nombre reservado con INVERSIONES PATAGONIA S.A. Y EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL S.A.

Punta Arenas, cinco de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Hugo Chávez Leiva, abogado, en representación de don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de Inversiones Patagonia S.A., legalmente representada por don nombre reservado y de Empresa de Publicaciones La Prensa Austral S.A., cuyo representante legal es don nombre reservado, solicitando se acoja el arbitrio en todas sus partes, y en definitiva, se elimine en todas sus formas la publicación que impugna, restableciendo el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por un acto arbitrario e ilegal.

Funda su acción señalando que el diario de circulación local y nacional “El Pingüino” de Punta Arenas, en su edición de 18 de marzo de 2019, titula en portada “Tres condenas por comercio clandestino y uso de facturas falsas en la región dictó Juzgado de Garantía. Un total de tres sentencias condenatorias por los delitos de comercio clandestino y uso malicioso de facturas falsas, dictó en julio el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, según lo dio a conocer el Servicio de Impuestos Internos (SII) de nuestra ciudad. Facturas falsas. La tercera de las condenas corresponde a nombre reservado, quien incorporó en los meses de agosto y septiembre de 2009 y mayo de 2010, tres facturas ideológicamente falsas que daban cuenta de operaciones inexistentes y con lo cual procedió a aumentar maliciosamente el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, ocasionando un perjuicio fiscal de $9.142.851. Es así como mediante sentencia de1 25 de julio de 2015, el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, condenó al imputado por su participación en calidad de autor en el delito de aumento indebido de crédito fiscal mediante uso malicioso de facturas ideológicamente falsas, previsto en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y multa equivalente al 50% de lo defraudado." Agrega que el diario La Prensa Austral señaló exactamente lo mismo.

Estima que dichas publicaciones afectan la dignidad de su representado, el cual ya se encuentra cumpliendo la salida alternativa que propuso el Juzgado de Garantía de Natales, vulnerándose con ello la garantía fundamental del artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Informa por la recurrida Empresa de Publicaciones La Prensa Austral S.A, el abogado don Mauricio Sandoval Romero, quien solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, por no constituir los hechos en que se funda un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos garantías fundamentales invocados; sino que la publicación efectuada el día 18 de marzo del presente en el Diario La Prensa Austral, constituye el ejercicio de la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, con expresa condenación en costas.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso, por cuanto, pese a que en el libelo se señala que la noticia se habría publicado en portada en la edición de 18 de marzo de 2019, si se examina el documento acompañado por el actor aparecen dos fechas impresas, una del 12 de abril de 2019 y otra del 18 de agosto de 2015, correspondiendo la primera a aquella en que el recurrente consultó en el archivo mediante el buscador que tiene la página web del diario, es decir, si se consulta respecto del actor en el día de hoy aparecerá como fecha de la consulta el 2 de mayo de 2019; siendo la segunda de las fechas mencionadas aquella que corresponde a la publicación que supuestamente vulnera los derechos fundamentales del actor, según se aprecia del mencionado documento.

Añade que si se considera que el actor fue condenado por el Juzgado de Garantía de la ciudad de Puerto Natales, es evidente que tomó conocimiento de la publicación al momento de ocurridos los hechos, por tanto, ante la sí estimó vulnerados sus derechos fundamentales, debió accionar de inmediato, sin embargo, dejó transcurrir aproximadamente tres años y ocho meses para hacerlo, encontrándose absolutamente vencido el plazo para interponer la presente acción, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 10 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Luego, reconoce que con fecha 18 de agosto de 2015, su representada publicó la notifica referida por el actor en su libelo.

Sostiene que nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 19, numeral 12, asegura a todas las personas: "la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado"; misma garantía o derecho fundamental consagrado en los Tratados internacionales ratificados por Chile, al efecto transcribe el artículo 13, numerales 1 y 2 del Pacto de San nombre reservado Rica y el artículo 1° de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Conforme a ello, concluye que no existe acto arbitrario e ilegal ya que su representada ejerce lícitamente la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma, y por cualquier medio, consagrada a nivel constitucional, internacional y legal. Añade que el público tiene derecho a conocer y por consiguiente debe ser informado por los medios, haciendo uso de su libertad en cuanto a seleccionar la forma, el momento, los alcances de aquello en que tiene interés o relevancia pública.

Esgrime que informar, atiende a un interés general, porque en tiempos de preocupación ciudadana por la extensión e intensidad de las actividades delictivas y abusivas, se presentan al público hechos de suma gravedad y alto interés público o general, como el publicado; criterio que ha sido ratificado por nuestra jurisprudencia, señalándose que toda regulación que implique limitación a este derecho debe ser interpretada restrictivamente, citando sentencias en apoyo de su argumentación.

De acuerdo a lo anterior el actuar de su representada en caso alguno afecta la integridad psíquica la vida privada y la honra de la persona y su familia, por cuanto se trata de información de prensa acerca de un hecho de carácter público.

Asimismo, de acuerdo al inciso 2° del N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y ante una colisión de garantías entre el derecho al honor y la libertad de información sobre hechos de interés público o general, se inclina en favor de la libertad de información, de manera tal que aquella cede ante ésta, al señalar que sólo se afecta el derecho al honor en la medida que se impute un hecho falso o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona. En el caso de autos, no se ha imputado ningún hecho falso, sino que por el contrario se trata de hechos esencialmente veraces, y, en todo caso, existe plena justificación para la publicación, toda vez que la información tiene un contenido de interés público o general que justifica su difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía. (Sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 98.661-2015 confirmado por la Excma. Corte Suprema rol N° 803-2015)

Conforme a lo expresado se concluye que es improcedente el recurso de protección.

Informa por la recurrida Patagónica Publicaciones S.A., el abogado don José Luis Pérez Tapia, quien solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Solicita la inadmisibilidad de la acción de protección, en razón de su extemporaneidad, ya que la publicación que se impugna data realmente del 18 de agosto de 2015, momento en el cual se produjeron los hechos señalados, misma oportunidad en que el actor tomó conocimiento de los hechos, sin embargo se mantuvo en la pasividad hasta este momento, de modo que el plazo de prescripción de la acción interpuesta se encuentra ampliamente vencido.

Luego esgrime que la acción cautelar es improcedente, ya que los hechos denunciados como vulneratorios de garantías constitucionales, son, en realidad, materias de un proceso de competencia de los tribunales ordinarios, sean civiles o penales, o bien, el ejercicio del derecho de aclaración y rectificación regulado en la Ley N° 19.733, artículos 16 a 21, que requieren de términos probatorios para acreditar la existencia de un derecho y/o las responsabilidades derivadas de un hecho ilícito. Alude que la recurrente habría sido negligente en el ejercicio de sus derechos; por cuanto habría dejado transcurrir el plazo de prescripción previsto en el artículo 20 de la citada ley, esto es, 20 días desde la fecha de emisión, optando luego por el recurso de protección, con el objetivo de lograr la supresión de la noticia. Asimismo, existen otras dos vías para hacer efectiva una supuesta responsabilidad de su representado: querella criminal por injurias o calumnias, tratadas en los artículos 412 y siguientes del Código Penal, o bien, accionar en sede civil, mediante una demanda por difamación, según el estatuto de la responsabilidad extracontractual y lo señalado en el artículo 2331 del Código Civil.

Resulta también improcedente la acción, por cuanto no existen los presupuestos legales para ello, ya que en el caso de marras, el actor no discurre si se trata de una privación, perturbación o amenaza de sus derechos constitucionales, no obstante que la doctrina y jurisprudencia son muy claros en sostener que para que proceda el recurso de protección la amenaza a los derechos debe ser seria, real, precisa y concreta en sus resultados, por lo que debe ser rechazado.

Tampoco existen actos u omisiones ilegales o arbitrarios, ha cumplido a cabalidad con todas las normas legales y reglamentarias que regulan la materia. El actor arguye que la información entregada por el diario le es vulneratoria a sus derechos fundamentales; sin embargo la información publicada no corresponde a una opinión que concierna a su representado, sino que, por el contrario, se trata de una relación del fallo pronunciado por el Juzgado con fecha 25 de Julio de 2015. Al efecto se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, que establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La noticia entregada no se refiere a hechos falsos. Igualmente debe descartarse la arbitrariedad en su conducta, pues el diario, ha obrado en forma lógica, racional y legítimamente, limitándose a reproducir la información contenida por el fallo en cuestión, sin manifestar opinión al respecto, de modo que el mencionado acto no carece de fundamento racional, ya que sí posee motivación que lo sustenta y no constituye una discriminación injustificada entre sujetos de derecho de la misma condición.

Adiciona que no existiendo actos u omisiones arbitrarias e ilegales no puede ser conculcada ninguna de las garantías constitucionales, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuando, a mayor abundamiento, la recurrente no entrega fundamento ni desarrolla de manera alguna como este derecho se vería conculcado con la actividad de la recurrida. Precisa que el actuar del diario se ampara en lo dispuesto en el artículo 19 N° 12 de la Constitución que consagra la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa.

Encontrándose la causa en estado, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la publicación efectuada por las recurridas en los diarios de circulación regional “El Pingüino” y “La Prensa Austral”, donde se alude a una condena dictada en su contra como autor del delito de aumento indebido de crédito fiscal mediante uso malicioso de facturas ideológicamente falsas, lo que habría tenido lugar el día 18 de marzo de 2019, lo que estima afecta su dignidad.

TERCERO: Que, en tanto que ambas recurridas solicitan el rechazo del recurso, alegando su extemporaneidad, en atención a que la publicación impugnada se efectuó el día 18 de agosto de 2015 y no en la data señalada por el actor; para luego instar también por la desestimación, fundado en que no existe acto u omisión ilegal ni arbitraria, como tampoco vulneración de las garantías fundamentales invocadas.

CUARTO: Que, conforme lo dispone el Auto Acordado Sobre Tramitación de Fallo y Recursos de Protección, el recurso debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de ésta desde que haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expresado por las partes y documentos acompañados al proceso, es posible establecer que las publicaciones en cuestión, se efectuaron el día 18 de agosto de 2015; y no el día 18 de marzo de 2019, como erróneamente señala el actor. De ellas, no es posible sino concluir que el actor tomó conocimiento del acto contra el cual recurre en la fecha de su emisión, ya que no se ha alegado alguna circunstancia extraordinaria que permita razonar de contrario, cuando, a mayor abundamiento, se trata de hechos de carácter público y que le afectan directamente. En este orden, se debe tener, además, presente que la acción cautelar fue interpuesta recién el día 12 de abril del año en curso, mediante Oficina Judicial Virtual.

De lo anterior, se concluye que la acción cautelar es extemporánea, al interponerse vencido que fuera el plazo previsto para ello.

SEXTO: Que, así las cosas se hace improcedente entrar analizar la supuesta ilegalidad u arbitrariedad reclamada como igualmente una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado por el abogado don Hugo Chávez Leiva, en representación de don nombre reservado; en contra de Inversiones Patagonia S.A., y de Empresa de Publicaciones La Prensa Austral S.A.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Rol 344-2019. Protección.