EXPLORA CHILE S. A.

Punta Arenas, primero de julio del año dos mil quince.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 21 comparece Marily Coronel Vega, abogada, en representación de Explora Chile S.A., quien deduce recurso de protección en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, representada por doña nombre reservado.

Funda su recurso en que la recurrida dictó la resolución N°1164/15/028-1 de 27 de abril de 2015, la que le fue notificada personalmente el 6 de mayo de 2015, mediante la cual se le sancionó con una multa administrativa ascendente a 40 UTM, por la supuesta infracción consistente en mantener excluidos de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales a tres trabajadores.

Estima que la recurrida ha interpretado y desconocido expresas cláusulas y condiciones de los contratos individuales de trabajo válidamente celebrados entre Explora Chile S.A. y dichos trabajadores, en forma ilegal y arbitraria, ya que se ha extralimitado en sus facultades, ha actuado como comisión especial, arrogándose potestades propias y excluyentes de los tribunales ordinarios de justicia al resolver que, no obstante existir una cláusula expresa en los contratos de trabajo de los trabajadores individualizados en la resolución de multa, en los hechos la misma sería nula, concluyendo así que tales dependientes no se encuentran excluidos de la limitación de jornada de trabajo, establecida en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo.

Refiere que lo anterior priva, perturba y amenaza su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, en este caso, por la judicatura del trabajo, consagrado en el artículo 19 Nº3 inciso cuarto [quinto actual] de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, la recurrente agrega que para el correcto desarrollo de su giro, ha debido contratar los servicios de trabajadores en calidad de guías en el Hotel Explora Chile S.A. ubicado en Torres del Paine, los cuales en el ejercicio de sus funciones deben guiar a los pasajeros en las excursiones o travesías dentro de tal parque nacional, además de organizar las mismas, determinar la logística de aquellas, asistir y atender a los pasajeros; trabajadores entre los cuales se encuentran aquellos individualizados en la resolución de multa. Atendida la naturaleza de los servicios prestados por estos trabajadores y en consideración a que las funciones expresadas se realizan sin fiscalización superior, se estableció en sus contratos de trabajo, que quedan excluidos de la limitación de jornada laboral, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo.

Impugna la calificación jurídica que ha efectuado la recurrida, respecto del mérito de la referida clausula contenida en el contrato de trabajo; materia que, finalmente y por su naturaleza excede sus funciones fiscalizadoras y pertenece al ámbito de la actividad jurisdiccional del Estado, radicada privativamente en los tribunales de justicia que establece la ley, según lo prescribe el artículo 76 de la Constitución Política de la República y 1º del Código Orgánico de Tribunales y, que forma parte de la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Laboral, al tenor de lo dispuesto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo; infringiendo además lo consagrado en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental. Por lo anterior, el actuar de la recurrida es ilegal, ya que ha interpretado y calificado hechos, contratos y normas, muy ajenas a aquellas simples, claras, precisas y evidentes situaciones que el ordenamiento los autoriza a fiscalizar y sancionar en su caso, en la especie juicio de valor efectuado por la recurrida excede el ámbito de su competencia definida en el artículo 503 del Código del Trabajo y artículo 1 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

TERCERO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, señala que ésta es manifiesta, si se considera que la actuación de la recurrida carece de fundamento legal, en cuanto ha sido realizado fuera del marco en que la entidad puede actuar en protección de los trabajadores.

En definitiva, pide se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto la resolución de multa administrativa número 1164/15/028-1 de fecha 27 de abril de 2015, como asimismo, la multa impuesta por medio de ésta, instruyendo a los recurridos de abstenerse, en el futuro, de la aplicación de cualquier multa que derive directamente del diferendo jurídico relativo a la interpretación de cláusulas de contratos individuales o colectivos válidamente celebrados entre Explora Chile S.A. y sus trabajadores dependientes, amén de disponer las demás medidas que se estimen necesarias para asegurar la debida protección de la recurrente, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, a fojas 58 informa Viviana Ampuero Santana, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Indica que se inició una fiscalización por una denuncia formulada por dos trabajadores con fecha 10 de abril de 2015, por "excluir de la limitación de jornada y no proporcionar elementos de protección personal." Se le asignó la comisión al Fiscalizador Mario Espicel La Paz, quién se constituyó el día 27 siguiente en el Hotel Explora, ubicado en la comuna de Torres del Paine. En entrevista con los trabajadores, estos manifestaron que su labor es subordinada y dependen jerárquicamente de otra persona de rango superior, la Jefa de Exploraciones, a quien le rinden cuenta de sus acciones y labores, agregando que tienen un horario determinado, en razón a que los servicios de excursión tienen horarios, tanto de salida como de llegada.

Añade que examina la documentación laboral de los dependientes entrevistados, se constató que los trabajadores están todos bajo el artículo 22 del Código del Trabajo y excluidos de la limitación de jornada ordinaria de trabajo, no obstante lo por ellos manifestado. En estas condiciones, se procedió a cursar la multa, que la empleadora ha reclamado por medio de este arbitrio constitucional.

Alega que debe ser rechazado por improcedente el presente recurso, por el sólo hecho de desconocer la recurrente los mecanismos de impugnación concedidos al empleador, por el propio Código del Trabajo, en específico, la jurisdicción ordinaria, contemplado en el artículo 503 del Código del Trabajo, existiendo un procedimiento de reclamación de multa administrativa.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo de lo discutido, hace presente que en uso de la facultad fiscalizadora que le otorga la ley, se constató objetivamente, conforme al informe de exposición, que los trabajadores mantienen vinculo de subordinación y dependencia, al reconocer como jefa directa a la Jefa de Exploraciones. Además, indican que los servicios de excursión tienen un tiempo determinado de salida y llegada, detallando los servicios y horarios. Además, señalaron que la Jefa de Exploraciones, realiza evaluación diaria de presentación y puntualidad, evaluaciones en terreno y son amonestados si llegan tarde. En consecuencia, las declaraciones de los trabajadores y los hechos objetivamente constatados por el ministro de fe, se contraponen a la situación prevista en el artículo 22 del Código del Trabajo, tales trabajadores no se enmarcan en la norma, ya que existe un superior jerárquico que imparte instrucciones.

Refiriendo a las facultades de la Inspección del Trabajo, indica que el artículo 1º del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social otorga facultades a la Dirección del Trabajo, de fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y ello conforme a la misma normativa legal, se cumple a través de las respectivas Inspecciones del Trabajo. Asimismo, el artículo 476 del Código precitado, faculta a la Inspección del Trabajo a fiscalizar el cumplimiento de la ley, como corresponde a su función, sin que pueda entenderse que su actuación importa interpretación de los contratos, hecho que es reconocido por la propia recurrente.

QUINTO: Que, en el caso sub lite, la contraria se limita a insistir en la supuesta carencia de facultades de la Inspección para intervenir, a pesar que el simple examen objetivo del fiscalizador acreditó la existencia de una incuestionable infracción laboral. La recurrente al pretender temerariamente situar la simple comprobación de una infracción laboral, como una cuestión de carácter jurisdiccional. Sostiene que ni de la resolución multa ni del informe de fiscalización, aparece clausula alguna que este Servicio haya interpretado o calificado jurídicamente. Lo que realizó el fiscalizador fue constatar en los hechos la jornada fáctica y la supervisión a la cual estaban afectos los trabajadores, lo cual no se encuadra en lo prescrito en el artículo 22 del Código del Trabajo. Por tanto, en ninguna parte, el fiscalizador declaro una cláusula nula como señala el recurso de protección, o se atribuyó facultades jurisdiccionales, conforme al artículo 76 de la Constitución.

Tal como se ha reseñado, al existir en forma previa una facultad y procedimiento de fiscalización, no puede entenderse que el fiscalizador actuante o la Inspección Provincial se hayan constituido en comisión especial.

Pide en definitiva el rechazo del recurso, se declare que la vía mediante acción cautelar, no es el procedimiento idóneo ni competente para resolver un asunto que es entregado por el legislador a la competencia de los Juzgados del Trabajo de la República, o respecto al fondo de la acción, rechazarla estableciendo que la sanción cursada, se ajusta a derecho y a la competencia sancionatoria de la Dirección Del Trabajo, con expresa condena en costas.

SEXTO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SÉPTIMO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

OCTAVO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

NOVENO: Que, dentro del marco regulatorio la multa impuesta a la recurrente por infracción a la normativa laboral que se detallan ut supra carece de la ilegalidad o arbitrariedad que reprocha, toda vez que le fue impuesta en consideración a las facultades que la autoridad laboral está investida expresamente por ley, instancia administrativa creada para velar por el cumplimiento de la legislación laboral.

DÉCIMO: Que, al efecto, quienes se sientan afectados por sus decisiones pueden hacer uso del arbitrio contenido en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo para reclamar la ilegalidad de la sanción, mediante un procedimiento expresamente regulado ante el Juez de Letras del Trabajo, por lo que la existencia de tal reclamación regulada para resolver el cuestionamiento que plantea el recurrente, no hace procedente la vía cautelar de protección como la idónea para la causa de pedir que invoca.

UNDÉCIMO: Que, en este sentido la Corte Suprema ha declarado, entre otras, en sentencia de tres de octubre del 2012, rol 6463-2012:1° “Que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de la función administrativa. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa labor, en particular para la aplicación de una sanción administrativa, por lo que no existe infracción de ley, puesto que la Inspección del Trabajo de que se trata ha actuado en el ejercicio de las facultades de que ha sido investida; 2° Que el control de legalidad de los actos administrativos por parte del juez, actividad básica para calificar al sistema de un país como Estado de Derecho, consiste en examinar los distintos elementos que lo integran, a saber: forma, competencia, motivos, objeto y fin del acto, siendo el control en relación con los motivos el más característico del control jurisdiccional pues se refiere al análisis de los hechos que fundamentan el acto administrativo. En lo relativo a los motivos se precisa la revisión en lo referente a su existencia, como la pertinencia de los fundamentos invocados, actuación que se vincula con los hechos generadores de la actividad administrativa.

Añade la citada sentencia que como se ha dicho respecto de los antecedentes referidos a los motivos o causa eficiente del acto, el juez revisa y verifica su existencia, para luego, en un segundo paso y establecido lo anterior, determinar que la calificación jurídica de los hechos realizada por la autoridad está amparada y guarda directa vinculación con la disposición que autoriza o regula el proceder administrativo. La apreciación de los hechos, para adoptar la decisión, esto es, si son de la entidad necesaria para llevarle a tomar la determinación respectiva, queda dentro de la esfera propia de la autoridad administrativa, y sólo ante una desproporción grave, manifiesta y evidente puede actuar el órgano jurisdiccional; pero el error en la misma apreciación o calificación jurídica de los hechos puede y debe ser controlada por el juez, circunstancia que en el caso de autos y para los efectos de resolver la presente acción cautelar, tales presupuestos no concurren.

También, la citada jurisprudencia explica que “regulando ese control, el legislador ha establecido la acción y procedimiento pertinente para revisar la resolución administrativa, en el artículo 503 del Código del Trabajo y; 3° que el solo hecho que la autoridad administrativa realice una calificación jurídica de los hechos dados por acreditados, no autoriza se acoja el recurso de protección en su contra” y que “la calificación jurídica de los hechos ocurre cada vez que en el procedimiento destinado a la dictación de un acto administrativo la autoridad administrativa aplica a un hecho una norma que le sirve de fundamento y que justifica su dictación, o un concepto jurídico indeterminado, por lo que privarla de dicha facultad paralizaría a la Administración e impediría el cumplimiento de su función”.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, al no haber incurrido la Inspección del Trabajo en una actuación arbitraria o ilegal, desde que actuó dentro de sus facultades legales, el recurso de protección deducido deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección intentado por Explora Chile S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, con costas.

No firma el Ministro señor Stenger, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Redactada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte N°325-2015. Protección.

Pronunciada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas integrada por los Ministros señor Marcos Kusanovic Antonipai, señor Víctor Juan Stenger Larenas y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. Autoriza el Secretario Subrogante César Ulises Guzmán Andrade.

Punta Arenas, primero de julio del año dos mil quince. Notifiqué por el estado diario la resolución anterior.