SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. LTDA con nombre reservado PROVINCIAL DEL TRABAJO Y OTRO

Punta Arenas, catorce de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Juan Carlos Sharp Galetovic, abogado, en representación de Sociedad Comercial San Jorge y Cia., quien deduce acción constitucional de protección en contra de nombre reservado Provincial del Trabajo y del fiscalizador don nombre reservado, solicitando se declare que la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que invoca en el recurso, ordenando dejar sin efecto la resolución de multa singularizada, con costas, en caso de oposición.

Explica que mediante resolución de multa N° 1731/20/6, de fecha 29 de enero de 2020, notificada mediante carta certificada despachada con fecha 24 de febrero de 2020, la recurrida le aplicó una multa a la Sociedad recurrente, por no constituir un comité bipartito de capacitación, lo que configuraría una infracción a lo dispuesto en los artículos 13, 17 inciso 1° y 75 de la Ley N° 19.518 que establece el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

Reconoce que a la fecha de la fiscalización, esto es, al 28 de enero de 2020, en la empresa no estaba constituido dicho Comité, constituyéndose con posterioridad.

Alega que la sanción impuesta es arbitraria e ilegal, pues carece de validez al haber sido dictada por un órgano incompetente.

Al efecto señala que el artículo 13 de la Ley 19.518 establece la obligación de constituir el mencionado comité respecto de aquellas empresas con más de 15 trabajadores y el artículo 17 refiere quiénes deben ser designados en él. En tanto que el artículo 18 confiere competencia a la Dirección del Trabajo, sin embargo aquella únicamente corresponde a la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17. Así el citado artículo 75, invocado en la resolución de Multa, establece el monto de la sanción por infracción a la ley y señala: "La sanción por las infracciones antes descritas se aplicarán administrativamente por los funcionarios del Servicio Nacional que determine el reglamento". Cabe tener presente que el artículo 6° de la ley dispone que las referencias que se hacen en esta ley al Servicio Nacional y al Director Nacional deberán entenderse hechas respecto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y del Director Nacional de Capacitación y Empleo, en su caso.

Entiende la actora que la Dirección del Trabajo, en virtud de interpretaciones internas, se ha auto asignado la facultad de imponer la sanción por la infracción en comento, fundado en lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, lo que contradice lo consagrado en el reglamento de la Ley, el Decreto Supremo N° 98 de 1997, el cual en sus artículos 67, 68, 76 y 82 señala que los funcionarios competentes para la aplicación de las multas, son los Directores Regionales de SENCE.

Conforme a lo expresado, la multa aparece impuesta por la nombre reservado del Trabajo en virtud de una interpretación extensiva de la ley, en circunstancias que la competencia sancionatoria administrativa debe interpretarse con criterio restrictivo. Sostiene que la facultad otorgada por el artículo 18 de la Ley 19.518 a la Dirección del Trabajo es específica, sólo para fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley, pero en caso alguno para sancionar por no constituir el comité. Así, la recurrida, por intermedio de su fiscalizador Sr. nombre reservado, incurrió en un acto ilegal, pues aplicó una sanción sin tener competencia legal para ello; careciendo de validez de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución, y en relación con el artículo 6, por cuanto se trata de una actuación de un órgano del Estado, quien no pueden actuar fuera de su competencia.

Los hechos denunciados infringen las garantías fundamentales previstas en los numerales 2°, 3° inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Así se ha vulnerado la igualdad ante la ley, por cuanto no se ha respetado el derecho de la recurrente de ser juzgada y sancionada por la autoridad administrativa que señala la ley, al igual que todas las personas. Se ha conculcado el debido proceso, al haber sido juzgada por una comisión especial y se ha afectado su derecho de propiedad, al dictar una resolución que obliga a su representada a desembolsar una suma de dinero en forma ilegal.

Acompaña a su libelo la resolución de multa 1731/20/6, de 29 de enero de 2020, el sobre que contiene la notificación de la resolución impugnada y el acta de constitución de comité bipartito de capacitación.

Solicitó y obtuvo orden de no innovar, suspendiéndose los efectos de la resolución de multa, mientras se tramita la acción constitucional.

Informa por la recurrida, nombre reservado Provincial del Trabajo y por el funcionario fiscalizador don nombre reservado, la abogada doña Viviana Ampuero Santana, quien solicita el rechazo del recurso de protección declarando que, no existe una acción u omisión arbitraria ni ilegal, ni se ha vulnerado la garantía alguna por parte de la Dirección del Trabajo, con costas.

Como cuestión previa, sostiene que la acción deducida no puede prosperar, toda vez que la resolución singularizada, cuenta con medios de impugnación concedidos para un empleador por el propio Código del Trabajo, de conformidad a lo previsto en los artículos 503, 511 y 512 del citado cuerpo legal. Así existe un mecanismo de impugnación de carácter jurisdiccional de las resoluciones de la nombre reservado del Trabajo ante el Juez de Letras del Trabajo, también la posibilidad de reclamar ante el Director del Trabajo, quien podrá dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas, y dicho dictamen es igualmente susceptible de reclamo ante el Juez competente.

De este modo, conforme a la cuantía de la infracción recurrida, se encontraba a disposición de la actora, el procedimiento monitorio de reclamación de multa administrativa, que en brevísimos plazos podría resolver el mérito de la sanción administrativa en un procedimiento donde se conoce el fondo del asunto, con posibilidad de rendir prueba sobre la materia en controversia y considerando también, que dicho procedimiento también ofrece aquellos recursos contemplados en el Libro V del Código del Trabajo.

Resulta improcedente el recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa que la propia norma legal establece procedimientos de impugnación, tanto administrativos como jurisdiccionales de fondo.

En cuanto al fondo del asunto discutido, señala la sanción objeto de esta acción constitucional tiene su origen en un programa de fiscalización a nivel regional, cuyo objetivo era verificar que en las empresas con más de 15 trabajadores, se encuentre constituido el Comité Bipartito de Capacitación, labor asignada al recurrido fiscalizador don nombre reservado, quien respecto de la recurrida, constató y sancionó por: “No cumplir con la obligación de constituir un comité bipartito de capacitación, al constatarse que la empresa cuenta con más de 15 trabajadores. Infracción a los artículos 13, 17, 18 y 75 de la ley N° 19.518. Por 34 UTM.”

La fiscalización da cuenta que la recurrente es una mediana empresa, ya que a esa fecha contaba con 80 trabajadores, además, en la visita en terreno, se dio cumplimiento al principio de bilateralidad, fueron atendidos por el contador de la empresa, don nombre reservado, quien de inmediato manifestó el Comité Bipartito de Capacitación no se encuentra constituido. Así, no es un hecho discutido que la empresa se encontraba en infracción.

Transcribe el artículo 13 de la Ley N° 19.518 del cual se deduce que toda empresa que cuente con una cantidad de dotación de personal superior a 15 trabajadores está obligada a constituir el Comité Bipartito de Capacitación. El artículo 17 dispone que la empresa podrá designar a sus representantes de entre su personal calificado, debiendo al menos uno de ellos tener la calidad de personal superior. El artículo 18 consagra que será competencia de la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y conocer las infracciones que por su incumplimiento se produjeren, salvo lo relativo a la aplicación del programa, cuya fiscalización corresponderá al Servicio Nacional.

Estima que es ésta norma la que faculta a su servicio para fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 inciso 1°, norma que evidentemente opera cuando la empresa da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 13, es decir, cuando constituye el comité bipartito, es por ello que el fiscalizador de este Servicio sí contaba con facultades para verificar el cumplimiento de la normativa antes citada.

Finalmente, de acuerdo al artículo 75 del mismo cuerpo legal, resulta claro que si la empresa incumple con alguna disposición de esta ley deberá ser sancionado con multa de 3 a 50 UTM, que la sanción deberá ser aplicada por los funcionarios del Servicio que determine el Reglamento, en el caso de marras, la Dirección del Trabajo, por lo que no existe ningún error o interpretación extensiva ni exceso de facultades en el obrar del fiscalizador, encontrándose la aplicación de la sanción ajustada a derecho.

De lo anterior, concluye que no existe ningún acto u omisión no arbitraria ni ilegal que se le pueda atribuir a la Dirección del Trabajo; lo que es corroborado por el tenor del artículo 18 de la Ley N° 19.518, el cual señala: "será competencia de la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, y conocer de las infracciones que por su incumplimiento se produjeren, salvo lo relativo a la aplicación del programa, cuya fiscalización corresponderá al servicio nacional. ".

Por tanto, lo relativo a la constitución y elección de los representantes es competencia del Servicio recurrido, no así lo referente a los programas de capacitación cuya fiscalización compete al SENCE. Se apoya en dictámenes de la propia Dirección del Trabajo N° 5.390/354 de 04 de noviembre de 1998 y N° 2983/160 de 08 de junio de 1999.

Arguye que no ha actuado fuera de la esfera de su competencia y atribuciones, como ha sido reconocido por la jurisprudencia sostenida de la Excma. Corte Suprema, corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación. En la misma línea argumentativa, adiciona que la Constitución Política de la República impone al Estado, en el artículo 19 N° 16, la obligación de tutelar la libertad de trabajo al señalar, que la Constitución asegura a todas las personas: "La libertad de trabajo y su protección". Esta protección, toca al Estado administrador, quien reconoce este rol tutelar y de amparo en la Dirección del Trabajo y sus Inspecciones dependientes.

De acuerdo a lo anterior, no existiendo una actuación ilegal ni arbitraria de la recurrida, el recurso de protección interpuesto no puede prosperar al no haberse lesionado ninguna garantía constitucional que lo haga procedente. Al efecto, no puede haber una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, al existir norma expresa que les concede tal facultad. No existe tampoco infracción al debido proceso, ya que el recurrente no fundamenta en qué sentido habría sido juzgado por una comisión especial, ya que como da cuenta el informe de fiscalización, este se ajustó a un debido proceso, revisando la documentación, entrevistando al empleador, siendo sancionado y notificado conforme a los plazos y procedimientos establecido en la ley. Tampoco se ve afectada la garantía constitucional del derecho de propiedad, puesto que la sanción administrativa se aplicó por un monto considerado dentro de los márgenes dispuestos en la propia norma y en las instrucciones vigentes, cuyo rango es de 3 a 50, aplicándose 34 UTM, por tratarse de una mediana empresa. Soportar una disminución patrimonial producto de una sanción estatal, no significa que dicha disminución sea vulneratoria del derecho de propiedad. Si así fuera, cada multa y cada impuesto que recae en el patrimonio de una persona, carecerían de causa y serian actos inconstitucionales por el solo hecho de producir afectación.

Se hizo parte la abogada en representación del funcionario nombre reservado, en razón de que los hechos relatados en el libelo, dicen relación con actuaciones realizadas por un funcionario dependiente de la nombre reservado Provincial del Trabajo de Magallanes.

Acompaña al proceso, los antecedentes del procedimiento administrativo de aplicación de multa impugnada y los dictámenes citados.

Encontrándose la causa en estado, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la aplicación por parte del funcionario fiscalizador Sr. nombre reservado del Trabajo de Magallanes de una multa administrativa, al no constituir en la empresa el Comité Bipartito de Capacitación, imputándole infracción a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.518, siendo que el recurrido carece de competencia, atribuyéndose aquella en virtud de una interpretación extensiva de la ley; lo que vulnera el principio de la legalidad.

TERCERO: Que, a su turno el funcionario fiscalizador y la nombre reservado Provincial del Trabajo instan por el rechazo del recurso, alegando –en síntesis- la improcedencia del mismo, por existir mecanismos previstos por el legislador para impugnar las resoluciones de multa administrativa, y porque además, no ha existido ninguna actuación arbitraria e ilegal imputable a su respecto ni tampoco vulneración de garantías fundamentales que se alega, encuadrando su actuar dentro de sus facultades legales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 18 de la Ley N° 19.518.

CUARTO: Que, como primer aspecto, la recurrida solicita se desestime de plano el recurso, porque la recurrente cuenta con otros medios de impugnación concedidos para un empleador por el Código del Trabajo, de conformidad a lo previsto en los artículos 503, 511 y 512 del citado cuerpo legal, destacando que existe un mecanismo de carácter jurisdiccional de reclamo de las resoluciones de la nombre reservado del Trabajo ante el Juez de Letras del Trabajo como también la posibilidad de reclamar ante el Director del Trabajo, quien podrá dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas, y dicho dictamen es igualmente susceptible de reclamo ante el Juez competente.

A su turno el recurrente alega que, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso se puede entablar “..sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

Al respecto en opinión de esta Corte, la locución “...sin perjuicio de...” que utiliza la norma constitucional indicada, implica que la acción constitucional no perjudica los demás derechos o acciones que el interesado puede hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, es decir, al tenor del señalado precepto constitucional, claramente se permite en este caso al afectado recurrir por medio del recurso de protección y enseguida por cualquier otro medio procedente a los tribunales de justicia para poner remedio a la privación o perturbación del derecho constitucional amagado, de modo que el recurso en trámite o incluso fallado, deja a salvo los recursos procesales o procedimientos de reclamo ante las autoridades administrativas o tribunales respectivos, por lo que no es sostenible impedir al recurrente el ejercicio de esta acción cautelar constitucional y de urgencia, porque el ordenamiento jurídico le ofrece otras vías o mecanismos –de orden legal o administrativo- para plantear su pretensión. Lo anterior también encuentra respaldo en el hecho que el legislador no ha establecido una norma expresa que limite esta acción y, en cambio, si ha regulado el caso contrario, esto es, que su interposición impida el ejercicio de determinadas acciones legales, así por ejemplo en el artículo 485 inciso final del citado Código Laboral a propósito del procedimiento de tutela laboral, dispone que: “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos”. La expresa referencia que efectúa el legislador en esta materia no viene sino a confirmar que el recurso de protección resulta procedente, sin perjuicio de otras acciones, en las hipótesis del referido artículo 20 de la Carta Fundamental, no en un sentido técnico procesal, sino para definir un medio o acción destinada a proteger un derecho en un procedimiento de urgencia y de naturaleza cautelar con características de informalidad y celeridad, que no produce cosa juzgada.

En consecuencia no es posible atender a las alegaciones de la recurrida para impedir el ejercicio de la acción constitucional entablada en el presente caso al no haber una norma expresa que lo limite y por tratarse, además, de un asunto de contenido concreto y acotado exclusivamente a determinar si el funcionario fiscalizador contaba o no con la competencia establecida la ley para imponer la multa que aplicó a la recurrente, lo que perfectamente puede ser conocido y resuelto en este procedimiento breve y concentrado, al no requerir un juicio de lato conocimiento para determinarlo.

Finalmente, no habiendo el recurrente optado por interponer la reclamación que el recurrido propone en sede laboral, desestimar su acción por ese motivo a estas alturas implica negar la tutela judicial que se pide para este caso, teniendo presente que la actora dio cuenta que constituyó el Comité acompañando copia del acta respectiva y que es posible descartar la alegación que este procedimiento pueda ser considerado un sustituto de aquel.

Por estas razones no se estima procedente desestimar de plano el recurso interpuesto como lo pide la recurrida.

QUINTO: Que, son hechos no controvertidos en el recurso, los siguientes:

1.- Que con fecha 28 de enero de 2020, la empresa recurrente -Sociedad Comercial San Jorge y Cía.- fue objeto de una fiscalización por el funcionario de la nombre reservado Provincial del Trabajo de esta ciudad, don nombre reservado.

2.- Que a la fecha de la fiscalización, en la empresa recurrente no estaba constituido el Comité Bipartito de Capacitación de la Ley N° 19.518.

3.- Que, con fecha 29 de enero de 2020, se confeccionó el informe de dicha fiscalización por don nombre reservado, quien actuando su calidad funcionaria, da cuenta que no se otorgó plazo a la recurrida y la sancionó con una multa por: “No cumplir con la obligación de constituir un comité bipartito de capacitación, al constatarse que la empresa cuenta con más de 15 trabajadores. Infracción a los artículos 13, 17 inciso primero, 18 y 75 de la ley N° 19.518. Por 34 UTM.”

4.- Que, mediante la resolución N° 1731/20/6, de fecha 29 de enero de 2020, notificada mediante carta certificada despachada con fecha 24 de febrero de 2020, la recurrida le aplicó una multa a la Sociedad recurrente, por no constituir un comité bipartito de capacitación, lo que configuraría una infracción a lo dispuesto en los artículos 13, 17 inciso 1° y 75 de la Ley N° 19.518 que establece el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

5.- Que la recurrente acompañó copia del Acta que da cuenta que, con fecha 21 de febrero de 2020, se constituyó el aludido Comité.

SEXTO: Que, la alegación del recurrente que motiva su acción consiste –en síntesis- en que la multa impuesta es arbitraria e ilegal, pues carece de validez al haber sido dictada por un órgano incompetente.

Para resolver lo anterior conviene tener presente que lo relativo al Comité Bipartito de Capacitación, se encuentra regulado en la Ley N°19.518 que en lo que interesa al recurso dispone lo siguiente:

a) Artículo 13: “Las empresas podrán constituir un Comité Bipartito de Capacitación. Ello será obligatorio en aquellas empresas cuya dotación de personal sea igual o superior a 15 trabajadores.”

b) Artículo 17: “La administración de la empresa podrá designar a sus representantes de entre su personal calificado, debiendo al menos uno de ellos tener la calidad de personal superior de la misma. En todo caso, se presume de derecho que el personal designado por la administración de la empresa cuenta con las facultades suficientes para representarla en el Comité Bipartito de Capacitación.”

c) Artículo 18: “Será competencia de la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y conocer de las infracciones que por su incumplimiento se produjeren, salvo lo relativo a la aplicación del programa, cuya fiscalización corresponderá al Servicio Nacional …”

d) Artículo 75: “Las empresas, los organismos técnicos de capacitación, o los organismos técnicos intermedios para capacitación que infrinjan las normas de la presente ley, podrán ser sancionados con multa de 3 a 50 U.T.M.”

“La sanción por las infracciones antes descritas se aplicarán administrativamente por los funcionarios del Servicio Nacional que determine el Reglamento. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe y efectuarán la notificación de la resolución correspondiente.”

“Las resoluciones que apliquen las multas administrativas serán reclamadas ante el Juez de Letras del Trabajo conforme al procedimiento establecido en el Título 2° del Libro 5° del Código del Trabajo.”

e) El Reglamento antes aludido es el Decreto Supremo N°98 de 1997, del Ministerio del Trabajo, que aprueba el Reglamento General de la Ley N°19.518, y del cual transcribimos los siguientes artículos:

Artículo 67: “El presente título reglamenta el procedimiento para la aplicación de las multas del artículo 75 del Estatuto a empresas …”

Artículo 68: “El procedimiento podrá iniciarse por denuncia presentada al Servicio Nacional -SENCE- la que deberá ser suscrita por quien la efectúa y acompañada de los antecedentes que la justifique …”

Artículo 76: “Todas aquellas conductas que no se encuentren expresamente indicadas en los tres artículos anteriores, que contravengan lo dispuesto en el Estatuto y sus respectivos reglamentos y que no importen la medida de cancelación del organismo en conformidad al Estatuto, serán calificadas por el Director Regional respectivo, quien podrá aplicar las multas consignadas en el artículo 72 dependiendo de la gravedad de la misma.”

Artículo 82: “La aplicación de las multas a que se refiere el artículo 75 del Estatuto, corresponderá a los Directores Regionales en el ámbito de su competencia”.

A su turno el artículo 503 del Código del Trabajo dispone que: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el Reglamento correspondiente.”

SEPTIMO: Que en la especie lo debatido tiene que con la competencia del fiscalizador para aplicar la multa que impuso a la empresa recurrente, es decir, con un asunto de interpretación de leyes, que se relaciona con la competencia sancionatoria administrativa que como ejercicio de una facultad sancionatoria, debe ser interpretada restrictivamente. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado: “...que si bien la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, lo cierto es que ese traspaso ha de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas (Tomado del considerando Noveno de la sentencia dictada el 12 de marzo de 2019 por la Tercera Sala de la Corte Suprema en la causa rol N° 20.380-2018). En este sentido la sujeción de la potestad sancionatoria al principio de legalidad, implica que debe ser ejercida en base a una clara competencia establecida previamente en la ley, aplicándose exclusivamente a los casos y con los requisitos particulares que la misma ley contempla, no siendo admisible una interpretación extensiva o por analogía de normas relativas a otras situaciones similares.

OCTAVO: Que tal como se ha resuelto en un caso similar ”...sobre la base de esta restricción interpretativa, nos parece que el artículo 18 de la Ley N°19.518 (publicada en el Diario Oficial de 14 de Octubre de 1997 y que fija el Estatuto de Capacitación y Empleo), otorga competencia a la Dirección del Trabajo para fiscalizar y conocer de las infracciones al cumplimiento del artículo 17 de la misma ley, y éste se refiere a asuntos diferentes al motivador de la resolución de multa por no constitución del Comité Bipartito, lo cual viene a significar, y tal como lo asevera la parte recurrente, que el organismo laboral carecía de competencia para imponer la multa en análisis (Considerando quinto de la sentencia dictada con fecha 30 de abril de 2013 por la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa Rol N° 124-2013).

En efecto, sobre la competencia del recurrido, el citado artículo 13 de la Ley 19.518, establece que las empresas podrán constituir un comité bipartito de capacitación, obligatorio en aquellas cuya dotación personal sea igual o superior a 15 trabajadores. Este comité se compone de representantes del empleador y de los trabajadores, elegidos de acuerdo al procedimiento del artículo 17. Por su parte el artículo 18, establece la competencia de la Dirección del Trabajo en estas materias, para fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y conocer de las infracciones que por su incumplimiento se produjeren, salvo lo relativo a la aplicación del programa, cuya fiscalización corresponderá al Servicio Nacional. Por su parte el artículo 75 establece que las empresas, los organismos técnicos o los organismos técnicos intermedios para capacitación que infrinjan las normas de la presente ley, podrán ser sancionados con multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales. Las sanciones por las infracciones antes descritas se aplicaran administrativamente por los funcionarios del Servicio Nacional que determine el reglamento. Dichos funcionarios actuarán como ministro de fe y efectuaran la notificación de la resolución correspondiente.

De estas disposiciones en lo que interesa, se concluye que la recurrida no posee atribuciones legales para determinar la existencia de la infracción ni tampoco cursar la multa que impuso, en caso de concurrir una infracción, ya que aquello es facultad exclusiva del Servicio Nacional, motivo por el cual se vulneran los artículos 6 y 7 inciso primero de la Constitución Política de la Republica, por tratarse de un órgano del Estado que actuó fuera de su competencia legal.

Así entonces, el funcionario de la recurrida, no puede fiscalizar el cumplimiento ni conocer sobre incumplimientos de la obligación de constituir el comité bipartito a que alude el artículo 13 y sólo puede fiscalizar aquellas materias comprendidas en el artículo 17, relativas al procedimiento de designación de los representantes del comité bipartito. Lo anterior encuentra también explicación en que la constitución del comité bipartito no depende exclusivamente de la empresa, sino que requiere de la participación de los trabajadores, y por tanto, deben ponerse de acuerdo para designar a sus representantes, lo que implica que al menos se les debiera consultar al respecto para dar por acreditado que el empleador no cumple la norma y pudiese ser infraccionado. Por esta misma razón es que el funcionario de la nombre reservado del Trabajo sólo es competente para fiscalizar y sancionar lo relativo al procedimiento para la designación del representante ante el comité y nada más, resultando insulso que pueda sancionarse a una parte por una obligación que deben cumplir dos de ellas, que además son contrapartes en su propia relación contractual.

Por otro lado, sobre el sustento que la recurrida procura dar al contenido de los Dictámenes N° 1935/124 de fecha 19 de abril de 1998 y N° 1935/124 de fecha 19 de abril de 1998, emanados de su propia parte, esto es, de la Dirección del Trabajo al interpretar la normativa de la Ley 19.518, expresando un tratamiento sistemático de dicha ley con miras a destacar su sentido y alcance para justificar que la facultad otorgada en el artículo 18 se extendería no sólo al artículo 17 sino que al párrafo 2° de la Ley 19.518 íntegramente, corresponde a una interpretación extensiva de la competencia efectiva que le ha otorgado la ley, lo que –como se adelantó- le está vedado si con ello pretende sancionar. En este orden, debemos convenir en que si bien existe la posibilidad de interpretar las normas para revisar situaciones fácticas y que estas correspondan a la hipótesis legal, sólo se aplica en los casos en que existan dudas sobre la literalidad de la norma, pero, como en la especie, conforme al artículo 19 del Código Civil, el sentido de la ley es claro, no corresponde desatender a su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu, por lo que la interpretación que hace la nombre reservado del Trabajo del artículo 18 no es correcta dado que contradice su claro tenor literal, conforme al cual su competencia se debe limitar a aquella situación comprendida en el artículo 17, relativo a la elección de los representantes del comité y no puede extenderse a la materia comprendida en el artículo 13, relativa a la constitución del Comité Bipartito como lo ha hecho para infraccionar a la recurrente.

De este modo, la interpretación extensiva postulada por la recurrida a través de dos dictámenes no le permite ejercer una facultad sancionatoria por el principio de interpretación restrictiva, debiendo concluirse que si el artículo 18 establece una facultad única sobre el artículo 17, no es posible que la nombre reservado del Trabajo pretenda que dicha facultad se extienda a todo el párrafo 2° del Título I de la Ley 19.518, tanto por la literalidad de la norma transcrita, que no deja lugar a dudas que se refiere al artículo 17, como porque no puede extender su competencia a una situación que no está expresamente contemplada en el mismo artículo 18.

NOVENO: Que, por último, el artículo 75 inciso segundo de la Ley 19.518, establece que las sanciones por las infracciones de la presente ley, se aplicaran administrativamente por los funcionarios del Servicio Nacional que determine el reglamento. Y el artículo 6 de la misma ley señala que las referencias que se hacen en ésta ley al Servicio Nacional y al Director Nacional deberán entenderse hechas respecto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y de su Director, en su caso.

Así entonces la disposición legal aludida radica el conocimiento y sanción de las infracciones a dicha ley, en el funcionario del SENCE que determine el Reglamento y éste, en su artículo 76, expresa que las conductas contravencionales del Estatuto y de su Reglamento, serán calificadas por el Director Regional del SENCE, quien podrá aplicar las multas consignadas en el artículo 72, “dependiendo de la gravedad de la misma”, por lo que no es dable concluir sería la nombre reservado del Trabajo el organismo competente para sancionar la infracción al artículo 13. Si bien podría suponerse que puede realizar las fiscalizaciones, el citado artículo 75 determina que es el Servicio Nacional quien posee la atribución legal de infraccionar, quedando sin base legal la actuación cuestionada a la recurrida en esta causa.

Por otro lado, tampoco es claro que resulte aplicable en esta materia el artículo 503 del Código del Trabajo, para entender que la nombre reservado del Trabajo estaría facultada para sancionar las infracciones de la Ley 19.518, relacionándolo con el artículo 506, toda vez que la primera disposición sólo establece la facultad de sancionar las infracciones de la ley laboral de forma general, mientras que la facultad de sancionar del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo las infracciones de la Ley 19.518 corresponde a una competencia especial contemplada en una ley especial, que como tal, no puede ser completada por una interpretación analógica, de manera que siendo así, también resultaba improcedente cursar la multa a la recurrente, corroborándose la conclusión que la recurrida carece de competencia para sancionarla por no haber constituido el Comité Bipartito de Capacitación.

DECIMO: Que, conforme a lo razonado en los motivos precedentes, es dable concluir que la recurrida incurrió en un acto ilegal al imponer una sanción a la recurrente, careciendo de competencia para ello, con lo cual ha transgredido el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que lo actuado implica una disminución concreta y efectiva en el patrimonio de ésta, al tener que soportar una injustificada carga pecuniaria derivada de la imposición de una multa improcedente, por lo que el recurso entablado deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, a lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado en la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en representación de Sociedad Comercial San Jorge y Cía., y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución N° 1731/20/6, de fecha 29 de enero de 2020 emanada de la recurrida, que impuso a la empresa recurrente una multa ascendente a 34 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) por no constituir Comité Bipartito de Capacitación.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro señor Kusanovic.

ROL N° 324-2020 PROTECCIÓN.