nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA,

Punta Arenas diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, por sí y en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de doña nombre reservado de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en, domicilio reservado, Region De Magallanes Y La Antartica Chilena, quien interpone recurso de protección en contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando se acoja la acción declarando que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, y se le ordene pronunciarse y concluir inmediatamente la solicitud de Permanencia Definitiva solicitadas con fecha 25 de septiembre de 2020, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 n. 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Arguye que don nombre reservado y doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingresaron al país en calidad de turista, estando dentro del país cambiaron su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Con fecha 25 de septiembre de 2020, solicitaron el beneficio de permanencia definitiva, y hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación por parte de extranjería, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Sostiene que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de permanencia definitiva, esto es, que desde la solicitud hecha con fecha 25 de septiembre de 2020, hasta la presente fecha han transcurrido 1 año, 9 meses, y 24 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

En esta misma línea, es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo noveno, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Finaliza señalando que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, en la falta de respuesta sobre la solicitud de permanencia definitiva, pidiendo que se acoja, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informa la parte recurrida Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Manifiesta que no ha existido omisión ilegal ni arbitrario por parte de esta autoridad que afecte en forma alguna las garantías constitucionales de igualdad ante la Ley denunciada, sino que la autoridad administrativa ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que se le han conferido.

Señala que en el caso de don nombre reservado, Código de Extranjero 3034967 ciudadano colombiano, ingresó su primera solicitud de residencia en la Gobernación de Última Esperanza el 4 de diciembre de 2019 y la solicitud de residencia definitiva el 1 de marzo de 2020, lo que está en etapa de Análisis I, habiéndose recibido Informe de Policía Internacional de 6 de septiembre de 2020. Relata que respecto a doña nombre reservado, Código de Extranjero 3034955, ciudadana colombiana, al igual que el anterior recurrente, ingresó su primera solicitud de residencia en la Gobernación de Última Esperanza el 27 de diciembre de 2018 y la solicitud de residencia definitiva el 11 de febrero de 2019, lo que está en etapa de Análisis I, restando que solo basta informar que la gestión sobre la cual versa el presente recurso de protección, está en la primera etapa de su respectivo trámite.

Seguidamente señala que la situación del recurrente es que se encuentra en Evaluación intermedia, lo que incluye: a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda, y que toda esta información siempre ha estado disponible para los recurrentes, quienes puede acceder a las plataformas correspondiente donde, precisamente, aparece la información que se ha indicado en este informe, agregando que no es procedente establecer la existencia de acto u omisiones que emanen o sean de responsabilidad de la autoridad aquí representada que pueda atentar contra el principio de igualdad ante la ley del recurrente.

Relata que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, estando esta norma reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Arguye que respecto a la situación migratoria, los recurrentes mantienen situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, entendiendo la recurrida que no existe actualmente una conducta que atente en su contra con el legítimo principio de igualdad ante la ley que reclama vulnerado. Agregando seguidamente, que la regularidad en el país de los recurrentes tiene como fundamento los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, y que el artículo 38 de la Ley 21.325 indica expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia, quedando asentado el hecho de que actualmente la libertad personal de los recurrentes no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio y no hay disposición alguna de esta autoridad que lo afecte o atente con el principio de igualdad ante la ley que reclama.

También señala que en este orden de ideas, en virtud del artículo 45 de la Ley 21.325, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente, asì en el caso de autos, los recurrentes poseen una cédula de identidad para extranjeros la cual, aun en el caso de que se muestre vencida a la fecha de este informe, se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

En cuanto al tiempo de tramitación advierte que el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 establece que puede ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra el país. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir la recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

Añade que la vía idónea para para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. En efecto, el silencio administrativo constituye una garantía para los ciudadanos en caso que transcurran los plazos legales sin que la administración resuelva el procedimiento. Puede tener efectos estimatorios (silencio positivo) o desestimatorios (silencio negativo). Entiende que el mecanismo de silencio administrativo aplicable al caso concreto es el negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual siempre lleva asociado un pago del derecho otorgado, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por la Ley N° 21.325. En consecuencia la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio fiscal de esta autoridad pública y hace solamente aplicable la norma citada. La contraria no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio sobre su solicitud en orden a que no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

Narra que no es posible argüir que este Servicio, ha actuado de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y protegidas por la Constitución Política de la República.

Finaliza, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de los extranjeros recurrentes por no existir omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que afecte el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la omisión de la recurrida de pronunciarse sobre la solicitud de regularización migratoria planteada el 19 de marzo de 2021, no obstante que se han acompañado todos los antecedentes necesarios para su resolución, infringiendo con ello los principios de celeridad y conclusivo consagrados en la Ley N° 19.880.

TERCERO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados de la Constitución Política de la República, toda vez que mientras penda la tramitación de la solicitud, su situación migratoria es regular, al tenor de lo dispuesto en la Ley Nº 21.325.

CUARTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa. Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en todo procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, los que vienen a concretar en forma positiva el mandato del inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que la Administración del Estado debe observar el principio de impulsión de oficio del procedimiento.

Por su parte, el artículo 8º de la citada Ley N°18.575 indica que los órganos de la Administración del Estado deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos”.

En este sentido resulta útil agregar que el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 19.880, ratifica el deber de la autoridad administrativa de impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

QUINTO: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo acreditadas las situaciones fácticas en las que se encuentra la solicitante para efectos de emitir su pronunciamiento.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es preciso ser enfático, dejar en claro que no corresponde a esta Corte emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo a la parte afectada en la incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

SEPTIMO: Que la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, por sí y en favor de don nombre reservado, y de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, todos ya individualizados, con el solo objeto que la autoridad correspondiente emita el pronunciamiento fundado que en derecho corresponda respecto de la solicitud que le ha sido planteada, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N° 3649-2022.- PROTECCIÓN