Protección contra Fundación Integra

Punta Arenas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Robinson Quelin Álvarez, abogado quien recurre de protección en nombre de Diana, empleada de fundación integra, chilena, con domicilio en domicilio reservado, en contra de Fundación Integra, legalmente representada por el sr. nombre reservado, rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, o por quien legalmente represente o subrogue sus derechos, en atención a que con fecha 08 de julio de 2022 hizo entrega a la recurrente de autos, una carta “notificación” y del referido documento se desprende la “existencia de amenaza de interponer una demanda para desaforar a la recurrente de autos” y dejarla en el más completo y total desamparo en una etapa de su vida, que es de suyo compleja.

Refiere que su representada no goza de estabilidad en su empleo, tiene una hija que sufre d Diabetes tipo I l, requiriendo de mayores cuidados y recursos económicos especialmente por su alimentación, desafortunadamente el progenitor no ha sido un apoyo ni en los cuidados personales de la niña ni en los sustentos de la misma, por lo que la labor que realiza la recurrente en Fundación Integra es fundamental para costear la manutención de su hija.

Manifiesta que el acto arbitrario e ilegal lo hace consistir en el desafuero que piensa pedir en contra de la recurrente, para que ésta pierda su fuente de trabajo, que se desencadena con otros actos arbitrarios.

Arguye que se ha vulnerado el artículo 19 nº 1 de la Constitución Política de la República, especialmente lo que dice relación con la integridad psíquica de la trabajadora recurrente, puesto que, se encuentra en una situación de constante preocupación, le ha producido una carga importante de estrés y angustia difícil de llevar en tiempo donde además, de lidiar con las consecuencias graves de la Pandemia por Covid.19 y la capacidad económica para subsistir al no tener certeza sobre su futuro laboral, puesto que la recurrida pretende desaforarla para dejarla sin trabajo, le impedirá llevar a cabo un embarazo tranquilo y normal, puesto que no tendría como pagar costos de control de salud, alimentación, control de maternidad, gastos propios de una mujer gestante y posteriormente a un periodo de lactancia, dejándola en el más completo y total abandono.

Su representada tiene sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo, lagunas previsionales como consecuencia de ello, en diversas oportunidades ha sido contratada a honorarios para vulnerar de manera astuta con el cumplimiento de las normas laborales.

Así mismo, sostiene que se ha vulnerado el derecho consagrado en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, debido a que de forma imparcial e infundada, la recurrida ha realizado una serie de acciones que constituyen actos arbitrarios e ilegales puesto que conculcan con la garantía fundamental señalada, en razón de que los actos descritos, fueron ejecutados en absoluta contraposición con el espíritu de la garantía fundamental ya citada.

Finalmente entiende que se ha vulnerado la garantía del artículo 19 n° 24 de la Carta Fundamental, en La influencia lesiva en el patrimonio de la recurrente es evidente, porque el hecho de aceptar la “notificación” de fecha 8 de julio de 2022, por parte de la recurrida, la inhabilitará para percibir cualquier tipo de remuneración o estipendio que provenga de Fundación Integra en la que presta servicios, si bien existe un contrato de trabajo de por medio, este pretende ser desconocido a través de la solicitud de desafuero maternal que pretende incoar la recurrida.

Agrega que se han vulnerado de igual manera disposiciones legales en relación a los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como el artículo 5, 180, 195 y siguientes del código del Trabajo.

Solicita, se acoja el presente recurso y se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida de fecha 8 de julio de 2022, consistente en la notificación que será demandada de desafuero maternal, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes: • Disponer a la recurrida dejar sin efecto la citada notificación de fecha 8 de julio de 2022. • Disponer que la recurrida se abstenga en el futuro de realizar actos arbitrario e ilegales que atenten contra el derecho a la maternidad y fuero maternal. • Que se le permita seguir prestando funciones en el Jardín Infantil de la recurrida de autos. • En mérito de las facultades conservadoras y oficiosas se decrete toda medida cautelar que proteja la salud e integridad de la recurrente y del NN que está por nacer.

Finalmente solicita, se condene a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Acompaña en su recurso, Documento “notificación” de fecha 8 de julio de 2022, remitido a la recurrente de autos por la Fundación Integra, Certificado de doña nombre reservado

nombre reservado, Matrona, CESFAM DR. MATEO BENCUR, de fecha 11 de junio de 2022, Certificado médico de la hija de la recurrente de autos, de fecha 8 de junio de 2021, de la Dra. nombre reservado, Pediatra, Set de 6 boletas de honorarios emitidas por la recurrente a la recurrida de autos, Contrato de trabajo de fecha 1 de junio de 2022, entre las partes de autos, Anexo de Contrato de trabajo de fecha 8 de noviembre de 2021, entre las partes de autos y Finiquito de Contrato de trabajo de fecha 18 de febrero de 2022, entre las partes de autos.

Informa, Néstor Ariel Olivares Faúndez, abogado, por la recurrida de autos, Fundación Integra, y otorga antecedentes generales de la fundación y su organización.

Plantea que la acción es improcedente, dado que no se configuran los presupuestos establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente denuncia como vulneradas tres garantías distintas producto de un mismo acto, consistente en la carta que le fue remitida con fecha 08 de julio de 2022, mediante la cual se le informó que habiéndose tomado conocimiento por su representada de su estado de gravidez, y no obstante el vencimiento de su contrato de trabajo de plazo fijo ese mismo día 08 de julio de 2022, debería continuar prestando servicios con todos los derechos y obligaciones que le asisten en virtud del fuero maternal que la protege.

Asimismo se le informó en ese mismo acto que su contrato se extendería mientras un tribunal competente no autorizara su desafuero, el que en efecto se pretendía solicitar, todo ello en conformidad a la normativa contenida en el Código del Trabajo.

En aquel sentido entiende que el actuar denunciado por la recurrente no tiene la capacidad de vulnerar garantía constitucional alguna, dado que se trata de una carta meramente informativa, como se puede desprender del tenor de la misma.

En ese sentido, en caso alguno por medio de dicha carta se comunicó la separación inmediata de la recurrente producto del vencimiento del plazo del contrato, si no que muy por el contrario, sólo se le informaron los efectos de su fuero maternal en su situación contractual y el que sus derechos laborales y los derivados de su maternidad serían respetados.

En ese sentido, no hay arbitrariedad ni ilegalidad alguno en el proceder de la Fundación en la comunicación cuestionada, toda vez que nunca se pretendió separar a la trabajadora sin contar con la autorización previa pertinente, ni tampoco desconocer sus derechos derivados del fuero maternal que la protege.

Por otro lado, el enunciado del eventual ejercicio de una acción judicial, en este caso, de desafuero maternal, tampoco tiene la capacidad de vulnerar garantía constitucional alguna, toda vez que simplemente constituye mera información entregada a la recurrente sobre la opción de ocupar una herramienta contemplada en la ley, por tanto siendo así, no puede a la vez dicho acto tener un carácter ilegal ni arbitrario.

Por otro lado, estamos hablando de una simple acción judicial contemplada en la ley que al juez competente le corresponderá calificar si es procedente o no, por lo que malamente podría tener un carácter arbitrario o ilegal el ejercicio de una acción de desafuero, como se pretende.

Sin perjuicio de lo antes expuesto manifiesta que para hacer más evidente la falta de sustento de la acción de protección en comento, que su representada a la fecha no ha presentado en sede laboral demanda alguna de desafuero maternal en contra de la recurrente Diana, y tampoco la presentará en lo sucesivo, desistiéndose de lo que comunicó en la misiva de fecha 08 de julio de 2022, de modo que en cualquier caso, y aun cuando Fundación Integra no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, el presente recurso de protección carece de causa.

En relación a lo anterior, al desistirse de su decisión inicial de presentar una demanda de desafuero maternal por vencimiento del plazo del contrato en contra de la señora nombre reservado, se debe entender forzosamente que el contrato de trabajo de plazo fijo de la recurrente ha mutado al carácter de indefinido.

Solicita que, se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, por cuanto no ha existido vulneración alguna, ni por acción ni por omisión, por parte de Fundación Integra, a las garantías constitucionales de la recurrente del artículo 19 N°s. 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de la recurrente, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en el desafuero que piensa pedir en contra de la recurrente, para que ésta pierda su fuente de trabajo, que se desencadena con otros actos arbitrarios.

CUARTO: Que, al evacuar el informe la recurrida insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados de la Constitución Política de la República, porque lo único que se realizó fue comunicarle a la recurrida que atendido su estado debía continuar prestando servicios y que se ejercería acción judicial de desafuero.

QUINTO: Que, entonces es necesario determinar si la comunicación efectuada a la recurrente con fecha 08 de julio de 2022, constituye un actuar arbitrario o ilegal por parte de la recurrida.

SEXTO: Que, en virtud de los antecedentes aportados por las partes, queda establecido que la recurrente se encontraba contratada mediante un contrato a plazo fijo, el cual vencía el día 08 de julio del presente año y ante el conocimiento de su empleador del embarazo que cursa la recurrente, el mismo procedió a notificarle el hecho que por este acto se impugna.

SEPTIMO: Que, es necesario tener en cuenta que el inciso primero del artículo 201 del Código del Trabajo dispone: “Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses.”

OCTAVO: Que, por su parte el inciso cuarto del mismo articulado establece: “Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo se hubiere dispuesto el término del contrato, en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.”

NOVENO: Que, finalmente el inciso primero del artículo 174 del Código Laboral consagra: “En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.”

DECIMO: Que, en este orden de ideas, en atención a que la recurrente se encuentra embarazada, la comunicación que aquella estima ilegal y arbitraria, se refería a reconocer el fuero del cual goza la misma, en virtud de la normativa transcrita, por lo cual le informa que deberá continuar prestando labores en la institución, pese a que su contrato se habría terminado por el plazo estipulado.

UNDECIMO: Que, así las cosas, no es posible advertir actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, en atención a que no se desvinculó a la recurrente de sus labores, más bien le reconoce su derecho además de hacerle saber que se interpondrá una acción judicial en su contra, lo que solamente corresponde a comunicar el hecho que utilizará una herramienta contemplada en la ley, para la situación en la que se encuentran las partes, no siendo procedente por esta vía determinar si es posible o no el desafuero de la recurrente.

DECIMO SEGUNDO: Que, atendido lo anterior, en cuanto a que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la entidad recurrida que deba ser enmendado por esta vía cautelar de urgencia, la presente acción constitucional será desestimada, siendo, por ende, innecesario verificar la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos y/o garantías fundamentales que la recurrente detalla en su líbelo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Robinson Quelin Álavrez en favor de Diana, en contra de la Fundación Integra, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°3625-2022- PROTECCIÓN