nombre reservado con EJÉRCITO DE CHILE con COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

Punta Arenas, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, RUN N°RUT reservado, Cabo Segundo del Ejército de Chile, perteneciente a la dotación de la Subjefatura Zonal del Cuerpo Militar del Trabajo “Punta Arenas” e interpone recurso de protección en contra de Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y Ejército de Chile por la dictación de la Resolución Exenta N.° RE20851/2026, de fecha 9 de julio de 2026, mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión deducido por esta parte respecto del reintegro de remuneraciones ordenado por el Ejército de Chile mediante un procedimiento contrario a derecho.

Indica que le fueron vulneradas las garantías consagradas en los artículos 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y derecho de propiedad.

Señala que la Resolución Exenta N° RE20851/2026, de 9 de julio de 2026, que rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado en contra de la Resolución Exenta N° RE10849/2026, mediante la cual se desestimó recurso extraordinario interpuesto en contra de resolución de 13 de abril de 2026 que no dio lugar a su solicitud de condonación de la obligación de reintegrar $1.924.513, originada en el rechazo de dos licencias médicas, otorgándosele, en subsidio, facilidades para pagar la deuda en veinticuatro parcialidades.

Sostiene que tanto la decisión administrativa como el procedimiento que le sirve de fundamento adolecen de graves vicios de legalidad y arbitrariedad.

Manifiesta Que el 19 de mayo de 2025, la doctora nombre reservado rechazó la licencia médica N° 396493, iniciada el 11 de enero de 2025 por catorce días, y la licencia médica N° 426373, extendida por treinta días a contar del 25 de enero de 2025. Que ambas decisiones se fundaron en que el reposo médico sería excesivo para la patología presentada, exigiéndose la presentación de antecedentes clínicos complementarios relativos al tratamiento médico y a la evolución hacia el retorno laboral.

Señala que tales antecedentes fueron solicitados después de haberse decidido el rechazo de las licencias, invirtiéndose el orden lógico del procedimiento administrativo. Que los informes de auditoría no constituirían informes formales de la Comisión de Sanidad del Ejército, los cuales debían contener numeración correlativa, fundamentación expresa y detallada y las firmas del presidente y del secretario de la Comisión, conforme a la Cartilla de Procedimientos de Registro, Control y Gestión de Licencias Médicas del Ejército y la referida cartilla dispone que, cuando la Comisión de Sanidad determine rechazar una licencia médica, debe enviar a la unidad un informe de rechazo debidamente notificado. El recurrente afirma que nunca fue notificado de un informe de esa naturaleza, sino de documentos emitidos por una doctora que no sería presidenta de la Comisión de Sanidad.

Indica que la doctora nombre reservado no habría acreditado un nombramiento que la habilitara para ejercer la presidencia de la Comisión ni para emitir los informes exigidos por la normativa institucional y que el artículo 7° del Reglamento de Organización de las Comisiones de Sanidad del Ejército, aprobado mediante Orden de Aprobación MDN.SSG.DEPTO.III N° 87, de 2 de noviembre de 2005, establece que los informes deben ser firmados por el Presidente de la Comisión y el Secretario Relator y expresar los antecedentes que fundamentan el acuerdo adoptado.

Señala que la decisión fue adoptada por una autoridad carente de competencia legal, vulnerándose los principios de juridicidad y legalidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y que también se habría incurrido en un error de derecho al otorgarse validez a documentos emitidos por una funcionaria que carecería de competencia para representar a la Comisión de Sanidad y al interpretarse erróneamente el artículo 229 del DFL (G) N°1 de 1997, el artículo 7° del Reglamento de Organización de las Comisiones de Sanidad y la Cartilla de Licencias Médicas.

Sostiene que se habrían infringido los artículos 3°, 11 y 41 de la Ley N°19.880, relativos a la formalidad, imparcialidad y fundamentación de los actos administrativos.

Que el recurrente habría sido sometido a un procedimiento distinto e inferior al previsto para los demás integrantes del Ejército sujetos al régimen de control de licencias médicas, configurándose una diferencia de trato carente de fundamento objetivo y razonable.

Aclara que el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud no contemplaría como causal de rechazo el solo carácter prolongado del reposo médico y que ninguna de las causales jurídicas o administrativas previstas en esa normativa concurriría en su caso. La extensión temporal del reposo correspondía a una decisión clínica del médico tratante y que la profesional auditora debía determinar, sobre la base de antecedentes médicos objetivos, si el reposo estaba clínicamente justificado.

Indica que no se practicaron las diligencias previstas en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984, como nuevos exámenes, interconsultas, visitas domiciliarias o requerimientos de antecedentes al empleador o al médico tratante y que, finalizada la última licencia rechazada, el recurrente recibió el alta clínica, recuperó su salud y retornó a sus funciones, lo que demostraría que la patología era temporal y que el tratamiento cumplió su finalidad terapéutica.

Añade que las licencias médicas fueron extendidas en el Hospital Militar y se otorgaron a consecuencia de un accidente ocurrido en acto del servicio, mientras realizaba trabajos de reparación de una máquina empleada en obras de conectividad nacional en la zona de Yendegaia.

Señala que tampoco se habría instruido la investigación sumaria administrativa contemplada en los artículos 233 y 234 del DFL (G) N°1 de 1997 y en el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas para las Fuerzas Armadas.

Finalmente indica que la Contraloría no habría ponderado los documentos que acreditaban el alta médica, la recuperación y el retorno al trabajo ni se habría pronunciado sobre la inexistencia de un acto administrativo válido, la falta de causales legales de rechazo, la omisión de diligencias probatorias y la infracción del debido proceso.

Solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N°RE20851/2026 y los actos administrativos que le sirven de fundamento, dejando sin efecto el reintegro de remuneraciones o disponiendo que la situación sea nuevamente conocida y resuelta mediante un procedimiento ajustado a derecho.

Acompaña, antecedentes al efecto.

Informa el recurso la parte recurrida Contraloria General de la República, mediante Oficio N° OF147391/2026, suscrito electrónicamente el 5 de agosto de 2026 por nombre reservado, Contralora Regional subrogante.

Indica Que el recurso fue interpuesto contra la Resolución Exenta N° RE20851/2026, que rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado contra la Resolución Exenta N° RE10849/2026.

Refiere que la Resolución Exenta N° RE10849/2026 desestimó la solicitud de condonación de la obligación de reintegrar $1.924.513 y otorgó facilidades para efectuar el pago en veinticuatro parcialidades y que el 25 de febrero de 2026, el recurrente presentó una solicitud de condonación y, subsidiariamente, facilidades para pagar en veinticuatro cuotas la suma de $1.924.513 que adeudaba al Ejército de Chile. La deuda se originó en el rechazo de las licencias médicas Nos 396493 y 426373, extendidas entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2025.

Aclara que la Resolución Exenta N° RE10849/2026 rechazó la condonación y autorizó el reintegro en veinticuatro parcialidades de 1,1519 UTM cada una, disponiendo que la deuda devengaría un interés anual del 12% en favor del Fisco.

Informa que el recurrente dedujo recurso extraordinario de revisión, alegando que la Contraloría habría incurrido en un error de hecho al confirmar la procedencia del reintegro sobre la base de antecedentes que no constituirían actos administrativos válidos ni suficientemente fundados y que el organismo estimó que no se configuraba la causal de manifiesto y determinante error de hecho contemplada en el artículo 60 letra b) de la Ley N°19.880, porque la resolución impugnada se había pronunciado sobre la solicitud de condonación y facilidades de pago formulada por el propio interesado.

Arguye que los cuestionamientos relativos a la legalidad de los antecedentes que fundaron el cobro excedían el objeto del procedimiento de condonación y facilidades de pago regulado por los artículos 67 y 67 bis de la Ley N°10.336 y la Resolución N°35 de 2018 de la Contraloría.

Finalmente solicita rechazar el recurso por extemporáneo, porque la Resolución Exenta N°1080/81889/3152, de 24 de diciembre de 2025, rechazó la reposición deducida respecto de las licencias médicas y fue notificada al recurrente el 26 de enero de 2026.

Aclara que el reintegro de remuneraciones fue dispuesto mediante Resolución Exenta N°1080/3515/5639, de 13 de febrero de 2026, de la División de Personal del Ejército, notificada el 19 de febrero del mismo año y el recurso de protección fue interpuesto el 21 de julio de 2026, habiendo transcurrido, según el informe, 158 días desde la notificación de la resolución que dispuso el reintegro y la posterior interposición de un recurso extraordinario de revisión y la resolución que lo desestimó no tendrían la virtud de reabrir o renovar el plazo de treinta días para interponer la acción de protección.

Alega también la falta de legitimación pasiva, porque la Contraloría no dispuso el reintegro de remuneraciones, sino que se limitó a resolver la solicitud de condonación y facilidades de pago.

Solicita desestimar en todas sus partes el recurso de protección.

Informa la recurrida Ejército de Chile por intermedio de la presidenta subrogante de la Comisión de Sanidad del Ejército, coronel nombre reservado, solicita rechazar el recurso por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

Indica que, aunque formalmente se impugna la resolución de la Contraloría, las alegaciones del recurrente se dirigen contra el rechazo de dos licencias médicas de catorce y treinta días, respectivamente, las que fueron rechazadas mediante informes emitidos el 19 de mayo de 2025 y que el interesado dedujo recurso de reposición. Esa reposición fue resuelta mediante Resolución DSE DEPTO. III/ASJUR (R) N°1080/81889/3152, de 24 de diciembre de 2025, autorizándose el reposo correspondiente a la licencia médica N°414935, comprendido entre el 12 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Señala que la misma resolución rechazó la reposición respecto de las licencias médicas Nos 396493 y 426373, correspondientes al período comprendido entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2025, porque los antecedentes médicos acompañados no respaldaban el tratamiento, pronóstico ni tiempo de recuperación.

Alega falta de legitimación pasiva, porque el acto formalmente impugnado fue dictado por la Contraloría y no existiría una conducta actual, ilegal o arbitraria imputable al Ejército, a su vez sostiene la extemporaneidad del recurso, porque los actos que materialmente se cuestionan se produjeron durante 2025 y la resolución posterior de Contraloría no renovaría el plazo para impugnarlos.

Refiere que el recurrente acudió ante la Contraloría solicitando la condonación de la deuda o, subsidiariamente, facilidades para su pago, las que fueron concedidas el 13 de abril de 2026, por lo que esa actuación demuestra que conocía la existencia, el origen y los efectos patrimoniales de la obligación pecuniaria.

Indica que, así las cosas, los actos reclamados materialmente corresponden a los informes de rechazo de las licencias médicas Nos 396493 y 426373, que comprendían reposos entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2025.

Cita jurisprudencia administrativa conforme a la cual no corresponde a la Contraloría revisar los antecedentes clínicos que sustentan los informes de la Comisión de Sanidad ni objetar sus conclusiones mediante certificaciones emitidas por médicos particulares.

Encontrándose la causa en estado en ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección estimando la recurrente, como ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° RE20851/2026, de 9 de julio de 2026, que rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado en contra de la Resolución Exenta N° RE10849/2026, mediante la cual se desestimó recurso extraordinario interpuesto en contra de resolución de 13 de abril de 2026 que no dio lugar a su solicitud de condonación de la obligación de reintegrar $1.924.513, originada en el rechazo de dos licencias médicas, otorgándosele, en subsidio, facilidades para pagar la deuda en veinticuatro parcialidades.

CUARTO: Que, al evacuar informe ambas recurridas instan por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo expresado, la recurrente a través del acto considerado ilegal y arbitrario que es la resolución Exenta N° RE20851/2026, de 9 de julio de 2026, lo que hace es cuestionar finalmente la Resolución Exenta N° RE10849/2026 que es la que desestimó la solicitud de condonación de la obligación de reintegrar $1.924.513, deuda que se originó por el rechazo de las licencias médicas Nos 396493 y 426373, extendidas entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2025 a través de la Resolución Exenta N°1080/81889/3152, de 24 de diciembre de 2025, y fue esta última la que rechazó la reposición deducida respecto de las licencias médicas la que fue notificada al recurrente el día 26 de enero de 2026.

SÉPTIMO: Que, se debe considerar que el acto ilegal y arbitrario que a través de esta acción constitucional se denuncia, consiste en uno notificado a la recurrente con fecha 26 de enero de 2026, que es la resolución de fondo que da origen a las posteriores resoluciones solicitadas por la misma parte que solo son de carácter rectificatorio o aclaratorio de lo ya señalado en la resolución original, por lo que es evidente que es extemporáneo.

OCTAVO: Que atendido lo resuelto precedentemente, se estima innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones vertidas por el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y Ejército de Chile, sin perjuicio de otros derechos que le asisten.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante Sra. Sintia Orellana Yévenes.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°349-2026.PROTECCION. –