Protección contra Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S

Punta Arenas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece María Constanza Martínez Orellana, abogada, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., y en contra del Banco Del Estado De Chile, en razón de las acciones y omisiones que señala como ilegales y arbitrarias, consistentes, respectivamente, en rechazar la incorporación del recurrente al seguro colectivo de desgravamen asociado al crédito hipotecario y, en omitir toda gestión efectiva destinada a ofrecer, cotizar o facilitar una alternativa de aseguramiento individual o equivalente, limitándose a retransmitir las respuestas de la aseguradora, alegando vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la oportunidad en la interposición del recurso del 26 de julio de 2026, computa el plazo desde que recibió el Oficio Ordinario NºNUM000 del 26 de junio de 2026, de la Comisión para el Mercado Financiero, oportunidad en que tuvo conocimiento cierto que la autoridad fiscalizadora no dispondría de una revisión y que las recurridas mantendrían definitivamente su posición. Agrega que respecto de Banco Estado la omisión imputada es de carácter permanente pues no ha gestionado ni ofrecido una póliza individual y que la calificación de Consorcio es de carácter permanente.

Expone que el recurrente, de 37 años, solicitó financiamiento hipotecario ante BancoEstado con el propósito de adquirir, como propietario exclusivo, su primera vivienda, y que como condición de la operación se sometió a la evaluación del seguro colectivo de desgravamen adjudicado a Consorcio, correspondiente a la solicitud N°NUM001, póliza N°NUM002, por UF 1.445,72 y un plazo de 300 meses.

Refiere que mediante comunicación de 13 de mayo de 2026 Consorcio le informó que, evaluada la declaración simple de salud, el solicitante presentaba "una condición de riesgo mayor en el tiempo para personas de su edad y género", por lo que correspondería aplicar una prima diferente, agregando que la normativa de contratación colectiva no permite cobrar una prima distinta a la resultante de la licitación para cubrir riesgos agravados y que, por ello, no podía incorporarlo a la póliza colectiva. Destaca que esa comunicación no identificó la patología, el indicador, la tabla de mortalidad, el umbral de suscripción ni la regla actuarial o combinación de factores que determinó la negativa, ni explicó el peso relativo asignado a cada antecedente, limitándose a sugerir que concurriera a la entidad crediticia para ser asesorado en la contratación directa de otro seguro.

Afirma que el recurrente informó de manera transparente sus antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad y aportó antecedentes para que fueran ponderados en su estado real: tratamiento médico vigente, controles periódicos, estabilidad clínica y ausencia documentada de complicaciones orgánicas graves. Refiere que la reconsideración deducida el 1 de junio de 2026 acompañó diversos antecedentes médicos en tal sentido.

Sostiene que el 4 de junio de 2026 BancoEstado reenvió un correo de Consorcio que se limitó a repetir que el solicitante presentaba un riesgo mayor superior al límite de su política de suscripción y que no era posible aplicar una prima diferente en la póliza colectiva, concluyendo "se mantiene dictamen", sin confrontar ninguno de los resultados clínicos ni explicar por qué el informe médico era insuficiente.

Alega que, pese a que el propio Consorcio indicó que debía concurrir a la entidad crediticia para ser asesorado respecto de una contratación directa, BancoEstado no emitió una respuesta formal propia, no individualizó requisitos de una póliza alternativa, no proporcionó cotizaciones, no canalizó una solicitud ante otra aseguradora y no ofreció mecanismos concretos que permitieran sostener la operación, limitándose a actuar como conducto de las respuestas de la aseguradora, pasividad que estima jurídicamente relevante porque la posibilidad abstracta de contratar una póliza individual no constituye una alternativa efectiva cuando el consumidor no recibe información operativa ni asistencia para ejercerla.

Destaca que la consecuencia concreta fue la exclusión del recurrente de la adquisición del inmueble y que su pareja, obtuvo la aprobación de su crédito el 30 de junio de 2026 y suscribió la compraventa el 7 de julio de 2026, quedando la adquisición y el financiamiento exclusivamente a nombre de ella, mientras que el recurrente, que no registra propiedades a su nombre.

Aduce que la actuación de las recurridas es ilegal y arbitraria, por falta de motivación, pues después de recibir exámenes médicos recientes y un informe médico favorable, la compañía Consorcio responde con fórmulas genéricas e invoca políticas internas que no permiten controlar si existe una diferencia fundada o una exclusión estereotipada, incurriendo en infracción a la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Añade que el artículo 40 del D.F.L. N° 251 que regula los seguros asociados a créditos hipotecarios reconocer que el deudor puede contratar individualmente el seguro con la aseguradora de su elección y la Norma de Carácter General N°330 de la Comisión para el Mercado Financiero dispone que la entidad crediticia debe aceptar la póliza individual que cumpla con los requisitos normativos y si la rechaza por incumplimiento debe informar por escrito explicando los requisitos no satisfechos.

Hace referencia al deber de profesionalismo y buena fe regulados en la Ley N°19.496, y cita jurisprudencia.

Por lo expuesto solicita que se acoja el recurso, y se deje sin efecto la negativa comunicada por Consorcio respecto de la solicitud N°NUM001, que se ordene a Consorcio realizar, dentro del plazo que la Corte determine, una evaluación médica ponderando expresamente el informe médico y los exámenes acompañados, e informe por escrito los factores concretos considerados, su incidencia y las alternativas de cobertura técnicamente posibles; que se ordene a BancoEstado que informe por escrito los requisitos de una póliza individual admisible y gestione activamente alternativas reales de seguro de desgravamen o mecanismos equivalentes; y que ambas recurridas se abstengan de excluir al recurrente de futuras evaluaciones hipotecarias mediante la sola invocación genérica de sus diagnósticos, con costas.

Informa el recurso CRISTIÁN SILVA BROUSSET, abogado, en representación de la recurrida COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A., pidiendo que se rechace el recurso, en todas sus partes, con costas.

Expone, como cuestión preliminar, que es errónea la premisa sobre la que se construye el libelo, en cuanto afirma que su representada resolvió "evaluada la declaración simple de salud", sobre la base de una calificación genérica de riesgo y sin ponderar antecedente clínico concreto alguno, pues la compañía requirió un cuestionario médico específico para el cuadro declarado, lo obtuvo suscrito por el médico tratante del recurrente y lo tuvo a la vista cinco días antes de comunicar su decisión.

Expone que el 30 de abril de 2026 el recurrente suscribió la Propuesta de Seguro de Desgravamen Hipotecario N°NUM003, por la que solicitó su incorporación a la póliza colectiva N° NUM002 que BancoEstado mantiene contratada con su representada, por un capital de UF 1.445,72, a trescientos meses, con una prima de UF 0,13 mensual; que ese mismo día suscribió su Declaración Personal de Salud, en la que consignó "Hipertensión y Diabetes", una estatura de 1,75 metros y un peso de 116 kilogramos; y que, conforme a la Tabla de Requisitos de Asegurabilidad que forma parte de la propuesta que el propio recurrente firmó, para ese tramo de capital 0,0001 y 5,000 UF y para una persona de hasta 45 años el único requisito exigible era la Declaración del Asegurado, sin examen médico, perfil bioquímico, test urinario ni electrocardiograma.

Afirma que, no obstante, su representada requirió un antecedente adicional, específicamente diseñado para el cuadro declarado —el Cuestionario Médico Tratante de Obesidad y Cirugía Bariátrica, que fue completado y suscrito por el médico tratante con fecha 8 de mayo de 2026, y en el que consta un peso de 123,3 kilogramos y estatura de 1,73 metros, con un índice de masa corporal de 41,23; obesidad y esteatosis hepática severa; diabetes con resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión arterial; tratamiento farmacológico y una segunda intervención quirúrgica planificada, marcada la casilla "By-pass gástrico", con la precisión manuscrita "Julio 2026. Tiene planificado realizar Cirugía Bariátrica".

Sostiene que cinco días después de suscrito ese informe, el 13 de mayo de 2026, comunicó que no le era posible incorporar al solicitante a la póliza colectiva por presentar una condición de riesgo superior al límite de su política de suscripción y no admitir la prima licitada un recargo por riesgos agravados; que el recurrente solicitó reconsideración el 1 de junio de 2026 y que el 4 de junio de 2026 se le comunicó que se mantenía la decisión; y que el recurso se interpuso el domingo 26 de julio de 2026, esto es, setenta y cuatro días corridos después de la primera comunicación y cincuenta y dos días después de la segunda, por lo que es manifiestamente extemporáneo.

Respecto de la alegación de extemporaneidad, asevera que se intenta revalidar el plazo desde la recepción del oficio de la Comisión Para el Mercado Financiero, pero que el acto impugnado no es el oficio de esa Comisión, sino la negativa a la incorporación a la póliza colectiva.

Alega, en segundo término, que no se invoca un derecho indubitado ni preexistente, pues entre el recurrente y su representada no existe ni ha existido relación contractual alguna, según consta del capítulo VIII de la propuesta suscrita el 30 de abril de 2026, conforme al cual con la emisión de la propuesta no se obtiene cobertura alguna, la que comienza a regir únicamente desde que la propuesta es aceptada por el asegurador y se firma la escritura pública de mutuo o préstamo hipotecario; de modo que lo que el recurrente tenía era una solicitud de incorporación pendiente de evaluación y no un derecho adquirido.

Añade que el contrato de seguro es aleatorio y que los artículos 521, 524 N° 1 y 525 del Código de Comercio carecerían de sentido si el asegurador estuviese obligado a contratar cualquiera que fuera la apreciación del riesgo. La ley le reconoce la facultad de indagar precisamente porque le reconoce, antes, la de decidir su asumo o no el riesgo indagado.

Asevera que tampoco hubo arbitrariedad, pues la compañía requirió un antecedente médico específico para el cuadro declarado y lo obtuvo del médico tratante y ese antecedente se pidió por sobre lo que la propia normativa de suscripción exigía y resolvió precisamente por lo que ese informe consignaba, de manera que el rechazo no obedeció a un capricho sino al resultado de un análisis de riesgo hecho sobre antecedentes clínicos concretos, actuales y aportados por la contraparte.

Refiere que el artículo 40 del D.F.L. N° 251, de 1931, invocado por el propio recurso, dispone que estos seguros deberán contratarse en forma colectiva por la entidad crediticia mediante licitación pública y convenirse exclusivamente sobre la base de una prima expresada como porcentaje del monto asegurado, de lo que se sigue que la prima es la fijada en la licitación y es la misma para toda la cartera, sin que su representada pueda aplicar a un individuo un recargo por riesgo agravado sin infringir la norma que el propio recurso invoca; y que esa misma disposición observa la salida consistente en el derecho de los deudores a contratar individual y directamente el seguro con un asegurador de su elección, alternativa que fue informada por escrito al recurrente en el capítulo VIII de la propuesta que suscribió.

Aduce, finalmente, que la Ley N°20.609 contempla en su artículo 3° una acción especial de no discriminación arbitraria ante el juez de letras, con un procedimiento propio y período de prueba, de modo que, existiendo esa vía y siendo la cuestión planteada una que exige prueba, la vía cautelar no es la idónea. Agrega que el inciso tercero del artículo 2° de la misma ley reputa razonables las distinciones justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, entre ellos el del numeral 21° del artículo 19 de la Constitución, por lo que una distinción fundada en la apreciación técnica del riesgo, hecha sobre antecedentes clínicos concretos aportados por el médico tratante del solicitante, queda comprendida en la hipótesis de razonabilidad que el propio artículo 2° contempla.

Por lo expuesto pide el rechazo del recurso con costas.

Informa JOSÉ IGNACIO BLANCO OYARZÚN, abogado, en representación de la recurrida BANCO DEL ESTADO DE CHILE, pidiendo que se rechace el recurso, con costas.

Da cuenta de los antecedentes fácticos del recurso, exponiendo que el 30 de abril de 2026 el recurrente suscribió la propuesta de incorporación al seguro de desgravamen, en cuyo capítulo VIII declaró expresamente haber tomado conocimiento del derecho de optar entre incorporarse a la póliza colectiva de BancoEstado o contratar una póliza individual con una compañía aseguradora de su elección, optando libre e informadamente por la primera; y que, en cumplimiento de sus obligaciones como tomador de la póliza colectiva, remitió los antecedentes a Consorcio para su evaluación de asegurabilidad, proceso cuya realización compete exclusivamente a la compañía aseguradora, sin que el banco tenga injerencia alguna en el juicio actuarial ni en la decisión de aceptar o rechazar el riesgo.

Refiere que el 13 de mayo de 2026 Consorcio comunicó el rechazo de la solicitud de incorporación; que el recurrente sometió esa decisión a reconsideración el 1 de junio de 2026, acompañando nuevos antecedentes médicos, los que, evaluados por la aseguradora, motivaron que el 4 de junio de 2026 se comunicara su decisión de mantener el rechazo, respuesta que fue reenviada al recurrente ese mismo día; que, tomado conocimiento del rechazo definitivo, formuló una consulta ante la Comisión para el Mercado Financiero, organismo que mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 25 de junio de 2026, le informó que no correspondía a esa entidad revisar el mérito técnico de la decisión de asegurabilidad de la compañía; y que el 26 de julio de 2026, dedujo la presente acción de protección.

Alega que el recurso es extemporáneo, pues contado el plazo desde la comunicación de 13 de mayo de 2026 el término fatal venció el 12 de junio de 2026, y aun computado en la hipótesis más favorable al recurrente, desde el 4 de junio de 2026, venció el 4 de julio de 2026, resultando igualmente extemporáneo por veintidós días adicionales; y que la consulta ante la Comisión para el Mercado Financiero no altera esa conclusión, por tratarse de una gestión unilateral y facultativa ante un tercero ajeno a las partes, que no forma parte de ningún procedimiento reglado y que, por su propia naturaleza, no puede operar como prórroga o reapertura de un plazo ya extinguido, en el mismo sentido que lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en la sentencia Rol N°39.794-2021.

Afirma que, en todo caso, su actuación se limitó estrictamente al rol que la ley le asigna como tomador de la póliza colectiva —informar al deudor su derecho de opción, recabar sus antecedentes y remitirlos a la compañía adjudicataria de la licitación—, de modo que la decisión de aceptar o rechazar el riesgo y los criterios técnicos empleados para ello son de responsabilidad exclusiva de la aseguradora, sin que el banco tenga facultad ni injerencia alguna para revisar, modificar o revertir esa decisión.

Destaca que la imputación de haber omitido toda gestión destinada a ofrecer una alternativa de aseguramiento individual resulta desvirtuada por la propia prueba documental que obra en el proceso, pues la propuesta suscrita por el recurrente el 30 de abril de 2026 contiene una declaración expresa y firmada en la que reconoce haber tomado conocimiento de su derecho a optar por una póliza individual con la compañía aseguradora de su elección, documento anterior a cualquier rechazo que acredita el cabal cumplimiento del deber de información que le impone el inciso tercero del artículo 40 del D.F.L. N°251.

Sostiene, por último, que la vía cautelar es improcedente, por cuanto la propuesta contempla expresamente que la cobertura sólo nace una vez que la compañía acepta el riesgo propuesto, conforme a los artículos 521, 524 N°1 y 525 del Código de Comercio, de modo que, no existiendo aceptación del riesgo, no existe cobertura ni, correlativamente, un derecho indubitado y preexistente amparable por esta vía; y que la Ley N°20.609 contempla en su artículo 3° una acción especial de no discriminación arbitraria, de competencia del juez de letras, que constituye la vía idónea y de lato conocimiento para debatir una controversia como la planteada en autos.

Por lo expuesto pide el rechazo del recurso con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la negativa de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. de incorporar al recurrente al seguro colectivo de desgravamen asociado a su crédito hipotecario, comunicada el 13 de mayo de 2026 y mantenida el 4 de junio de 2026, señalando que se realizó una calificación de riesgo que se estima genérica y carente de motivación respecto de su situación personal, y respecto de Banco del Estado de Chile, se atribuye no haber ofrecido, cotizado ni gestionado una alternativa de aseguramiento individual, alegando vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que las recurridas solicitaron el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que respecto de la alegación de extemporaneidad deducida por las recurridas, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido fija el Acta N°94-2015, dispone que el recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, plazo que, por ser fatal y de días corridos, no admite suspensión ni interrupción.

SEXTO: Que, consta de los antecedentes que el acto recurrido es la negativa de la compañía de seguros recurrida de incorporar al recurrente a la póliza de seguro colectivo de desgravamen, asociada al crédito hipotecario, lo que le fue comunicado el 13 de mayo de 2026 y que, pedida su reconsideración, se le informó el 4 de junio de 2026 que la decisión se mantenía. A su vez, el recurso se dedujo el 26 de julio de 2026.

De este modo, computado el plazo desde que se resolvió la reconsideración -el 4 de junio de 2026-, aparece que el recurso fue interpuesto fuera del plazo aludido, lo que no se ve alterado por las alegaciones del recurrente, pues la actuación que verdaderamente cuestiona es la negativa de incorporación al seguro colectivo, sin que la recepción -el 26 de junio de 2026-, del Oficio Ordinario N°NUM000 de la Comisión para el Mercado Financiero, tenga la virtud de renovar el plazo de interposición del recurso, pues dicha comisión no es parte en esta causa y de ella no deriva el acto impugnado.

Asimismo sostener que se está en presencia de un acto de carácter permanente respecto de la omisión que se acusa de Banco Estado, no se aviene con la urgencia propia de esta acción cautelar ni con la perentoriedad que se dispuso para el plazo aludido, pues no existen antecedentes aportados por la recurrente respecto de las gestiones realizadas por su parte, luego de la negativa informada, para tomar conocimiento de cómo gestionar un seguro individual y que hubo una negativa del Banco a realizar alguna gestión en particular.

En consecuencia, solo cabe acoger la alegación de extemporaneidad opuesta por ambas recurridas, lo que lleva a rechazar el recurso interpuesto.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación a la recurrida Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., se debe considerar que las compañías aseguradoras trabajan sobre la base del análisis de los riesgos de sus clientes, encontrándose facultadas para efectuar dicho análisis con anterioridad al otorgamiento de un seguro.

En este caso consta que la recurrida, requirió antecedentes específicos con relación a las patologías declaradas por el actor, y en que su mérito estableció que el asegurable presentaba una condición de riesgo mayor para personas de su edad y género, superando el límite de su política de suscripción y que conforme a la normativa de contratación colectiva de seguros asociados a créditos hipotecarios, no es posible cobrar una prima distinta para cubrir los riesgos asociados.

Asimismo se debe tener presente que el actor está frente a un estadio en que no ha sido aceptada la propuesta de incorporación, y por ende, no llegó a nacer cobertura alguna, de suerte que lo invocado corresponde a una expectativa de contratar y no a un derecho preexistente, de tal modo que no es dable estimar que el actuar de la aseguradora, en orden a negarse a otorgarle cobertura en el seguro colectivo en el marco de un contrato hipotecario, sea arbitrario o ilegal, toda vez que el rechazo se sustentó en un análisis de riesgo basado en antecedentes médicos aportados para dicho efecto, y el hecho que la compañía aseguradora no comparta las conclusiones a las que arriba el recurrente respecto del análisis de los antecedentes aportados, no transforma la decisión en arbitraria.

OCTAVO: Que respecto de las alegaciones dirigidas en contra el Banco del Estado, se debe considerar que el artículo 40 del D.F.L. N° 251, del Ministerio de Hacienda, impone a las entidades que otorgan créditos hipotecarios a personas naturales contratar por cuenta y cargo de sus clientes los seguros de desgravamen, mediante licitación pública, admitiendo, sin embargo, en su inciso tercero, la posibilidad de que sea el propio deudor quien tome dicho seguro con el asegurador de su elección, de forma tal que no queda circunscrito ni atado a la licitación de seguros que haga la entidad crediticia.

En la especie, el Banco recurrido, habiendo licitado el respectivo seguro, se limitó a remitir los antecedentes del recurrente a la compañía aseguradora adjudicataria, siendo ésta la que rechazó otorgar la cobertura exigida, por lo que tal decisión no es un acto proveniente de la entidad crediticia, ni depende de ella, sino de la aseguradora, razón por la cual no se advierte actuar ilegal o arbitrario del Banco del Estado de Chile.

Refuerza lo anterior la circunstancia que la alternativa legal de contratación individual fue expresamente informada al recurrente en el capítulo VIII de la propuesta de seguro desgravamen hipotecario que rola en autos a folio 25, siendo de cargo del recurrente realizar las gestiones del caso para determinar su contratación o no, sin que se haya acompañado antecedente alguno de una negativa puntual de Banco Estado en ese sentido.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto, al haberse deducido la acción una vez expirado el plazo fatal del numeral 1° del Auto Acordado sobre la materia, y sin que concurran, en todo caso, los presupuestos de procedencia reseñados en la letra b) el motivo segundo, el recurso será rechazado respecto de ambas recurridas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y del Banco del Estado de Chile, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic Antinopai.

ROL 356-2026 PROTECCIÓN.