Protección contra COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Punta Arenas, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGION DE MAGALLANES y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de licencias médicas extendidas a su favor.

Expresa que el 11 de junio se le notifica por correo electrónico el pronunciamiento de la licencia médica antes referida -folio No 3-117353309- la cual fue rechazada por la causal “NO ES POSIBLE ACREDITAR EL VÍNCULO LABORAL CON EL EMPLEADOR”. Agrega que su segunda licencia, folio N° 1-39393094 (8 de mayo al 6 de junio de 2025), fue derivada a apelación ante la SUSESO, institución a la que concurrió de manera presencial y en la cual se le indicó que por ser tema administrativo debía dirigirse a la Corte de Apelaciones. Posteriormente, su tercera licencia, folio N° 119353541 (7 de mayo al 5 de agosto de 2025), fue rechazada por la Contraloría Médica.

Relata su complejo estado de salud, detallando que inicialmente se trataba de exámenes de control por un nódulo pulmonar, pero tras nuevos exámenes se detectó un tumor maligno hepático inoperable, siendo el tratamiento indicado radioterapia.

Alega que pese a entregar antecedentes laborales (contrato, cotizaciones, liquidaciones, comunicaciones), sus licencias fueron rechazadas, afectando gravemente su integridad física y psíquica, su derecho a la salud, dignidad, vida y el acceso a tratamiento médico.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso interpuesto y autorizar el pago de las licencias médicas para poder continuar su tratamiento oncológico.

Evacuó informe la recurrida COMPIN, a través de doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud, quien solicita el rechazo de recurso interpuesto, por cuanto su representada no ha cometido acto ilegal o arbitrario que signifique infracción a alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Expone que revisados los antecedentes se pudo verificar que el recurrente tiene un contrato de trabajo vigente, celebrado con fecha 15 de abril de 2025, por tiempo indefinido y al verificar la situación tributaria del empleador que figura en sistema, nombre reservado RUT. RUT reservado, ésta no registra movimientos tributarios. En razón de lo anterior, se solicitó fiscalización a la Inspección Provincial de Trabajo Magallanes, con fecha 15 de mayo del 2025, recibiendo con fecha 09-06-2025 Informe Fiscalización N°1201-2025-583, en el cual se consigna expresamente que no fue posible establecer determinación precisa de la naturaleza de los servicios.

Así las cosas, en base a la información documental presentada y el informe de la Inspección del trabajo, se procedió a rechazar la licencia médica considerando la normativa vigente, esto es, los artículos 7 y 41 del Código del Trabajo, en particular este último, que define remuneración y consigna la obligación del empleador de asegurar que tiene los fondos suficientes para pagar la remuneración acordada con sus trabajadores, incluyendo cualquier tipo de remuneración adicional como bonos o gratificaciones.

En virtud de lo expuesto se puede dirimir que la actuación de la COMPIN ha sido conforme a la normativa vigente que rige su actuar y dentro de las facultades y competencias que le corresponden, con el respaldo de los fundamentos ya descritos, por lo que no ha existido ningún tipo de acto arbitrario, ilegal o vulneratorio, en la resolución de las licencias médicas sometidas a su conocimiento.

Por su parte, evacuó informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por el abogado Francisco Ortega Bello, quien señala que revisados el archivo de expedientes y demás bases de datos de la institución, se pudo constatar que el Sr. nombre reservado no presenta trámites vigentes que se encuentren pendientes de resolución por parte de dicho Organismo, en uso de sus facultades legales, respecto de las licencias médicas consultadas Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en el rechazo de licencias médicas extendidas a su favor.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida COMPIN, informa al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, negando la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente, por cuanto su actuar se encuadra dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

Por su parte, la recurrida SUSESO informa no contar con antecedentes en relación al asunto planteado por el recurrente.

QUINTO: Que, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

SEXTO: Que, las licencias médicas reclamadas, fueron revisadas por la COMPIN Región de Magallanes y Antártica Chilena, institución que al conocer de los antecedentes del Sr. nombre reservado, determinó su rechazo y le indicó sobre las instancias existentes para reclamar, utilizando el recurrente únicamente el recurso de reposición ante el mismo organismo respecto dos de ellas, mas no la apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social.

SEPTIMO: Que, el pronunciamiento emitido por la COMPIN MAGALLANES señala: “Trabajador finiquitado sin continuidad laboral. Corresponderá el rechazo de una licencia médica en aquellos casos donde se ha perdido la condición de trabajador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N°3”.

OCTAVO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que, tras las instancias de revisión y estudio, activadas por el recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, decisión que fue adoptada por la recurrida COMPIN dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

NOVENO: Que, por otra parte, la fundamentación entregada por la COMPIN MAGALLANES al pronunciarse del reclamo presentado por la recurrente, a juicio de estos sentenciadores tornan la decisión, como una debidamente fundada, por lo que no se está frente a una caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGION DE MAGALLANES y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol Protección N°326-2025.-