nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, tres de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, y deducen recurso de protección en favor de doña nombre reservado, venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; don nombre reservado venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado; y doña nombre reservado venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos trabajadores dependientes de Comercial y Consultora en Telecomunicaciones Cygnus Móvil Ltda. y domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana en contra de doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Magallanes en razón del acto que señalan como ilegal y arbitrario, consistente en haber captado, registrado y difundido, sin autorización de los recurrentes, imágenes, videos y registros audiovisuales mientras éstos desempeñaban sus funciones laborales, publicándolos posteriormente en diversas redes sociales de acceso masivo, particularmente TikTok, Facebook e Instagram, permitiendo su plena identificación y sometiéndolos a una exposición pública de carácter permanente, vulnerando las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°4 de la Constitución Política de la República.

Fundan su recurso en que los recurrentes mantienen una relación laboral vigente con Comercial y Consultora en Telecomunicaciones Cygnus Móvil Ltda., desempeñándose como Ejecutivos Comerciales en régimen de subcontratación para la mandante Entel, en la sucursal ubicada en domicilio reservado de Punta Arenas.

Refieren que el 5 de junio de 2026, mientras desarrollaban normalmente sus labores de atención de público, ingresó a la sucursal la recurrida con el propósito de efectuar un reclamo relacionado con un servicio de telefonía móvil, y que durante la atención comenzó a registrar mediante su teléfono celular imágenes, audio y video de los recurrentes, sin solicitar ni obtener autorización de ninguno de ellos.

Afirman que, con posterioridad, la recurrida publicó los registros audiovisuales obtenidos en diversas plataformas digitales, permitiendo la plena identificación de los recurrentes a través de sus imágenes, voces, lugar de trabajo y funciones desempeñadas, alcanzando una difusión masiva, superando una de las publicaciones las 666.000 visualizaciones y otra las 890.000. Sostienen que, como consecuencia de dicha difusión, los recurrentes comenzaron a recibir comentarios ofensivos y descalificatorios de terceros usuarios de redes sociales, respecto del desempeño laboral e incluso respecto de la nacionalidad, generando un ambiente de hostigamiento y exposición pública completamente ajeno al desempeño de sus funciones.

Agregan que el 8 de junio de 2026, los recurrentes efectuaron una denuncia interna de conformidad a la Ley N°21.643 (Ley Karin) y en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de su empleador, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.

Alegan que la conducta denunciada es ilegal, por cuanto la recurrida difundió públicamente imágenes, registros audiovisuales y la identidad de los recurrentes sin autorización, contraviniendo el artículo 19 N°4 de la Constitución Política, el artículo 161-A del Código Penal y la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y arbitraria, al ser una actuación carente de razonabilidad y proporcionalidad, y una manifestación de autotutela, al sustituir los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para formular reclamos o perseguir eventuales responsabilidades.

Aseveran que la conducta vulnera el derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N°1; el derecho al respeto y protección de la vida privada, la honra y la propia imagen del artículo 19 N°4; y el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria del artículo 19 N°2, de la carta fundamental.

Arguyen que la libertad de expresión no reviste carácter absoluto y debe ejercerse con pleno respeto de los derechos fundamentales de terceros, incurriendo la recurrida en un ejercicio abusivo de dicha garantía Por lo expuesto, solicitan que se ordene a la recurrida eliminar de forma inmediata y definitiva todas las publicaciones, videos, imágenes, grabaciones y comentarios difundidos en TikTok, Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma que permita identificar a los recurrentes; abstenerse de efectuar nuevas publicaciones o difusiones; disponer que la recurrida gestione la eliminación de todo contenido cuya publicación dependa de sus cuentas o perfiles en redes sociales; y adoptar cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Informa don Máximo Manuel Díaz Silva, abogado, en representación de doña nombre reservado, pidiendo que se rechace el recurso, con costas.

Refiere, en primer término, que el 1 de julio de 2026 esta misma Corte dictó sentencia en los autos Rol N°278-2026, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, rechazando un recurso de protección interpuesto por la jefa de tienda de la misma sucursal respecto de las mismas publicaciones, al estimar que ellas se encuadran en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a emitir opinión consagrado en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental.

Afirma que los recurrentes silencian el contexto de los hechos, esto es, que su representada concurrió a la sucursal de Entel PCS Telecomunicaciones S.A. a fin de obtener respuesta institucional por el bloqueo unilateral de una línea telefónica, lo que es grave, considerando que la actora se encuentra bajo seguimiento médico por un traumatismo craneal derivado de un accidente de tránsito.

Agrega que el interior de la sucursal fue objeto de un trato displicente y humillante por parte del personal que culminó con una agresión física de la jefa de tienda, hechos que motivaron una denuncia ante la Policía de Investigaciones y reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor.

Sostiene que conforme a lo expuesto, las publicaciones efectuadas por su representada en sus redes sociales son una legítima expresión pública de una consumidora afectada que, habiendo agotado los canales formales de reclamo institucional, ejerció su derecho constitucional a informar a la comunidad sobre un hecho del cual fue víctima directa. La documentación audiovisual auténtica de hechos efectivamente ocurridos no puede transformarse, por vía de un artificio procesal consistente en fragmentar la acción de protección entre distintos empleados de la misma sucursal, en una vulneración constitucional inexistente.

Añade que los mismos hechos ya fueron conocidos y calificados por esta Corte en el Rol N°278-2026, existiendo identidad sustancial entre ambas acciones, de modo que arribar a una conclusión distinta generaría sentencias contradictorias en su propia sede.

Alega, como segunda defensa, la improcedencia de la acción constitucional por existir vías ordinarias idóneas especialmente previstas por el legislador, tales como la acción de protección de datos personales de la Ley N°19.628, el ejercicio de acciones penales, la acción civil de indemnización de perjuicios de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, y los procedimientos de la Ley N°21.643.

Menciona que la ausencia de derechos indubitados que cautelar, que no hubo una individualización directa de los recurrentes en las publicaciones, que éstas constituyen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho del consumidor a informar, tratándose de la documentación audiovisual auténtica de hechos efectivamente ocurridos en un establecimiento comercial abierto al público, la improcedencia de invocar la Ley N°21.643 y que la supuesta discriminación por nacionalidad, no aparece en las publicaciones de su representada, sino en comentarios de terceros usuarios que no le son jurídicamente imputables.

Por lo expuesto pide, tener evacuado el informe y se rechace íntegramente el recurso, con expresa condena en costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del acto que se atribuye a la recurrida, consistente en haber captado, grabado y difundido, sin autorización, a través de redes sociales imágenes y videos de los recurrentes mientras cumplían sus labores en una oficina de atención de público de una empresa de telecomunicaciones, vulnerando con ello, sus garantías constitucionales establecidas en los N°1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en lo medular, que se ordene la eliminación de las publicaciones, videos y que se abstenga de realizarlas en lo futuro.

CUARTO: Que sobre los hechos que relatan en el recurso, la abogada de los recurrentes reiteró en estrados al presentar alegatos, la afectación que les ha generado a cada uno de ellos, la amplia difusión en redes sociales del video que fue grabado el día de los hechos -5 de junio de 2026- por la recurrida en el establecimiento donde los actores prestan servicios como ejecutivos comerciales en atención de público.

Al respecto no existe discusión entre las partes en que efectivamente en la fecha mencionada, la recurrida se presentó en el local comercial donde se desempeñan los recurrentes a manifestar un reclamo relacionado con un servicio de telefonía móvil, y que durante la atención comenzó a grabar con su teléfono celular imágenes y audios de los recurrentes.

No obstante, el abogado de la recurrida, a su turno, cuestiona y en algunos aspectos controvierte los hechos que se le atribuyen por los recurrentes, basándose en las mismas imágenes y audios grabados en el video a que se alude, sosteniendo que en el recurso se omiten hechos relevantes, tales como la agresión verbal de que fue objeto la recurrida a quien, no obstante la condición de salud que presentaba, fue tratada de “ridícula” y con otras expresiones denostativas, a lo que se adiciona una agresión física de que fue objeto mediante “un manotazo en sus manos” para intentar arrebatarle su teléfono celular, todo lo que se aprecia de la grabación y fue omitido en el recurso que presenta una versión parcial y descontextualizada de lo ocurrido.

En la especie, no se exhibió la grabación que se ha difundido por redes sociales de lo que ocurrió en el local al momento de ser atendida la recurrida a fin de determinar la veracidad o falsedad de las expresiones contenidas en las publicaciones y así descartar el trato displicente, burlesco, humillante y agresivo que acusa la recurrida durante la atención comercial.

QUINTO: Que a lo razonado se adiciona que esta Corte conoció la causa Rol N°278-2026 Protección, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, con los antecedentes documentales que fueron aportados en relación a los mismos hechos, donde el recurso fue interpuesto por la Jefa del Local Comercial –doña nombre reservado- quien no comparece en estos autos y que fue rechazado, destacando en su considerando séptimo lo siguiente “...de las imágenes a las que se ha hecho referencia, y las frases en ella insertadas, no se aprecia, a juicio de estos sentenciadores, la existencia de alguna expresión difamatoria, o que tenga por objeto lesionar la honra o imagen de la actora, sino que más bien se encuadra dentro del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de emitir una opinión...”.

Ahora bien, las mencionadas imágenes corresponden a una serie de capturas de pantallas acompañadas al recurso, tal como ocurrió la especie, donde no se incorporó la grabación de imágenes y audios del vídeo a que aluden ambas partes.

Así, en base a antecedentes documentales, se rechaza el citado recurso de protección, respecto de las mismas publicaciones, al estimarse que las acompañadas se encuadran en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a emitir opinión consagrado en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental. En el considerando séptimo de la sentencia pronunciada en la causa mencionada, esta Corte sostuvo: “Que, de las imágenes a las que se ha hecho referencia, y las frases en ella insertadas, no se aprecia, a juicio de estos sentenciadores, la existencia de alguna expresión difamatoria, o que tenga por objeto lesionar la honra o imagen de la actora, sino que más bien se encuadra dentro de ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de emitir una opinión del cual la recurrida es titular conforme el artículo 19 N°12 de nuestra Carta Fundamental, ello en base a poder informar, a partir de su propia experiencia, respecto de una situación vivida.

Abona lo expuesto el hecho de que, en las imágenes no se contiene una individualización de la recurrente, se desconoce quién de las personas que aparece en las fotografías es precisamente la actora y que la recurrida informó la existencia de una denuncia ante la Policía de Investigaciones, así como de reclamos administrativos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor, lo que evidencia que los hechos que sirven de fundamento a las publicaciones se encuentran sometidas al derecho, siendo conocidos en sedes diversas, dotadas de etapas de prueba y contradicción de las que el recurso de protección carece”.

SEXTO: Que para emitir el pronunciamiento constitucional requerido sobre la afectación a las garantías fundamentales invocadas por los recurrentes, resulta necesario que se encuentre claramente determinada la base fáctica necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en las letras a) y b) del considerando segundo.

En la especie, la controversia planteada por la recurrida se basa –en síntesis- en que la pretensión de los recurrentes exige la demostración previa de la veracidad o falsedad del relato subyacente a las publicaciones, esto es, si efectivamente le dispensaron a ella o no un trato displicente, burlesco y humillante durante la atención comercial; establecer si las expresiones publicadas exceden o no los márgenes constitucionalmente protegidos por la libertad de expresión y del derecho del consumidor a informar; determinar si las publicaciones permiten o no una individualización de cada uno de los cuatro recurrentes como también si el local comercial donde se obtuvo la grabación corresponde a una oficina o establecimiento abierto al público para así dilucidar si lo grabado fue o no una “comunicación de carácter privado” en los términos del artículo 161-A del Código Penal, como lo sostiene la parte recurrente al poner énfasis en la falta de autorización previa.

Por último la recurrida sostiene que los comentarios ofensivos a que aluden los recurrentes no fueron efectuados por ella sino que provienen de terceros usuarios de redes sociales por lo que no le son imputables jurídicamente.

SEPTIMO: Que, atento lo expuesto y el pronunciamiento de esta Corte en el ingreso de protección rol 278-2026 mencionado, solo cabe convenir que en el presente caso, conforme a las imágenes acompañadas a folio 1, únicos insumos disponibles para resolver, no es posible establecer, a juicio de estos sentenciadores, la concurrencia en la especie de los supuestos necesarios contenidos en el considerando segundo para acoger la acción constitucional interpuesta.

Abona lo expuesto el hecho que, tanto los recurrentes, a través del procedimiento iniciado conforme a la Ley N°21.643 y la recurrida por medio de una denuncia ante la Policía de Investigaciones que dio origen a la causa RUC N°2600882175-4 ante la Fiscalía Local de Punta Arenas, así como mediante reclamos administrativos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor, activaron diversos procedimientos a fin de esclarecer los hechos que motivaron las publicaciones, siendo conocidos en sedes diversas, y en los cuales, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, pueden rendir las pruebas que estimen convenientes, etapa de la que el recurso de protección carece.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado en los motivos precedentes, el recurso deducido deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic Antinopai.

ROL N°322-2026 PROTECCIÓN.