, de esta Dirección Nacional de Personal; Documento electrónico N.C.U NUM002 de 23.12.2021, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), que resuelve la solicitud de reconsideración presentado por el recurrente, con su respectiva acta de notificación de 24.12.2022, Solicitud de conducto regular del funcionario, de 30.12.2021; Documento electrónico N.C.U.NUM003 de 15.06.2022, de esta Dirección Nacional de Personal, que resuelve la solicitud de conducto regular presentada, con su respectiva acta de notificación de fecha 16.06.2022.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hace consistir en la dictación de la Resolución correspondiente a traslados el día 02 de Enero de los corrientes, publicada en el diario oficial, respecto de la cual interpuesto un recurso de reconsideración a la Unidad correspondiente al General de Personal, con respuesta negativa del día 16 de junio del presente año.

CUARTO: Que, al evacuar el informe la recurrida plantea primero la extemporaneidad del recurso, y en cuanto al fondo solicita el rechazo del recurso –en lo sustancial- debido a que el traslado del recurrente, fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, por lo que no advierte un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo la vulneración esgrimida por el recurrente.

QUINTO: Que, respecto a la alegación de extemporaneidad se debe tener presente que el recurso fue presentado el día 16 de julio de 2022 ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la cual se declaró incompetente remitiendo los antecedentes a esta Corte, los cuales fueron recepcionados el día 10 de agosto de los corrientes.

Que, en este sentido, el acto que tilda de ilegal y arbitrario se le notifica al recurrente, con fecha 18 de junio de 2022, y la acción constitucional, en tanto, se dedujo el 16 de julio del presente, de manera que ella se ha interpuesto dentro del plazo de treinta días corridos establecido al efecto; por lo que ha de rechazarse la alegación de extemporaneidad del recurrido.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, conforme a la normativa aplicable en el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile y en lo que importa a este recurso, el Capítulo II “Consideraciones Especiales para la Toma de Decisiones” en el punto 2.1, “DE LA OBLIGACION DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE” dispone: “que todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente manual. Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.”.

SEPTIMO: Que, de la norma señalada en el motivo que antecede, se desprende que el recurrente, funcionario de Carabineros de Chile, al momento de ingresar voluntariamente a la institución se obliga al cumplimento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, no es posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio de su cargo, por lo que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento el manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, en su Capítulo Cuarto al referirse a los tiempos de permanencia en una destinación del personal institucional indica que los tiempos mínimos de permanencia conforme a la norma general, son en caso de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes un mínimo de dos años y máximo de cinco años, en caso de los Oficiales Subalternos un mínimo de tres años y máximo de seis años y el Personal de Nombramiento Institucional un mínimo de cinco años y un máximo de diez años.

De lo anterior se infiere que los funcionarios policiales tienen una permanencia definida, y preestablecida en los lugares donde prestan servicios durante su carrera funcionaria, política institucional que es de carácter general, por lo que no puede concluirse que el recurrente reclama un derecho indubitado, requisito necesario para que proceda esta acción constitucional.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por interpuesto por nombre reservado, en contra de Director nombre reservado, General Inspector Rodrigo Cerda Navarro, todos ya individualizados Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°3758-2022- PROTECCIÓN