nombre reservado CONTRA nombre reservado (CONADI)

nombre reservado, ocho de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por sí y en nombre reservado, Yagan y Mapuche Huilliche, deduce recurso de protección en contra de la Oficina de nombre reservado domiciliado en domicilio reservado en nombre reservado.

Funda su acción exponiendo que este recurso es en contra de la Oficina de Asunto Indígenas CONADI, Corporación Nacional del Desarrollo Indígena de la región de Magallanes. Representada regionalmente y legalmente por su jefe de oficina el Sr. nombre reservado, encargado de velar por los derechos y sus disposiciones que contiene la ley indígena en nombre reservado, por haber actuado de forma arbitraria e ilegal, según resolución Exenta N° 673, de fecha 12 de junio de 2018, que en sus considerando numeral 42 se le formularon cargos al funcionario a cargo de esta entidad pública, como jefe de la Oficina de nombre reservado, donde falto a la probidad autorizando el pago de dineros en su calidad de jefe de la oficina, en desmedro de nuestro Consejo de desarrollo indígena de Magallanes, en circunstancias que a esa data no se había ejecutado la totalidad de las prestaciones contratadas, además no haber ejercido en su calidad de jefe de la oficina de nombre reservado de la CONADI, Un control jerárquico permanente en relación al desempeño funcionario del Encargado de la unidad de Desarrollo de dicha dependencia, don nombre reservado quien como contraparte técnica entre la oficina de nombre reservado y la empresas consultoras, autorizo los pagos de la licitación publicas denominadas "Apoyo a la gestión del consejo de desarrollo indígena de Magallanes", en el numeral 69 se estima que todos los cargos formulados en contra del jefe de la oficina de asuntos indígenas se mantiene en todas sus partes. Tal situación les ha impedido obtener los fondos para el normal funcionamiento de la oficina regional de la Conadi, por no contar financiamiento que aseguren el ejercicio efectivo de las etnias en las políticas que les incumben directamente.

Refiere que debido a esta falta de probidad e irregularidades han visto vulnerados sus derechos quedado sin las garantías constitucionales necesarias para continuar con el Consejo de Desarrollo Indígena en Magallanes, encontramos que por parte de este organismo del estado se nos ha vulnerado y discriminado en nuestros derechos como nombre reservado, contemplados en el artículo 20 de la constitución política, que establece en los numerales del artículo 19 de la constitución Política están protegidos por dicha acción, específicamente los derechos igualdad ante la ley, libertad de opinión e información, derecho de reunión, derecho a no ser discriminado en el trato del estado en materia económica, de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la constitución política de la república.

Finaliza pidiendo que esta Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados y asegurar su protección. Activar Nuestro Consejo de Desarrollo Indígena de la Región de Magallanes. Restituir a nuestros Consejeros Por voto Popular a ocupar sus cargos que fueron cesados de sus funciones por malas prácticas administrativas y falta a la probidad pública.

Comparece la recurrida e informa.

Parte cuestionando que el recurso hay sido interpuesto dentro del plazo de treinta días corridos que establece el auto Acordado N° 1 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, puesto que a su escrito de cumple lo ordenado de fecha 19 de mayo de 2019, acompaña el documento denominado Informe Final de la Investigación Especial N° 216 de 2016, de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, el cual contiene el Oficio N° 245, de fecha 31 de mayo de 2016 dirigido al Jefe de Oficina de nombre reservado, que se refieren a los hechos que motivan el presente recurso y que sirvieron de fundamento a otra acción constitucional incoada por el señor nombre reservado, en el recuso de esta corte Rol 764-2018, declarado inadmisible por extemporáneo, por lo que es dable concluir que, ya el año 2018, estaba en conocimiento de los hechos que fundan el actual recurso de protección. En ese orden de cosas, claramente, la extemporaneidad del recurso fluye por si sola.

Luego, en el apartado cuestiones previas sobre la legitimación del recurrente, parte exponiendo la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, acusando falta absoluta de claridad, tanto en el escrito de recurso, como en su complementación y en la comparecencia ante la Iltma. Corte.

En esta parte destaca en primer lugar, que efectivamente la Contraloría Regional efe4ctuó un sumario administrativo, que terminó con dos funcionarios sancionadas y, luego, refiere que de la propia documental acompañada por el recurrente, da cuenta de la situación legal del Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes y Antártica Chilena, cuestión que denota la ausencia de vulneración de derechos fundamentales en la forma en que se expresa en el recuso.

Luego continúa su defensa exponiendo la ausencia de bases elementales que legitimen el recurso de protección en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo indígena, toda vez que, tal como lo ha ordenado la Contraloría General de la república, en su informe final N° 216, del año 2016, se ha inhibido de ejercer acciones en torna al plan de cobertura total y modelo de gestión, lo que comprende, precisamente, al Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes. En ese mismo orden de cosas, denuncia la ausencia de antecedentes de legitimación activa del recurrente, toda vez que en su comparecencia ante esta Corte, expuso que se atribuía la representatividad de las etnias en su calidad de representante de la Confederación Kawésqar, lo que no puede ser aceptado puesto que en recurso de protección no es una acción popular.

Añade que la investigación especial, a la que el recurrente le atribuye especial importancia, ha sido tramitada por la Contraloría General de la República en uso de las facultades constitucionales y legales, descartando cualquier viso de ilegalidad o arbitrariedad en las sanciones, recomendaciones y resoluciones dictadas.

Concluye afirmando que ninguna de las garantía que pide se protejan, han sido afectadas por la recurrida, a saber, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión y el derecho de reunión, y por tanto, pide rechazar el recurso, en todas sus partes.

Se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, según se lee en el recurso, se reprocha a la oficina Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Indígena a cargo de la Conadi Regional, no asegurar que los recursos que le fueren destinados por la Conadi Temuco, hayan sido usados en los fines para lo que estaban destinados, esto es, bajo el alero del Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes y la Antártica Chilena, hacer mesas de trabajo, capacitaciones, compra de pasajes para los consejeros de las comuna de Natales, Porvenir y Williams, los que fueron distraídos por la Conadi Regional, representada por nombre reservado y nombre reservado. Asimismo, el nuevo intendente se ha negado a reactivar el Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes y la Antártica Chilena. Expone que todo lo anterior, afecta sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho de reunión, el derecho de información y la libertad de opinión.

CUARTO: Que, el reproche que se ha transcrito en el considerando precedente, adolece de la precisión que este arbitrio constitucional exige, incumpliendo el primero de los requisitos señalados en el fundamentó segundo, a saber, que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido haya realizado el acto o incurrido en la omisión que se les atribuye. En efecto, se extraña en la descripción de los hechos fundantes del recurso, el señalamiento de alguna circunstancia fáctica, precisa y determinada que haya provocado una amenaza, amago o perturbación a los derechos y garantías que se dicen amenazadas.

QUINTO: Que, tampoco se ha expresado por el recurrente, de qué manera la acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; puesto que no señala la norma legal que lo obliga a actuar y ellos lo han dejado de hacer; solo se hacen referencias vagas e inexactas a eventuales obligaciones tendientes a reestablecer el citado Consejo Asesor, cuestión, que escapa a las competencias del Servicio recurrido.

Por el contrario, con la propia documental acompañada por el recurrente se puede concluir que por Resolución N° 001 del 16 de Enero de 2019, sancionó administrativamente a los señores nombre reservado y nombre reservado, al pago de multas y con sendas anotaciones de demérito. Igualmente, ninguna responsabilidad tiene el Órgano recurrido en la pretendida reactivación del Consejo Asesor, toda vez que ello es resorte exclusivo del Gobierno Regional.

SEXTO: Que, finalmente, de la propia documental acompañada por el recurrente, se descarta cualquier atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. En efecto, se acompañó documental consistente en la Investigación Especial de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena N° 216 del año 2016, que, amén de analizar los procesos licitatorios (ID 8089-9-LE15 e ID 808-8-LP14), que derivaron en las sanciones a los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, también analiza “El Plan de Cobertura Total para los Pueblos Indígenas de los Canales Australes”, que es el plan que daba cobertura operacional, ejecutiva y financiera al Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes, el que se ve seriamente cuestionado en su legalidad, por cuanto la creación del citado Consejo, requiere para su constitución, la aprobación del Consejo Regional. Asimismo, el acto administrativo que formalizó la creación del Consejo de Desarrollo Indígena, debió ser sometido al trámite de toma de razón, lo que no ocurrió en la especie, además, ese Consejo debió ser iniciado por resolución y no por decreto.

Que, para concluir, es ese mismo Informe Final de Contraloría, ordena al Servicio Fiscalizado (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), “inhibirse, en lo sucesivo, de realizar acciones en el marco de un plan de cobertura total caduco, situación que será verificada en una futura fiscalización”; inhibición que, por cierto, alcanza al financiamiento del tantas veces mencionado Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes y la Antártica Chilena.

SEPTIMO: Que, de esta manera y por los motivos anteriores, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de los Servicios recurridos, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección intentado por don nombre reservado, por sí y en nombre reservado, Yagan y Mapuche Huilliche en contra de la Oficina de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Stenger.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Stenger, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL Nº 323-2019. PROTECCIÓN.