Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Punta Arenas, trece de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen don Alexis Javier Almonacid Mancilla, abogado, y doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, buzo comercial, domiciliado en domicilio reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente.

Dirigen la acción en contra el acto que estiman arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta Nro. R-01-ISESAT-80984-2025, de fecha 11 de junio de 2025, que ratificó la disminución del porcentaje de discapacidad decretado respecto del recurrente de 27,5% a 22,5 %, confirmando de esta manera lo obrado por el IST, en relación con el accidente sufrido por el actor con fecha 24 de mayo del año 2009, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19, numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

Indican que con fecha 24 de mayo de 2009 el recurrente sufrió un grave accidente laboral mientras se desempeñaba como buzo en faenas para ENAP en Bahía Gregorio, Región de Magallanes, ocasión en que, al intentar abordar un bote Zodiac, resbaló y su pie izquierdo quedó atrapado en la estructura del bote, sufriendo severas lesiones, siendo atendido inicialmente por el IST y diagnosticado erróneamente con un simple esguince, a pesar del evidente dolor e inflamación.

Señalan que dicha situación derivó en que el médico del IST le quitara el bastón y lo sometiera a tratamiento kinesiológico, lo que a su vez derivó en que al momento de llegar al Kinesiólogo presentara un gran dolor y no pudiera continuar con su tratamiento.

Refieren que al momento del diagnóstico el recurrente le pidió a su médico tratante por el IST que le realizaran los exámenes médicos pertinentes, los cuales se negaron, por lo que con posterioridad y por vía particular, se realizó una tomografía computarizada que reveló múltiples fracturas en el pie izquierdo. Sin embargo, el IST no otorgó tratamiento quirúrgico adecuado, negando incluso la provisión de implementos ortopédicos, lo que derivó en una artrosis postraumática con secuelas permanentes.

Explican que años después, en 2024, el IST le otorgó sólo un 22,5% de discapacidad, informe respecto del cual el recurrente apeló ante la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), la cual, tras evaluación con resonancia actualizada y exámenes exhaustivos, dictaminó una discapacidad de 27,5%, mediante informe médico que acompaña.

El IST apeló de este dictamen ante la SUSESO, la que revirtió lo determinado por la COMERE, acogiendo la impugnación del IST, en perjuicio del trabajador, sin explicar fundadamente la desestimación del examen médico actualizado.

El recurrente interpuso recurso de reposición en contra de dictamen Nro. R-01- UME-64435-2025, de 14 de mayo del año 2025, que modificó la resolución Nro. B101/20241150, de 17 de diciembre del año 2024, de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sin embargo aquel dictamen fue ratificando mediante la Resolución Exenta Nro. R-01-ISESAT-80984-2025, de fecha 11 de junio del año 2025, que se impugna por esta vía, manteniéndose la disminución del grado de discapacidad.

Refieren que esta no es la primera vez que la SUSESO falla en contra del recurrente, ya que en el año 2000, en otro accidente laboral en ENAP, se le negó la cobertura de una grave lesión auditiva, obligándolo a financiar una operación de urgencia en forma particular, con secuelas hasta hoy.

Asimismo, en el año 2022, nuevamente sufre un accidente de trayecto, con rotura de tendones en el hombro, que la ACHS y la SUSESO calificaron erradamente como enfermedad común, negando tratamiento, y sólo mediante recurso ante la Corte Suprema logró que se reconociera la naturaleza laboral, siendo finalmente operado en agosto de 2024. Nuevamente sufrió rupturas tendinosas, actualmente no resueltas.

Agregan que en el año 2024, en sentencia seguida ante la Corte Suprema, Causa Rol 167.217–2023, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, se revoca la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil veintitrés y en su lugar se acoge el recurso de protección, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-45014- 2023 del 4 de abril de 2023, procediendo a declarar que la patología que afecta al recurrente es de origen laboral, en circunstancias que nuevamente habían desestimado que sea una enfermedad de origen laboral por parte de la SUCESO.

Plantean que esta situación perjudica al recurrente toda vez que los porcentajes de discapacidad le garantizan una adecuada cobertura, específicamente la indemnización respectiva prevista en la Ley Nro. 16.744, sobre accidentes laborales, toda vez que su categorización pasa a ser a lo menos moderada, situación que se ve afectada al disminuirlo en un 22,5%, siento catalogado como categoría leve.

Alegan que el hecho que a su representado no se le haya realizado examen alguno para desvirtuar el porcentaje determinado por la COMERE, quienes en conjunto con un equipo médico determinaron una discapacidad de a lo menos 27%, importa una afectación a su integridad física y psíquica, al cuestionar de forma arbitraria e ilegal dicho pronunciamiento, sin mayor fundamento, sin que se ponderaran de manera adecuada sus síntomas, lo que le ha generado gran angustia y pesar, puesto que esta calificación lo deja expuesto a padecimientos físicos que no debiera soportara de adoptarse las medidas pertinentes, siendo este padecimiento generado únicamente por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Agregan que la calificación de origen común del padecimiento del recurrente le afecta en su derecho de propiedad, por cuanto será él quien deberá reembolsar todo o parte del valor de las prestaciones que se otorgaron por parte de la recurrida, lo que importa una real amenaza al patrimonio del recurrente, lo cual se entiende sin perjuicio del derecho de propiedad que además le asiste sobre las prestaciones del seguro contenido en la Ley Nro. 16.744.-, al tener que desembolsar directamente de su propio patrimonio un tratamiento adecuado a su lesión de origen laboral.

Además, entienden conculcadas en perjuicio del recurrente las garantías del artículo 19 numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por cuanto el actuar de la recurrida ha significado un tratamiento que no se ajustó a derecho, al otorgársele un tratamiento distinto al que impone la ley y omitirse el derecho a un debido proceso.

Por lo anterior solicitan tener por interpuesto recurso de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social, respecto del “acto arbitrario ilegal representado por la calificación como enfermedad común del accidente laboral sufrido por el recurrente” (sic) y en definitiva se lo acoja y se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, “ordenando que se deje sin efecto la referida calificación y se determine que el origen del padecimiento es de carácter laboral, en especial para efectos de que la cobertura del seguro social cubra la cirugía de reparación artroscópica, con costas del recurso”.

Acompañan a su presentación los siguientes documentos: 1.- Tomografía axial complutarizada De Pie Izquierdo, de fecha 27 de julio del año 2009. 2.- Resonancia magnética nombre reservado pie izquierdo, 22 de junio del año 2024. 3.- Informe médico Comisión Médica de reclamos de Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 4.- RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-ISESAT-80984-2025 Santiago, de fecha 11 de junio del año 2025, de la SUCESO.

A folio 8 informa Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

Primeramente, solicita se declare la acción de protección entablada como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En este sentido argumenta que el porcentaje de discapacidad derivada por accidente laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley Nro. 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley Nro. 16.744, y las implicancias de cobertura del seguro social en comentos, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la seguridad social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Por otra parte, hace presente que los artículos 77 y 77 bis de la Ley Nro. 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establecen que la recurrida resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relaciones con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, por lo que resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley Nro. 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Recalca que, en el caso del recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado de la discusión respecto del porcentaje de invalidez, en el marco de la Ley Nro. 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Por estas consideraciones solicita se declare la improcedencia del presente recurso en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

En cuanto al fondo, en subsidio de la alegación anterior, informa el recurso pidiendo su rechazo por ausencia de actuación u omisión ilegal o arbitraria.

Expone los antecedentes del caso, aludiendo, primeramente, al marco normativo que regula la materia de autos, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley Nro. 16.744, analizando la competencia que en materia de seguridad social le corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, su organización y funciones, de acuerdo con la Ley Nro. 16.395, modificada por la Ley Nro. 20.691, funciones entre las cuales se encuentran la de “fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia” y la de “resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”, precisando, además, que de acuerdo al artículo 3° del citado cuerpo legal la Superintendencia de Seguridad Social es “la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia.”

Luego de aludir a la normativa de la Ley Nro. 16.744 y de hacer referencia a diversas nociones concernientes al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que dicha normativa regula, centrándose en particular en el procedimiento previsto para determinar el grado de incapacidad laboral producida por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pasa a referirse a la revisión del caso del Sr. nombre reservado, señalando que en esa materia la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones:

a) Con fecha 08 de enero de 2025, el Instituto de Seguridad del Trabajo concurrió ante esta Superintendencia reclamando en contra de Comisión Médica de Reclamos de la Ley 16.744, la cual mediante la Resolución Nro. B101/20241150, de 17/12/2024, modificó la Resolución Nro. 297, de 27/09/2024, de esa Instituto, aumentando la incapacidad del 22,5% al 27,5%, por las secuelas que presenta don nombre reservado. RUT N°.: RUT reservado, con los diagnósticos de "Claudicación de la marcha por rigidez del medio pie izquierdo, dolor crónico, artrosis mediotarsiana", de lo que discrepa, por cuanto considera que presenta menor incapacidad. Por otra parte, el SR. nombre reservado reclama en contra de la referida Resolución de la COMERE, por cuanto tendría mayor incapacidad.

b) La Superintendencia con la finalidad de resolver la antedicha presentación, solicitó un informe y los antecedentes médicos/laborales del caso a la citada Mutual y a la Comisión.

c) Los profesionales médicos procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, lo que quedó plasmado en el informe de fecha 14 de mayo de 2025, elaborado por la especialista doña nombre reservado, donde se indica lo siguiente: Fundamentos de la resolución: IST apela, por cuanto tendría menor incapacidad, así como no corresponde ponderación por edad ya que pasó la edad de jubilación. Además, menciona que COMERE dio porcentaje total como si se tratara de amputación parcial del pie, lo que en ese caso no corresponden se considera que el 27,5% de incapacidad es inadecuado conforme a la normativa vigente. El trabajador presenta claudicación de la marcha, trofismo conservado en extremidad inferior izquierda, limitación de la movilidad del antepié izquierdo, dolor crónico. No correspondería porcentaje de edad. Trabajador apela también. Se confirma IST.”.

d) Luego del estudio de los antecedentes (ficha clínica, resoluciones médico-legales, entre otros), por los especialistas, la Superintendencia de Seguridad Social emite la Resolución Exenta Nro. R-01-UME-64435-2025, de fecha 14 de mayo de 2025, dictaminando lo siguiente:

“Que, requerida la Comisión Médica de Reclamos procedió a enviar los antecedentes correspondientes que se tuvieron a la vista para su evaluación, al igual que los aportados por el Instituto de Seguridad del Trabajo.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos, concluyendo que procede acoger la apelación en contra de lo dictaminado por la COMERE mediante Resolución Nro. B101/20241150, de 17/12/2024, toda vez que la incapacidad por las secuelas derivadas del accidente sufrido el día 24 de mayo de 2009, esto es, "Dolor residual, claudicación de la marcha, artrosis post traumática", es de un 22,5%.”.

Por tanto, dicha resolución concluyó que: “Acógese la apelación del Instituto de Seguridad del Trabajo en contra de lo dictaminado por la COMERE mediante Resolución Nro. B101/20241150, toda vez que la incapacidad fijada en 27,5% queda decretada en 22,5%. Contra la presente resolución, podrá recurrirse de reposición ante esta Superintendencia, aportando nuevos antecedentes, dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley número 19.880. La presente resolución modifica la Nro. B101/20241150, de la COMERE”.

e) Con fecha 22 de mayo de 2025, el Sr. nombre reservado concurrió ante la Superintendencia interponiendo recurso de reposición en contra resolución exenta Nro. R-01-UME-64435-2025, de 14/05/2025, mediante el cual modificó la Resolución Nro. B101/20241150, de 17/12/2024, de la Comisión Médica de Reclamos, disminuyendo la incapacidad de 27,5% al 22,5% por las secuelas que presenta con diagnósticos de "Dolor residual, claudicación de la marcha, artrosis post traumática pie izquierdo". Señala que discrepa de lo resuelto por cuanto presentaría mayor incapacidad.

f) Los profesionales médicos procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, y lo señalado por el trabajador, lo que quedó plasmado en informe de fecha 10 de junio de 2025, elaborado por la especialista doña nombre reservado, concluyéndose lo siguiente: “Fundamentos de la resolución: Trabajador nueva apela, por cuanto tendría mayor incapacidad. Se considera que el 22,5% de incapacidad es adecuado conforme a la normativa vigente. El trabajador presenta "dolor residual, claudicación de la marcha, artrosis post traumática". No correspondería porcentaje de edad.”.

g) Luego del estudio de los antecedentes (ficha clínica, resoluciones médico-legales, entre otros), por los especialistas, la Superintendencia de Seguridad Social emite la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-80984-2025, de fecha 11 de junio de 2025, que dictamina lo siguiente: “...Que, se han tenido a la vista los antecedentes médicos del expediente y lo señalado en esta ocasión por el trabajador. Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron a revisar, nuevamente todos los antecedentes médicos disponibles del caso y sus consideraciones, conforme lo establecido en el D.S. Nro. 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula la evaluación y calificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; concluyendo que no procede modificar lo previamente resuelto. Que, en efecto, conforme a dichos antecedentes, la evaluación efectuada por las secuelas del accidente ocurrido con fecha 24 de mayo de 2009, que fija la incapacidad en 22,5%, es correcta, lo cual le da derecho a una indemnización”.

Por tanto, dicha Resolución concluyó que: “Recházase el Recurso de Reposición, ratificando el dictamen N° R-01-UME-64435-2025, de esta Superintendencia. Se deja constancia que en contra de la presente resolución, los interesados podrán interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indica en el artículo 59 y 25 de la Ley N°19.880”.

Expuesto lo anterior, la recurrida hace presente, a mayor abundamiento, que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el artículo 77 de la Ley Nro. 16.744, establece que la recurrida resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, resultando evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de esta ley, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Refiere que mediante la acción constitucional de autos el recurrente, entre otras materias, imputa a la Superintendencia que ha actuado ilegalmente al dictaminar del modo indicado en el oficio impugnado, sin embargo estas vagas imputaciones son absolutamente infundadas y el reflejo del profundo desconocimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley Nro. 16.744, y la relación que la Superintendencia de Seguridad Social tiene con el mismo, en cuanto organismo fiscalizador.

En efecto, en cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente plantea que su parte no ha cometido ilegalidad alguna por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, al punto que el recurrente, pese a afirmar que lo resuelto es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia.

Afirma que, en tal sentido, lo que existe en la especie es un dictamen emanado de la Superintendencia, pronunciado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

En definitiva, sostiene que, por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado, que no es aquel que pueda interesar al recurrente, de ello no deriva que la actuación de la recurrida sea ilegal o arbitraria, máxime si constan los informes tanto médicos como administrativos de las entidades fiscalizadas por la Superintendencia, indispensables para la dictación fundada del dictamen impugnado.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, lo que escapa del ámbito de aplicación de la acción cautelar deducida y más bien es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez esté llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Asimismo, aduce que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que esta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario, “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Entiende que, en el caso de autos, el porcentaje de invalidez del recurrente no reúne la condición de ser un derecho preexistente e indubitado, sino que, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente su modificación en los términos pretendidos.

Por lo que pide que el recurso de protección sea desestimado en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias autorizadas de la totalidad de los antecedentes administrativos que obran en el expediente administrativo del caso, relativo al Sr. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°).- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario – o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°).- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción de protección plateada por la recurrida al tratar el recurso de una materia relacionada con el derecho a la seguridad social, establecida en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esta debe ser desestimada, dado que, si bien resulta ser efectivo que dicha garantía no se encuentra amparada en el artículo 20 de nuestra Constitución, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, lo cierto es que el presente recurso fue interpuesto invocando las garantías que se estiman como eventualmente vulneradas, comprendidas en los números 1°, 2º, 3°, 9° y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y no aquella del número 18°.

3°).- Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente sostiene que el acto arbitrario e ilegal que atribuye a la recurrida consiste en la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-ISECAT-80984-2025, de 11 de junio de 2025, que rechazó un recurso de reposición y determinó mantener su discapacidad en un 22,5 %. Al respecto debe apuntarse que si bien el recurso interpuesto presenta un evidente error en su petitorio en cuanto se plantea allí, como petición concreta, que ”(…) se deje sin efecto la referida calificación, y se determine que el origen del padecimiento es de carácter laboral (…)”, ello no obsta a que esta Corte emita un pronunciamiento acerca del fondo de la acción constitucional deducida, por cuanto de la simple lectura de los fundamentos del recurso queda suficientemente claro que lo impugnado en los presentes autos es el puntaje o porcentaje de la discapacidad en cuestión y no la calificación del padecimiento como de origen laboral o común, materia esta última que, al tenor de los antecedentes vertidos por el propio recurrente en su libelo, sin debate alguno de contrario, fue dirimida en el año 2024, mediante sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol de Protección Nro. 167.217– 2023, que, acogiendo el recurso de protección entonces incoado, ordenó dejar sin efecto la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-45014- 2023, del 04 de abril de 2023, procediendo a declarar que la patología que afecta al recurrente es de origen laboral.

4°).- Que la recurrida ha evacuado su informe argumentado, en síntesis, que sus decisiones se han fundamentado en informes médicos y atendiendo especialmente al diagnóstico del recurrente, cual es, "claudicación de la marcha por rigidez del medio pie izquierdo, dolor crónico, artrosis mediotarsiana”.

5°).- Que el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada, para lo cual debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que amerite el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

6°).- Que, conforme a los antecedentes expuestos en el recurso, documentos acompañados y al informe evacuado por la recurrida, se acredita que lo perseguido por la recurrente es que se deje sin efecto un acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento reglado, por un organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito; y, por otra parte, de la lectura de la Resolución Exenta Nro. R-01-ISESAT-80984-2025, de fecha 11 de junio del año 2025, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, pues indica explícitamente cuál es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adopta y en qué antecedentes se apoya para arribar a la misma, de manera tal que satisface los requisitos que exige el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880.- 7°).- Que, en estas condiciones, y respecto de la resolución recurrida, se concluye que ha sido dictada de manera acorde a la normativa que le sirve de sustento, por un organismo con facultades suficientes, en el marco de sus atribuciones específicas, con lo que no es posible atribuir ilegalidad o arbitrariedad alguna en su actuar.

8°).- Que, así las cosas, resulta razonable concluir que no puede establecerse la existencia de alguna actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, como tampoco la existencia de alguna vulneración de una garantía constitucional que esta Corte deba proteger por esta vía cautelar.

9°).- Que, por consiguiente, no concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, ella será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Santiago Villa Martínez.

Rol Nro.359-2025.Protección.-