nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN CONCEPCIÓN

Punta Arenas, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Doña nombre reservado, asistente de educación, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por su Superintendente, en razón del acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en dictar las Resoluciones Exentas N°R-01-UNRA-30726-2026, N°R-01-DC-57385-2026, N°R-01-UME-02349-2026, N°R-01-DC-34996-2026 y N°R-01-F-55392-2026, que confirmaron el rechazo de sus licencias médicas, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 23 de diciembre de 2021 sufrió un accidente laboral que le ocasionó graves lesiones, las que describe, así como el extenso tratamiento y rehabilitación en la Asociación Chilena de Seguridad, con secuelas físicas y sicológicas. Posteriormente, el 30 de mayo de 2025, sufrió un nuevo accidente de gravedad que requirió atención médica permanente y reposo laboral. Refiere, además, que se encuentra en tratamiento de salud mental en el CESFAM Carlos Ibáñez del Campo desde el año 2023, por trastorno adaptativo y trastorno ansioso asociados a las consecuencias de los accidentes sufridos y al dolor crónico que padece.

Afirma que, en atención a su estado de salud, sus médicos tratantes emitieron las licencias médicas que individualiza, las que fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, reclamando para ante la Superintendencia de Seguridad Social, que las rechazó mediante las resoluciones que motivan el recurso, por reposo injustificado, confirmando el actuar de la COMPIN.

Alega ilegalidad de aquéllas, por desconocer y efectuar una valoración insuficiente de los antecedentes médicos incorporados al procedimiento administrativo, y arbitrariedad por arribar a conclusiones que no se corresponden con los antecedentes, desestimando el criterio de los profesionales tratantes sin una fundamentación suficiente.

Alega vulneración a la garantía del artículo 19 N°24 y N°2 de la Constitución Política de la República, pues el rechazo de las licencias médicas la priva del subsidio por incapacidad laboral al que tiene derecho; y, a la del N°2 por constituir a su respecto un trato arbitrario al desconocer antecedentes clínicos y carecer de fundamentación técnica.

Pidió se acoja el recurso, se dejen sin efecto las resoluciones recurridas y se las apruebe, con costas.

Que, informa el recurso don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en lo principal su extemporaneidad y, en subsidio, informando el fondo, pidiendo su rechazo, con costas.

Indica que todas las resoluciones que la recurrente reclama, le fueron notificadas electrónicamente el mismo día de su emisión, la última de ellas de fecha 25 de abril de 2026, según consta en el índice del respectivo expediente del procedimiento administrativo electrónico. Luego, por haberse deducido la acción el 22 de julio de 2026, todas las resoluciones recurridas y que debidamente singulariza, son anteriores a los treinta días corridos que antecedieron a su interposición, resultando la acción extemporánea.

En subsidio, informa que el rechazo de las licencias médicas se ajustó a derecho, pues, revisados los antecedentes por los profesionales de su Unidad Médica, en particular, los traumatólogos nombre reservado, nombre reservado y la especialista en medicina física y rehabilitación doña nombre reservado, concluyeron que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado, al no acreditarse la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por las mismas patologías, ni el rol terapéutico del reposo reclamado, dando cuenta detalladamente respecto del contenido de cada una de las resoluciones impugnadas.

Explicó el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción e hizo presente que la pretensión de la recurrente desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes. En el caso de la recurrente claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Por último, señala que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario, pues su representada resolvió, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales reclamadas.

Por lo expuesto solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación y se procedió a la vista de la causa en audiencia pública a la que no comparecieron los litigantes, adoptándose acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, sobre la extemporaneidad alegada, se debe considerar que la recurrente reclama respecto de las Resoluciones Exentas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social de 8 de enero; 5 de marzo; 15 de marzo; 25 de abril y 23 de abril, todas de 2026.

Que el numeral primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone, en lo que interesa a este punto, que el recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Que, en consecuencia, apareciendo en la especie, que el acto reclamado más próximo en el tiempo corresponde a la Resolución Exenta N°R-01-DC-57385-2026, de 25 de abril de 2026 y advirtiendo que el recurso se dedujo el 22 de julio de 2026, esto es, más allá del plazo de treinta días corridos desde que la recurrente tomó conocimiento del último de los actos reclamados, éste resulta manifiestamente extemporáneo, lo que constituye suficiente motivo para el rechazo de la acción constitucional.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo señalado, y a mayor abundamiento, por haberse declarado admisible en su oportunidad, la Corte emitirá pronunciamiento relativo al fondo.

Así, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, dispone que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”.

Asimismo, se les otorga la facultad de disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 del referido reglamento, entre otras las de la letra a), esto es, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, o la signada en la letra e) que permite disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Así las cosas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

QUINTO: Que, activadas por la recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, las sucesivas instancias de revisión, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Para ello se tuvo en consideración, por una parte, que se detectó un mal uso de las licencias N°RUT reservado y RUT reservado, por haber realizado trabajo remunerado o no, lo que trae las consecuencias previstas en el artículo 55 letra a) del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, en orden a que corresponde el rechazo o invalidación de una licencia médica ya concedida. Por otro lado y en las demás, los antecedentes médicos aportados no permitieron establecer la existencia una incapacidad laboral más allá de los 90 días de reposo ya autorizados por patología aguda osteomuscular desde el 30 de mayo de 2025, existiendo reposo autorizado previo por otros cuadros clínicos desde el 20 de febrero de 2025 de manera continua, y desde 10 de agosto de 2022 de manera discontinua, teniendo presente, además que los antecedentes médicos aportados no consignan anamnesis detallada, ni los hallazgos del examen físico que dan cuenta de la incapacidad funcional al momento de emisión de la licencia reclamada, como tampoco plan terapéutico ni recuperabilidad, entre otros argumentos que se consignan.

Las resoluciones recurridas, debidamente acompañadas por la recurrente, contienen en detalle la fundamentación del rechazo de cada una de ellas, apreciándose debidamente razonadas.

SEXTO: Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, necesariamente se debe concluir que la recurrida se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en los respectivos actos administrativos, de los fundamentos y antecedentes de hecho y médicos que permitieron decidir como lo hizo.

En consecuencia, solo ha de concluirse que, sin perjuicio de la extemporaneidad razonada, tampoco existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual ésta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que no se condena en costas a la recurrente por encontrarse patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por la Fiscal Judicial subrogante Sra. nombre reservado.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza y la Fiscala Judicial Subrogante Sra. nombre reservado, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, el primero y por no encontrarse subrogando legalmente, la segunda.

ROL N°351-2026 PROTECCIÓN.