Protección contra Hospital Clínico de Magallanes “Dr

nombre reservado, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad NUM000, jubilado, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro nombre reservado”, RUT N°RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, en razón de la negativa que atribuye al recurrido de entregarle copia íntegra de la ficha clínica de su hermana fallecida, doña nombre reservado, RUT NUM001, conforme al detalle que se expone.

Refiere que con fecha NUM002 de 2026 falleció su hermana en el establecimiento recurrido, producto de un shock séptico-cardiogénico, sin dejar cónyuge ni hijos, de manera que —sostiene— dejó como herederos de sus bienes a sus tres hermanos, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos de apellido nombre reservado.

Expone que, con posterioridad al fallecimiento, inició las gestiones destinadas a regularizar la situación patrimonial de los bienes dejados por la causante y que, con fecha 20 de julio de 2026, solicitó formalmente al hospital recurrido la entrega de copia íntegra de la ficha clínica de aquélla, con el objeto de presentarla ante la Compañía de Seguros Consorcio Nacional de Seguros S.A., con motivo de la tramitación de los siniestros NUM003 y NUM004.

Añade que, con fecha 28 de julio de 2026, la jefa del Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME) del establecimiento le notificó que su solicitud había sido denegada por no tener tramitada la posesión efectiva de la herencia, decisión que ha mantenido pese a habérsele representado su ilegalidad, dilatando indebidamente la gestión e impidiendo que la compañía aseguradora liquide el pago de la cobertura contratada, con el consiguiente perjuicio económico directo para los herederos.

Afirma que dicha actuación es ilegal, por cuanto los herederos adquieren tal calidad desde el fallecimiento del causante, conforme a los artículos 951 y siguientes del Código Civil, mientras que la posesión efectiva constituye un trámite declarativo destinado a acreditar esa calidad frente a terceros y a facilitar actos de administración o disposición, pero que no la crea; agregando que la Ley N°20.584 no exige expresamente la posesión efectiva como condición para la entrega de antecedentes clínicos de un paciente fallecido, desde que su artículo 13 dispone que la información contenida en la ficha clínica será entregada, a solicitud expresa, al titular, a su representante legal o, en caso de fallecimiento de aquél, a sus herederos, y que la gestión encomendada al recurrido no importa acto de disposición alguno sobre bienes hereditarios.

Sostiene, asimismo, que la negativa es arbitraria por carecer de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que no existe controversia respecto del fallecimiento de la paciente, la documentación solicitada tiene un fin legítimo y específico, no se pretende disponer de bienes hereditarios y la decisión ocasiona un perjuicio económico concreto al impedir la tramitación de los seguros.

Estima que lo anterior vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3, inciso primero, de la Constitución Política de la República, en cuanto la exigencia de una documentación no prevista en la ley genera un obstáculo injustificado que impide a los herederos acreditar el siniestro ante la aseguradora y ejercer los derechos patrimoniales derivados de los contratos de seguro celebrados por la causante; y en el artículo 19 N°24 del mismo texto, desde que el derecho real de herencia constituye una especie de propiedad protegida constitucionalmente, cuyo ejercicio se ve obstaculizado por la decisión reprochada.

Concluye solicitando se ordene al Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro nombre reservado” la entrega de copia íntegra de la ficha clínica de doña nombre reservado, adoptándose todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Informa doña Paula Avello Reyman, abogada, en representación del Hospital Clínico de Magallanes “Dr.

Lautaro nombre reservado” de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que con fecha 20 de julio de 2026 el recurrente completó, en el mesón del SOME Central del establecimiento, el formulario de solicitud de copia de ficha clínica de la paciente, invocando su calidad de hermano y señalando como motivo un proceso administrativo o legal, específicamente un requerimiento de compañía de seguros, acompañando al efecto el certificado de defunción de la causante, los certificados de nacimiento de ésta y del solicitante y copia de su cédula de identidad.

Señala que, conforme a la Norma de Manejo de Ficha Clínica aprobada por Resolución Exenta N°77, de 5 de enero de 2024, de la Dirección del establecimiento, todas las solicitudes de copia de registros clínicos y la documentación que se acompaña son revisadas por la jefatura del SOME, a fin de autorizar la entrega únicamente a las personas e instituciones habilitadas por la ley para acceder a dicha información, y que en la especie se constató que los antecedentes presentados no permitían acreditar la calidad de heredero del solicitante.

Indica que, ante ello, la jefa del SOME tomó contacto telefónico personal con el recurrente, informándole los motivos por los cuales la documentación acompañada resultaba insuficiente, los deberes de resguardo que pesan sobre el prestador respecto de la información de salud de sus pacientes y la documentación que podía presentar para dar curso a su solicitud, tales como el certificado de posesión efectiva u otros antecedentes que permitieran descartar la existencia de herederos que excluyan a los hermanos —cónyuge o conviviente civil sobreviviente, hijos, padres o abuelos—, agregando que al día siguiente el solicitante concurrió al establecimiento y requirió la devolución del formulario y de los antecedentes acompañados, previa constancia del motivo del rechazo.

Sostiene que su actuación no es ilegal, por cuanto la información contenida en la ficha clínica constituye un dato sensible en los términos del artículo 2° letra g) de la Ley N°19.628, según lo dispone expresamente el inciso final del artículo 12 de la Ley N°20.584, y que el artículo 13 del mismo cuerpo legal impide el acceso de terceros no directamente relacionados con la atención de salud de la persona, autorizando la entrega, en caso de fallecimiento del titular, sólo a sus herederos, calidad que debe ser acreditada fehacientemente por el solicitante, lo que en la especie no ocurrió, desde que los certificados de nacimiento acompañados únicamente dan cuenta de la coincidencia de progenitores y, por tanto, del vínculo de hermano.

Agrega que, tratándose de personas mayores de edad, la calidad de heredero de los hermanos supone descartar la concurrencia de los órdenes sucesorios preferentes regulados en los artículos 988, 989 y 990 del Código Civil, y que en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo para la Transparencia, entre otras, en la decisión de amparo Rol C596-10, de 1 de septiembre de 2010.

Descarta, asimismo, toda arbitrariedad, desde que su decisión se funda en la normativa vigente y en protocolos institucionales aplicables a todos los usuarios sin excepción, habiéndose explicado personalmente al recurrente los motivos del rechazo y las gestiones que debía realizar, con el compromiso de tramitar su requerimiento tan pronto acompañara los antecedentes necesarios.

Añade que la acción cautelar no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados, calidad que no reviste el derecho invocado, y que tampoco se ha acreditado que el recurrente sea beneficiario de las pólizas contratadas por la causante; agregando que, conforme al artículo 61 inciso 3° del DFL N°251 y al artículo 16 del D.S. N°863, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, los liquidadores de siniestros se encuentran facultados para requerir directamente de las autoridades administrativas los antecedentes necesarios para su cometido, de modo que la negativa reprochada no constituye impedimento para la liquidación del siniestro.

Concluye que ninguna de las garantías invocadas ha sido vulnerada, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, y haciendo presente el privilegio de pobreza de que goza en su calidad de organismo dependiente del Servicio de Salud Magallanes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, a través del presente recurso, el actor reclama de la negativa que atribuye al Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro nombre reservado” de entregarle copia íntegra de la ficha clínica de su hermana fallecida, doña nombre reservado, por no haber acompañado el certificado de posesión efectiva de la herencia, estimando vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los N°3, inciso primero, y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el recurrido solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que el artículo 12 de la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, define la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, disponiendo en su inciso final que toda la información que de ella surja será considerada como dato sensible, de conformidad con lo previsto en la letra g) del artículo 2° de la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.

A su turno, el artículo 13 del mismo cuerpo legal establece que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica, y precisa, en su inciso quinto, que dicha información será entregada o será accesible, total o parcialmente, a solicitud expresa de las personas y organismos que allí se indican, mencionando en su letra a) al titular de la ficha, a su representante legal o, en caso de fallecimiento de aquél, a sus herederos.

SEXTO: Que de la normativa reseñada se desprende que el acceso de un tercero a la ficha clínica de una persona fallecida constituye una excepción al régimen de reserva que la ley establece respecto de los datos sensibles de salud — refrendado, además, por la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285—, de manera que quien la invoca debe acreditar fehacientemente encontrarse en alguna de las hipótesis legalmente previstas, sin que baste al efecto la sola afirmación de un vínculo de parentesco con el causante.

SÉPTIMO: Que, tratándose de la sucesión intestada de una persona mayor de edad, la determinación de quiénes revisten la calidad de herederos se rige por los órdenes sucesorios regulados en el Título II del Libro III del Código Civil, conforme a los cuales el primer orden corresponde a los descendientes, concurriendo el cónyuge o conviviente civil sobreviviente (artículo 988); el segundo, a los ascendientes de grado más próximo, con el cónyuge o conviviente civil sobreviviente (artículo 989); y sólo a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, suceden los hermanos del difunto (artículo 990).

De lo anterior se sigue que, en el caso de los hermanos, la acreditación del parentesco por consanguinidad en línea colateral no permite, por sí sola, tener por establecida la calidad de heredero, pues ella supone además descartar la existencia de asignatarios de los órdenes precedentes que los excluyan; situación que difiere de la de los legitimarios a que se refiere el artículo 1182 del Código Civil —hijos, ascendientes y cónyuge sobreviviente—, respecto de quienes la sola acreditación del parentesco resulta suficiente, por revelar la proximidad de intereses que el legislador presume respecto del causante.

OCTAVO: Que en idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo para la Transparencia, en cuya decisión de amparo Rol C596-10, de 1 de septiembre de 2010, se precisaron las circunstancias que alternativamente deben acreditarse para acceder a la ficha clínica de una persona fallecida, a saber, ser heredero de aquélla o actuar en representación de uno o más herederos, o bien contar con legitimación activa para ejercer otros derechos que supongan el acceso previo a dicho instrumento, concluyendo dicho órgano que quien acredita únicamente ser hermano del causante —esto es, pariente por consanguinidad en línea colateral— no permite tener por establecida su condición de heredero ni se encuentra en la esfera de los legitimarios, sin perjuicio de su derecho a acceder a la ficha en la medida que acredite ante el organismo requerido alguna de tales calidades.

NOVENO: Que, en la especie, consta que a la solicitud de 20 de julio de 2026 el recurrente acompañó el certificado de defunción de la paciente, los certificados de nacimiento de ésta y del solicitante y copia de su cédula de identidad, antecedentes que dan cuenta de la existencia de progenitores comunes y, por consiguiente, del vínculo de hermano invocado, mas no de la inexistencia de descendientes, ascendientes o cónyuge sobreviviente de la causante que lo excluyan de la sucesión.

De este modo, la exigencia formulada por el recurrido no importa la creación de un requisito ajeno al ordenamiento jurídico, como se pretende, sino la aplicación del que la propia ley contempla —la calidad de heredero del solicitante —, sin que resulte efectivo, por lo demás, que se haya impuesto la posesión efectiva como única vía para satisfacerlo, desde que del informe aparece que se representaron al recurrente otras alternativas idóneas al efecto, tales como los certificados de defunción de los ascendientes de la paciente y la declaración jurada de soltería y de ausencia de hijos de ésta.

DÉCIMO: Que, en tales condiciones, la decisión reprochada no puede ser calificada de ilegal, desde que se sustenta en el marco normativo precedentemente reseñado y en la Norma de Manejo de Ficha Clínica aprobada por Resolución Exenta N°77, de 5 de enero de 2024, de la Dirección del establecimiento recurrido.

Tampoco resulta arbitraria, entendida la arbitrariedad como aquella actuación que pugna con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones, y no por el mero capricho o veleidad. En efecto, la negativa obedece a un criterio general aplicado a la totalidad de los usuarios que requieren copia de registros clínicos, fue precedida de la revisión de los antecedentes acompañados, se comunicó personalmente al solicitante junto con las razones que la fundaban y la orientación sobre la documentación que permitiría acoger su requerimiento, y se mantuvo abierta la posibilidad de dar curso a la solicitud tan pronto se acompañaran tales antecedentes, lo que hasta la fecha del informe no había ocurrido.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la decisión impugnada no configura el impedimento absoluto que el recurrente denuncia para la liquidación de los seguros contratados por la causante, desde que, conforme al artículo 61 inciso 3° del DFL N°251, sobre Compañías de Seguros, los liquidadores de siniestros y los apoderados de las compañías encargados de la respectiva liquidación se encuentran facultados para requerir de las autoridades administrativas que por su cargo tengan antecedentes relacionados con el siniestro, que les faciliten su conocimiento o les otorguen certificación sobre los puntos necesarios para dicha liquidación.

DUODÉCIMO: Que, en lo relativo a las garantías constitucionales invocadas, cabe desde luego descartar la vulneración del artículo 19 N°3, inciso primero, de la Constitución Política de la República, toda vez que del numeral 3° de dicha disposición sólo se encuentra amparado por la acción del artículo 20 su inciso quinto, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, hipótesis manifiestamente ajena a los hechos que fundan el recurso.

De otro lado, con respecto al derecho de propiedad reconocido en el N°24 del citado artículo 19, el dominio que el recurrente invoca sobre los créditos derivados de los contratos de seguro celebrados por la causante supone precisamente aquello que no se encuentra acreditado en autos, esto es, su condición de heredero de la paciente fallecida, sin que se hayan aportado tampoco antecedentes que den cuenta de su calidad de beneficiario de las pólizas respectivas, de modo que no se está en presencia de un derecho incorporado a su patrimonio de manera cierta e indiscutida, susceptible de ser cautelado por esta vía.

DÉCIMO TERCERO: Que, de lo razonado en los motivos precedentes, aparece que lo que en definitiva subyace al presente arbitrio es la determinación de la calidad de heredero del recurrente respecto de doña nombre reservado, cuestión que ha de establecerse a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla al efecto y no por la vía urgente y cautelar del recurso de protección, que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.

De este modo, no habiéndose establecido acto ilegal o arbitrario alguno, ni la existencia de un derecho indubitado y no disputado respecto del cual esta Corte deba adoptar medidas de resguardo, la presente acción ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Hospital Clínico de Magallanes “Dr.

Lautaro nombre reservado” de nombre reservado, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Rol N°375-2026. Protección.-