Recurso de protección

nombre reservado, siete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, oficial de Carabineros en retiro, quien actuando en calidad de mandatario judicial / administrativo de doña nombre reservado, suboficial mayor de Carabineros, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, general inspector de Carabineros, Director Nacional de Orden y Seguridad, con domicilio en domicilio reservado, en razón de la omisión y/o denegación fáctica, arbitraria, ilegal, ilegítima y actual, que atribuye al recurrido respecto del ejercicio de los derechos ciudadanos deducidos ante la Administración, conforme al detalle que se expone.

Refiere que, en el ejercicio del cargo de mandatario en sede administrativa de su representada -quien prestaba servicios en la Prefectura de Carabineros Magallanes N°28- tomó conocimiento de una serie de ilícitos funcionarios materializados en su contra por parte de oficiales de Carabineros, lo que motivó que, mediante el escrito NUM001 de fecha 20 de mayo de 2025, dedujera denuncia por infracción a los principios de juridicidad, probidad y transparencia, ante el jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, general nombre reservado, solicitando se efectuara el control jerárquico respectivo y se hiciera efectiva la responsabilidad administrativa de los intervinientes.

Sostiene que, ante la falta de una respuesta que estimó satisfactoria, dedujo sucesivas reiteraciones -identificadas como NUM002 de 17 de junio de 2025, NUM008 de 22 de septiembre de 2025, NUM003 de 29 de octubre de 2025 y NUM004 de 3 de junio de 2026- las tres últimas dirigidas directamente al recurrido, en su calidad de superior jerárquico inmediato del general nombre reservado, exigiendo se efectuara el control jerárquico de los hechos denunciados, se indicara el estado de tramitación, se entregara copia certificada del expediente y se dictara el acto administrativo terminal correspondiente, todo ello conforme a las normas de los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 19 bis, 21, 22, 23, 24, 30, 41, 45 y 46 de la Ley N°19.880.

Afirma que el recurrido, al omitir y/o denegar fácticamente atender dichos requerimientos por cuarta vez consecutiva, incurrió en una infracción contumaz, arbitraria e ilegal de las normas del procedimiento administrativo antes citadas y de los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República, lo que -a su juicio- ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 (integridad psíquica), N°2 (igualdad ante la ley), N°3 inciso quinto (debido proceso) y N°4 (honra) de la Carta Fundamental.

Concluye solicitando se ordene al recurrido atender, en el más breve plazo, el ejercicio de los derechos ciudadanos deducidos a través del escrito NUM004, dictando la resolución respectiva, entregando copia de los antecedentes requeridos y efectuando el traslado correspondiente, y se disponga toda otra medida que el tribunal estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Informa don nombre reservado, Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Expone, como cuestión previa, que en forma paralela a la presente acción, la suboficial mayor nombre reservado ejerció acción de tutela laboral fundada en los mismos hechos que sustentan este recurso, la que se encuentra actualmente en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado bajo el RIT N°129-2026, causa que fue admitida a trámite por resolución de 18 de junio de 2026, fijándose audiencia preparatoria para el día 4 de agosto de 2026.

Sostiene que las alegaciones del recurrente carecen de sustento fáctico y jurídico, por cuanto sus presentaciones sí fueron recibidas y atendidas por la Administración, lo que consta de la Nota N°NUM005 de 1 de agosto de 2025, mediante la cual el General Director de Carabineros acusó formalmente recibo de la presentación NUM002; de la Nota N°NUM006 de 4 de agosto de 2025, mediante la cual la Dirección Nacional de Orden y Seguridad informó que los antecedentes fueron remitidos a la Jefatura de la XII Zona de Carabineros Magallanes para su análisis y tramitación conforme a sus atribuciones; y de la Nota N°NUM007 de 18 de noviembre de 2025, mediante la cual dicha Zona se pronunció sobre las materias contenidas en la presentación NUM001.

Añade que no existe disposición legal alguna que obligue a la Administración a dictar un nuevo acto administrativo terminal respecto de cada presentación que reitera solicitudes ya conocidas, ni un deber incondicionado de instruir sumarios administrativos por la sola circunstancia de que un particular formule denuncias o atribuya responsabilidades disciplinarias a funcionarios institucionales, materia que corresponde al ejercicio de una potestad discrecional reglada por el ordenamiento jurídico especial que rige a Carabineros de Chile -Ley N°18.961, Reglamento de Disciplina N°11 y Reglamento de Sumarios Administrativos N°15-, sujeta a criterios de legalidad, mérito y oportunidad institucional.

Indica que la notificación de la calificación funcionaria efectuada a la representada del recurrente se ajustó a la normativa institucional vigente y a la jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República, sin que el uso de licencia médica afecte su validez ni suspenda la tramitación de los procedimientos administrativos que le resulten aplicables.

Afirma que las imputaciones de actuar doloso o negligente que se atribuyen al recurrido y a sus asesores constituyen meras apreciaciones subjetivas, carentes de todo sustento probatorio, y que lo que en definitiva se pretende con esta acción es sustituir el criterio técnico y discrecional que la ley reserva a la autoridad administrativa, transformando el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución en un imaginario derecho a obtener una respuesta favorable a las pretensiones del recurrente, lo que excede el ámbito cautelar del recurso de protección.

Concluye que ninguna de las garantías constitucionales invocadas ha sido vulnerada, por cuanto las actuaciones desplegadas por esta autoridad se enmarcan dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le confiere, sin que se advierta acto arbitrario, ilegal, negligente o doloso alguno, solicitando en definitiva el total y absoluto rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, a través del presente recurso, el recurrente reclama respecto de la omisión y/o denegación fáctica que atribuye al recurrido, don nombre reservado, Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, consistente en no haber atendido, por cuarta vez, el ejercicio de los derechos ciudadanos deducidos a través del escrito NUM004 de 3 de junio de 2026, que reitera las presentaciones NUM002, NUM008 y NUM003, relativas a una denuncia formulada en contra del general nombre reservado, jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, por hechos de maltrato y acoso laboral que habría padecido su representada, estimando vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el recurrido solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que de los propios antecedentes acompañados a los autos aparece que las presentaciones del recurrente no fueron ignoradas por la Administración, sino que fueron recibidas, derivadas y objeto de pronunciamiento por parte de las autoridades competentes, según consta de la Nota N°NUM005 de 1 de agosto de 2025 de la Secretaría General de Carabineros de Chile, que acusó formalmente recibo de la presentación NUM002; de la Nota N°NUM006 de 4 de agosto de 2025 de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, que informó la remisión de los antecedentes a la Jefatura de la XII Zona de Carabineros Magallanes para su análisis y tramitación conforme a sus atribuciones; y de la Nota N°NUM007 de 18 de noviembre de 2025 de dicha Zona, que se pronunció sobre las materias contenidas en la presentación NUM001; circunstancia que desvirtúa la premisa fáctica de una omisión absoluta e ininterrumpida en que el recurrente funda su acción.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, ha de recordarse que el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República garantiza a toda persona la posibilidad de dirigirse a la autoridad competente, formular solicitudes o reclamaciones y obtener de ésta una respuesta dentro del marco de sus competencias y conforme al procedimiento legalmente establecido; pero dicha garantía no comprende la facultad de imponer a la Administración el contenido de la decisión que deba adoptar, ni de obligarla a instruir necesariamente un sumario administrativo o a ejercer sus potestades disciplinarias en el sentido pretendido por el peticionario, materia que, conforme al régimen jurídico especial que rige la actividad disciplinaria de Carabineros de Chile -Ley N°18.961, Reglamento de Disciplina N°11 y Reglamento de Sumarios Administrativos N°15-, corresponde al ejercicio de una potestad discrecional que debe sujetarse a criterios de legalidad, mérito y oportunidad institucional.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, consta en autos que en forma paralela a la presente acción, la suboficial mayor nombre reservado dedujo acción de tutela laboral fundada en los mismos hechos que sirven de sustento a este recurso, actualmente en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado bajo el RIT N°129-2026, causa que fue admitida a trámite por resolución de 18 de junio de 2026, fijándose audiencia preparatoria para el 4 de agosto de 2026; circunstancia que evidencia que los hechos motivo de reproche se encuentran sometidos al conocimiento de un tribunal de lato conocimiento, en sede que cuenta con las garantías procesales propias de un juicio declarativo, de las que carece esta acción cautelar, lo que descarta la existencia de un derecho indubitado y no disputado susceptible de ser amparado por esta vía urgente y sumarísima.

OCTAVO: Que, en lo relativo a las garantías constitucionales invocadas, cabe descartar la vulneración del derecho a la integridad psíquica reconocido en el artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto no consta en autos que el recurrido haya ejecutado actos de hostigamiento, amenaza o coacción idóneos para afectar objetivamente dicha garantía, sino que la incertidumbre o angustia que el recurrente alega experimentar deriva de su disconformidad con el mérito de las decisiones administrativas adoptadas, lo que no configura, por sí sola, una afectación constitucionalmente relevante.

Tampoco se advierte vulneración a la igualdad ante la ley consagrada en el N°2 del citado artículo 19, desde que el recurrente no identifica un término de comparación válido que permita concluir la existencia de un tratamiento diferenciado y arbitrario respecto de otros administrados en situación jurídica equivalente.

En cuanto a la garantía del debido proceso reconocida en el inciso quinto del N°3 del artículo 19, no existe disposición legal alguna que obligue a la Administración a dictar un acto administrativo terminal cada vez que un interesado reitera solicitudes ya conocidas y atendidas, de manera que no se advierte procedimiento inconcluso ni actuación ilegal que haya privado al recurrente del ejercicio de los mecanismos de impugnación que el ordenamiento jurídico contempla.

Finalmente, en lo que respecta al derecho a la honra reconocido en el N°4 del artículo 19, no consta que el recurrido haya efectuado manifestaciones, calificaciones o imputaciones idóneas para desacreditar la reputación del recurrente frente a terceros, de manera que la eventual percepción negativa que éste pueda tener respecto del resultado de sus gestiones no resulta jurídicamente imputable al recurrido por esta vía.

NOVENO: Que, de lo razonado en los motivos precedentes, aparece que el recurrente carece de un derecho indubitado y no disputado, respecto del cual esta Corte deba adoptar medidas de resguardo por la vía urgente y cautelar del recurso de protección, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, general inspector de Carabineros, Director Nacional de Orden y Seguridad, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL N°315-2026. Protección.