nombre reservado con SERVIU XII REGION

Punta Arenas, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, ingeniero, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (SERVIU), representado por haber incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias vinculadas con la ejecución de las obras de pavimentación de la calle Ovejero. En particular, recurre en contra de la Resolución ORD. N°1274 de fecha 30 de junio de 2026, emanada del SERVIU Magallanes y Antártica Chilena, la cual desconoce y perpetúa el grave problema generado por las obras: un desnivel significativo entre la nueva rasante de la calle Ovejero y el terreno natural de mi propiedad, que impide el acceso vehicular y peatonal al predio.

Entiende vulneradas las garantías de los numerales 2, 7, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley, a la libertad personal y seguridad individual, a la libertad de trabajo, al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y al derecho de propiedad.

Expone que, con fecha 30 de junio de 2026, el SERVIU emitió el oficio electrónico ya individualizado, en respuesta a su solicitud de habilitación de accesos vehiculares formulada en el marco de las obras de pavimentación de la calle El Ovejero, limitándose a señalar que la habilitación de accesos no se encuentra contemplada en el proyecto y que técnicamente no resultaría factible, sin entregar fundamentos suficientes ni alternativas de solución.

Señala que su predio, de aproximadamente dos hectáreas, alberga una empresa de construcción que opera con maquinaria pesada, la que requiere salida directa hacia la vía pública, y que la ejecución de las obras provocó un desnivel significativo entre la rasante del nuevo proyecto y el terreno natural del inmueble, en un tramo aproximado de cuatrocientos metros colindantes, desnivel que —afirma— fue confirmado por el propio órgano recurrido en el Informe Técnico adjunto al ORD. N°1099, de 3 de junio de 2026.

Indica que dicho desnivel ha impedido el uso de los accesos históricos, tanto para vehículos motorizados como para personas, y reviste peligro para la seguridad, lo que se habría materializado en un accidente que sufrió al intentar salir de su predio, hecho del que daría cuenta el ORD. N° 1274 de 30 de junio de 2026.

Agrega que, si bien el SERVIU aceptó ejecutar obras extraordinarias para incorporar un talud o murete de contención en el sector adyacente al predio, tales medidas no solucionan el problema del acceso, y que la solera rebajada instalada resulta insuficiente, pues el desnivel persiste e impide el ingreso de vehículos y maquinaria pesada. Añade que en la etapa inicial del proyecto el recurrido no lo convocó ni consultó, pese a que su predio colinda en más de cuatrocientos metros con la obra, lo que lo situaría en una posición desigual frente a otros vecinos que sí conservan accesos funcionales.

Solicita, en definitiva, que se declare que las actuaciones del SERVIU son ilegales y arbitrarias; que se ordene a dicho Servicio y/o a su contratista adoptar las medidas necesarias para habilitar dos accesos vehiculares seguros y adecuados desde su predio hacia la nueva vía pública, eliminando el desnivel generado por las obras; que se disponga que dichas obras extraordinarias se ejecuten al interior de su predio, con cargo al Servicio o a quien corresponda, asegurando la plena restitución de los accesos históricos; y que se adopten las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña el Informe Técnico de 3 de junio de 2026 y el ORD. N° 1099; el ORD. N° 1274, de 30 de junio de 2026; y un set fotográfico de dieciséis imágenes relativas al estado del terreno antes y después de la ejecución de las obras y a la maquinaria emplazada al interior del sitio.

Informa don Omar Andrés González Asenjo, abogado, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario, pues las obras que se ejecutan en calle El Ovejero, detalladas en el informe técnico que acompaña, forman parte de un diseño elaborado previamente que se ajusta en su totalidad a la normativa vigente. Explica que el diseño y posterior ejecución de la vía responden a un conjunto de variables técnicas y normativas cuyo resultado es una pendiente segura para peatones y vehículos, que cumple además con las exigencias de accesibilidad universal, con la correcta evacuación de aguas lluvias y con la debida integración a la trama urbana, siendo imposible conformar una calle que se adapte a los desniveles de los terrenos aledaños sin tornarla intransitable e incumplir la normativa constructiva aplicable.

Expresa que, a partir de las solicitudes del recurrente y de una visita a terreno del equipo técnico efectuada a fines de mayo de 2026, mediante Oficio N°1099, de 3 de junio de 2026, se le informó que el proyecto contempla no uno sino dos accesos vehiculares: el primero, correspondiente al acceso a la vivienda emplazada en el predio, manteniendo el diseño original, con una longitud de cuatro metros, pavimento reforzado en la acera y solera rebajada ya instalada; y un segundo acceso, hacia el pasaje nombre reservado, respecto del cual se propusieron dos alternativas de emplazamiento en el informe técnico adjunto, la primera con una diferencia de altura de ochenta centímetros que exige que el propietario rebaje la entrada al interior de su predio, y la segunda con un desnivel de solo veinte centímetros, que no requiere obra adicional alguna de su parte y permite total accesibilidad al inmueble.

Refiere que, por presentación de 9 de junio de 2026, el actor manifestó su conformidad con la solución propuesta para el primer acceso (KM 260), pero, respecto del segundo (KM 408), solicitó que se ejecutaran ambas alternativas, esto es, dos accesos en ese sector, con lo que en definitiva pretende la habilitación de tres accesos, en contradicción con lo pedido en el propio recurso. Mediante Oficio N°1184, de 17 de junio de 2026, el Servicio le respondió que, por razones de costo, no resulta posible ejecutar ambas alternativas, requiriéndole una definición conforme a lo planteado en el Oficio N°1099.

Indica que, en su respuesta de 18 de junio de 2026, el recurrente se limitó a señalar que la entrada vehicular del primer acceso debía ser reforzada y con malla, y a relatar un accidente ocurrido en el terreno de la obra, sin pronunciarse sobre las alternativas propuestas para el segundo acceso. Por Oficio N°1274, de 30 de junio de 2026, se le reiteró que el primer acceso contempla acera reforzada de doce centímetros de espesor, sin malla electrosoldada por no ser necesaria conforme a los estándares constructivos y al Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación (CONETOP); que la cota de la acera no puede dejarse a nivel del terreno del recurrente por exigencias de accesibilidad universal y de escurrimiento de aguas lluvias; y que debía abstenerse de ingresar sin autorización al recinto de la obra, cuyo control legal y técnico corresponde al contratista. Agrega que, a la fecha del informe, el actor no ha comunicado cuál de las dos alternativas propuestas para el segundo acceso cuenta con su aprobación.

Alega, asimismo, ausencia de fundamentación del recurso, pues éste no expresa por qué estima ilegal o arbitraria la actuación del Servicio, y hace presente que el Oficio N°1274 no constituye un acto decisorio respecto del segundo acceso, sino la respuesta a una presentación referida al primero, encontrándose pendiente la definición del recurrente respecto de la propuesta contenida en el Oficio N°1099.

Sostiene, además, que el Servicio no se encuentra facultada legal ni administrativamente para ejecutar obras con recursos públicos en terrenos de dominio particular, como se pide en la parte petitoria, pues el terreno de la obra está limitado a la intervención de bienes nacionales de uso público y espacios públicos en general —calzadas, aceras y accesos a los sitios aledaños, iluminación, paisajismo, evacuación de aguas lluvias, accesibilidad universal y seguridad vial—, sin que ello habilite a intervenir predios privados.

Concluye señalando que no existe privación, perturbación ni amenaza de los derechos invocados, no sólo porque se ofrecen dos accesos por calle El Ovejero, sino porque, además, el actor dispone de un acceso por calle Mardones.

Acompaña los Oficios N°1099, de 3 de junio de 2026, y su informe técnico adjunto de 1 de junio de 2026; N°1184, de 17 de junio de 2026; N°1274, de 30 de junio de 2026; y el Informe Técnico de 10 de agosto de 2026, suscrito por el Jefe del Departamento Técnico del Servicio y por la Inspectora a cargo de las obras.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se estarían vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario lo hace consistir el actor en la dictación del Oficio ORD. N°1274, de 30 de junio de 2026, del SERVIU Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que —a su juicio— desconoce y perpetúa el desnivel generado por las obras de pavimentación de la calle El Ovejero entre la rasante del proyecto y el terreno natural de su propiedad, impidiéndole el acceso vehicular y peatonal al predio y, con ello, el uso y goce de su inmueble y el desarrollo de su actividad económica.

CUARTO: Que la acción de protección está destinada a la cautela de determinadas garantías constitucionales ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, priven o perturben estos derechos, procediendo cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en el artículo 20 de la carta magna ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Es dable entender que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda. A contrario sensu, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, careciendo de la entidad exigida por la Constitución Política de la República para su protección por la presente vía de acción.

QUINTO: Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados, no se avizora la existencia de un derecho indubitado en favor del recurrente que resulte conculcado por el acto que se impugna.

En efecto, los presupuestos fácticos que sirven de sustento a la acción se encuentran absolutamente discutidos por la recurrida, quien da cuenta —mediante los Oficios N°1099, de 3 de junio de 2026, N°1184, de 17 de junio de 2026, y N°1274, de 30 de junio de 2026, y los informes técnicos acompañados— de que el proyecto contempla dos accesos vehiculares al predio del actor; que el primero de ellos, correspondiente al acceso a la vivienda, cuenta con solera rebajada ya instalada y acera reforzada; que respecto del segundo se le propusieron dos alternativas de emplazamiento, una de las cuales presenta un desnivel de solo veinte centímetros y no exige obra alguna de su parte; y que, además, el inmueble dispone de acceso por calle Mardones.

Existiendo, entonces, posiciones antagónicas sobre la efectividad misma de la privación de acceso que se denuncia y sobre la idoneidad técnica de las soluciones ofrecidas, no corresponde a esta sede cautelar, de cognición sumaria y desprovista de una etapa de prueba, zanjar el conflicto que existe entre los litigantes.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se advierte que el acto impugnado revista el carácter de decisión terminal capaz de producir la afectación que se denuncia, desde que el Oficio ORD. N°1274, de 30 de junio de 2026, constituye la respuesta a la presentación del recurrente referida al primer acceso vehicular —específicamente, al empleo de malla electrosoldada en la acera reforzada y a la modificación de su cota—, encontrándose pendiente, según da cuenta el informe, la definición que el propio actor debe formular respecto de cuál de las dos alternativas propuestas para el segundo acceso cuenta con su aprobación, requerida desde el Oficio N°1099 de 3 de junio de 2026.

De ello se sigue que el procedimiento administrativo destinado precisamente a resolver aquello que motiva la acción se encuentra supeditado a una manifestación de voluntad del recurrente que aún no se produce, lo que priva al reclamo de la actualidad y certeza que esta vía exige.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, de los antecedentes se colige que la decisión adoptada por la recurrida lo ha sido dentro del ámbito de sus facultades legales y conforme a la normativa técnica vigente, en tanto el diseño y ejecución de la calle El Ovejero responden a exigencias de pendiente, escurrimiento de aguas lluvias, accesibilidad universal, seguridad vial e integración a la trama urbana, y las soluciones constructivas adoptadas se ajustan —e incluso superan, tratándose del espesor de la acera de acceso vehicular— los estándares mínimos contemplados en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Tales pronunciamientos, además, fueron expresados al recurrente en forma sucesiva, oportuna y motivada, lo que conduce a descartar tanto la ilegalidad como la arbitrariedad que se atribuye a la actuación reprochada, pues ésta no aparece como producto del mero capricho o voluntarismo de la autoridad, sino sustentada en fundamentos técnicos y normativos explicitados en los oficios respectivos.

OCTAVO: Que, finalmente, y en lo que concierne al requisito de la letra d) del razonamiento segundo, cabe consignar que la protección que se solicita —en cuanto se pide disponer que las obras extraordinarias se ejecuten al interior del predio del recurrente, con cargo al Servicio recurrido— excede el ámbito dentro del cual esta Corte puede adoptar medidas por esta vía, desde que la intervención del organismo recurrido se encuentra circunscrita a los bienes nacionales de uso público comprendidos en el contrato de obra, sin que se haya invocado título alguno que lo habilite para ejecutar obras con recursos públicos en terrenos de dominio particular.

NOVENO: Que, como consecuencia de lo señalado, y al descartarse la existencia de un derecho indubitado, además de la ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular Sra. Caroline Turner González.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°365-2026. Protección.