RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MAGALLANES (PUNTA ARENAS)

Punta Arenas, veintidós de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación convencional de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes (Punta Arenas), representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a haber inferido privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 5, 21, 22 y 24 de la Carta Fundamental, mediante la realización de una conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 3064/22/30, de 30 de junio 2022, suscrita por la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo, por medio de la cual se impuso a su representada la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM, la que le fue notificada el 30 de junio de 2022.

Funda su acción en la resolución tuvo por antecedente el Ordinario N° 503 de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que se originó por una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC en orden a determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato de trabajo y su validez, en tanto que agregó el cargo operador de tienda.

Sostiene que en el indicado oficio se informa que no se ajusta a derecho el cargo denominado “operador de tienda” dado que no otorga un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados, pues da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza. Agrega que en virtud de esta interpretación de las disposiciones contractuales se han iniciado más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic Hermanos S.A., incluido el que dio origen a la resolución de multa ya aludida.

Aduce que la Inspección Provincial del Trabajo ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales e imponer una multa que carece de todo fundamento, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario, en tanto carece de fundamento racional. Cita el texto de la resolución de multa, para concluir que no entrega ninguna fundamentación al estimar infringidos el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo. Refiere que la resolución recurrida sigue la doctrina emanada del Ordinario citado y, aunque sin decirlo, concluye que la definición del cargo de operador de tienda contenido en el anexo de trabajo suscrito por los trabajadores sería ambigua y no proporcionaría certeza jurídica respecto de la prestación de servicios que dicho cargo conlleva. Afirma que el contrato de trabajo determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de operador de tienda, así como los lugares en que deben prestarse los servicios, por lo que la interpretación de la recurrida no aparece justificada y, en tanto es un acto administrativo que carece de fundamentación suficiente que exigen los artículos 16 y 41 de la Ley N° 19.880, deviene en arbitrario. Cita dictamen de la Contraloría General de la República y doctrina.

Manifiesta que la resolución recurrida es ilegal, ya que la Inspección Provincial del Trabajo excede el marco jurídico de sus atribuciones al interpretar una cláusula contractual, lo que importa desconocer el principio de legalidad. Añade que las Inspecciones Provinciales del Trabajo no cuentan con la facultad de interpretar contratos ni resolver contiendas laborales, conforme lo dispuesto en los artículos 1 letra b), 18 y 20 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1976, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 505 del Código del Trabajo. Estima que la recurrida interpretó una clausula contenida en un contrato de trabajo y concluyó que no cumple con la normativa vigente, sin proporcionar antecedentes que permitan comprender tal interpretación ni la cuantía de la sanción.

Arguye que el actuar ilegal y arbitrario descrito vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, en tanto la recurrida se atribuye facultades que corresponden en forma exclusiva y excluyente a los tribunales de justicia. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a sus asertos. Del mismo modo, estima que se atenta contra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, puesto que la existencia de un eventual conflicto de relevancia jurídica respecto al contenido e interpretación de las disposiciones contractuales que rigen la relación laboral debe ser conocido por un tribunal de justicia y, no en cambio, por la Inspección del Trabajo, tal como aconteció en la especie. Expresa que se afecta la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica, así como el derecho de propiedad, pues la autoridad administrativa establece una diferencia de trato al ejercer facultades de las cuales carece, privando de efecto a las cláusulas contractuales pactadas e imponiendo una multa que asciende a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Expone que la resolución recurrida carece de base jurídica, ya que la cláusula contractual que se reprocha cumple con la legislación laboral, en específico, el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo. Añade que el cargo de operador de tienda cuenta con funciones claramente definidas y especificadas, así como el lugar en que debe desarrollarse, por lo que la conclusión de la recurrida carece de sustento.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución de multa N° 3064.22.30, de 30 de junio de 2022, con costas.

Informando el recurso doña Viviana Ampuero Santana, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, expone que en primer lugar opone excepción por litispendencia contemplada en el artículo 303 N°3 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido indica que la parte recurrente fecha 22 de julio 2022, 7 días de antelación al ingreso de recursos de marras, interpone un reclamo judicial de multas ante el Juzgado de letra del Trabajo de Punta Arenas, causa Rit I-40-2022, caratulada “Rendic Hnos. S.A con Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes”, en contra de su representada, por haber la misma resolución de este recurso, solicitando también, que esta sea dejada sin efecto.

Explica los requisitos de la excepción, la triple identidad. Respecto a la identidad legal de las personas en ambos casos las partes son Rendic Hnos. S.A, Rut N°RUT reservadoy la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes. Respecto de la identidad de la cosa pedida, en ambos casos el objeto del juicio es que se deje sin efecto la resolución de multa cursada a la empresa. Respecto de la identidad en la causa de pedir, en ambos casos se reclama por la dictación de la resolución de multa N° 3064.22.30. Refiere luego a principios del derecho procesal y doctrina, acerca de los problemas que viene en solucionar la excepción de litis pendencia.

Solicita se acoja la excepción de Litis Pendencia, niegue la tramitación del presente recurso por encontrarse el asunto sometido a reclamación judicial ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, con expresa condenación en costas.

En su primer otrosí, la recurrida evacúa informe para el caso que no se acoja la excepción de Litis Pendencia, solicitando que el recurso sea rechazado en todas sus partes y declarado improcedente, con costas.

Se refiere al origen de la multa, que fue una presentación interpuesta por la Federación Nacional de Sindicatos, ya explicada por la recurrente, a raíz de esto se emite un ordinario y se activa un programa de fiscalización, en donde las materias a fiscalizar son no con tener el contrato de trabajo las estipulaciones mínimas. Así se dispuso la fiscalización N° 1201.2022.613, a cargo del inspector Víctor Ampuero Ruiz, que adjunta de manera íntegra. La fiscalización indica que se identificó una situación descrita en el Ord. 503 de fecha 30 de marzo de 2022 ya mencionado, en cuanto la función de operador de tienda incluida en anexo da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, que de tal modo resultan ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas a desarrollar, aun cuando esta se encuentra explicitadas una a una en el contrato de trabajo. Y además en el Ord. 503 se indica que la Dirección del Trabajo, dentro del ámbito de su facultades, se pronuncia sobre estipulaciones referidas a las labores señalados en los contratos, sosteniendo que no se ajustan a derecho cláusulas genéricas o amplias que podría dejar en el arbitrio del empleador las labores a desarrollar, o bien, que señalen funciones indeterminadas o cualquier otra que no otorga certeza al dependiente de las tareas específicas que se obliga a realizar para obtener el pago de su remuneración”. En virtud de lo informado se constata infracción al Art. 10 Nro. 3, por lo que se sanciona con multa a beneficio fiscal. Por tal motivo, se procedió a sancionar al empleador mediante multa N° 3064.2022.30.

Sostiene que la acción debe ser rechazada por el solo hecho de existir un medio de fondo para atacar la sanción de multas, en el art. 503 del Código del Trabajo.

Explica que la fiscalizadora no excede en sus facultades, solo constata hechos y de la simple revisión de los contratos, y estos dan cuenta que, vulneran abiertamente, una disposición de carácter irrenunciable y esencial de todo contrato, como son sus clausula mínimas y entre éstas las funciones a realizar. En consecuencia, la fiscalizadora detectó que los contratos de trabajo correspondientes a los trabajadores de la muestra no especifican la determinación precisa de los servicios, vulnerando directamente el artículo 10 nro. 3 del Código.

Refiriéndose respecto de la alegación referida a que la multa se funda en el Ord. N° 503, señalando que como sirvió de base a la multa, es ilegal y arbitrario, puede señalar que, sí lo que se quería atacar, era ese pronunciamiento, el plazo ya expiró, y esta no es la instancia. Insiste en que es error de la recurrente en cuanto no identifica una doctrina institucional, establecida fundadamente en el ordenamiento referido. Concluye que la Inspección Provincial del Trabajo no incurrió en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que solo ejerció facultades otorgadas por ley.

Se refiere a cada garantía invocada en el recurso: i. La igualdad ante la ley, no fue el único supermercado respecto del cual se ha sancionado por esta materia, y la ley les faculta para fiscalizar y sancionar a cualquier empleador. ii. Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, de ningún modo se ha coartado o impedido su libertad para seguir explotando su negocio. iii. Derecho de propiedad, por la sanción de 60 UTM, la multa se ajusta a derecho. iv. La igual protección de la ley, en el ejercicio de sus derechos vinculada al debido proceso, es un proceso de fiscalización ajustado a derecho. Finalmente se refiere a que el recurso carece de los requisitos esenciales de la acción.

Solicita el rechazó del recurso con condena en costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en que el 30 de junio de 2022 la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes dictó la Resolución de Multa (S) N°3064/2022/30, fundado en una interpretación contractual, lo que excede sus facultades. Por lo que a través de este recurso se pretende dejar sin efecto la mencionada resolución.

TERCERO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, resulta útil consignar que el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, en la especie, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Dirección del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

QUINTO: Que, en la especie, la recurrente dedujo con anterioridad a la interposición de este recurso reclamo judicial en contra de la Resolución de Multa (S) N°3064/2022/30, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, según consta en causa RIT I-40-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.

SEXTO: Que, en consecuencia lo que se solicita a través de la interposición de este recurso, es un análisis de lato conocimiento, toda vez que se debe evaluar la procedencia de la multa, y desde esa perspectiva y por la naturaleza del recurso de protección, como ya se dijo, una acción de carácter cautelar y urgente, no se constituye en la vía idónea para su conocimiento.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo antes señalado y tomando en especial consideración además, el hecho que existe en tramitación un reclamo por esta misma multa, sometido al conocimiento del Juzgado Laboral pertinente, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Oyarzún.

Rol 3697 – 2022 PROTECCIÓN.