nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don Guillermo Ibacache Carrasco, abogado, en favor de nombre reservado, empleado, cedula de Identidad RUT reservado domiciliado para éstos efectos, en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena, quien interpone Recurso de Protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria consistente en no querer hacer abandono del inmueble fiscal que debe entregar a la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, con lo cual se vulnera su derecho fundamental consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, que con fecha 28 de febrero de 2023, entre la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile y el suboficial nombre reservado, se celebró un contrato de subarrendamiento del inmueble fiscal ubicado en domicilio reservado de la comuna de Punta Arenas, destinado a vivienda habitacional de su grupo familiar. Dicho contrato se celebró en atención a su calidad de funcionario en servicio activo de Carabineros, conforme al DFL N°2 de 1968, y establecía que su vigencia se mantenía mientras perdurara dicha condición. Además, contemplaba la obligación de restituir la vivienda en un plazo de 60 días corridos desde la notificación de retiro, destinación o pérdida de la calidad de funcionario, bajo sanciones económicas progresivas en caso de incumplimiento, quedando prohibido asimismo ceder o subarrendar a terceros.

Explica, que conoció a la recurrida en 2018 en la ciudad de Cañete, iniciando una relación de convivencia de la cual nació una hija en 2020. En 2022 fue trasladado a Punta Arenas y ambos se radicaron en el inmueble fiscal arrendado. Sin embargo, la relación se deterioró gravemente por las exigencias de permanencia en el hogar que él no podía cumplir debido a sus funciones, generándose discusiones, insultos y maltratos. A comienzos de 2025, tras un episodio en que la recurrida provocó daños en la vivienda, el recurrente decidió abandonar definitivamente el inmueble el 8 de enero, llevándose solo sus pertenencias personales. Desde entonces, la recurrida ha ejercido hostigamiento constante mediante mensajes, llamadas a familiares, compañeros de trabajo y terceros, pidiéndole dinero e insultándolo.

Agrega, que el 22 de marzo de 2025 la recurrida lo denunció por violencia intrafamiliar, causa RUC 25-2-RUT reservado, RIT F-207-2025, del Juzgado de Familia de Punta Arenas. En virtud de esa denuncia, el tribunal dispuso el retiro de sus armas de servicio, lo que se efectuó en su lugar de trabajo, provocándole descrédito y menoscabo frente a sus superiores y subalternos. Sin embargo, con fecha 25 de marzo de 2025, el tribunal resolvió que no se configuraban actos de violencia intrafamiliar, sino un quiebre de pareja, desestimando la denuncia. Posteriormente, la mediación fijada para abril fracasó por incomparecencia de la recurrida, y el tribunal ordenó la devolución de las armas. A pesar de ello, la recurrida continuó desacreditando al recurrente, incluso señalando falsamente que la había abandonado junto a la hija, quien supuestamente tendría una enfermedad (TEA), cuando en realidad él sigue cubriendo todos los gastos del inmueble y aporta una pensión de $200.000 mensuales.

Afirma, que, debido a esta situación, y al deterioro de su imagen dentro de la institución, solicitó su retiro voluntario de Carabineros, tras 30 años de servicio intachable, lo que fue concedido por Resolución Exenta RA N°110408/1/2025, disponiéndose su retiro absoluto a contar del 16 de octubre de 2025, con la obligación de restituir el inmueble fiscal en el plazo de 60 días desde el 23 de abril del presente año. No obstante, la recurrida se ha negado a entregar la propiedad, desconociendo las órdenes emanadas de Carabineros de Chile.

Alega, que esta negativa constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que expone al recurrente a multas y sanciones económicas previstas en el contrato y en la normativa, sin que tenga ya el control del inmueble que debe restituir.

Por lo anterior, solicita a esta Corte de Apelaciones acoger la presente acción constitucional y ordenar que la recurrida restituya el inmueble fiscal indebidamente ocupado y, en definitiva, dejar sin efecto los actos que vulneran su derecho de propiedad, protegiendo sus garantías constitucionales y evitando las consecuencias económicas derivadas de la negativa de la recurrida.

Informando el recurso por la recurrida, compareció doña nombre reservado, postulante de la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Expone, que con fecha 28 de febrero de 2023 se celebró contrato de subarrendamiento del inmueble fiscal ubicado en domicilio reservado de Punta Arenas, entre la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, en calidad de subarrendador, y don nombre reservado, en calidad de subarrendatario. Dicho inmueble se destinó única y exclusivamente a vivienda para él y su familia, compuesta por el propio subarrendatario, nombre reservado y la hija común de ambos, nacida en 2020, pagando como renta el 40% de su sueldo base y trienios conforme al DFL N°2 de 1968. El contrato estipuló expresamente que su vigencia dependía de la condición de funcionario activo de Carabineros del subarrendatario, y que el término se produciría 60 días después de notificada la resolución que dispusiera su retiro.

No obstante, existe una contradicción que perjudica a la recurrida, puesto que, aunque la notificación de restitución se efectuó el 23 de abril de 2025, el retiro absoluto del recurrente de Carabineros solo se hará efectivo a contar del 16 de octubre del mismo año. Ello implica exigir la devolución del inmueble en un plazo que no guarda coherencia con la situación contractual ni con la realidad familiar de la recurrida, quien actualmente es la cabeza de hogar junto a su hija y carece de la solvencia económica para trasladarse en tan breve lapso.

Respecto a la multa contractual, el recurrente alega que podría verse afectado económicamente, pero la recurrida aclara que ha debido asumir todos los gastos de la hija en común sin contar con estabilidad económica, dado que el padre abandonó el hogar y se ha desligado progresivamente de su rol paterno. El pago de $200.000 que señala el recurrente no es un acto voluntario generoso sino una obligación legal de alimentos, reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27 y en el artículo 321 del Código Civil, que establece el deber de los padres de proveer alimentos a sus descendientes.

Agrega, que en cuanto a los mensajes de WhatsApp que el recurrente califica como manipulación o acoso, estos deben entenderse en el contexto del abandono del hogar por parte del padre y la necesidad de la madre de mantener contacto en favor de la hija común. Señala, que no ha subarrendado ni cedido la propiedad, como prohíbe la cláusula decimocuarta del contrato, sino que simplemente se ha visto imposibilitada económicamente de abandonar el inmueble, el cual utiliza solo como vivienda junto a su hija menor.

Afirma, que la situación de la niña, que aún carece de una pensión alimenticia fijada judicialmente y estable en monto y forma de pago, constituye una circunstancia prioritaria que debe ser considerada por el tribunal. Mientras no exista certeza sobre el cumplimiento de dicha obligación y sobre la seguridad habitacional y económica de la menor, resulta inviable para la recurrida abandonar el hogar sin afectar de manera grave la calidad de vida de su hija.

Finalmente, señala que no existe acto arbitrario ni ilegal por parte de nombre reservado, pues la obligación de restitución del inmueble emana de una relación contractual entre el recurrente y Carabineros de Chile, siendo esta institución, y no el particular, quien tiene la potestad de ejercer acciones judiciales de restitución respecto de bienes fiscales. La utilización del recurso de protección para tales fines constituye un uso impropio de esta acción constitucional.

Por todo lo expuesto, solicita a esta Corte rechazar íntegramente el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la negativa de la recurrida en hacer entrega del inmueble fiscal que fuera subarrendado por el recurrente, para uso habitacional de su familia, cuando aún convivía con la recurrida y la hija en común, y el recurrente se encontraba en servicio activo, circunstancias que a la fecha no persisten.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho invocado, además, alega que la Resolución Exenta RA N°110408/1/2025 que dispone y concede el Retiro Absoluto del Servicio de Carabineros de Chile es a contar del 16 de octubre de 2025 y si bien se indica que la restitucióń de la propiedad debe hacerse a contar del 23 de abril, es el recurrente quien debe resolver con su Institución los parámetros de devolución y no la utilización del Recurso de Protección, ya que al tratarse de un bien fiscal, es la Institución -Fisco de Chile- quien debe accionar en contra del Exfuncionario través de los mecanismos y procedimiento formales que la ley franquea.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por la recurrida, se desprende que el Recurso de Protección, no es la vía idónea para resolver lo discutido, motivo por el cual la acción interpuesta, deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°325-2025 Protección.