Protección contra HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Punta Arenas, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece antes esta Corte de Apelaciones nombre reservado

nombre reservado, chileno, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cédula de identidad Nro. NUM000, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo en favor de doña nombre reservado, chilena, casada, psicóloga, cédula de identidad Nro. NUM001, domiciliada en domicilio reservado y en contra del HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES (Dr. Lautaro nombre reservado), persona jurídica de Derecho Público, RUT RUT reservado, representado legalmente por su director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Punta Arenas, por los actos ilegales y arbitrarios que han desembocado en la no renovación de la contrata de la protegida, lo cual le fue comunicado vía correo electrónico con fecha 17 de junio de este año, lo que vulnera flagrantemente sus garantías constitucionales.

Expone que la recurrente con fecha 20 de enero del 2025, comenzó a prestar servicios en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes como psicóloga a contrata asimilada a grado 15° de la EUS de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, en primera instancia por reemplazo de don nombre reservado, psicólogo de esa misma unidad quien retomó sus labores días después del ingreso de la protegida. Es dable puntualizar que la contratación en cuestión durante todo el año 2025 se fue renovando mes a mes, cuyos informes de desempeño librados por Su superior jerárquico don nombre reservado, refieren a un nivel de trabajo sobresaliente, motivo por el cual y dada la alta demanda de pacientes afectados por salud mental, el vínculo contractual fue extendido mensualmente en la presente anualidad, cuya proyección comprendía hasta el 31 de diciembre con plenas expectativas de seguir prolongándose al año venidero.

Hace presente que el día 11 de marzo de este año la recurrente, luego de haber soportado sistemáticamente una serie de actos acometedores por parte de don nombre reservado

nombre reservado que se traducían en un reiterado cuestionamiento profesional realizado en términos displicentes y peyorativos, al extremo de desacreditar sus opiniones clínicas ante otros funcionarios, arrogándose incluso facultades directivas con un ánimo incisivo, impartiéndole órdenes acerca de cómo intervenir y abordar a un paciente, optó por presentar una denuncia por acoso laboral al amparo de la Ley 21.643 (Ley Karin), la que dio paso a la instrucción con fecha 16 de marzo del sumario administrativo Nro. NUM002 por parte del centro de salud recurrido, el cual a esta época se encuentra siendo sustanciado por la fiscal sumariante doña nombre reservado, la cual no adoptó ninguna medida de resguardo, por cuanto a los pocos días de haberse iniciado el proceso, el denunciado hizo uso de licencia médica prolongada.

Refiere que con fecha 17 de junio de este año, y luego de haberse reintegrado el denunciado a sus labores en la unidad, su superior directo don nombre reservado le comunicó verbalmente a la recurrente que su suplencia bajo la figura de encomendación se extendería sólo hasta el día 30 del referido mes, indicándole como justificación un “presunto recorte presupuestario” que incidía determinantemente en el ítem de contratación, lo cual afectaba a todas las personas contratadas bajo dicho régimen.

Agrega que se ha vulnerado el articulo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República ya que la recurrente no ha sido tratada en igualdad de condiciones alusivo a otras personas en su misma o idéntica posición, sino por el contrario, ha recibido un trato discriminatorio y del todo distinto a otros funcionarios públicos, aplicando únicamente a su respecto de manera arbitraria y sin fundamentación ni razonabilidad un criterio distinto y derechamente sectario que llevó a la terminación injustificada de su contratación, medida que al parecer busca, en su desmedro, otorgar concesiones al denunciado, pasando por alto su calidad de denunciante y las medidas protectoras que militan en su favor.

Solicita, acoger el recurso con costas.

Acompaña, antecedentes al efecto.

Informa PAULA ESTER AVELLO REYMAN, abogada, en representación, del HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES “DR.

LAUTARO nombre reservado” DE PUNTA ARENAS, solicita el rechazo de la acción con costas.

Indica que doña nombre reservado, de profesión psicóloga, fue contratada por el Hospital Clínico de Magallanes, para realizar el reemplazo de distintos funcionarios de la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría Adulto (UHCIP A), del Centro de Responsabilidad Psiquiátrica del Hospital, que durante el año 2025 y 2026 fueron designados en cometidos funcionarios para apoyar el “Programa de Enlace Psiquiatría” del Establecimiento, ausentándose de sus labores habituales de psicólogo clínico de la unidad.

Sostiene que para dar continuidad a sus labores en la UHCIP Adulto se autorizó la contratación de un reemplazo externo en enero de 2025, en forma mensual, a fin de ir evaluando la posibilidad de reforzar el Programa de Enlace con personal interno y poner término a los cometidos de los funcionarios de la unidad, o bien, cubrir sus funciones en la unidad con personal interno del Establecimiento, además, de ir evaluando la disponibilidad de recursos para el financiamiento de esta estrategia. El 20 de enero de 2025 se contrata el primer reemplazo a D. nombre reservado por 12 días, que posteriormente se fue renovando mensualmente hasta el día 30 de junio de 2026.

Indica que el 22 de abril de 2026 a través de la Circular N°2, la Dirección del Servicio de Salud Magallanes, instruyó a los hospitales de la red nuevas medidas para la aplicación de la rebaja presupuestaria del subtitulo 21 para este año, disponiendo que, entre otras medidas restringir la incorporación de personalidad bajo la modalidad de respaldo y es en este orden, por medio del Memo N° 48 de 9 de junio de 2026, la Dirección del HCM, instruyó a las Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, dar cumplimiento a las medidas de contención del gasto. En conformidad a las medidas de gestión mencionadas, el hospital viene trabajando desde el año 2024 logrando rebajar en forma gradual sus cometidos funcionarios de 179 al 31.07.2024 a 68 al 31.07.2026, a través de la difusión interna de las medidas y trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas con las jefaturas de cada unidad y servicio clínico, logrando la redistribución de funciones y gestión interna del personal de su dotación, en forma escalonada, a fin de no afectar la continuidad de la atención hospitalaria.

Sostiene que la jefatura de doña nombre reservado, el Dr. nombre reservado, Médico jefe del CR. Psiquiatría, en todo momento le informó de que su reemplazo sería transitorio y que podría terminar por requerimiento del hospital. Tal como consta en correo electrónico de fecha 23.07.2026 y así, las cosas con fecha 17.06.2026 se informa a doña nombre reservado que su reemplazo del mes de junio de 2026 terminaba el día 30 sin renovación, por las razones presupuestarias y medidas de contención antes señaladas, razones que, como bien describe el recurrente, le fueron explicadas por su jefatura.

Concluye, que en el presente caso la decisión de no renovar el reemplazo contratado a doña nombre reservado se debió a que ya no eran necesarios sus servicios, por haber retornado a sus funciones habituales los funcionarios a quienes reemplazaba, decisión de buena gestión y administración de recursos totalmente razonables y ajustada a la ley. Que, es tomada respecto de todas aquellas personas con contratos transitorios en los que ya no sean necesarios sus servicios.

En el caso particular de la actora, cabe señalar que, y tal como consta en cuadro comparativo elaborado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Establecimiento incorporado previamente a esta presentación, solo en el mes de junio de 2026 el HCM puso término a 9 cometido funcionarios cuyo personal era suplido o reemplazo con personas externas a la institución, como parte de las medidas de contención del gasto en personal del hospital. En consecuencia, no existe una vulneración al derecho a la igual ante la ley, considerando que a doña nombre reservado se dio exactamente el mismo trato que a cualquier otra persona en la misma situación, debiendo la autoridad adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a su deber de optimización de los escasos recursos con que se cuenta.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario la actora, lo hace consistir en la no renovación de su contrata resolución exenta N° NUM003 del Hospital Clínico de Magallanes.

CUARTO: Que, para resolver la controversia puesta en conocimiento de esta judicatura, conviene tener presente que el inciso 1º del artículo 10 de la Ley N°18.834 prevé que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y “los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Por tanto, la decisión de no renovación del vínculo a contrata, por regla general, no puede constituir una ilegalidad o arbitrariedad, salvo que se hubiera previamente dispuesto su prórroga con 30 días de anticipación, cuyo no es el caso. A lo anterior, se adiciona la excepción que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia respecto de la confianza legítima, para lo cual se requiere el cumplimiento de determinados requisitos.

QUINTO: Que, La Jefatura directa de la recurrente comunico expresamente la decisión de no renovar su contrata, la que expiraba el día 30 de junio del año 2026, fundándose en el proceso de medidas para la aplicación de la rebaja presupuestaria para el año 2026, que dispuso entre otras medidas que se debía restringir la incorporación de contratación de personal bajo la modalidad de respaldo (reemplazos).

SEXTO: Que, de esta forma, el acto impugnado no contraviene la ley, más aún considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resultan arbitrarios o antojadizos, pues, contienen los fundamentos que la justifican.

SEPTIMO: Que, como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital Clínico de Magallanes, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº344-2026 PROTECCIÓN.