ENERGIA DEL SUR S.A. CONTRA FUNCIONARIOS DE LA XII DIRECCION REGIONAL PUNTA ARENAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Punta Arenas, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

En los autos Rol N° 310-2017 del ingreso de esta Corte de Apelaciones, comparece Rony Acosta Yáñez, abogado en representación de sociedad Energía del Sur S.A. o ENERSUR S.A., del giro estación de servicios, recurre de protección en contra de Paola Gutiérrez Alvarado, fiscalizadora, Gloria Opazo Herrera, jefa del Departamento de Fiscalización y nombre reservado, jefe de grupo de Medianas y Grandes Empresas, todos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, solicitando se deje sin efecto la Citación N° 016 de 11 de abril de 2017 y se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

Funda la acción señalando que es objeto de un proceso de fiscalización por la Dirección Regional de Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos, desde 20 de julio de 2016, denominado “Auditoria de IVA a Estaciones de Servicio” correspondiente al periodos julio 2013 a junio 2016, dentro del cual se le notificó la citación N° 016 de 11 de abril de 2017, en la cual se le solicita acredite la calidad de exportación de 371 facturas de ventas a Empresas del Territorio Preferencial de la Ley N° 18.392 emitidas en los periodos Marzo 2014 a abril de 2016, y respecto de 13 facturas de venta exenta a Empresas del Territorio Preferencial de la N° 19.149, emitidas en los periodos que indica de los años 2014, 2015 y 2016; las cuales no cuentan con la certificación del Servicio Nacional de Aduanas al ingreso al territorio preferencial, según se dispone en la normativa e instrucciones emanadas del Servicio.

Expresa que las facturas aludidas en la citación, dan cuenta de la venta combustible a contribuyentes ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, acogidos a regímenes excepcionales contenidas en las leyes N° 18.392 y N° 19.149. Así refiere que entre enero de 2014 y abril de 2016, celebró 369 ventas de combustible con empresa Constructora Vilicic S.A., empresa que se ejecutaba trabajos de pavimentación de la ruta internacional, Cerro Sombrero-Onaissin, que conecta Chile y Argentina a través del paso fronterizo de San Sebastián. El combustible vendido por la recurrente era cargado en camiones cisternas de propiedad de Constructora o arrendados por ésta, conducidos por sus propios choferes, desde las instalaciones ubicadas en Cabo Negro, transportados hasta la Isla de Tierra del Fuego, con sus respectivas facturas de venta. Agrega que hasta el lugar donde se necesitaba el combustible, no existía un puesto aduanero de control, procediéndose a certificar el ingreso del petróleo diésel por funcionarios de la Tenencia San Sebastián de Carabineros de Chile, como consta en el timbre estampado en las facturas especiales que amparaban el traslado e ingreso del combustible al territorio preferencial, mismo procedimiento se había utilizado usualmente y desde antigua data; en virtud de un convenio de cooperación entre Carabineros y Aduana, para el control de los pasos fronterizos, sin que ningún organismo público haya cuestionado jamás dicho procedimiento.

Agrega que la citación impugnada es ilegal, por cuanto tiene como antecedente y fundamento las Resoluciones Exentas del SII N° 1.057, de 1985 y N° 62, de 1992; sin embargo su fiscalización corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, sus funcionarios deben verificar el ingreso de las especies, llenando el recuadro de la factura. Por lo que no puede el Servicio de Impuestos Internos, cuestionar la naturaleza de exportación de la operación, en razón que la certificación se ha efectuado por un funcionario no dependiente del Servicio de Aduana, desconociendo el valor probatorio y de autenticidad inherente que tiene un timbre estampado por un efectivo de Carabineros de Chile. Alude que es el legislador el que le otorga el carácter de exportación a la ventas en comento, la que opera por el solo ministerio de la ley, lo que se corrobora con un pronunciamiento del Servicio en este sentido, que cita al efecto.

Alega, además que la citación impugnada se funda en resoluciones que han perdido eficacia y vigencia, ya que datan de 1985 y 1993, en el año 2010 la Dirección Nacional de Aduanas, en el año 2010 agregó al Manual de Zonas Francas el capítulo sobre “Procedimiento de control para la importación, ingreso y/o salida de mercancías que se acogen a la ley n° 18.392/85 y n° 19.149/92, en el cual se expresa que el ingreso de las mercancías beneficiadas al territorio preferencial, de conformidad a lo estipulado en las citadas leyes, deberá verificarse y certificarse por el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo, acreditarse de acuerdo a las normas que fije dicho Servicio; por lo que correspondía actualizar, ajustar y concordar a éste cuerpo normativo, las respectivas resoluciones, ya que las anteriores han resultado tácitamente derogadas, al modificarse las normas que contienen la atribución de competencia dirigida al órgano administrativo, resultando así un acto ilegal. En subsidio alega el decaimiento del acto administrativo, resultando las actuaciones ilegales y arbitrarias.

Adiciona que las resoluciones exentas no contemplan una sanción para el caso de incumplimiento de las instrucciones, debiendo aplicarse supletoriamente el artículo 109 del Código Tributario, esto es, multa. En este caso, el interesado y quien debe cumplir con la visación de las mercancías es el comprador, en la especie el traslado del combustible lo efectuaba la empresa beneficiaria, en camiones de su propiedad y con choferes de su dependencia, y no es de cargo de la empresa proveedora. Dicho actuar vulnera el principio de legalidad consagrado en la Constitución artículos 6° y 7, así en este caso, concurren tres hipótesis de violación de la ley, toda vez que ha existido un desconocimiento directo de las leyes de excepción, a las que se les pretende dar una interpretación errónea, exigiéndose la constatación de un hecho -el visado de las facturas-, para tener por configurada la exportación de las mercancías, que no debía legalmente justificarse, pudiendo evidenciarse que la conducta impugnada ha excedido las facultades legales del servicio.

Aduce que la actuación de los recurridos, resulta del mismo modo arbitraria, por cuanto la citación infringe y omite el cumplimiento de normas legales expresas.

Los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2, al existir un trato discriminatorio, no siendo procedente que el SII pretenda sancionarle con el cobro de una altísima suma de dinero, por efecto de negarle el crédito fiscal utilizado con ocasión de las ventas que efectuó al territorio preferencia, si se considera que fue el comprador quien trasladó e ingresó la mercancía a la zona amparada por las leyes de excepción, y menos aún, si ante incumplimientos similares, ha optado por fijar una sanción administrativa de multa. Respecto del denominado bloqueo de timbraje, sanción no prevista en la ley, se afecta el derecho a la libertad de trabajo, artículo 19 N° 16 y el derecho a ejercer libremente cualquier actividad económica, articulo 19 N° 21, el actuar de los recurridos al dictar la Resolución que impugna, le amenaza de sufrir un menoscabo efectivo por parte de ENERSUR S.A., que podría ascender a los $1.200.000.000. Se afecta también el derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 de la norma en comento, en tanto afecta el dominio sobre el crédito fiscal que utilizó por las ventas realizadas y le impiden disponer de las prestaciones que ingresaron a su patrimonio.

Informa por los recurridos Paola Gutiérrez Alvarado, Gloria Opazo Herrera y nombre reservado, funcionarios de la XII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, doña nombre reservado, Directora Regional de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso impetrado con expresa condenación en costas.

Como cuestión previa, explica los antecedentes que han dado lugar al recurso, relato en el que coincide con el actor, afirmando además que dentro del proceso de fiscalización, junto a la citación se apercibió al contribuyente con que las ventas efectuadas hacia territorios preferenciales, tendrían la calidad de exentas, en caso que no se acreditara lo requerido en la aludida citación.

Alega en primer término la improcedencia del recuso, en razón de su naturaleza excepcional, ya que no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Impuestos Internos Explica que la citación es un medio de fiscalización que se encuentra establecido en el artículo 63 del Código Tributario, el que consiste en una comunicación que se dirige al contribuyente, por el jefe de la oficina respectiva o por el funcionario en quien haya delegado esa función, para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración, o rectifique, aclare, amplíe o confirme una declaración anterior; plazo que puede ser ampliado a petición del interesado, por una sola vez, hasta un mes, la que se emite, en aquellos casos que, como consecuencia de los antecedentes que recopila la autoridad tributaria, puede existir una pretensión fiscal distinta a la que ha sido determinada por el contribuyente en sus declaraciones de impuestos. Así, de la revisión practicada a la recurrente de la documentación, registros contables y demás antecedentes en poder del Servicio, obtenidos mediante la respuesta al requerimiento que se le había efectuado previamente, se pudo establecer que existían una serie de facturas de ventas exentas emitidas por ella a Empresas del Territorio Preferencial, tanto de la Ley N° 18.392 como de la Ley N° 19.149, que no contaban con la certificación del Servicio Nacional de Aduanas. por lo cual se le solicitó, que acreditara la calidad de exportación de dichas facturas.

Las normas administrativas y de control del ingreso de estas mercaderías, emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, se encuentran en los siguientes actos: Resolución Exenta N° 1.057 de 25 de abril de 1985, respecto de la Ley N° 18.392; y Resolución Exenta N° 62 de 11 de enero de 1993, respecto de la Ley N° 19.149. Ambos instrumentos establecen que las mercaderías sólo podrán ingresar al territorio preferencial documentadas con una factura especial, la que debe cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra el hecho de que deben ser extendidas en quintuplicado y deben contener en la parte inferior un recuadro para uso exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, para efectos que este organismo realice su certificación. De lo que se desprende que ha actuado conforme a la legislación vigente, al tenor del artículo 6° del Código Tributario y 1° de Ley Orgánica, ya que en el ejercicio de sus atribuciones, y para la realización de sus fines específicos, el Servicio procedió a utilizar el medio de fiscalización que le otorga la ley, con el objeto de que la contribuyente pudiera rectificar, aclarar, ampliar o confirmar sus declaraciones de impuestos; mediante el que, además, se le señaló específicamente cuales eran las observaciones detectadas por la repartición, y cuál es la documentación que debía aportar para los efectos de acreditar que las operaciones que celebró con las empresas ubicadas en los territorios preferenciales, se encontraban acogidas a los beneficios establecidos en las Leyes N° 18.392 y N° 19.149.

En este contexto, la citación que se impugna, constituye una oportunidad para el citado, de subsanar las omisiones o errores en los que pudiera haber incurrido o para presentar sus descargos respecto de las observaciones advertidas por este órgano fiscalizador, pudiendo incluso solicitar prórroga del plazo concedido, derecho que no ha ejercido, Alega además que el recurso en examen no es la vía idónea para resolver las alegaciones planteadas por el recurrente en su libelo, todas las cuales corresponden a un asunto de fondo que debe ser objeto de un procedimiento de lato conocimiento, cuando además se impugna una eventual calificación que pudiere realizar el servicio en relación a las facturas fiscalizadas, para ello el contribuyente cuenta con la sede administrativa, o en el procedimiento de reclamo respectivo, en el evento que se proceda a emitir una liquidación detectándose diferencias impositivas y esta sea reclamada; cuando además la citación es un medio de fiscalización y no un acto terminal, del cual se desconoce su resultado, el que puede ser favorable al actor, ya que sólo en el evento que el contribuyente no aclare su situación o la aclare en parte, la autoridad administrativa está facultada para determinar su pretensión fiscal, mediante la emisión de una liquidación, existiendo a este respecto dos vías de impugnación: una vía administrativa y una vía judicial.

Por último, esgrime que no existe afectación alguna de los derechos o garantías invocadas, ya que la citación es sólo un medio de fiscalización, siendo imposible que dicho acto vulnere las garantías constitucionales, careciendo de todo fundamento las argumentaciones efectuadas por la recurrente.

Con fecha 16 de mayo del año en curso, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la Citación N° 016 de 11 de abril del año en curso, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la cual le solicita acreditar la calidad de exportación de 371 facturas de venta a empresas del Territorio Preferencial de la Ley N° 18.392 y 13 facturas de venta exenta empresas del Territorio Preferencial de la Ley N° 19.419, operaciones que tuvieron lugar entre 2014 a 2016, toda vez que dichos documentos no contarían con la certificación del Servicio Nacional de Aduanas, lo que considera excede las facultades del servicio, se funda en resoluciones que han perdido su vigencia y pretende aplicarle una sanción no prevista en la ley.

TERCERO: Que, a su turno los recurridos, a través de la Directora Regional, instan por el rechazo del recurso, alegando la improcedencia de este, atendido su carácter excepcional, negando la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, encuadrándose su actuar conforme a la legislación vigente, debiendo esgrimir el actor las alegaciones formuladas en la instancia administrativa o judicial que corresponda.

CUARTO: Que, al tenor de lo señalado en el informe por la parte recurrida y de lo previsto en el artículo 63 del Código Tributario, es posible concluir que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos al emitir la citación reclamada, han actuado dentro del ámbito de su competencia y de conformidad a sus facultades legales, proceso que además, concede al contribuyente y recurrente la posibilidad de presentar una declaración o rectificar, aclarar, ampliar o confirmar una anterior, teniendo, en suma, la posibilidad de esgrimir sus alegaciones, descargos y observaciones a la fiscalización efectuada, por lo que, en caso alguno puede estimarse, que este acto vulnere o amenace las garantías constitucionales invocadas en el libelo; especialmente porque dicho proceso aún se encuentra en curso, sin que a la fecha haya transcurrido el plazo otorgado por la citación, ni menos se ha emitido liquidación en contra del contribuyente.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha resuelto por los Tribunales Superiores, la presente acción no es la vía idónea para discutir el asunto, atendida su naturaleza cautelar y de emergencia, y su claro objetivo, cual es restablecer el imperio del derecho frente a la vulneración de garantías constitucionales. En la especie, el actor puede hacer valer sus alegaciones en la instancia y oportunidad que el procedimiento administrativo pendiente le permita, pudiendo subsanar las omisiones o errores en los que pudiera haber incurrido, o de presentar sus descargos respecto de las observaciones advertidas por el órgano fiscalizador, por lo que la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por Rony Acosta Yáñez, abogado en representación de sociedad Energía del Sur S.A. y en contra de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos Paola Gutiérrez Alvarado, Gloria Opazo Herrera y nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 310-2017. PROTECCIÓN.