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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 340-202618 ago 2026

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
18 de agosto de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 340-2026, sentencia de 18 de agosto de 2026

Resumen

Se rechaza la protección porque el directorio puede evaluar caso a caso la intervención del Consejo y no se acreditó actuación ilegal o arbitraria ni arrogación de facultades disciplinarias.

Texto íntegro

nombre reservado, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Compareció don ÁLVARO PÉREZ ASTORGA, abogado, C.I. RUT reservado, domiciliado para estos efectos domicilio reservado, e interpone recurso de protección constitucional en favor del CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA del nombre reservado, órgano colegiado integrado por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del directorio general del nombre reservado, representado por su Superintendente, don Rubén Ernesto Pérez Gallardo, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario contenido en el Ord. N°39/2026 de fecha 15 de junio de 2026, mediante el cual se rechazó la solicitud de convocatoria de la Junta Superior de Disciplina, infringiendo el debido proceso y las normas estatutarias que regulan la potestad disciplinaria.

Entiende vulneradas las garantías del Igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 y la garantía de no ser juzgado por una comisión especial del artículo 19 N°3, inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Indica Con fecha 30 de abril de 2026, el Capitán de la Segunda Compañía "Bomba Chile", don nombre reservado, presentó una denuncia formal ante el directorio general. Esta denuncia expone hechos ocurridos el 27 de abril de 2026 durante el combate de un incendio estructural en el sector Huerto 26. Los hechos denunciados revisten una gravedad extrema, al afectar directamente el principio de jerarquía y el mando operativo, detallando conductas ejecutadas por el segundo comandante que transgredieron protocolos fundamentales de seguridad operacional y pusieron en peligro la integridad física de los voluntarios. Pese a la naturaleza de los hechos, el directorio general, mediante el Ord. N°39/2026, notificó la negativa a convocar a la Junta Superior de Disciplina tras someter la solicitud a una votación política (2 votos a favor y 6 en contra).

Estima que, con este proceder, el directorio general ha impedido arbitrariamente el funcionamiento del órgano natural competente, radicando en sí la potestad disciplinaria y sustituyendo un procedimiento reglado por un juicio político basado en mayorías, dejando en la indefensión a quienes denunciaron faltas que comprometen los pilares de la institución.

Indica que el acto recurrido es el Ord. N°39/2026, de fecha 15 de junio de 2026, emitido el Superintendente nombre reservado, don Rúben Pérez Gallardo, mediante el cual comunicó el rechazó a la solicitud de convocatoria de la Junta Superior de Disciplina para conocer la denuncia presentada por el Capitán de la Segunda Compañía, fundamentando dicha negativa en una votación política de sus miembros y desconociendo la competencia técnica de tres integrantes del referido órgano disciplinario.

Refiere que la actuación del directorio general es ilegal y arbitraria, pues carece de toda habilitación legal o estatutaria para arrogarse facultades jurisdiccionales. Más aún, esta actuación contraviene de forma directa el artículo 15° del Reglamento del nombre reservado, norma que, si bien faculta al directorio para provocar la intervención del Consejo Superior de Disciplina en casos de gravedad establece una prohibición expresa y categórica al señalar: "No podrá, sin embargo, arrogarse facultad disciplinaria alguna".

Señala que el Directorio no tiene competencia para realizar juicios de admisibilidad ni para vetar el funcionamiento del órgano natural. Al hacerlo, ha transformado una instancia meramente administrativa en un tribunal de excepción que decide, según mayorías circunstanciales, quién debe ser juzgado, infringiendo tanto la arquitectura institucional diseñada en su propio reglamento como el principio de legalidad. En segundo lugar, se infringe el artículo 553, inciso 2° del Código Civil, que señala expresamente: “La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos con􀄇eran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.” Asimismo, esta actuación contraviene el mandato perentorio del Artículo 20° del Reglamento institucional, que ordena que el Consejo Superior de Disciplina "procederá al juzgamiento" una vez recibida la causa, sin que exista norma reglamentaria que faculte al directorio para interrumpir o filtrar dicho procedimiento.

Solicita tener interpuesto el presente recurso de protección, acogerlo, ordenando dejar sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido en el Ord. N°39/2026 de fecha 15 de junio de 2026, ordenar que se constituya el Consejo Superior de Disciplina a fin de conocer de la denuncia presentada por el Capitán don nombre reservado, con estricta sujeción a la normativa institucional y al artículo 553 del Código Civil y finalmente ordenar al recurrido abstenerse de intervenir, resolver o pronunciarse sobre materias propias de la potestad disciplinaria cuya competencia corresponda al órgano disciplinario institucionalmente establecido.

Acompaña, antecedentes al efecto.

Informando el recurso compareció Javier Solís Uribe, abogado, en representación de la Superintendencia del nombre reservado, solicitando sea rechazado todas partes con expresa condenación en costas.

Expone primeramente la falta de legitimación activa de la recurrente al no existir un mandato al abogado para comparecer, luego indica que el Consejo Superior de disciplina es un órgano colegiado interno de la institución (nombre reservado). Como tal, no actúa por iniciativa individual de un tercero, sino a través de la voluntad expresada por sus integrantes mediante acuerdos formales (actas de sesión). Para que este órgano decida entablar una acción judicial contra el directorio general, debe existir un acuerdo previo y formal tomado en sesión del Consejo, en el que expresamente se decida accionar judicialmente y se faculte a una persona o al abogado para representarlos. Si no existe dicho acuerdo o acta, el órgano simplemente no ha manifestado la voluntad de litigar.

Indica que, en el estatuto del nombre reservado, que se acompaña a este informe en el artículo 25º, se indica que el directorio general sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del que preside, salvo en aquellos casos que se exija una mayoría superior. El artículo 27º del mismo Estatuto señala que el directorio general tendrá las siguientes atribuciones, j) provocar la intervención del Consejo Superior De Disciplina para el juzgamiento de cualquier caso que estime de que afecte la imagen de la institución.

Refiere que la intervención del Consejo Superior de disciplina sólo se produce por provocación del directorio general y qué se refiere a cualquier caso que el directorio estime. Señala que, el título X del Estatuto trata sobre la comandancia, señalando en el artículo 35º que el comandante tiene el mando activo del cuerpo. Durante las emergencias a la que asista el nombre reservado, el comandante ejercerá el mando como autoridad jerárquica superior de manera absoluta e impartirá las instrucciones para el trabajo de las compañías, las que deberán ser obedecidas sin discusión, por todos los bomberos presentes en la emergencia y ejecutadas de manera oportuna y eficaz por los capitanes y tenientes o quiénes hicieran sus veces. El título XIII el Estatuto establece el régimen disciplinario del cuerpo y de las compañías. El artículo 47º señala la forma en que estará integrado el Consejo Superior de disciplina. El artículo 48 señala que este organismo conocerá de las materias que le asigne el reglamento general que podrá aplicar las sanciones que dicho reglamento establezca. En ninguna parte de dicho título se establece una facultad discrecional de este organismo para intervenir en tema no regulado por el referido reglamento.

Añade que, el artículo 15 del referido reglamento señala que: “el Directorio General podrá intervenir en cualquier asunto o incidente que suceda en el cuerpo en general o en las compañías en particular y podrá provocar la intervención del Consejo Superior de disciplina en todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre y buen servicio de una o más compañías y podrá también exigir de estas que juzguen la conducta de aquellos bomberos que aún en actos ajenos al servicio comprometan gravemente el honor y dignidad que debe mantener el bombero. Agrega en un inciso final ese artículo que no podrá, sin embargo, arrogarse facultad disciplinaria alguna”.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe requerido en autos e independiente de la falta de legitimación activa de parte del recurrente y de la falta de mandatos para actuar en representación del Consejo Superior de disciplina y sin que exista un buen acuerdo específico del consejo para recurrir de la manera como lo ha hecho su apoderado, los argumentos esgrimidos son más que suficiente para tener por rechazado en todas sus partes del recurso de protección interpuesto todo ello con expresa condenación, en costas.

Encontrándose la causa en estado en ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie, se ha deducido recurso de protección estimando la recurrente, ilegal y arbitrario el Ord. N°39/2026, de fecha 15 de junio de 2026, emitido por el Superintendente del nombre reservado, don Rúben Pérez Gallardo, mediante el cual comunicó el rechazó a la solicitud de convocatoria de la Junta Superior de disciplina para conocer la denuncia presentada por el Capitán de la Segunda Compañía.

CUARTO: Que, al evacuar informe, la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, del análisis de las alegaciones y documentos aportados por las partes, no se logra acreditar que la actuación de la recurrida constituya una actuación ilegal o arbitraria, toda vez que, como se señala incluso por la recurrida, el artículo 15 del “Reglamento del nombre reservado” expresa que el Directorio General podrá intervenir en cualquier asunto o incidente que suceda en el cuerpo en general o en las compañías en particular y podrá provocar la intervención del Consejo Superior de disciplina en todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre y buen servicio de una o más compañías y podrá también exigir de estas que juzguen la conducta de aquellos bomberos que aún en actos ajenos al servicio comprometan gravemente el honor y dignidad que debe mantener el bombero y agrega en un inciso final ese artículo que no podrá, sin embargo, arrogarse facultad disciplinaria alguna.

SEXTO: Que, no se advierte que el Directorio General se haya arrogado facultades que no le competen, ya que tal cual se señala en el considerando anterior, es este directorio el que debe evaluar, caso a caso, si es necesaria la intervención del Consejo Superior de disciplina, pudiendo provocar la intervención de este Consejo cuando así lo estime pertinente, lo que en este caso no ocurrió, no significando por ello que el directorio se arrogue facultades disciplinarias, advirtiéndose que la norma que se alega infringida no lo ha sido.

SEPTIMO: Que, así las cosas, se advierte que la actuación de la recurrida no puede estimarse como ilegal o arbitraria, incumpliéndose con el requisito descrito en la letra b) del considerando segundo, por lo cual la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don ÁLVARO PÉREZ ASTORGA, abogado, en favor del Consejo Superior de disciplina del nombre reservado, en contra Directorio General del nombre reservado, representado por su Superintendente, don Rubén Ernesto Pérez Gallardo, sin perjuicio de otros derechos que le asisten.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante Sra. Sintia Orellana Yévenes.

ROL N°340-2026.PROTECCION. -