nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

PUNTA ARENAS, treinta de marzo de dos mil diecinueve VISTOS:

nombre reservado, Psicóloga y Trabajadora Social, domiciliada en domicilio reservado. Barrio Prat comuna de Punta Arenas, y deduce un recurso de protección de acuerdo a los Artículos 19 Nº1, Nº2, Nº 24 y Artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra del Ministerio de Desarrollo Social, representado por el Ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno Charme, y en contra de éste último, del señor nombre reservado, Subsecretario de Servicios Sociales, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, representada por la señora nombre reservado, y en contra de ésta última, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por haber dictado, tramitado, notificado y ejecutado la Resolución TRA Nº 119516/314/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, que declara vacante el cargo público de su designación por salud incompatible, acogerlo a tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, en razón de los argumentos de hecho y de derecho que expone.

La recurrente afirma que ingresó al Ministerio de Desarrollo Social, para desempeñarse en la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Mogollones, el año 2014, primero en calidad de suplente, a partir del 03 de junio de 2014 hasta el 30 de octubre de 2015, cumpliendo funciones en dicho periodo como Encargada Regional del Programa Abriendo Caminos y Chile Crece Contigo. Posteriormente, agrega la recurrente, a partir del 02 de febrero de 2016, regresó a cumplir funciones en dicha entidad, pero esta vez en calidad de honorarios. Luego, agrega que, desde el 01 de noviembre de 2016 fue traspasada a contrata grado 12°, la cual fue renovada con fechas 30 de noviembre de 2016; 30 de noviembre de 2017 y 30 de noviembre de 2018.

Indica la recurrente que, a partir del año 2016 habría sido víctima de actos de acoso y hostigamiento laboral, los cuales, señala la actora, serían calificados como Neurosis Laboral.

Agrega que, con fecha 27 de abril de 2018, la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Magallanes, le habría solicitado verbalmente su renuncia, ante lo cual, expone, decidió impetrar una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, Causa RIT T-27-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, el cual, señala la recurrente, concluyó el 6 de julio de 2018, por avenimiento judicial, en el cual se acordó que la actora de autos se desistía de la demanda y el "servicio asegura su estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre de dicho año".

La recurrente de autos, continua su relato indicando que con fecha 30 de noviembre de 2018, la Jefa de Gabinete de la referida Secretaría Regional Ministerial, le notificó personalmente que se habría dispuesto "prorrogar su vínculo contractual con la Subsecretaría de Servicios Sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en calidad jurídico de " contrata, a partir del 1º de enero de 2019".

Luego, en relación a lo anterior, la actora expone que, con fecha 14 de diciembre de 2018, "el Servicio cumple con dictar lo Resolución Exenta RA Nº 119516 /408/2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que dispuso lo prorroga colectiva de contrata de cargos que indica, beneficiando, entre otros funcionarios, a la señora nombre reservado".

Posteriormente, indica la recurrente, recibió una carta certificada en su domicilio que contiene la resolución TRA Nº l 19516/ 314/2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, suscrita por el Ministerio de Desarrollo Social, que Declara Vacante el cargo por salud incompatible por haber "hecho uso de licencias médicas por enfermedad común en los últimos 2 años, por más de 180 días a la fecha del presente acto administrativo, según consta del registro de licencias médicas del Departamento de Personal de la Subsecretaría de Servicios Sociales ".

En relación a la notificación del referido acto administrativo, añade la actora de protección que, "dado que la recepción de lo carta certificado, Nº de envío 9999-63.624.455, se realizó en la oficina de la citada comuna el 13 de diciembre de 2018, debe entenderse notificada a la recurrente el 16 de diciembre siguiente, siendo entonces, esta data el hito que fijo el inicio de los efectos jurídicos respecto de aquella, ...".

Enseguida, argumenta que la decisión de declarar vacante el cargo debe estimarse como vulneratoria a las garantías constitucionales reclamadas, "especialmente, las señalados en el artículo 19 Nº s 1, 2, 3 inciso quinto y, 24 de la Carta Fundamental ..." .

Agrega que la referida resolución que declara la vacancia de su cargo es, a su juicio, contradictoria con la prórroga de su contrata notificada el día 30 de noviembre de 2018, la que, a su entender, "entró en vigencia y produjo plenos efectos jurídicos con anterioridad a la data de notificación de la resolución de vacancia del cargo, -el 16 de diciembre de ese año-. Argumenta además, que la continuidad de su contrata "era un compromiso adoptado en el avenimiento aprobado por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, y que permitió que la actora se desistiera de la demanda por vulneración de derechos fundamentales".

Ahora bien, respecto a la motivación del acto recurrido, indica la recurrente que, la Autoridad habría calificado como enfermedad común "la patología que, de manera reservada y secreta, se consigna en las licencias..." y que "no existe habilitación legal previa para que el órgano, autoridades y jefaturas recurridas puedan conocer, calificar o pronunciarse sobre el carácter o tipología de la enfermedad consignada en /as licencias,..." Finaliza su relato de los hechos, indicando que "debe considerarse que el servicio ha estado en posición de cesar, extinguir o anular los efectos de la resolución que dispuso la prórroga, siendo inadmisible que a esta data alegue ignorancia de una o ambas resoluciones antagónicas, bastando para ello que dicte el respectivo acto de invalidación, anulación o revocación de la señalada resolución afecta de 21 de noviembre, por ser contraria a derecho e inconveniente... ".

Que evacuando el informe don nombre reservado comparece por todas las recurridas de autos y expresa en primer lugar, en relación a la admisibilidad del recurso incoado, que no es competencia de este Tribunal pronunciarse respecto de la juridicidad del acto impugnado en esto s autos, por cuanto esta acción de protección debió haber sido declarada inadmisible, toda vez que no resulta la vía jurídica más idónea para resolver sobre la legalidad del acto administrativo recurrido, en atención a que la dictación de la resolución en examen, como ya se ha indicado, es de competencia la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo expuesto, más adelante señala, en relación al vínculo estatutario que unió a la señora nombre reservado con el Ministerio de Desarrollo Social, éste consta en Resolución Nº 246, de fecha 4 de julio de 2014; de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en que fue designada como reemplazo en calidad jurídica a contrata, a contar del 4 de junio de 2014 y hasta el 7 de julio de 2014, o mientras sean necesario s sus servicios. Posteriormente, dicha contrata de reemplazo fue prorrogada en de forma sucesiva durante los años 2014 y 2015. A continuación, por Resolución TRA Nº 820, de fecha 18 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, designada en calidad jurídica a contrata, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, o mientras sus servicios sean necesarios. Luego, por Resolución TRA Nº l, de fecha 4 de enero de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fue prorrogada dicha contrata, a contar del l de enero y hasta el 31 de diciembre de 20l7, o mientras sean necesarios sus servicios. Además, por Resolución Exenta TRA Nº 575, de fecha 11 de diciembre de 20l7, de la Subsecretaría de Servicios Sociales , se prorrogó nuevamente la contrata en comento, para el período correspondiente al año 2018, o mientras sus servicios sean necesarios. Y, para finalizar, por Resolución TRA Nº 408, de fecha 14 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, se prorroga la contrata de doña nombre reservado no nombre reservado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, o mientras sus servicios sean necesarios.

Agrega en cuanto a la legalidad del acto que es preciso señalar que en el caso sublite, el Ministerio de Desarrollo Social ha dado estricto cumplimiento a los requisitos que exige la ley respecto a la declaración de vacancia de vacancia de un cargo por salud incompatible. Al respecto corresponde indicar que, el artículo 151 del D.F.L Nº 29, que Fija texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, dispone en su inciso primero que el Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho Uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Por su parte, el inciso final de la antedicha norma dispone que no se considerarán para el computo de los seis meses las licencias otorgadas en los casos a que ser e f ier e el artículo 11 del citado Estatuto, a saber, las concedidas al funcionario que se accidentare en actos de servicio o que se enfermare a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones, ni aquellas a que se refiere el Título II del Libro II del Código del Trabajo, esto es, las concedidas en el contexto de la normativa que regula la protección de la maternidad, supuestos que no concurren en el caso en análisis.

Refiere que en este orden de ideas, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 151, y en armonía con variados dictámenes de la Contraloría General de la República, entre ellos los Nºs. 28.713, de 2011 y 2.415, de 2013, entre otros, le compete al Jefe Superior del Servicio, en este caso al señor Ministro de Desarrollo Social, la calificación acerca si el uso de licencias médicas durante el tiempo indicado implica tener salud incompatible con el desempeño del cargo, quien, además, posee la facultad discrecional para declarar vacante un empleo por dicha causal una vez producidas las circunstancias de hecho que la hacen procedente.

Así las cosas, continúa, la norma referida confiere al Jefe Superior del Servicio, la prerrogativa de declarar la salud incompatible de aquellos funcionarios que se encuentren en las circunstancias fácticas que establece la norma en comento, esto es, bastando la sola constatación de que el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, lo que debe verificarse en los últimos dos años, y que aquellas no correspondan a licencias médicas por accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional o licencias maternales. Aduce, que es menester tener presente, que la letra c) del artículo 12 del citado D.F.L Nº 29, exige como requisito de ingreso a la Administración del Estado: "Tener salud compatible con el desempeño del cargo", esto quiere decir claramente que si un funcionario no cumple con dicho requisito por problemas de salud sobrevinientes en el desempeño de sus funciones, la autoridad puede discrecionalmente hacer uso de la facultad antes anotada, en caso de cumplirse con los requisitos que establece la ley, todo ello con la finalidad de no mantener en el tiempo y de manera incierta dentro del respectivo servicio a funcionarios que no puedan cumplir con la función administrativa que justificó su permanencia en el cargo.

En este orden de ideas, agrega, conviene tener presente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, con fecha 13 de diciembre de 2015, en causa nombre reservado Nº 2024-11, en que se señala: "...considerando que uno de los deberes de los funcionarios es desempeñar las funciones del cargo en forma regular y continua (artículo 61, letra a), Ley Nº 18.834). Después de seis meses de licencia en /os últimos dos años, el derecho que tiene el funcionario de ausentarse del trabajo, con el fin de atender el restablecimiento de su salud, gozando del total de sus remuneraciones, se hace incompatible con la permanencia en el servicio. Además, el artículo 151 fue modificado, entregándose al Jefe del Servicio la facultad de apreciar si la salud incompatible con el cargo se da o no, por el hecho de que el funcionario hizo uso de una licencia médica superior a seis meses en los dos últimos años". Es por ello, añade, a través de la Resolución TRA Nº 119516/314/2018, de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales de esta Cartera de Estado , de la cual tomó razón la Contraloría General de la República el 07 de diciembre del mismo año, el señor Ministro de Desarrollo Social, declaró vacante el cargo de la entonces funcionaria doña nombre reservado, profesional grado 12º E.U.S., contrata, por aplicación de la antes referida causal de salud incompatible, contemplada en el Estatuto Administrativo.

Manifiesta, a mayor abundamiento, acto seguido se procedió a dar curso a la notificación de la resolución en comento mediante carta certificada Nº Referencia 6000208892104, dirigida al domicilio particular de la recurrente de autos, la que se tuvo por notificada el día 14 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nº 19880 en armonía con el criterio sostenido por la Contraloría General de la República en variados dictámenes, entre ellos, los Nºs 34.319, de 2007 y 69.659, de 2009.

Adiciona que, respecto a la alegación planteada por la recurrente referida al hecho de que “la Administración podía y debía emitir dicho acto al 30 de noviembre pero decidió por la continuidad del empleo de la actora, para luego aplicar una decisión que estaba en condiciones de hacerla efectiva, dictar y notificar, con anterioridad a dicho límite temporal, pues el presupuesto factico previsto en la ley para su aplicación, -hacer uso de licencia médica por más de 180 días-, estaba ya configurado con anterioridad al 30 de noviembre de 2018", por mandato del numeral 20 del artículo 6, de la Resolución 1O, de 2017, de la Contraloría General de la República que indica: "Artículo 6°.- Quedarán afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican: 20. Declaraciones de vacancia del empleo", esta Cartera de Estado, a la fecha indicada por la actora, esto es, al 30 de noviembre de 2018, no estaba facultada legalmente para disponer la no renovación de su contrata, en atención a que el acto administrativo que dispone la declaración de vacancia de un cargo no produce sus efecto sino una vez tomado de razón por el citado Órgano de Control, para luego ser debidamente notificado a la persona respecto de la cual produce sus efectos, lo que aconteció, como se dijo, recién el día 14 de diciembre de 2018, esto es, a la misma fecha en la cual se dictó la antes citada Resolución Exenta RA Nº 1 l 9516 / 408/2018 q u e dispone la prórroga de la contrata de la recurrente .

Por otra parte, adiciona, en cuanto a la alegación de la recurrente en la cual indica que, "la resolución exenta de prórroga de contrata se encuentra vigente y surte todos sus efectos jurídicos para la Administración desde su dictación", es dable indicar que a través de la Resolución Exenta Nº 1073, de 31 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social , se dispuso lo eliminar prórroga de la contrata de la recurrente, lo anterior se resolvió por la autoridad atendido principalmente al hecho de que, encontrándose totalmente afinada, esto es, debidamente tomada de razón y notificada a la afectada, la citada Resolución TRA Nº 314 de 2018, antes individualizada, se desprendía irremediablemente que doña nombre reservado cesó en sus funciones por el sólo ministerio de la ley, a contar del 15 de diciembre de 2018, toda vez que la resolución que declaró la vacancia del cargo por salud incompatible alcanzó su plena eficacia el día 14 de diciembre de 2018, con la notificación signada anteriormente.

Dice, en otro orden de ideas, en relación a la alegación de la recurrente referida que su "continuidad en el servicio era un compromiso adoptado en el avenimiento aprobado por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas", cabe señalar que, el referido avenimiento contenía el siguiente término: "1 º La contrata de la actora en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región, no ha cesado y se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso, como señala el respectivo acto administrativo" . Luego, corresponde señalar que, dicho acuerdo no puede impedir el ejercicio de una facultad otorgada por la ley a la autoridad, la cual se ejerció previa constatación de requisitos objetivos establecidos expresamente por la ley, ya que el señalado equivalente jurisdiccional, conforme a la Pirámide de Kelsen, es de rango menor que el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistema iza d o de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Así, señala, no puede atribuirse a esta Cartera de Estado una actuación ilegal o arbitraria alguna, sino todo lo contrario, ya que, a la luz de los hechos objetivamente constatados sólo cabe concluir que la autoridad administrativa hizo uso de la facultad prevista en el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de verificar los supuestos que la hacían aplicable.

En lo que respecta a la motivación del acto manifiesta que la recurrente anota licencias que suman un total de 208 días, cifra que excede con creces los 180 días que exige el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, requisito que por lo demás tiene la naturaleza de se r un hecho objetivo.

Reitera que las licencias que se tuvieron a la vista para adoptar la decisión señalan expresamente que se otorgaron por Enfermedad o Accidente Común por el profesional habilitado para otorgarlas por lo que, no se advierte, como indica la recurrente en su presentación, de qué forma esta Cartera de Estado podría calificar o pronunciarse sobre la tipología de la enfermedad consignada en la licencia. Insiste que, respecto al requisito contemplado en el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo que exige que no haya mediado declaración de salud irrecuperable, la referida Resolución TRA Nº 119516/314/2018 indica que " mediante Resolución Exenta Nº 52 de 2018, la cual se adjunta, de la Comisión Medicina Preventiva e Invalidez, de la Seremi de Salud de la Región de Magallanes, se ha resuelto que doña nombre reservado presenta una situación de salud recuperable".

Respecto a lo anterior, dice, es dable señalar que, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a través de Oficio ORD. Nº 511, de 11 de octubre de 2018, solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez evaluar la condición de irrecuperabilidad de la salud de doña nombre reservado. Así, a través de la Resolución Exenta Nº 52, de 17 de octubre de 2018, de la citada Comisión, se concluyó que la recurrente de autos presentaba una situación de salud recuperable, previa evaluación por el mencionado organismo de salud de los antecedentes médicos y administrativos de la actora y de, además, la evaluación presencial en Comisión Médica Nº 42 de la misma fecha.

Agrega que en este orden de ideas, cabe agregar que en el Dictamen Nº 17.351, de 11 de julio de 2018, de la Contraloría General de la República, se señala que "... Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad...".

Concluye indicando que no aparecen elementos que permitan calificar el ejercicio de la facultad conferida por la ley a la autoridad como arbitrario, esto es, desprovisto de antecedentes o motivado por el mero capricho de quien actúa, pues se encuentra debidamente fundada, más cuando la causal de salud incompatible dice relación con requisitos de carácter objetivo, de manera que para su establecimiento resulta suficiente sumar los tiempos de licencias concedidas a la funcionaria, todas con patologías calificadas como enfermedad común por el profesional habilitado para otorgarlas. Así las cosas, las anotadas licencias suman un total de 208 días, cifra que excede con creces los 180 días que exige el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, requisito que por lo demás tiene la naturaleza de ser un hecho objetivo.

Reitera que, tal como ya se señaló precedentemente, las licencias que se tuvieron a la vista para adoptar la decisión señalan expresamente que se otorgaron por Enfermedad o Accidente Común por el profesional habilitado para otorgarlas por lo que, no se advierte, como indica la recurrente en su presentación, de qué forma esta Cartera de Estado podía calificar o pronunciarse sobre la tipología de la enfermedad consignada en la licencia. Cabe señalar además que, respecto al requisito contemplado en el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo que exige que no haya mediado declaración de salud irrecuperable, la referida Resolución TRA Nº 119516/314/2018 indica que " mediante Resolución Exenta Nº 52 de 2018, la cual se ad junta, de la Comisión Medicina Preventiva e Invalidez, de la Seremi de Salud de la Región de Magallanes, se ha resuelto que doña nombre reservado, presenta una situación de salud recuperable". Respecto a lo anterior, es dable señalar que, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena , a través de Oficio ORD. Nº 511, de 11 de octubre de 2018, solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez evaluar la condición de irrecuperabilidad de la salud de doña nombre reservado.

Así, a través de la Resolución Exenta Nº 52, de 1 7 de octubre de 2018, de la citada Comisión, se concluyó que la recurrente de autos presentaba una situación de salud recuperable, previa evaluación por el mencionado organismo de salud de los antecedentes médicos y administrativos de la actora y de, además, la evaluación presencial en Comisión Médica Nº 42 de la misma fecha . En este orden de ideas, cabe agregar que en el Dictamen Nº 17.351, de 11 de julio de 2018, de la Contraloría General de la República, cuya copia se acompaña, se señala que "... Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad...".

De esta manera, la fundamentación de la decisión adoptada se ha realizado en términos que resultan suficientes para su acertada inteligencia, no usándose expresiones genéricas, toda vez que se precisa que la recurrente de autos ha hecho uso de licencia médica por más del tiempo exigido por el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, indicando el periodo de tiempo que se tuvo en cuenta y el hecho de no mediar declaración de salud irrecuperable respecto de la actora de autos.

Asimismo, no aparecen elementos que permitan calificar el ejercicio de la facultad conferida por la ley a la autoridad como arbitrario, esto es, desprovisto de antecedentes o motivado por el mero capricho de quien actúa, pues se encuentra debidamente fundada, más cuando la causa l de salud incompatible dice relación con requisitos de carácter objetivo, de manera que para su establecimiento resulta suficiente sumar los tiempos de licencias concedidas a la funcionaria, todas con patologías calificadas como enfermedad común por el profesional habilitado para otorgarlas.

Por otra parte, respecto a la Carta Nº 32 A 102, de 08 de enero de 2018, del Subsecretario de Servicios Sociales, que la actora individualiza en su presentación, en la que se informa que son tres los funcionarios de esta Cartera de Estado cuyos cargos fueron declarados vacantes por salud incompatible en los últimos dos años (2017-2018), argumentando que, "sólo la recurrente fue notificada del acto de desvinculación con posterioridad a la decisión de prórroga de su contrata, y en el curso del mes de diciembre", ello resulta obvio, toda vez que, de la sola lectura del referido documento, se puede observar que los otros dos ex servidores fueron notificados de su vacancia por salud incompatible con fechas 11 de agosto de 2017 y 08 de octubre de 2018, datas anteriores a la dictación de los actos administrativos de prorrogas de contratas de los funcionarios de esta Secretaría Ministerial.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, dice, es dable indicar que, el acto administrativo de que se trata no es producto de la sola voluntad o capricho de quien lo dictó, toda vez que la decisión administrativa en comento fue adoptada en ejercicio de las atribuciones que le son propias, con estricto apego a la legalidad y debidamente fundada. De esta manera, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado por la recurrente, al constituir éste una consecuencia del ejercicio legítimo de las potestades administrativas que la Constitución y la ley han conferido al Ministro de Desarrollo Social. Concluye esta parte indicando que la declaración de vacancia del cargo de doña nombre reservado, se ajustó plenamente a derecho, atendido que el actuar de este Ministerio está acorde con las atribuciones y potestades de que goza la autoridad.

Sobre la presunta vulneración del artículo 19 nº 1 de la Constitución Política del Estado, manifiesta que o no evidencia cómo su actuar conforme a lo establecido en el artículo 151 de Estatuto Administrativo, que dispone la prerrogativa de la autoridad para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, podría afectar la integridad física y psíquica de la recurrente, ya que el proceder de la recurrida sólo se limitó a obrar en conformidad a las normas que regulan la materia. Además se debe tener en consideración, que el derecho del funcionario público a percibir remuneraciones, es procedente mientras permanece en la función pública, mientras no cese en el cargo, lo que en este caso, sí aconteció .

En relación ala presunta vulneración del artículo 19 nº 2 de la Constitución Política del Estado en el recurso de autos la actora de protección se limita a señalar que, se dispuso su prorroga de contrata el día 30 de noviembre de 2018, " sólo respecto de mi persona, y no respecto de otros dos funcionarios a quienes se les desvinculó por la misma causa l, en una fecha anterior al mes de diciembre de los años 2017 y 2018" .

Respecto de la alegación anterior, cabe señalar que, tal como se consignó precedentemente en el presente informe, en la antes citada Carta Nº 32 A 102, de 08 de enero de 2018, del Subsecretario de Servicios Sociales, se informa que son tres los funcionarios cuyos cargos fueron declarados vacantes por salud incompatible en los últimos dos años (2017-20 18), y que, atendida la sola lectura del referido documento, se puede observar que los otros dos ex servidores fueron notificados de su vacancia por salud incompatible con fechas 11 de agosto de 2017 y 08 de octubre de 2018, datas anteriores a la dictación de los actos administra ti vos de prorrogas de contratas de los funcionarios de esta Secretaría Ministerial.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que la actora de protección no proporcionó en su recurso antecedentes que permitan acreditar la afectación de la garantía constitucional en comento.

En relación a la garantía contenida en el 19 Nº 3 de la Constitución, manifiesta que se derecho no está protegido por la acción cautelar. En relación al artículo 19 Nº 16, expone que la recurrida no tiene forma alguna de afectar su libertad de trabajo, esto es el derecho a buscarlo, de tal forma que no es posible conculcar su derecho en la forma que ella lo expresa. En relación a la presunta afectación del derecho contemplado ej el artículo 19 Nº 24 del texto fundamental, alega la recurrida que la recurrente no desarrolla ni explica la forma en que esto derecho se vería amenazado perturbado o restringido, pues solo se limita a indicar que el derecho de propiedad se habría configurado por su calidad de titular legal y legítima de una designación a contrata en un cargo público.

Concluye solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido SEGUNDO: Que, el hecho que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, es el acto dictado, tramitado, notificado y ejecutado consistente en la Resolución TRA Nº 119516/314/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, que declaró vacante el cargo público de su designación por salud incompatible.

TERCERO: Que las recurridas, solicitan el rechazo del recurso en primer lugar por no ser ésta la vía para su conocimiento y por cuanto se han cumplido todos y cada uno de las exigencia legales para la dictación de la resolución atacada no siendo por tanto ilegal y tampoco arbitraria por cuanto se ha actuado conforme derecho y no haciendo diferencias improcedentes o atentatoria al estado de derecho CUARTO: Que en relación a la primera alegación ésta se desechará por cuanto el recurso de protección es una herramienta jurídica que pueden ejercer los administrados siempre que vean amenazados, perturbados o privados alguno de los derechos que expresamente contempla el artículo 20 de la Constitución de la República, no correspondiendo, entonces, limitarla a aquellos actos que no se encuentran comprendidos en otro u otros procedimientos especiales.

QUINTO: Que en cuanto a la declaración de vacancia del cargo de la recurrida, conforme los antecedentes aportando por las recurrentes es inevitable concluir que la recurrente anotó licencias que suman un total de 208 días, cifra que excede los 180 días que exige el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, para declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible. Que por otra parte, la recurrente en parte alguna de su recurso ataca el hecho de la existencia de las licencia y el número de días que las mismas comprenden, por lo que debe ser consignado como un hecho de la causa no discutido.

SEXTO: Que el citado artículo 151 del Estatuto Administrativo exige que no haya mediado declaración de salud irrecuperable, y mediante Resolución Exenta Nº 52 de 2018, de la Comisión Medicina Preventiva e Invalidez, de la Seremi de Salud de la Región de Magallanes, se ha resuelto que doña nombre reservado, presenta una situación de salud recuperable".

Respecto a lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a través de Oficio ORD. Nº 511, de 11 de octubre de 2018, solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez evaluar la condición de irrecuperabilidad de la salud de doña nombre reservado y mediante la Resolución Exenta Nº 52, de 17 de octubre de 2018, de la citada Comisión, se concluyó que la recurrente de autos presentaba una situación de salud recuperable, hecho que tampoco fue discutido por la recurrente.

SEPTIMO: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de lo sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por los partes, puede concluir que el acto impugnado no aparece como arbitrario ni ilegal, todo vez que corresponde al ejercicio legítimo de una facultad que el legislador le otorgó a los recurridos, máxime si la actuación de los mismos se ve avalada por hechos objetivos, no discutidos por la recurrida y expresamente contemplados en la legislación vigente.

OCTAVO: Que en cuanto al hecho que en la audiencia de conciliación celebrada en la causa por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, Causa RIT T-27-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, el cual, señala la recurrente, concluyó el 6 de julio de 2018, por avenimiento judicial, en el cual se acordó que la actora de autos se desistía de la demanda y el "servicio asegura su estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre de dicho año, este acuerdo no se ve en caso alguno alterado por la resolución atacada, pues precisamente ésta pone término a sus servicios en razón de no tener salud compatible con el servicio, hecho que como se ha dicho es objetivo, no viéndose afectado de manera alguna el acuerdo alcanzado.

NOVENO: En relación la presunta incompatibilidad entre la Resolución Exenta RA Nº 119516 /408/2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que dispuso la prorroga colectiva de su contrata a partir del año y la resolución TRA Nº l 19516/ 314/2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, suscrita por el Ministerio de Desarrollo Social, que Declara Vacante el cargo por salud incompatible, la contradicción no es tal, por cuanto la declaración de salud incompatible es un hecho objetivo , que va más allá de la mera voluntad del ente administrador, y era evidente que si la salud de la recurrida no es compatible con su cargo, aún cuando se haya prorrogado anteriormente su contrata ésta choca con la realidad de su salud, cuestión que expresamente autoriza el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

DECIMO: Que, los razonamientos expresados llevan a concluir que no existe acto ilegal o arbitrario que permita acceder a la cautela solicitada, por lo que se hace necesario rechazar el recurso intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado doña nombre reservado, en contra del Ministerio de Desarrollo Social, representado por el Ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno Charme, y en contra de éste último, del señor nombre reservado, Subsecretario de Servicios Sociales, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, representada por la señora nombre reservado, y en contra de ésta última, sin costas.

Redacción Abogado Integrante Sr. nombre reservado N°37-2019. PROTECCIÓN