Protección contra Inspección del Trabajo de Ultima Esperanza

Punta Arenas, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Francisco Renato Anabalon Aburto, abogado, e interpone acción de protección en representación de nombre reservado, chileno, soltero, técnico en turismo, Cedula Nacional de Identidad número diecisiete millones trescientos veinticinco mil setecientos treinta y nueve guión dos, domiciliado en nombre reservado dos mil cincuenta y cuatro de la comuna de Puerto Natales, en contra de la Inspección del Trabajo de Ultima Esperanza, representada por nombre reservado, debido al informe de investigación llevado mediante el cual se sanciona a su representado, notificado el día 23 de mayo de 2024.

Expone que, mediante dicho informe, se condenó a su representado en calidad de autor de acoso sexual laboral, sin respetar las garantías constitucionales del derecho a defensa y la no aplicación de un justo y racional procedimiento, llamado el debido proceso, ya que se basó en la denuncia y en un video que nada acredita, menos la característica de gravedad que requiere la ley.

Entiende que lo expuesto da cuenta de la existencia de un acto arbitrario e ilegal dictado por la inspección del trabajo de última esperanza por medio del cual se condenan a su representado como autor de acoso sexual laboral, con la carga que ello implica para una persona que lleva trabajando en la zona en el área del turismo, siendo inocente.

Reitera que la resolución impugnada es un acto administrativo emanado de la inspección del trabajo de última esperanza, el cual es ilegal y arbitrario, y vulnera varias garantías constitucionales que el recurso de protección protege, vulnerando abiertamente las siguientes garantías constitucionales:

1) El debido proceso legal.

2) Derecho a defensa.

Esta garantía constitucional establecida en el Art. Nº19 de la Constitución es la que ha sido violada por el acto administrativo emanado de la inspección del trabajo de última esperanza.

Agrega que lo anteriormente expuesto constituye un acto arbitrario e ilegal, que atenta en contra de la garantía del Nº2º de la Constitución Política del Estado.

Solicita, se acoja la acción y se ordene a la inspección del trabajo de última esperanza a realizar un sumario respetando todas las garantías constitucionales y se condene en costas a la recurrida, en caso de que no se allane a la presente acción.

Acompaña, copia de la resolución recurrida y mandato judicial.

Informa, Viviana Ampuero Santana, Abogado por la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Expone que la empresa Big foot Patagonia Spa., con fecha 26/02/2024, recibió denuncia de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, que, por el contenido de esta, fue considerada por su empleador como una denuncia de acoso sexual laboral.

Por lo indicado anteriormente, la empresa, Big foot Patagonia Spa, con fecha 01/03/2024, dentro del plazo que establece el artículo 211 – C del Código del Trabajo, remitió a este Servicio los antecedentes para que se efectúe la respectiva investigación respecto de los hechos denunciados.

Así, se dispuso la Fiscalización N° 1202/2024/69, la que fue efectuada por la inspectora de este Servicio doña nombre reservado. Mediante Ordinario N° 03/2024 de 22 de mayo de 2024, se notifica a los involucrados de las conclusiones jurídicas, en virtud, del cual se informa a la empresa que debe aplicar medidas o sanciones de conformidad a su reglamento interno.

Todo aquello, en atención a lo consignado en el informe de Fiscalización N°1202/2024/64: “…existe certeza de un trato inapropiado e incompatible con la dignidad humana de parte de nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, que afectó su dignidad como mujer y su integridad psíquica, lo que se tradujo en que la trabajadora concurriera a su organismo administrador, quien le dio reposo por 12 días, y que la llevó a efectuar la denuncia… …Que, en conclusión, las acciones desplegadas por parte del trabajador denunciado son constitutivas de un acoso sexual, ya que si bien, se trata de un solo hecho, es de tal magnitud que afecta la autonomía sexual de la víctima, en circunstancia que se invadió su esfera íntima-sexual, ya que los glúteos, senos y vagina son partes del cuerpo de la mujer, que son considerados de connotación sexual, lo cual lógicamente crea un ambiente hostil en lugar de trabajo, en donde lógicamente la forma de relacionarse con su jefatura, después de dicho episodio ya no será lo misma, quedando la trabajadora en una situación de desventaja e incertidumbre… …Se constató que el denunciado no tenía justificación para proceder a tocar el trasero de la trabajadora, ya que se encontraban en el contexto de un abrazo, esto es, corroborado por las cámaras, lo cual descolocó a la trabajadora, ya que independiente que ella haya respondido al abrazo o tuviera cierta cercanía con el denunciado, no se justifica el actuar inapropiado, en el lugar de trabajo y en su calidad de jefatura, máxime sí lo que le solicito hablar, era sobre su continuidad en la empresa.

…Por todo lo anteriormente señalado, la empresa Big foot Patagonia Spa., deberá aplicar las sanciones al denunciado de conformidad a lo que establece su Reglamento Interno, dentro del plazo que establece el artículo 211 – E del Código del Trabajo, esto es, dentro de los 15 días siguientes a la notificación por correo electrónico del presente.”

En virtud de lo señalado, entiende que resulta improcedente recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa que la propia norma legal establece procedimientos de especiales.

Arguye que, en primer lugar, su acción debió haberla desplegado en contra de la empresa, porque a este se le instruyo aplicar medidas conforme a su reglamento interno, la Inspección del Trabajo no sancionó ni condenó, quien aplica las sanciones son las empresas no el órgano administrativo. De lo cual, no tienen conocimiento que sanción aplicó la empresa en el caso particular, esto porque la Inspección no puede inmiscuirse en las facultades de administración y dirección de una empresa. Sí la empresa lo desvinculó, amonestó o multó, debió recurrir contra su empleador ante los tribunales del Trabajo, ya sea por la causal del despido o acción de tutela. Por otra parte, sí el trabajador estimaba que los hechos que se le imputan era totalmente falsos, el Código del Trabajo contempla una acción que se dirige en contra la trabajadora y considera eventuales indemnizaciones, pero no una acción contra el Servicio, de conformidad al artículo 171 inciso final.

Sostiene que, con tan solo estas consideraciones se podría desechar la acción constitucional pretendida por la recurrente, en atención al desconocimiento de los mecanismos de impugnación concedidos a un empleador sancionado, de acuerdo la normativa del Código Laboral.

Por otro lado, expone que la Inspección Provincial del Trabajo, no incurrió en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que actuó por mandato legal, dando cumplimiento al artículo 211-A y siguientes del Código del Trabajo, debido a que el acto administrativo, deviene de una investigación por una denuncia de acoso sexual, respecto de la cual la empresa determinó que fuera el Servicio que investigará.

Pero, esto no es un capricho del Servicio, el procedimiento está claramente definido en el Título IV “De la investigación y sanción del acoso sexual”. Desde articulo 211-A al artículo 211-E del Código del Trabajo.

Por lo que el Servicio, al recepcionar la denuncia por parte de la empresa, dispuso la fiscalización de rigor, a cargo de doña nombre reservado, la cual recabo los antecedentes documentales, entrevistas a los involucrados, demás trabajadores, y demás medios de prueba. Que, del informe evacuado por la fiscalizadora, el Inspector efectúa un oficio/ordinario, en donde informa las conclusiones jurídicas y le instruye a la empresa la adopción de sanciones conforme a su reglamento interno y, hasta ahí llega la participación de la Inspección, el resto la aplicación de sanciones propiamente tal, y las acciones posteriores es responsabilidad del empleador.

Distinto, es que el trabajador no esté de acuerdo con las conclusiones, ya que a su juicio no existió el debido proceso y derecho a defensa, fundamentado en que solo existió una denuncia y un video.

Sin embargo, el procedimiento no solo se basó en esos dos antecedentes, si no que existió un proceso de fiscalización conforme mandata el artículo 505-A.

Hace presente que el proceso administrativo fiscalización cumplió con los principios del debido proceso y su derecho a defensa, ya que el proceso obedeció al principio de reserva, imparcialidad, a ser oído Concluye que el recurrente no explica cómo se entienden vulneradas dichas garantías ya que no basta con nominarlas, debe explicar que agravio le causa, y en este caso se limita a nombrar los derechos constitucionales.

Acompaña en su informe, activación de fiscalización 1202.2024.69 de 01.03.2024, con sus antecedentes, informe de fiscalización y exposición N° 1202.2024.69 de 14.03.2024, notificación inicio de procedimiento de 11.03.2024, anexo nómina de trabajadores FI-12, acta de notificación de acoso sexual y adopción de medidas de resguardo FI-24 de 11.03.2024, entrevistas de los siguientes trabajadores: - nombre reservado. - nombre reservado - nombre reservado - nombre reservado - Salma nombre reservado - nombre reservado - nombre reservado - nombre reservado, documentos que constan en el expediente: Anexo de contrato de nombre reservado; licencia médica de 21.02.2024; orden de reposo Instituto Seguridad del Trabajo IST de 05.03.2024 y 15.03.2024; informe de asistencia de diciembre de febrero; comprobante pago cotizaciones; copia reglamento interno, orden, higiene y seguridad en lo pertinente a la investigación por acoso sexual y Ord.N° 03 de 22.05.2024.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por el recurrente lo hace consistir en la dictación del ordinario 003/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 que informa el resultado de investigación por denuncia de acoso sexual laboral e instruye a la empresa Big Foot Patagonia Spa aplicar sanciones al recurrente.

CUARTO: Que, al evacuar informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, según consta de los elementos de convicción allegados, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

i) Con fecha 26 de febrero de 2024 la empresa Big Foot Patagonia Spa, recibió una denuncia, que fue considerada por aquel como una denuncia de acoso sexual laboral.

ii) que con fecha 01 de marzo de 2024 la empresa anteriormente referida, solicita a la Dirección del Trabajo, realizar la investigación conforme a la denuncia señalada.

iii) Producto de lo anterior, se dispuso la Fiscalización N°1202/2024/69, la que fue efectuada por la inspectora nombre reservado.

iv) que el proceso anterior, finaliza con la dictación del Ordinario N°03/2024 de 22 de mayo de 2024, mediante el cual se notifica a los involucrados de las conclusiones jurídicas, en virtud, del cual se informa a la empresa que debe aplicar medidas o sanciones de conformidad a su reglamento interno.

SEXTO: Que, el proceso de fiscalización se llevo a cabo por la recurrida en virtud de lo establecido en el titulo IV del Código del Trabajo, el cual se encuentra regulado en los articulo 211 A al 211 E de dicho cuerpo legal.

SEPTIMO: Que, en este sentido, es menester tener presente que el articulo el articulo 211-C del Código del Trabajo dispone: “El empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.

En cualquier caso la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días.

Si se optare por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva.”

A su vez el artículo 211-D establece: “Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta a aquélla practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado.”

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo expuesto, a lo informado y documentos acompañados por ambas partes, podemos establecer que la recurrida siguió un procedimiento legalmente establecido, se tomó declaración al actor, a la denunciante y a diversos trabajadores individualizados en el acta de fiscalización y, una vez finalizado el mismo, sólo puso en conocimiento al empleador y a las partes de la conclusión a la que habría arribado, pero no aplicó ningún tipo de sanción al denunciado y recurrente, sólo se remitió a fiscalizar, con estricto arreglo a la ley, una denuncia por acoso sexual que le fuere expuesta.

NOVENO: Que, entonces, no hallándonos en presencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al recurrido, no concurre en la especie la exigencia establecida en la letra a) del considerando segundo, por lo que la presente acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Francisco Renato Anabalon Aburto en representación de nombre reservado, en contra de la Inspección del Trabajo de Ultima Esperanza, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°366-2024 PROTECCIÓN