COMERCIAL RÍO CHABUNCO LTDA. CONTRA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Punta Arenas, once de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 3 comparece don José Luis Pérez Tapia, abogado, en representación de sociedad "Comercial Rio Chabunco Limitada", ambos con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas.

Refiere que su representada es dueña de dos inmuebles ubicados en el sector de Chabunco, de una superficie total de cinco hectáreas, y cuyo título de dominio se encuentra inscrito con fecha 16 de Febrero del año 2012, a fojas 249, número 410 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.

Agrega que en marzo del año 2012, funcionarios del M.O.P., visitaron el domicilio del administrador de la sociedad y verbalmente le informaron la realización de la expropiación de una franja de terreno de una superficie de 2.030 m2 (dos mil treinta metros cuadrados) en los inmuebles antes descritos, para la ejecución de la obra "Ampliación Ruta N°9, Punta Arenas-Aeropuerto, Km. 8.1000- Km 12.10000 / Kml3.80000- Km 18.50000", Comuna de Punta Arenas, XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Durante el mismo mes de marzo de 2012, la empresa encargada de la ejecución de la obra, ocupó materialmente la franja a expropiar, realizando el cierre de la propiedad, y que su representada, entendió en ese momento que el acto de privación del derecho de propiedad, era un acto legal y no arbitrario, y que debía esperar el proceso normal de pago de la indemnización correspondiente.

Agrega que con fecha 15 de marzo de 2014 en el diario La Prensa Austral se publicó una notificación del Segundo juzgado de Letras de Punta Arenas, indicando que en causa voluntaria ROL V-164- 2013, se encontraba consignada la suma de $19.996.767.- (diecinueve millones novecientos noventa y seis mil setecientos sesenta y siete pesos), correspondiente a la indemnización provisoria, por la expropiación de una superficie de 2.030 m2 (dos mil treinta metros cuadrados), para la ejecución de la obra en comento, por lo que el administrador de la recurrente compareció en el procedimiento voluntario, para obtener el giro del cheque, no obstante lo cual por resolución de fecha 17 de septiembre pasado el tribunal señaló: "en definitiva, que el bien materia del acto expropiatorio es distinto al que materialmente debiera serlo, de cuyo dominio sería titular." Sostiene que no se dictó acto expropiatorio con relación al inmueble supuestamente expropiado por el recurrido, y de esa manera se privó del domino a su representada en forma ilegal y arbitraria, ya que según consta en la causa Rol V-164-2013, el Consejo de Defensa del Estado acompañó el Decreto Supremo N° 1532 de 30 de septiembre de 2013, del Ministerio de Obras Públicas, el cual hace mención al rol de avalúo N° 5046-8 de la comuna de Punta Arenas, cuyo destino de la propiedad según certificado de avalúo es agrícola, siendo que el terreno expropiado a su representada, rol de avalúo N° 5046-2, de la misma comuna, tiene destino comercial, es decir, no sólo la forma del decreto en comento no corresponde, sino también su fondo. Así, el decreto acompañado por el Consejo, corresponde a un acto expropiatorio de otro predio, no del inmueble de su representada, lo que llega a su conocimiento con el pronunciamiento del tribunal que conoce de la causa, cuando declara, "en definitiva, que el bien materia del acto expropiatorio es distinto al que materialmente debiera serlo, de cuyo dominio sería titular".

Concluye que el supuesto acto expropiatorio, por el cual se priva del derecho de propiedad a su representada, nunca existió, pues lo que legalmente correspondía era la dictación de un acto expropiatorio y el abono de la indemnización, cuestión que antes de la resolución de fecha 17 de septiembre pasado, siempre se estimó cumplida, pero que una vez dictada ésta, su representada se entera que el procedimiento al cual estaba sujeta no correspondía, y que el acto expropiatorio que recaía supuestamente sobre su propiedad, nunca existió, ya que correspondía a otro inmueble.

Estima que las garantías constitucionales afectadas por el acto arbitrario e ilegal del Ministerio de Obras Publicas son las enumeradas en los numerales 24, 2, 21 y 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección del afectado, con expresa condenación en costas.

A fojas 17 se declaró admisible el recurso.

A fojas 68, don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Obras públicas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con domicilio en domicilio reservado, solicita el rechazo del recurso primeramente, por haber sido extemporánea su interposición, por cuanto consta de los propios dichos del recurrente en su libelo, que desde marzo de 2012 se encontraba en pleno y cabal conocimiento de la expropiación en cuestión, sin que la resolución judicial esgrimida como fundamento de su acción modifique la toma de conocimiento de la expropiada del acto que ahora pretende impugnar por esta vía, lo que además se advierte en su escrito de fecha 18 de julio de este año, presentado en la causa voluntaria sobre consignación de monto expropiación en el cual explica el error de cita de los roles de avalúo, lo que evidencia que desde entonces se encontraba en pleno y cabal conocimiento de dicho error.

Argumenta además por el rechazo de la acción, en razón que existe un contencioso especial, cuyo procedimiento se encuentra señalado en el Decreto Ley N° 2.186, por el que se aprobó la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, el cual establece la competencia y un procedimiento sumario especial para el conocimiento y solución de casos como el de la especie, y los recursos de que son susceptibles las resoluciones dictadas en dichos procedimientos.

Estima que resulta además aplicable, en forma supletoria, las normas generales sobre procedimientos administrativos contempladas en la Ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, vía a la que debió recurrir la actora para corregir administrativamente el acto expropiatorio, ya que en los hechos el representante de la expropiada, don nombre reservado, se apersonó en las oficinas del M.O.P, haciendo presente verbalmente el error de cita del rol de avalúos del inmueble expropiado, iniciándose inmediatamente el proceso administrativo rectificatorio correspondiente, de lo que se colige que disponía de la vía judicial y de la vía administrativa para solucionar el error de cita del acto expropiatorio, no siendo la acción de protección el medio idóneo o pertinente para ello.

Explica a continuación que los contratiempos que ha sufrido la expropiada Comercial Río Chabunco Limitada se han debido a un error en el trámite expropiatorio, toda vez que en el inicio de dicho proceso se informó el lote expropiado N° 7 como perteneciente al rol de avalúos N° 5046-008, en circunstancias que correspondía cabal y realmente al rol n° 5046-002, error de cita identificadora en el Decreto MOP N° 1532, del 30 de septiembre de 2013, que obligó a iniciar el trámite para dictar un decreto rectificatorio, habiéndose dictado la resolución S. R. M. Ex. N° 522, de fecha 26 de septiembre de 2014, por la que se rectifica el rol del lote expropiado, y, con su mérito, los peritos tasadores han modificado su acta o informe de tasación, corrigiendo el rol de avalúos, por lo que se encuentra radicada en Santiago la dictación del decreto rectificatorio.

Afirma que el acto administrativo impugnado no constituye una determinación arbitraria, porque el actuar de la administración no ha sido motivado por la sola voluntad o el capricho, sino sobre la base de atribuciones constitucionales y legales aplicables a las situaciones específicas de que se trata, y que tampoco es ilegal, pues se ha dado cumplimiento a todos los procedimientos propios del proceso expropiatorio, y que si bien existió un error de cita del número del rol de avalúo del inmueble sobre el que recaía la expropiación, éste se encuentra próximo a ser corregido para continuar con la tramitación de rigor y hacer pago a la expropiada, por lo que no resulta sostenible afirmar que el acto expropiatorio sobre el referido inmueble nunca existió, ya que existe y se está corrigiendo, por lo que por este medio excepcional no se podría declarar su nulidad o su inexistencia.

Precisa que el actor no explica cómo se afectan las garantías constitucionales invocadas en su presentación, sin perjuicio de lo cual, de forma alguna puede entenderse amagado, perturbado o amenazado su derecho de propiedad pues éste se encuentra expresamente limitado por el constituyente por la institución de la expropiación por causa de utilidad pública, como ocurre en la especie, y que los hechos denunciados no le han acarreado perjuicio, puesto que con el objeto de evitar la depreciación de la cantidad consignada el consejo de defensa del estado solicitó al juzgado se tomara un depósito a plazo en el BancoEstado, por tres meses, renovables en forma periódica y sucesiva, lo que se ordenó con fecha 2 de octubre pasado.

Solicita finalmente el rechazo del recurso, con costas.

A fojas 80 la parte recurrente solicitó que el complemento y/o aclaración del informe evacuado en autos, puesto que por el acto recurrido, se decretó la expropiación del inmueble de su representada, y se estableció una indemnización provisoria de $19.406.800, monto que se calculó considerando que el inmueble de autos poseía el Rol de avalúo 5046-8, propiedad agrícola, de un avalúo total de $2.364.705, y no el rol de avalúo que le corresponde, que es el Rol 5046-2, que tiene destino comercial, y un avalúo total de $62.994.865, por lo que si el Ministerio Obras Públicas pretende expropiar el inmueble debe fijar una nueva indemnización provisoria.

Puntualiza que en el informe se indica que "Los Sres. tasadores han modificado su acta o informe de tasación, corrigiendo el Rol de avalúos al 5046-2 de la comuna de Punta Arenas", por lo que el M.O.P debe aclarar y complementar, informando si la modificación a la tasación es sólo una corrección formal, o si considera la diferencia en el monto del avalúos fiscales de los roles 5046-8 y 5046-2, e informar si existe perjuicio para su parte, por los hechos que originaron el presente recurso. A fojas 105 la parte recurrida señaló que según lo disponen los cuerpos normativos pertinentes, la Comisión de Peritos Tasadores es absoluta y totalmente independiente del expropiante y del expropiado, y efectúan su labor pericial con absoluta prescindencia del interés de las partes, y que según el acta complementaria de la Comisión se determinó modificar, el nombre del propietario y el número del Rol de Avalúos del inmueble, manteniendo la superficie expropiada y el valor total de la tasación original.

A fojas 110, don nombre reservado, en representación de la recurrente amplió el recurso de protección en contra del Ministerio de Obras públicas, puesto que el Acta Complementaria de la Comisión de Peritos Tasadores y la nueva tasación del bien expropiado, ambas de fechas 6 de octubre del año en curso, son actos arbitrarios e ilegales, que producen o producirán amenaza, perturbación o privación de los derechos v garantías que motivaron su recurso, ya que el Informe de Tasación que se adjunta al Acta de Complementación de Tasación, es exactamente idéntico a la tasación efectuada con el rol de avalúos erróneo, en la que se considera al bien expropiado como agrícola, y no obstante subsanado el error, en un nuevo informe de tasación este es idéntico al anterior, siendo que el bien posee destino comercial. Explica que el Informe de Tasación en cuestión no considera las características especiales del predio expropiado, las claras diferencias en las tasaciones de los dos inmuebles que para efectos de avalúo fiscal realiza el Servicio de Impuestos Internos, y lo que califica como más grave es la falsedad de los fundamentos del acto administrativo, ya que en el criterio N9 8 del informe denominado Valores Referenciales, se hace referencia a cinco contratos de compraventa de predios, de la comuna de Punta Arenas, que revisten fundamental importancia, dado que sus respectivos valores unitarios, informan el valor de la tasación del inmueble expropiado, y que cotejada la información que se contiene con los Registro del Conservador de Bienes Raíces, se advierte el descuido con el que se manejó el negocio expropiatorio. Concluye que el aludido Informe de Tasación que se adjunta con el Acta de Complementación de Tasación, es un acto arbitrario, ilegal y nulo, ya que transgrede claramente los artículos 6. 7 y 8 de la Constitución Política, y los artículos 11 y 13 de la Lev 19.880, al ser su contenido una copia idéntica a la tasación de un bien distinto al expropiado, que no considera sus elementos propios, y contiene fundamentos falsos, como las menciones a los valores referenciales, derivando de ello la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, el que con negligencia inexcusable, no sólo no realiza su labor fiscalizadora sino que ratifica dicho acto en desmedro de los intereses de su representada, dado que es ese órgano quien debe velar por la idoneidad del ente tasador.

Solicita en definitiva se adopten las providencias que se estimen como necesarias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar su debida protección, con costas.

A fojas 120, la parte recurrida, adiciona que la Comisión de Peritos Tasadores es absoluta y totalmente independiente del expropiante y del expropiado y que efectúan su labor pericial con completa prescindencia del interés de las partes, adoptando sus acuerdos por mayoría de votos, no correspondiendo al M.O.P, para estos efectos, ni asumir la representatividad de dicha Comisión, ni fiscalizar, ni influir, ni ratificar el contenido de sus informes, ya que de hacerlo estaría actuando fuera de la órbita de su competencia e infringiendo disposiciones de carácter administrativas e incluso penales. Añade que la Comisión de Peritos Tasadores, al pronunciarse sobre el Lote N° 7, en ambas ocasiones, y más allá de un error en la cita de un Rol de Avalúos, lo hizo apreciando un mismo terreno que corresponde a lo expropiado, es decir, en su labor de avaluación efectiva y real no hubo error, ya que visitó el terreno que constituye el lote N° 7 y lo apreció en su integridad física, utilizando los criterios que dicha Comisión normalmente utiliza.

Considera que para casos como el de la especie, tanto el expropiado como el expropiante, si no consideran ajustada la tasación efectuada por la Comisión de Peritos Tasadores pueden presentar el correspondiente reclamo, conforme al artículo 39 del Decreto Ley 2186, ante el mismo Juez que conoce del procedimiento judicial ventilado en la causa voluntaria sobre consignación monto de expropiación, Rol V 164-2013, siendo la sede donde la recurrente debe plantear sus argumentaciones y pretensiones.

Concluye señalando que el M.O.P. no es legitimado pasivo para controvertir los hechos que fundan la ampliación del recurso de autos y que éste, claramente, no es la vía procesal idónea para impugnar la tasación fijada por la comisión de peritos.

A fojas 124, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de aquellos que puedan llegar a verse afectados en razón de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que les hayan causado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que se encuentran taxativamente mencionados en el artículo 20 de la misma carta fundamental.

Para estos efectos, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra "ilegal" implica aquello contrario a la ley y "arbitrario" supone el acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes, dictado por la sola voluntad o el capricho, acepciones que deben asimilarse y aplicarse al caso concreto, ya que nuestra legislación no contempla un concepto que otorgue un sentido distinto al indicado. De otra parte, en relación con las garantías afectadas, la ilegalidad o arbitrariedad deben concurrir en el acto materia del recurso, es decir, se requiere que precisamente el hecho cuestionado sea ilegal o arbitrario, contrario al ordenamiento jurídico y que carezca de fundamento lógico razonable, imputable a alguna autoridad o persona, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 inciso 2º de la carta fundamental.

SEGUNDO: Que como reiteradamente ha sido resuelto y ya unánimemente reconocido, esta acción cautelar de garantías requiere, para su plausibilidad, de la concurrencia simultánea de ciertos requisitos los cuales, además del ya señalado acto u omisión se supone que éste revista efectivamente el carácter de ilegal y/o arbitrario; que a través de él se prive, infrinja, viole, perturbe o amenace alguna de aquellas garantías que indica la Constitución Política de la República. Se requiere, en fin, que quién lo presenta o interpone, se encuentre ejerciendo un derecho evidente, dirigiendo la acción constitucional en contra de aquel que ha causado la conculcación del mismo, todo ello dentro del plazo correspondiente, señalado por el Auto Acordado dictado al efecto por la Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que en la especie la parte recurrente alega que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, a fin de llevar a cabo la expropiación de la franja de terreno de superficie de dos mil treinta metros cuadrados, procedieron a ocupar materialmente terreno de su propiedad, comenzando los trabajos y el procedimiento expropiatorio, el año 2012.

Pero una vez dispuesta la indemnización provisoria, en el tribunal se le señaló que el bien materia del acto expropiatorio es distinto al que materialmente debiera serlo, por lo que no correspondía la entrega del cheque dispuesto al efecto como indemnización. Agregó también que por lo anterior, estima que finalmente no se dictó un acto expropiatorio con relación al inmueble supuestamente expropiado sino otro, lo que le priva del dominio en forma ilegal y arbitraria, ya que el Consejo de Defensa del Estado acompañó el Decreto Supremo N° 1532 que se refiere a la expropiación del rol de avalúo N° 5046-8 de la comuna de Punta Arenas, inmueble distinto al que debía ser y que tiene destino agrícola, en circunstancias que el realmente a expropiar era el rol de avalúo N° 5046-2, de la misma comuna, de destino comercial, cuestión que no se consideró al determinar el monto a indemnizar en el respectivo procedimiento y tasación, advirtiendo descuido en el negocio expropiatorio.

CUARTO: Que primeramente, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, ella debe ser desestimada, por cuanto si bien es cierto que fue establecido que la recurrente conocía del procedimiento de expropiación desde marzo de 2012, lo cierto es que se alega como fundamental conocimiento del acto ilegal o arbitrario precisamente la situación acontecida con la negativa a entregar el cheque indemnizatorio por el bien raíz expropiado, fundada ella en existir un error en el rol de avalúos, de lo cual se tomó conocimiento con fecha 17 de septiembre pasado. Así, más allá de estar en conocimiento del respectivo proceso de expropiación, cuyos términos aparentemente no fueron cuestionados, es la resolución judicial negativa de entrega del documento mercantil la que determina en definitiva la toma de conocimiento por el recurrente de la situación que en su recurso expone, con los fundamentos que se explican, lo que hace oportuno y no extemporánea la interposición del libelo con fecha 26 de septiembre de 2014.

QUINTO: Que, en lo que respecta a la alegación de rechazo de la acción constitucional por cuanto existe un juicio contencioso especial previsto por la ley para discutir esta clase de materias, efectivamente, el Decreto Ley N° 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, establece un procedimiento específico para el conocimiento y resolución de los asuntos promovidos con ocasión de una expropiación, tanto en lo que a la determinación y materialidad del inmueble se refiere, como al monto y pago o solución de la correspondiente indemnización, sede jurisdiccional donde es dable plantear las pretensiones de las partes, y en casos como el que nos ocupa, es posible plantear las inquietudes que aduce la recurrente en su libelo. Asimismo, la Ley N° 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, normativa aplicable también a la especie.

SEXTO: Que son hechos de la causa que se informó por el recurrido como correspondiente al lote expropiado N° 7, el rol de avalúos N° 5046-008, en circunstancias que correspondía informar al rol n° 5046-002, error de cita que se contiene en el Decreto N° 1532, del 30 de septiembre de 2013. Verificado lo anterior, como lo explica el el recurrido Ministerio de Obras Públicas, se ha iniciado el trámite correspondiente para la dictación de un decreto rectificatorio, mediante la resolución S. R. M. Ex. N° 522, de fecha 26 de septiembre de 2014, por la que se rectifica el rol del lote expropiado.

En razón de lo anterior, los tasadores han procedido a modificar su acta o informe de tasación, corrigiendo el rol de avalúos, aclarando que materialmente el terreno expropiado no ha cambiado, y encontrándose pendiente la dictación del decreto que sancione finalmente el cambio de rol, a fin de lograr una correcta individualización del inmueble.

Considerando lo anterior, y tratándose del mismo retazo de terreno –lote Nº 7- que se ha de expropiar, carece de asidero la afirmación de la recurrente en orden a que se le haya privado de la propiedad de un bien raíz en forma ilegal o arbitraria, ni se aprecia de qué modo sería posible afectar a su respecto la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y la libertad para adquirir toda clase de bienes, construcción teórica del recurso que no se apoya en un asidero fáctico plausible, más allá del derecho de la recurrente para obtener la indemnización que estime justa, materia ésta a discernir por la vía administrativa o bien si ello es pertinente, en juicio de lato conocimiento, y no mediante una acción eminentemente cautelar de garantías como la presente.

SEPTIMO: Que del modo señalado, el acto impugnado no constituye una determinación arbitraria, dado que efectivamente el actuar de la administración no se aprecia motivado sólo por la sola voluntad o el capricho, sino acorde a sus atribuciones constitucionales y legales en un caso de expropiación previsto por la ley, más allá del error cometido en la consignación del rol de avalúos del expropiado lote de terreno Nº 7 al sindicarlo como rol Nº 5046-008, situación que pone en evidencia lo inconveniente de llevar a cabo procedimientos expropiatorios complejos como el presente, con el solo mérito de aquel documento o certificado de avalúo, siendo evidentemente recomendable un estudio apropiado y concienzudo de los títulos de la propiedad raíz que se trata de expropiar, más allá de su número de rol. En todo caso, se trata de un yerro respecto del cual se han tomado ya por la recurrida las medidas atingentes para enmendar la situación, esto es, a sindicar correctamente el rol de avalúos del lote Nº 7, esto es, el 5046-002, de la comuna de Punta Arenas, inmueble a expropiar.

No se está tampoco ante un acto ilegal, pues la consignación de la indemnización provisional se ha seguido de acuerdo a la ley citada, y si bien efectivamente existió el error en la nomenclatura del respectivo rol de avalúos, éste ya está próximo a ser corregido para continuar con la tramitación y hacer pago a la recurrente de la pertinente indemnización, y desde ese punto de vista, los efectos del acto atacado a través de este recurso ya no se están produciendo.

OCTAVO: Que resulta conveniente dejar asentado que –según los antecedentes aportados por la recurrida- la tasación del Lote N° 7, más allá del error en la cita o escritura del Rol de Avalúos, se llevó a cabo materialmente, apreciando el terreno que objetivamente corresponde a lo expropiado, esto es el llamado lote N° 7, situación evidenciada en el procedimiento judicial Rol V 164-2013 siendo aquella la sede donde la recurrente puede plantear sus argumentaciones y pretensiones, o bien de lato conocimiento. En este orden de consideraciones, las objeciones u observaciones que la parte expropiada estime o haya considerado atingente plantear, tales como la ubicación, el destino del inmueble en relación al precio de la expropiación, el monto de la indemnización, la individualización precisa de los inmuebles y cuestiones de ese carácter, son factibles de enarbolar en defensa de sus derechos y con la posibilidad de controvertir los planteamientos del Fisco, mas aquello excede las finalidades de un recurso de protección. Lo anterior, considerando igualmente lo afirmado por la recurrida y no cuestionado por la recurrente, en orden a que con la información proporcionada por don nombre reservado en relación al error en el rol de avalúos, inmediatamente se ha iniciado un proceso administrativo rectificatorio, a fin de consignar correctamente el rol de que se trata, sin que las partes discutan que lo efectivamente expropiado es el llamado lote Nº 7.

NOVENO: Que además resulta útil consignar que, como lo ha reiterado la Excma. Corte Suprema de Justicia, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de especial naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos pre existentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amenace o moleste ese ejercicio. En este caso, frente al procedimiento de expropiación del lote Nº 7 ya individualizado, y asumido el error cometido por la recurrida al señalar dígito final del rol de avalúos, se han adoptado ya por esa parte los arbitrios necesarios para subsanar tal yerro, con lo que no se avizoran por ésta Corte medidas que adoptar a fin de resguardar los derechos constitucionales que se sindican como inopinadamente afectados.

DECIMO: Que del modo que se viene anunciando, el recurso de protección presentado a fojas 3 no puede ser acogido, pues si bien los supuestos fácticos en que éste descansa - el error cometido durante el procedimiento de expropiación en la consignación del rol de avalúos- no son cuestionados por recurrente ni recurrido, lo cierto es que dichos actos –erróneos- no por ello tienen la calidad de arbitrarios o ilegales del modo señalado en el considerando primero, sino como se ha dicho, se trata de eventos que se vienen subsanando mediante las medidas encaminadas a la rectificación del rol, y así, no se está ante un acto de aquellos que ameritan la protección mediante la presente acción constitucional, por cuanto merced al error en el dígito final no se aprecia un cambio efectivo del terreno a expropiar, con lo que no existe un derecho pre constituido que haya sido evidentemente afectado, ni medidas inmediatas que asumir a fin de enmendar la situación, ni menos aún un imperio del derecho que restablecer.

No obsta a lo recién señalado las observaciones de la parte recurrente acerca de materias de fondo de la expropiación, tales como la adquisición de la propiedad, las características del lote afectado y si se trata de una propiedad agrícola o comercial a fin de resolver su tasación por la respectiva comisión, circunstancias todas susceptibles de ser planteadas en un procedimiento de expropiación, de acuerdo a las normas del Decreto Ley N° 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, a fin de establecer la suma definitiva a pagar por el retazo de terreno de que se trata. Por lo anterior además no es la presente entonces, la sede idónea para discutir y resolver esta clase de planteamientos de fondo, pues en fin, una controversia como la propuesta requiere de suyo, para su acertada solución, determinar si el predio expropiado amerita la indemnización provisoria o definitiva que se pretenda pagar, considerando al efecto las normas citadas, los antecedentes fácticos y los elementos de convicción que se aporten en el procedimiento respectivo.

De este modo, la naturaleza eminentemente cautelar del recurso de protección y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sublite, puesto que la materia en que se basa el libelo de fojas 3, no se condice con el ámbito de este recurso, del modo explicitado en los considerandos que anteceden, al no apreciarse un derecho constitucional amagado o afectado en razón de los hechos que se invocan, no concurriendo en consecuencia los presupuestos necesarios para su procedencia, imponiéndose por tanto su rechazo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE DESESTIMA el deducido por don José Luis Pérez Tapia en representación de sociedad "Comercial Rio Chabunco Limitada", en contra del Ministerio de Obras Públicas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro interino Sr. Rojas.

Rol Protección N° 349-2014.

DICTADA POR LA SRA. MINISTRA TITULAR, DOÑA MARTA JIMENA PINTO SALAZAR, SR. MINISTRO INTERINO, DON GONZALO ROJAS MONJE Y SRA. nombre reservado, DOÑA CARMEN GONZALEZ MUNDACA. AUTORIZA DOÑA nombre reservado, SECRETARIA TITULAR.

En Punta Arenas, a once de diciembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.