nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Punta Arenas dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece DANIEL ALEJANDRO MANCINI ESQUIVEL,, abogado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros RUT reservado, Numero de pasaporte RUT reservado de nacionalidad colombiana, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando se acoja la acción declarando que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, y se le ordene pronunciarse y concluir inmediatamente la solicitud de nombre reservado de la parte recurrente, otorgándola, proveyéndole de todos los certificados y estampados que correspondan hasta que obtenga efectivamente su cédula de identidad.

Arguye que formuló una solicitud de nombre reservado el día 19 de marzo de 2021 bajo el Nº 20940301, Sin embargo, a la fecha, el recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del recurrido, no habiendo pronunciamiento alguno o emisión de resolución exenta, así como tampoco se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Sostiene que Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de nombre reservado, esto es, desde la solicitud hecha con fecha 19 de marzo de 2021, hasta la presente fecha, ha transcurrido 1 año, 2 meses, y 13 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

En esta misma línea, es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9o, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Manifiesta que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone en favor de todas las personas, el Recurso de Protección, el cual se puede interponer en contra de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que hagan sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos derechos y garantías establecidas en artículo 19 de la misma Carta fundamental.

En este sentido, consideramos que la situación descrita precedentemente importa una vulneración de diversas garantías que concede la Constitución Política de Chile, a las cuales nos referiremos a continuación:

Sobre el particular, la conducta de la recurrida perturba seriamente la integridad psíquica del recurrente puesto que, debido a la situación relatada precedentemente, se encuentra en la completa incertidumbre de su situación migratoria. Dicha situación le afecta porque desde que arribo a Chile ha desarrollado una vida en este país, y tal irresolución le acarrea una seguidilla de inconvenientes en el ejercicio natural del desarrollo de su vida, con miras a establecerse de forma definitiva en nuestro país.

Fundamenta que ella ejerce su oficio en el sector de pesca, en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos, la cual no sólo genera ingresos para ella, sino que también para su familia, y en consecuencia, no poder tener su trámite migratorio regularizado, le afecta psíquicamente y más aún cuando ha dado cumplimiento a todas las exigencias que se le han pedido, no pudiendo optar a otros cargos laborales Respecto a las garantías constitucionales vulneradas la igualdad ante la ley se encuentra garantizada en la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 2. Su protección supone no sólo la protección de los derechos de las personas sino también en el cumplimiento de sus deberes. Por lo que si la igualdad ante la ley es vulnerada se afectan principios en los cuales se basa nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido queda manifiesto que el establecer privilegios entre las personas o efectuar diferencias supone un actuar ilegal y arbitrario de quién lo realiza. A saber, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, señala: “La Constitución asegura a todas las personas: 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”

Sostiene que dicha situación encuentra su concordancia en el artículo 1º de la carta fundamental que establece las personas “nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y nuestro Código Civil que considera desde fines del Siglo 19, ese principio al señalar que “ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros”, respecto a los derechos que dicho cuerpo legal contiene. En relación con este acápite, el hecho que el recurrente no haya recibido información, donde no se le ha notificado la resolución del DEM por más de un año, es vulneratorio, y más aún cuando es conocido que existen personas en igual condición que la recurrente, donde su solicitud ha sido resuelta y notificada en plazos bastante menores del que lleva la tramitación de la solicitud del afectado. Incluso existen casos de personas que fueron contratadas por el DEM cuya solicitud de visa sólo duro un día de análisis como fue ampliamente conocido por la opinión pública e incluso denunciado por varias organizaciones sociales de migrantes. Por lo que el hecho de establecer una diferencia arbitraria con relación a otras personas que se encuentran en igual situación que el recurrente es un claro actuar ilegal y arbitrario por parte de la autoridad que no da pie a dudas.

En cuanto al derecho a la libertad personal y seguridad individual establecida en el artículo 19 Numero 7 de nuestra Carta Fundamental, ha sido doctrinariamente definido como “el derecho de toda persona a que los poderes públicos y terceros no interfieran en la esfera de la autonomía personal, vale decir, de disponer de su propia persona y de actuar determinado por su propia voluntad sin otras limitaciones que las que imponen el medio natural, los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico.”

A su vez, la esfera de autonomía personal referida está constituida por el derecho a la libertad ambulatoria, que se encuentra consagrado tanto en la Constitución Política de la República, como en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Arguye que En nuestra Carta Fundamental, el derecho a la libertad ambulatoria se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 7 letra a), que dispone: “toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.”

En adición, el derecho ya descrito se encuentra a su vez contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, que establece: “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales”; como también en el artículo 22 de la misma Convención, que indica: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anterior es no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.”

En virtud de las normas citadas, es posible definir el derecho a la libertad ambulatoria, como el derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y el derecho de toda persona a permanecer libremente en el territorio de cualquier país. De esa forma, esta parte estima que durante el plazo de 1 año, 2 meses, y 13 días, que el DEM lleva tramitando su solicitud de nombre reservado, no sólo perturba sino que afecta, altera y amenaza el derecho a la libertad ambulatoria del recurrente, ya que su derecho a residir y permanecer en Chile se está vulnerando gravemente, al estar expuesto a una situación donde no puede realizar ningún trámite común y corriente que realiza cualquier persona día a día, que se adiciona al permanente temor de poder ser detenido por no tener documentación ni un estatus claro respecto de su situación migratoria, donde por una actuar de naturaleza ilegal y arbitrario que no cumple con los presupuestos legales expresamente previstos en el Decreto Ley 1.094 y Decreto Supremo 597, afectando su libertad personal impidiéndole ejercerla de forma legítima.

En ese sentido, debemos precisar que al concurrir otras vulneraciones a sus garantías personales y no encontrarse al momento de la interposición de la presente acción de protección privada de libertad es que se ha incluido la garantía de la libertad personal y seguridad individual específicamente su libertad ambulatoria en esta presentación.

A su vez respecto a la libertad de trabajo y su protección, contemplada en el numeral 16 del artículo 19 de nuestra Carta Magna establece que: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración”.

De las citadas normas, se desprende que por el actuar arbitrario e ilegal el recurrente no puede pensar ni tan siquiera en acceder a un mejor puesto de trabajo o peor aún si perdiera su actual, se provocaría una merma en su ingreso del que es responsable y que le permite subsistir de acuerdo con su estilo de vida y obviamente no ser una carga para la sociedad. El actuar negligente y arbitrario de la recurrida afecta de forma evidente este derecho y deja al recurrente en una situación de fragilidad extrema al hacer peligrar su posibilidad de poder subsistir adecuadamente Manifiesta que si bien la Ley de Extranjería y su Reglamento otorgan potestades a la autoridad para regular el tránsito de las personas extranjeras en el país, la misma no puede actuar fuera de los marcos de su normativa, debiendo aplicar sus preceptos siempre con razonabilidad y en observancia de los derechos de las personas y especialmente la igualdad ante la ley. En este sentido, el DEM como todos los poderes del estado, deben respetar el principio de legalidad, consagrado expresamente en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que dispone: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Así las cosas, la decisión de la Autoridad debe basarse en algo más que su mera facultad, es decir, no basta que la ley o reglamento le otorguen una facultad determinada, sino que ésta debe ejercerse observando los parámetros legales y, sobre todo, las garantías constitucionales a las que sus acciones deben sujetarse, lo que no sucede en el presente caso.

En este caso se incumple con la ley 19.880, que contempla los procedimientos administrativos, al actuar incumpliendo los principios que deben velar los órganos del estado al ejercer su función que se encuentran contemplados en el artículo 4 de la citada ley, a saber: “Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad” y específicamente para este caso los de conclusivo, inexcusabilidad y de transparencia y publicidad. En efecto, la ley 19.880 contempla dichos principios en los artículos que se transcriben a continuación: “Artículo 8º. Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”. “Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.

“Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”.

Así las cosas, lo anterior complementado con el artículo 17 del cuerpo legal en comento que señala “Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración; d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley; e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales; f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente; h) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, e i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes”.

Señala que se pueden apreciar de la simple lectura de los artículos precedentes con relación a la exposición de los hechos que se ha visto afectado el recurrente, los derechos que establece la ley 19.880 en favor de las personas, especialmente el relativo al conclusivo, inexcusabilidad, y transparencia y publicidad y cumplimiento de los lapsos procesales que deben tener los actos administrativos, han sido vulnerados.

Sostiene que en ese sentido, la transgresión de derechos fundamentales de maneras ostensible como las expresadas en este libelo, no deja de ser una situación que pueda pasar desapercibida y requiera de poner en la atención de esa Corte.

Seguidamente expresa, que lo señalado deja en evidencia las consecuencias que el actuar del DEM ha provocado, donde con una negligencia dolosa ha dejado de aplicar los principios conclusivos, inexcusabilidad y de transparencia y publicidad al informar contradictoriamente y sin cumplir con la notificación formal establecida en la ley de ninguna resolución respecto de su solicitud, lo que le afecta como ya se ha señalado, incurriendo en la vulneración de sus garantías constitucionales Señala que a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema en causa rol 24.827-2020 señaló en su considerando sexto: “Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia.

Asevera, que al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”

Agrega que en este sentido S.S.I. El legislador y la interpretación administrativa ha sido meridianamente clara. El artículo 27 de la Ley 19.880 reza: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” Vale decir establece una obligación imperativa para los órganos de la administración del Estado para cumplir con la tramitación de un procedimiento administrativo.

Manifiesta que en el presente caso al no recibirse de la administración una repuesta enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente se produce infaliblemente una violación al derecho de igualdad ante la ley que incide en su libertad personal y su libertad de trabajo, reflejada en el hecho de no haberse recibido de la administración una respuesta con relación al esencial derecho a la identidad, pues al no disponer de una visa válida y vigente que corresponde otorgar al DEM dentro del lapso legal establecido, genera la imposibilidad de poder tener una cédula de identidad, situación que no sucede con los chilenos, a los cuales si se les permite renovar su carnet de identidad de manera oportuna y expedita, genera desigualdad, como consecuencia de una identidad “caducada”, conllevando dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, la libertad de movimiento, y otros que forman parte de la vida del ser humano.

Finaliza señalando que el actuar ilegal y arbitrario por parte del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública demuestran un trato ilegal y arbitrario en cuanto a que se vulneran las garantías de los artículos 19 en sus números 2, 7 y 16 de la Constitución Política de la República, según lo expresado ya extensamente en el presente escrito, solicitando tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, por la omisión ilegal y arbitraria en la falta de respuesta sobre la solicitud de nombre reservado, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informa la parte recurrida Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República Arguye que respecto a la situación migratoria, doña nombre reservado, hizo ingreso al territorio nacional con fecha 12 de julio de 2017, a través del Aeropuerto Internacional Comodoro nombre reservado.

Luego, y mediante Resolución Exenta N°569, de fecha 27 de abril de 2020, la autoridad procedió a otorgar a la extranjera visación temporaria por el plazo de un año y con una vigencia hasta el 09 de junio de 2021. A continuación, y con fecha 19 de marzo de 2021, la extranjera de marras solicitó ante esta autoridad permiso de residencia definitiva en nuestro país.

Expresa que actualmente, y según Resolución Exenta N°21268460, de fecha 05 de diciembre de 2021, la solicitud de marras se encuentra en aquella etapa de evaluación intermedia, lo que incluye a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda.

Sostiene como bien se ha expuesto, que la solicitud de nombre reservado de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder la extranjera a un certificado que acredita tal situación. En virtud de lo anterior, la recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de amparo.

Asimismo expresa que la regularidad en el país de la recurrente tiene como fundamento los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Agrega que el artículo 38 de la Ley 21.325 indica expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia. Así, queda asentado el hecho de que actualmente la libertad personal de la recurrente no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio. En este orden de ideas, en virtud del artículo 45 de la Ley 21.325, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente, asì en el caso de autos, la recurrente posee cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Por su parte el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señalaba: “La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la omisión de la recurrida de pronunciarse sobre la solicitud de regularización migratoria planteada el 19 de marzo de 2021, no obstante que se han acompañado todos los antecedentes necesarios para su resolución, infringiendo con ello los principios de celeridad y conclusivo consagrados en la Ley N° 19.880.

TERCERO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados de la Constitución Política de la República, toda vez que mientras penda la tramitación de la solicitud, su situación migratoria es regular, al tenor de lo dispuesto en la Ley Nº 21.325.

CUARTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa. Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en todo procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, los que vienen a concretar en forma positiva el mandato del inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que la Administración del Estado debe observar el principio de impulsión de oficio del procedimiento.

Por su parte, el artículo 8º de la citada Ley N°18.575 indica que los órganos de la Administración del Estado deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos”.

En este sentido resulta útil agregar que el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 19.880, ratifica el deber de la autoridad administrativa de impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

QUINTO: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo acreditadas las situaciones fácticas en las que se encuentra la solicitante para efectos de emitir su pronunciamiento.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es preciso ser enfático, dejar en claro que no corresponde a esta Corte emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo a la parte afectada en la incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

SEPTIMO: Que la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por DANIEL ALEJANDRO MANCINI ESQUIVEL, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, todos ya individualizados, con el solo objeto que la autoridad correspondiente emita el pronunciamiento fundado que en derecho corresponda respecto de la solicitud que le ha sido planteada, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N° 3167-2022.- PROTECCIÓN