BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Punta Arenas, dos de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, Jorge Juarez Cifuentes, abogado, en representación del Banco de Crédito e Inversiones, del giro de su denominación, domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, quien recurre de protección en contra de Tesorería General de la República, respecto del acto de rechazar el alzamiento del embargo solicitado por su parte, lo que considera arbitrario e ilegal, solicitando sea acogido en todas sus partes ordenando el alzamiento de los embargos realizados por Tesorería General de la Republica sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito a fojas 2.044 numero 3.582 del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, todo con expresa condenación en costas.

Explica que en los autos Rol 750-2019 del ingreso del 1º Juzgado de Letras de esta ciudad, caratulados “Banco de Crèdito e Inversiones con Implementa Ingenieria y Construcciones SpA.”; el 05 de noviembre de 2021 tuvo lugar una subasta pública, donde la recurrente se adjudicó el inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito a fojas 2.044 bajo el número 3.582 del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, de propiedad del demandado en dichos autos. Obtuvo la autorización del artículo 1464 Nº 3 del Código Civil, respecto de Banco de Chile y Banco Itaù, en procesos seguidos ante el 19 y 26 Juzgado Civil de Santiago; únicos embargos inscritos a nombre de otros acreedores en el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.

El 20 de abril del actual, procedió a suscribir la escritura de adjudicación la que ingresó al Conservador de Bienes Raíces para su inscripción, a fines del mismo mes. Señala que previo a ello, pagó la totalidad de los impuestos por contribuciones por la suma de $10.251.813 de pesos.

El Conservador rechazó la inscripción solicitada por existir 2 embargos inscritos en enero de 2022, con posterioridad al remate: a favor de Tesorería General de la República, de 20 de enero de 2022 a fojas 37 bajo el número 59 del Registro de Prohibiciones, según resolución recaída en autos Rol 10.067-2018, expediente de cobranza tramitado ante el Servicio Público referido. Y un segundo embargo a favor de la misma entidad, inscrito con igual data a fojas 37 vuelta, número 60 en el respectivo registro de prohibiciones, por resolución recaída en autos Rol 10.468-2018, expediente de cobranza tramitado ante el mismo servicio.

Considera que al ser vendido en pública subasta, el inmueble ya no puede ser nuevamente vendido ni es susceptible de ser rematado en un nuevo juicio para responder de las deudas que pudiese tener la parte demandada con otras entidades públicas o privadas. Corrobora su razonamiento lo dispuesto en el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil que asimila el acta de la audiencia de remate a la escritura pública, para los efectos del inciso 2° del artículo 1801 del Código Civil. Agrega que el inmueble subastado constituía una garantía hipotecaria a favor de la recurrente por lo que, aún para el caso de que el adjudicatario hubiese sido un tercero, su representado gozaba de un crédito preferente de pago, por lo que aún de existir interés por parte de Tesorería en rematar la propiedad, la preferencia de su representada debería ser respetada.

En razón de lo anterior, solicitó el alzamiento del embargo, tanto ante el 1º Juzgado Civil de Punta Arenas, para que se oficie a Tesorería Regional para que se realizara el alzamiento, a lo que se respondió negativamente mediante Oficio Ordinario Nº 12.950-TR-PAR de 13 de junio de 2022, por estimarse que con el embargo estaban dando cumplimiento a su rol de resguardar el interés fiscal. Coetáneamente solicito el alzamiento de embargo pertinente en las causas administrativas de Tesorería, roles Nos. 10.067-2018 y 10.468-2018, rechazándose la petición por las mismas razones expresadas.

Pese a lo señalado por la recurrida, sostiene que la negativa no es adecuada a los principios que regulan el ordenamiento jurídico, y vulnera ampliamente su derecho de propiedad.

Considera que la negativa al alzamiento del embargo carece de razón justificada y amenaza su derecho de propiedad, pues restringe el valido ejercicio de su representado de realizar la inscripción del inmueble adjudicado válidamente en un remate judicial, habiéndose dado cumplimiento íntegro a la legalidad vigente, inscripción a la cual tiene derecho y que por esta arbitrariedad e ilegalidad se verá anulado de no aceptar el alzamiento solicitado. El actuar arbitrario e ilegal de Tesorería General, violenta su derecho de propiedad, puesto que afecta directamente su patrimonio y los derechos adquiridos en la adjudicación realizada en pública subasta ante un Tribunal de la Republica. Asegura que el derecho de dominio no sólo puede ejercerse sobre bienes corporales, sino también, sobre derechos, entre otros, el de propiedad de que es titular de todos los derechos y beneficios que emanan del contrato de compraventa firmado por el representante de Banco BCI y por el Juez del 1º Juzgado Civil de Punta Arenas en representación del ejecutado.

Informa la recurrida Tesorería General de la República, a través del Juez Sustanciador y Director Regional Tesorero de Magallanes (S), nombre reservado, solicitando no dar lugar al recurso en consideración a la inadmisibilidad invocada, y en subsidio de lo anterior, rechazarlo en atención a que no existe la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Refiere que el supuesto acto [i]legal o arbitrario, ocurriría en el marco de un proceso jurisdiccional, específicamente en el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, el que se encuentra contenido en el Título V del Libro III del Código Tributario, en los artículos 168 a 199 y un juicio ejecutivo de obligaciones de dar regulado en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Explica que la Sociedad Implementa Ingeniería y Construcciones Spa., Rut N° RUT reservado, mantiene una deuda con el Fisco derivada de formularios 21, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. A la fecha, la deuda alcanza la cantidad de $319.435.910, más reajustes, intereses y multas. De acuerdo a los antecedentes existentes en los Expedientes Administrativos N° 10067-2018 y 10468-2018 de la comuna de Punta Arenas, consta que en la primera se inició la ejecución el 09 de enero de 2018, se despacha mandamiento de ejecución y embargo en contra de la encartada por deudas de formularios 21 folios N° 649076986 y 6490281786, se notifica y requiere de pago al contribuyente el 29 de mayo de 2019, embargándose diversos bienes de su propiedad. En tanto que el 19 de enero del año en curso se traba embargo sobre la propiedad inscrita a fojas 2044 N° 3582 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas. Así el 13 de junio de 2022 informó al 1º Juzgado de Letras de esta ciudad la negativa a conceder el alzamiento del embargo solicitado en causa Rol C-750-2019 del mencionado tribunal, en respuesta a su requerimiento de 02 de junio pasado. Reconoce que el 05 de noviembre de 2021 la recurrente se adjudicó en subasta pública la propiedad antes aludida.

Al hacer referencia al expediente administrativo Rol Nº 10.468-2018 de Punta Arenas, lo hace en iguales términos al antes descrito.

Alega que la acción deducida es inadmisible, por improcedente, en consideración a que los hechos mencionados corresponden a un juicio ejecutivo y a un procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias a que el legislador ha regulado en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Tributario para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, existe un procedimiento para reclamar y oponer recursos en dichos procedimientos.

Aduce que las resoluciones y el oficio que se objetan corresponden a la causa Rol C-750-2019 de fecha 2 de junio de 2022 que resolvió informar a la Tesorería Regional de Magallanes acerca de la solicitud de alzamiento de los embargos mencionados precedentemente; y, del oficio de fecha 13 de junio de 2022 y la resolución de fecha 16 de junio de 2022 mediante las cuales el Director Regional Tesorero, informa al tribunal acerca de la negativa de conceder el alzamiento de los embargos.

En este caso el solicitante pudo oponerse a las resoluciones mencionadas presentando los recursos que la ley le franquea en ambos procedimientos (ejecutivo y ejecutivo de obligaciones de tributarias), sin embargo, no lo realizó optando por deducir este recurso extraordinario que la Constitución Política ha establecido con otros fines; toda vez que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios; que el reconocimiento de un derecho sólo puede impetrarse mediante el ejercicio de las acciones y en el procedimiento que establece la ley, de tal manera que el derecho reclamado por el recurrente, de encontrarse afectado, está protegido por los mecanismos preestablecidos por el legislador. En consecuencia, resulta improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional incidencias que pudiesen ocurrir en los procedimientos ejecutivos mencionados.

En cuanto al fondo de lo discutido, la negativa del alzamiento de los embargos realizados por su parte en los expedientes 10067-2018 y 10468-2018 de la comuna de Punta Arenas, se practicaron en cumplimiento de lo señalado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario y el DFL N° 1 del año 1994 que establece que Establece el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en el marco de un procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias y se efectuaron teniendo presente lo señalado el artículo 2465 del Código de Procedimiento Civil que establece el derecho de prenda general de los acreedores y que señala que el acreedor podrá perseguir todos los bienes raíces o muebles del deudor para el cumplimiento de sus obligaciones.

De esta forma al momento de practicar los embargos el bien raíz mencionado se encontraba inscrito a nombre de la ejecutada Implementa Ingeniería y Construcciones Spa, por lo que la Tesorería Regional de Magallanes realizo sus gestiones conforme a lo determinado por la Ley.

Afirma que el derecho de dominio se adquiere bajo un sistema dual de título y modo de adquirir (artículos 675 y 686 del Código Civil), adquiriendo el dominio mediante la tradición que se practica con la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces Respectivo. El solicitante a la fecha solo cuenta con un Titulo Traslaticio de Dominio y no es titular del derecho de dominio, toda vez que la propiedad no ha sido inscrita a su nombre en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces respectivo, por lo que claramente no puede verse afectado su derecho de propiedad, ya que aún no la detenta.

El objetivo que persigue el recurrente a través de la acción de protección, es que exista un pronunciamiento indirecto de esta Corte en que se declare el alzamiento de embargos, situación que no es posible ya que este procedimiento es de orden jurisdiccional por lo que esta no constituye la vía idónea para impugnarlo.

Se evidencia que no se han conculcado las garantías constitucionales invocadas por el requirente, esto es, el derecho de propiedad consagradas en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y el recurrente busca solo un pronunciamiento sobre una materia que no supone una infracción a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ya que ha tenido la posibilidad de ejercer otras vías jurisdiccionales para defender los derechos que la propia ley le concede.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal por parte del recurrente, lo constituye la negativa de la entidad recurrida de alzar dos embargos trabados sobre un inmueble que adquirió en pública subasta, en procedimiento ejecutivo sustanciado ante el 1º Juzgado de Letras de esta ciudad, gravámenes inscritos con posterioridad a la realización del remate, prohibición que le impide inscribir la propiedad que le fuere adjudicada a su nombre en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, lo que le provoca un perjuicio al perturbar su derecho de propiedad.

TERCERO: Que, por su parte, la recurrida Tesorería General de la Republica, alega en primer término la improcedencia del recurso, ya que la infracción que se aduce, no puede ser objeto de protección mediante esta acción cautelar y de emergencia; en cuanto al fondo niega haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios, ya que las diligencias de embargo se han efectuado conforme lo autoriza el Código Tributario, respecto de bienes inmuebles que figuran inscritos a nombre del contribuyente deudor, de acuerdo a lo ordenado por el Juez Sustanciador CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos por las partes y documentos acompañados, se desprende que el acto presuntivamente arbitrario emana de una actuación y luego una resolución administrativa que desestima alzar los embargos que pesan sobre un inmueble de propiedad de quien figura como deudor, dentro del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias; el que habría sido adquirido en pública subasta por el actor. De este modo, el actuar de Tesorería Regional como Juez Sustanciador, se encuadra dentro de la esfera de sus atribuciones, de conformidad a lo previsto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

QUINTO: Que, en estas condiciones no se está en presencia de circunstancias de excepción que permita acoger por esta vía especialísima del recurso de protección, el reclamo formulado por el recurrente; por cuanto frente al acto administrativo que se impugna, emanado de una autoridad competente no le cabe otra alternativa que reclamar ante el órgano correspondiente por los medios procesales que la ley le franquea, no resultando procedente que el recurso de protección se constituya en una instancia de impugnación de resoluciones judiciales o administrativas.

SEXTO: Que, igualmente para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Así, sería necesario para resolver lo controvertido, determinar la existencia del derecho de propiedad que alega el recurrente -lo que discute la encartada- además, valorar la prueba rendida al efecto, lo que, atendida la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, por lo que el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y vistos, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Jorge Juárez Cifuentes en representación del Banco de Crédito e Inversiones en contra del Tesorería General de la República, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte N° 3611-2022. Protección.