nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, ocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece ante esta Corte nombre reservado, RUN NºRUT reservado, Terapeuta Ocupacional, y nombre reservado, RUN NºRUT reservado, Psicólogo, ambos con domicilio en domicilio reservado, actuando en resguardo de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad nombre reservado, RUT NºRUT reservado, quienes dicen:

Que interponen recurso de protección en contra del SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA nombre reservado, RUT NºRUT reservado, en la persona de su Director Nacional don CLAUDIO ALFONSO CASTILLO CASTILLO, RUN RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en una serie de actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado gravemente derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 1º, 2º, 4º, 10º y 16º.

Señalan que dichos actos consisten en la negativa injustificada y desproporcionada a otorgar el beneficio de teletrabajo solicitado por los recurrentes —ambos funcionarios del mismo Servicio— para atender las necesidades de su hijo con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), la aplicación estricta de una exigencia formal sin atender a la realidad material de los solicitantes, la falta de evaluación fundada del caso concreto, la omisión de adoptar medidas de adecuación razonable, la exposición indebida de antecedentes clínicos del menor, y la ausencia de una respuesta oportuna por parte de la administración pública. Todo lo anterior ha generado consecuencias perjudiciales en la salud, bienestar e integridad del niño, de su madre y de su padre.

Exponen los recurrentes que son padres de nombre reservado, niño de cuatro años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) nivel 2, condición que requiere apoyos intensivos, constantes y especializados. Mateo presenta dificultades significativas en su regulación emocional, sensibilidad sensorial elevada y un alto grado de dependencia de sus cuidadores para desenvolverse en su vida cotidiana. Esta situación se encuentra acreditada mediante informes médicos emitidos por profesionales del área de neurología infantil, terapia ocupacional y fonoaudiología.

Indican que, desde noviembre de 2024, Mateo comenzó a presentar una desregulación funcional importante, manifestada en crisis de angustia, fatiga crónica, y rechazo a entornos escolares, producto de episodios de acoso escolar y sobrecarga sensorial. En palabras de su neurólogo tratante, “nombre reservado ha desarrollado rechazo y reactividad hacia espacios escolares formales”, lo cual representa una barrera grave para su inclusión educativa emocional y conductas de evitación severa frente a contextos institucionales. A raíz de esto, sus terapeutas recomendaron reforzar el acompañamiento parental, estableciendo como medida terapéutica que sus cuidadores directos —nombre reservado y nombre reservado— pudieran estar disponibles durante la jornada de la mañana para facilitar su adaptación y reducir la exposición a factores estresantes.

Refieren que este proceso demandó una dedicación exclusiva por parte de nombre reservado y nombre reservado, quienes han sostenido esta función de manera continua desde enero del presente año. En la práctica, la estabilidad emocional y funcional de Mateo depende directamente de su contención familiar en el hogar, siendo sus padres los únicos adultos con los que logra establecer vínculos de seguridad y regulación.

Ante esta necesidad familiar, desde febrero de 2025, ambos funcionarios iniciaron gestiones formales para solicitar teletrabajo, modalidad prevista en la Resolución Exenta N°305-06-03-2024 del Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado. Esta normativa establece que el teletrabajo puede ser aplicado a trabajadores que no tengan funciones de trato directo con NNA, lo cual aplica plenamente en el caso de nombre reservado. En el caso de nombre reservado, aun prestando funciones en residencia, algunas de sus tareas son de carácter técnico y administrativo, por lo que caben dentro de las excepciones fundadas que autoriza el mismo reglamento bajo evaluación de la Jefatura respectiva.

Indican que en aquella fecha, el Servicio no había difundido de manera oficial la convocatoria formal de postulación para este año 2025. Frente a este vacío administrativo, el día 21 de febrero de 2025, nombre reservado y nombre reservado realizaron la solicitud de postulación mediante correo electrónico, utilizando los formularios que históricamente habían sido válidos. Esta gestión fue informada a sus jefaturas y a dirigentes de la Asociación ANTRAP.

Señalan que, en atención a los antecedentes expuestos, y con el propósito de contextualizar adecuadamente la situación que afecta a su familia, es preciso señalar que en el mes de marzo del presente año, su hijo inició su proceso de escolarización, ingresando al nivel de Pre-Kínder del establecimiento educacional Colegio Francés. En este contexto, el horario asignado para su jornada escolar fue fijado entre las 13:30 y las 17:45 horas, en el marco de un período de adaptación propio de su incorporación al sistema educativo formal. Cabe destacar que, durante la primera semana de escolarización, su madre, nombre reservado, se mantuvo de pie fuera de la sala de clases, acompañándolo diariamente, en atención a que durante esos primeros días presentó reiteradas desregulaciones emocionales que requirieron apoyo constante y contención por parte de su figura de apego.

En razón de las necesidades propias del proceso de adaptación del niño, y considerando la importancia de un acompañamiento cercano y constante por parte de sus padres durante este período crucial, se presentó nuevamente y en reiteradas oportunidades solicitudes de información a través de medios electrónicos —particularmente mediante correos enviados a la casilla institucional correo reservado— con el objeto de obtener una respuesta respecto del estado de avance y resolución de una postulación previa al sistema de teletrabajo, que había sido gestionada con antelación en atención a la situación familiar descrita. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de los reiterados intentos de contacto, no existía claridad sobre quién o quiénes revisaban dicha casilla ni quiénes eran los funcionarios responsables de dar respuesta, lo que dificultó aún más el acceso a la información solicitada y la coordinación efectiva con la institución.

Indican que en una primera instancia, y a falta de una resolución formal por parte de la autoridad competente, el jefe del área de personas del Servicio indicó que, de manera transitoria, podríamos acogernos a lo dispuesto en el marco del llamado “permiso TEA”, el cual fue efectivamente utilizado durante tres semanas, en tanto se esperaba una respuesta oficial por parte de la Dirección Regional (S), quien elevó consulta formal a la Dirección Nacional del Servicio. Esta propuesta fue formulada con el único propósito de garantizar la presencia de al menos uno de los progenitores durante la jornada escolar del niño, resguardando su bienestar emocional, psicológico y educativo en esta etapa de inserción.

Que, en este contexto, es relevante destacar que durante las semanas en que tanto nombre reservado como nombre reservado realizaron teletrabajo bajo la modalidad de permiso TEA, no se presentaron observaciones ni resistencias por parte de sus jefaturas directas, quienes comprendieron la urgencia de la situación. Se pudo constatar que no existió menoscabo en el desarrollo de las labores asignadas, lo que confirma que el trabajo remoto constituye una herramienta viable en contextos familiares especiales, como el que aquí se expone.

Así las cosas, resulta relevante destacar que el primer correo enviado por nombre reservado, con fecha 5 de febrero de 2025, no fue respondido sino hasta el día 8 de abril del mismo año, generando un período prolongado de incertidumbre que obligó a adoptar medidas excepcionales por parte de nuestra familia, afectando la organización del entorno laboral y familiar, y generando una carga adicional que pudo haberse evitado con una gestión oportuna y diligente por parte del organismo. La respuesta finalmente recibida con fecha 8 de abril de 2025 señala lo siguiente:

“Estimados: Junto con saludarles, les comento que tuve un poco de tardanza en la contestación, puesto que, por mi parte, necesitaba despejar un poco más, respecto de lo que se estaba solicitando con nivel central, por lo anterior, le comento que despejado aquello, se informa lo siguiente:

“Es dable señalar que desde lo administrativo estamos absolutamente restringidos a la normativa vigente en ambas materias. En cuanto a la Ley 21.545/2023 del Ministerio de Salud, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, denominada comúnmente como Ley TEA; establece una modificación al código del trabajo (que afecta a quienes nos rige el estatuto administrativo) el que otorga a los que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media; es decir un permiso que es para atender a sus hijos/as en casos emergentes y estacionales y no de forma permanente. El trabajo remoto solo permite a quienes, de acuerdo con el reglamento interno, puedan compatibilizar sus funciones en horario laboral desde sus hogares, hasta por 2 días; dejando fuera al personal de residencia familiar dada la naturaleza de sus funciones. Ahora respecto del caso y entendiendo lo explicado anteriormente, ni la Ley TEA ni el trabajo remoto permitirían compatibilizar las necesidades de apoyo que se presentan considerando lo expuesto anteriormente. Es todo cuanto puedo informar. “ Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, y dada la imposibilidad de continuar ejecutando funciones laborales bajo la modalidad de teletrabajo amparada en el denominado “permiso TEA”, así como la falta de respuesta por parte del Servicio respecto al resultado del proceso de postulación a teletrabajo y la eventual convocatoria a un nuevo proceso, nombre reservado —motivado por el bienestar superior de su hijo Mateo y en ejercicio de su corresponsabilidad parental— solicitó formalmente, mediante correo electrónico, la realización de una reunión para explorar alternativas laborales que permitieran mantener su presencia en el hogar durante los momentos clave del proceso de adaptación escolar de su hijo. El objetivo de dicha gestión fue proponer modalidades de trabajo flexibles que, sin alterar el cumplimiento de sus funciones, le permitieran compatibilizar el ejercicio de su rol parental con sus deberes profesionales.

En efecto, dicha reunión se concretó con la directora regional (S) del Servicio, doña Jessica Rivera Hernández, el día 11 de abril del presente año, sin embargo, desde su inicio, la autoridad adoptó una postura intransigente y poco receptiva frente a las necesidades planteadas, descartando toda posibilidad de acuerdo. De manera expresa, se le señaló a don nombre reservado que el régimen de teletrabajo vigente contempla otras formas que, según su criterio, no se ajustan a lo requerido por el funcionario. Asimismo, se le indicó que, en atención a la naturaleza de su cargo —psicólogo del equipo técnico de la Residencia de Vida Familiar Adolescente AADD—, no era posible autorizar el trabajo remoto, pese a que en el último proceso de postulación a teletrabajo (octubre de 2024) se contemplaba expresamente la existencia de casos excepcionales, en los cuales se podría autorizar dicha modalidad conforme a criterios de razonabilidad y flexibilidad.

Cabe precisar que, en el caso de nombre reservado, su cargo no implica la realización de funciones de trato directo permanente con usuarios, lo que permitiría —sin menoscabo del servicio— ejecutar labores administrativas en algunos horarios, es decir, seguimiento técnico y elaboración de informes desde el domicilio, más aún en un período limitado y justificado por razones familiares de fuerza mayor, como lo es el acompañamiento de su hijo durante el proceso de adaptación escolar en etapa preescolar. Ello se enmarca, además, en el principio de interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile y vigente desde 1990, que obliga a las instituciones a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar su bienestar integral.

Que, lamentablemente, este ejercicio de corresponsabilidad parental y búsqueda de conciliación fue interrumpido abruptamente por la decisión de la directora regional (S), doña Jessica Rivera Hernández, basada —según sus propios dichos— en orientaciones internas de la Dirección Regional. Esta decisión no solo niega la posibilidad de soluciones colaborativas en pro del bienestar de un niño diagnosticado con condición TEA (Trastorno del Espectro Autista), sino que además ha implicado la exposición innecesaria de antecedentes médicos y personales de carácter altamente confidencial. Durante el prolongado período de espera por una resolución formal (dos meses y tres días desde la solicitud inicial), remitimos reiteradamente informes médicos, diagnósticos, certificado de discapacidad y otros antecedentes sensibles, los cuales fueron distribuidos entre múltiples funcionarios del Servicio copiados en los correos electrónicos, sin que existiera resguardo adecuado de la confidencialidad de dicha información ni consentimiento expreso para su circulación.

Señalan que según lo indicado por la propia directora regional (S), doña Jessica Rivera Hernández, mediante correo electrónico de fecha 25 de abril de 2025, la solicitud y todos los antecedentes fueron derivados a la Contraloría General de la República, según respuesta de directora Regional (S) con fecha 25 de abril del 2025, señala lo siguiente:

“Estimados: Se remitieron los antecedentes a nivel central, a modo de sugerencia indican hacer llegar estos antecedentes a Contraloría para que se pronuncie, en vista lo que resuelva dicha entidad tiene efecto inmediato y en menos tiempo de respuesta”

Esta derivación generó aún más incertidumbre en una familia que, lejos de solicitar beneficios extraordinarios, ha intentado compatibilizar de buena fe las necesidades de un niño pequeño con el cumplimiento íntegro de sus funciones laborales, enmarcando su actuar en principios de colaboración, transparencia y respeto institucional.

A pesar de los múltiples intentos realizados por obtener una respuesta oportuna y certera a nuestras solicitudes por parte del Servicio en cuestión, no se recibió comunicación concreta hasta el 30 de abril, fecha en la cual se nos informó sobre la existencia sobre permisos especiales por la Ley TEA, sin que mediara una retroalimentación formal y oportuna respecto de las solicitudes previas respecto a las solicitudes de teletrabajo.

Refieren que en dicha comunicación de fecha 30 de abril del presente jefe de Unidad de Personas del Servicio referido indica vía correo electrónico lo siguiente: “Estimados, junto con saludar a través del presente remito nueva información respecto a las solicitudes de permisos especiales por Ley TEA, en la cual cada permiso deberán acreditar mediante una constancia expedida por el establecimiento educacional del niño, niña o adolescente, en que se dé cuenta de la fecha y las horas de inicio y de término en que aconteció la emergencia.

Por lo anterior, cada vez que un/a funcionario/a haga uso de este permiso, deberá derivar en paralelo a nombre reservado y a quien suscribe, la constancia del establecimiento educacional”.

Cabe señalar, además, que el día 29 de abril de 2025, se aperturó un nuevo proceso de postulación para teletrabajo, sin embargo, el Servicio informa de manera escueta sobre esta nueva resolución, no orientando sobre el procedimiento a seguir, sino que dicha información fue comunicada de manera informal a través del grupo de WhatsApp de la Asociación ANTRAP —organización compuesta por dirigentes del propio Servicio a la cual pertenecen nombre reservado y nombre reservado—. Posteriormente, la misma asociación organizó una charla para explicar cómo debía realizarse correctamente la postulación; sin embargo, esta instancia fue programada en un horario en que Mateo debía ingresar a clases, lo que impidió que sus padres pudieran participar y acceder oportunamente a la orientación entregada.

Considerando lo anterior, ambos funcionarios postularon a dicha modalidad de teletrabajo dentro del plazo establecido por el servicio.

No obstante, el Servicio rechazó implícitamente la solicitud por no haberse realizado a través de una nueva plataforma digital que, además de no haber sido adecuadamente difundida, fue implementada sin considerar las diversas condiciones personales que pudieran afectar a los funcionarios postulantes. En particular, cabe destacar que nombre reservado se encontraba con licencia médica de carácter psiquiátrico durante el período de postulación, en tratamiento por un cuadro clínico que comprometía gravemente su estabilidad emocional, concentración y funcionalidad. Esta condición médica, debidamente documentada, constituía una limitación objetiva que la colocaba en una situación de desventaja frente al resto de sus compañeros, y no fue considerada por el Servicio al momento de exigir el cumplimiento estricto del procedimiento. Lejos de ofrecer alternativas de subsanación o permitir la postulación una vez finalizado su reposo médico, el Servicio mantuvo una actitud rígida, omitiendo cualquier forma de adecuación razonable.

Por su parte, nombre reservado sufrió una falla técnica en su computador institucional precisamente el último día de postulación, lo cual imposibilitó su acceso a la plataforma digital, hecho que fue informado a su jefatura.

Pese a lo anterior, el Servicio no otorgó mecanismos de subsanación, no evaluó el mérito de la solicitud ni su urgencia y omitió considerar la especial situación del niño.

Lo anterior implica también una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Mientras otros funcionarios pudieron postular al trabajo remoto cumpliendo requisitos formales a los que tuvieron acceso, nombre reservado y nombre reservado no contaron con iguales condiciones de oportunidad: nombre reservado por encontrarse con licencia médica psiquiátrica; y nombre reservado, por sufrir una falla técnica en su computador institucional justo el último día del plazo. Ambos funcionarios cumplieron con el contenido sustancial del procedimiento, y aun así no se les otorgó ninguna instancia de subsanación ni se evaluó el fondo de su solicitud, configurándose un trato discriminatorio e inequitativo.

Producto de este escenario, nombre reservado ha debido extender su licencia médica por 30 días, además de haber estado previamente con licencia por parálisis facial. nombre reservado, por su parte, continúa en jornada completa, sin posibilidad de realizar teletrabajo ni contar con respaldo institucional. Mateo, finalmente, ha experimentado nuevos episodios de desregulación emocional, interrupción en sus procesos terapéuticos y la imposibilidad de establecer rutinas estables y seguras.

En suma, los actos y omisiones del Servicio han generado una vulneración grave a diversas garantías constitucionales, entre ellas la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, el derecho a vivir libre de discriminación y el derecho a la protección especial de los niños con discapacidad. La negativa del Servicio a considerar antecedentes clínicos fundados, la aplicación estricta y descontextualizada de formalidades procedimentales, y la falta de adecuaciones razonables constituyen un conjunto de decisiones administrativas que desconocen el interés superior del niño, y que requieren la urgente intervención de esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Concluyen que, en este contexto, el actuar del Servicio resulta claramente ilegal y arbitrario, al rechazar sin análisis sustantivo una solicitud efectuada dentro del marco normativo institucional vigente, desconociendo precedentes administrativos internos, y omitiendo toda evaluación con enfoque de derechos. Ello ha generado una afectación grave, sostenida y sistémica al bienestar integral de un niño en situación de discapacidad y a la estabilidad emocional y laboral de su familia, pese a que ambos funcionarios cumplieron con el contenido sustancial del procedimiento, en el plazo estipulado y aun así no se les otorgó ninguna instancia de subsanación ni se evaluó el fondo de su solicitud, configurándose un trato discriminatorio e inequitativo. Esta diferencia de trato, carente de justificación objetiva y razonable, se transforma en una barrera estructural que impide el ejercicio de sus derechos laborales y familiares en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, en un contexto especialmente sensible por tratarse del cuidado de un niño con diagnóstico TEA. La omisión institucional de adoptar ajustes razonables para asegurar esa igualdad de trato constituye una omisión arbitraria y contraria a los principios constitucionales y a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El actuar del Servicio ha sido ilegal y arbitrario, al rechazar sin análisis fundado una solicitud realizada en el marco de la normativa institucional vigente, desconociendo precedentes internos, sin aplicar principios de flexibilidad ni enfoque de derechos, y generando una afectación grave, continua y sistemática al bienestar de un niño con discapacidad y de su núcleo familiar.

Indican que con el actuar de la recurrida se vulneran las siguientes garantías constitucionales:

a) Artículo 19 Nº1: Derecho a la integridad física y psíquica La negativa del Servicio a conceder medidas de teletrabajo a los padres y cuidadores principales de un niño con trastorno del espectro autista —cuya situación clínica exige acompañamiento intensivo, regulación emocional y rutina estable— ha generado un impacto profundo y continuo en la salud mental de los tres integrantes de la familia. Lejos de tratarse de una omisión administrativa menor, esta decisión institucional ha afectado directamente la integridad psíquica de Mateo, su madre nombre reservado y su padre nombre reservado, configurando una vulneración grave a la garantía contenida en el artículo 19 Nº1 de la Constitución.

Este derecho no se limita a la ausencia de lesiones físicas, sino que incluye expresamente el respeto y resguardo a la estabilidad emocional, el equilibrio psicológico y el bienestar mental de las personas. La jurisprudencia ha reiterado que las condiciones laborales impuestas por organismos públicos no pueden ser indiferentes al daño que generan en la salud emocional de los trabajadores o sus cargas familiares, especialmente cuando involucran a personas con discapacidad o en situaciones de alta dependencia.

En el caso de nombre reservado, su estado clínico la ha llevado incluso a solicitar licencias psiquiátricas prolongadas, y a enfrentar episodios previos de parálisis facial atribuibles al estrés sostenido. nombre reservado, por su parte, ha debido asumir toda la carga laboral presencial sin apoyo del Servicio, lo que ha deteriorado su salud mental y afectado su estabilidad emocional. En paralelo, Mateo ha visto interrumpido su tratamiento terapéutico, ha perdido estabilidad familiar y ha atravesado crisis conductuales significativas, todo lo cual podría haberse mitigado mediante una decisión administrativa razonable, basada en el principio de protección integral.

La omisión de medidas de conciliación por parte del Servicio, la exigencia de procedimientos rígidos sin valorar la afectación emocional provocada, y la reiterada exposición pública de datos clínicos del niño, han desencadenado una cadena de consecuencias psíquicas que esta Corte no puede soslayar. El deber del Estado no es solo evitar causar daño físico, sino impedir que sus decisiones agraven innecesariamente el sufrimiento mental de las personas bajo su tutela institucional.

b) Artículo 19 Nº2: Derecho a la igualdad ante la ley Lo anterior implica también una vulneración directa al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Esta garantía no sólo impone un trato jurídico igualitario, sino que exige que las autoridades públicas consideren activamente las condiciones especiales que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, para evitar un trato formalmente igual pero materialmente injusto.

En el presente caso, nombre reservado se encontraba con licencia médica de carácter psiquiátrico durante todo el período en que se habilitó la nueva plataforma digital de postulación, cursando un estado de salud que afectaba gravemente su funcionalidad, atención y disposición emocional. Esta condición clínica, certificada profesionalmente, la colocaba en una situación de particular desventaja frente al resto de sus compañeros, al no estar en condiciones reales ni emocionales para afrontar trámites administrativos exigentes o sujetarse a nuevos mecanismos de postulación que no fueron debidamente difundidos. A pesar de ello, el Servicio trató su caso como si se encontrara en total normalidad, sin aplicar ningún criterio de ajuste razonable, ni otorgar plazo adicional, ni permitir una subsanación posterior.

Por su parte, nombre reservado también enfrentó una limitación concreta: su computador institucional, herramienta de trabajo esencial proporcionada por el propio Servicio, sufrió una falla técnica severa precisamente el último día del proceso de postulación. Este hecho, completamente ajeno a su voluntad y responsabilidad, le impidió acceder a su correo institucional y a la plataforma de postulación, dejando constancia oportuna de esta situación a sus superiores.

Ambos funcionarios cumplieron con el fondo del procedimiento: entregaron solicitudes formales, adjuntaron antecedentes médicos y plantearon medidas específicas y razonables para compatibilizar sus funciones laborales con el cuidado de su hijo diagnosticado con TEA. No obstante, el Servicio adoptó una actitud estrictamente formalista, prescindiendo de la más mínima evaluación de fondo o análisis del contexto humano, familiar y clínico que justificaba ampliamente su solicitud.

Este tratamiento formalmente igualitario, pero sustancialmente injusto constituye una discriminación arbitraria, contraria al principio de igualdad sustantiva. En contextos de alta vulnerabilidad —como es el caso de una familia cuidadora de un niño en situación de discapacidad— el deber del Estado y sus órganos no es simplemente aplicar reglas generales, sino ajustar razonablemente su conducta para permitir el acceso equitativo a derechos y procedimientos administrativos. Al no hacerlo, el Servicio incurrió en una omisión arbitraria que consolida una barrera estructural al ejercicio de derechos fundamentales, profundizando las brechas de acceso en lugar de reducirlas. directa al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Esta garantía constitucional no sólo exige un trato idéntico frente a la ley, sino también impone un deber positivo al Estado de considerar las circunstancias particulares que afectan a las personas, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad o situaciones extraordinarias como la aquí descrita.

En el presente caso, nombre reservado no pudo acceder al proceso de postulación por encontrarse con licencia médica de carácter psiquiátrico durante todo el período en que se habilitó la nueva plataforma digital, lo que la mantuvo imposibilitada de revisar su correo institucional, única vía de difusión interna de los nuevos requisitos. Esta condición no fue considerada por el Servicio, y fue tratada como si hubiese estado en igualdad de condiciones que sus compañeros, a pesar de su evidente situación de salud y desconexión formal.

Por su parte, nombre reservado, el otro recurrente, intentó postular dentro del plazo, pero se vio impedido de hacerlo debido a una falla técnica grave en su computador institucional, ocurrida el último día del plazo. Dicha herramienta, provista por el propio Servicio, presentó una falla crítica que le impidió ingresar al correo institucional y a la plataforma digital para completar su postulación.

A pesar de estas condiciones plenamente acreditables, el Servicio actuó con una lógica formalista, sin aplicar criterios de razonabilidad o enfoque de derechos. No otorgó alternativas de subsanación, no evaluó el fondo de la solicitud, ni consideró que ambos funcionarios sí cumplieron con el contenido sustantivo del proceso al justificar su solicitud, aportar antecedentes clínicos y explicar detalladamente las razones de su requerimiento.

Este tratamiento igualitario en condiciones desiguales constituye una discriminación arbitraria, contraria al principio de igualdad sustantiva, el cual impone al Estado la obligación de adaptar su conducta para evitar que se perpetúen situaciones de injusticia. En contextos de vulnerabilidad —como el de una familia cuidadora de un niño con TEA— la omisión de ajustes razonables o de medidas de equidad institucional configura una forma indirecta de discriminación estructural. La actuación del Servicio, lejos de garantizar la equidad, profundizó las brechas de acceso, generando una exclusión administrativa ilegítima, innecesaria e injustificada. a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Mientras otros funcionarios pudieron postular al trabajo remoto cumpliendo requisitos formales a los que tuvieron acceso, nombre reservado y nombre reservado no contaron con iguales condiciones de oportunidad: nombre reservado por encontrarse con licencia médica psiquiátrica, sin acceso a su correo institucional ni a la nueva plataforma de postulación; y nombre reservado, por sufrir una falla técnica en su computador institucional justo el último día del plazo. Ambos funcionarios cumplieron con el contenido sustancial del procedimiento, y aun así no se les otorgó ninguna instancia de subsanación ni se evaluó el fondo de su solicitud, configurándose un trato discriminatorio e inequitativo.

Esta diferencia de trato, carente de justificación objetiva y razonable, se transforma en una barrera estructural que impide el ejercicio de sus derechos laborales y familiares en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, en un contexto especialmente sensible por tratarse del cuidado de un niño con diagnóstico TEA. La omisión institucional de adoptar ajustes razonables para asegurar esa igualdad de trato constituye una omisión arbitraria y contraria a los principios constitucionales y a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. el actuar del Servicio ha sido ilegal y arbitrario, al rechazar sin análisis fundado una solicitud realizada en el marco de la normativa institucional vigente, desconociendo precedentes internos, sin aplicar principios de flexibilidad ni enfoque de derechos, y generando una afectación grave, continua y sistemática al bienestar de un niño con discapacidad y de su núcleo familiar.

c) Artículo 19 Nº4: Derecho a la vida privada y a la honra Durante el desarrollo de este conflicto administrativo, el Servicio exigió reiteradamente la entrega de antecedentes médicos y diagnósticos de Mateo, entre ellos certificados de discapacidad, informes neurológicos, terapias y evaluaciones clínicas. Estos documentos fueron enviados por los padres mediante correos electrónicos institucionales, sin resguardo alguno, y muchas veces con copia a múltiples funcionarios que no guardaban relación directa con la evaluación de la solicitud. Esta exposición reiterada e innecesaria de datos personales y clínicos del niño vulnera directamente su derecho a la vida privada y a la honra, consagrado en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República.

El derecho a la privacidad no sólo protege el ámbito íntimo de las personas, sino también la reserva de antecedentes médicos sensibles, especialmente cuando afectan a un niño en situación de discapacidad. La Ley Nº20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, establece con claridad que los antecedentes clínicos deben ser manejados con estricta confidencialidad, y que su divulgación requiere autorización expresa de los titulares o sus representantes legales. Nada de esto ocurrió en el presente caso.

La conducta del Servicio constituye una intromisión ilegítima, revictimizante y contraria a todo estándar ético, normativo y constitucional, que agrava aún más la afectación sufrida por la familia, especialmente por el menor de edad involucrado.

d) Artículo 19 Nº10: Derecho a la educación Mateo, como niño diagnosticado con trastorno del espectro autista, requiere un entorno escolar que garantice su inclusión, bienestar emocional y respeto a su ritmo adaptativo. Los profesionales tratantes han recomendado expresamente que su proceso de adaptación escolar sea paulatino, acompañado por sus padres y estructurado según sus necesidades particulares. Negar a sus cuidadores principales —nombre reservado y nombre reservado— la posibilidad de acceder a medidas laborales razonables y compatibles con ese acompañamiento implica un obstáculo directo al ejercicio efectivo del derecho a la educación en condiciones de equidad.

El artículo 19 Nº10 de la Constitución consagra el derecho de todas las personas a una educación que promueva su desarrollo integral. En el caso de niños con discapacidad, esta obligación estatal incluye asegurar los apoyos necesarios para su inclusión real, lo que en la práctica exige flexibilización de las condiciones laborales de sus cuidadores cuando estos cumplen un rol esencial en su proceso de aprendizaje y contención emocional. La intransigencia del Servicio, que desestimó una solicitud fundada, impidió a Mateo acceder a una rutina escolar protegida y supervisada, afectando su estabilidad emocional, sus vínculos escolares y su continuidad terapéutica.

Esta omisión administrativa no solo infringe el mandato constitucional, sino que contraviene además principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas ratificadas por Chile, que exigen al Estado adoptar medidas positivas para asegurar el derecho a la educación inclusiva, especialmente en contextos de vulnerabilidad múltiple como el aquí expuesto.

e) Artículo 19 Nº16: Derecho al trabajo en condiciones dignas y compatibles con la vida familiar El derecho al trabajo, garantizado por el artículo 19 Nº 16 de la Constitución, no solo implica el acceso a una fuente laboral, sino que exige condiciones dignas y compatibles con la vida personal y familiar de los trabajadores. Esta garantía cobra especial relevancia cuando el trabajador forma parte de un núcleo familiar que requiere medidas excepcionales de protección, como ocurre en el caso de nombre reservado y nombre reservado, cuidadores de un niño en situación de discapacidad.

La negativa del Servicio a conceder teletrabajo y ante la posibilidad incierta de subsanar la postulación realizada, pese a que la solicitud se encontraba respaldada con informes clínicos, diagnósticos y propuestas específicas de jornada, evidencia un incumplimiento del deber estatal de ofrecer condiciones laborales razonables y adecuadas. Este incumplimiento no se basa en criterios técnicos o de incompatibilidad funcional, sino exclusivamente en argumentos formales que desatienden el fondo del caso, y que ignoran los mecanismos excepcionales establecidos en la propia normativa institucional (REX N°546 y REX N°305).

El Estado, en su calidad de empleador, tiene un deber ejemplarizante en la implementación de políticas inclusivas, de conciliación entre trabajo y familia, y de respeto a la diversidad funcional. En este caso, no solo se negó una medida de protección razonable, sino que además se impuso una carga adicional sobre los trabajadores: utilizar licencias médicas, permisos TEA, días administrativos y feriados legales como única vía para afrontar una situación de cuidado permanente y justificada.

Esta omisión evidencia una infracción directa al deber de promover una cultura organizacional basada en el respeto y la equidad, afectando la dignidad del trabajo de nombre reservado y nombre reservado, obligándolos a elegir entre su estabilidad laboral y el bienestar de su hijo. En contextos como este, el derecho a un trabajo digno y familiarmente compatible requiere que las instituciones públicas adopten activamente medidas de flexibilización, especialmente frente a solicitudes formalizadas y fundadas en razones humanitarias, clínicas y laborales plenamente legítimas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Informe análisis de desempeño lingüístico fonoaudiología de fecha 07 de mayo 2025 emitido por la profesional tratante nombre reservado.

2.- Informe de terapia ocupacional de fecha 05 de mayo de 2025 emitido por la profesional tratante nombre reservado.

3.- Certificado médico Mateo emitido por neurólogo tratante Dr. nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2025.

4.- Certificado médico de nombre reservado emitido por neurólogo Dr. nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2025.

5.- Certificado médico de nombre reservado neurólogo Dr. nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2025.

6.- Certificado de nacimiento de Mateo emitido por el Registro Civil e Identificación.

7.- Dictamen de Contraloría General de la República de fecha 26 de octubre de 2023.

8.- Certificado emitido por el Dr. nombre reservado de fecha 20 de mayo de 2025.

9.- Resolución exenta No 546/2024 de fecha 06 de mayo de 2024.

10.- Resolución exenta No 00425/2025 de fecha 29 de abril de 2025.

11.- Comunicado N°50 emitido por ANTRAP.

12.- Credencial de discapacidad de Mateo.

13.- Compilado de correos electrónicos enviados y recibidos con el Servicio.

Solicita tener por interpuesta la presente acción de protección en favor de nuestro hijo Mateo, niño en situación de discapacidad, así como en resguardo de los derechos fundamentales de sus padres nombre reservado y nombre reservado, ambos funcionarios públicos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, solicitando se acoja la presente con lugar y en consecuencia, se ordene al Servicio recurrido adoptar las siguientes medidas:

a) Que se autorice la modalidad de teletrabajo parcial para nombre reservado y nombre reservado, bajo los términos propuestos por el servicio, esto es: permitir el cumplimiento de dos jornadas completas semanales distribuidos, según lo señalado por RESOLUCIÓN EXENTA Nº00425/2025 de fecha 29 abril de 2025 emitida por el Servicio.

b) Que, ante eventos de crisis, desajustes o emergencias vinculadas al estado de salud de su hijo, se autorice el uso inmediato del permiso TEA (Trastorno del Espectro Autista), justificándolo únicamente mediante aviso a través del sistema institucional "Persomático" y correo electrónico, tal como ya fue indicado por el propio Servicio en comunicación de fecha 21 de marzo de 2025. Lo anterior se fundamenta en la urgencia y naturaleza impredecible de las crisis asociadas a la condición médica del niño.

c) Que se autorice que, en caso de presentarse atención médica, evaluaciones clínicas, terapias u otras atenciones especializadas relacionadas con el diagnóstico del niño, la justificación correspondiente pueda ser presentada mediante certificado emitido por profesional competente, sin necesidad de formalidades adicionales que puedan vulnerar el derecho a la privacidad y el principio de no discriminación.

Y, en subsidio, en caso de no ser acogidas las solicitudes principales antes descritas, se solicita a esta Ilustre Corte que ordene al Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado reabrir el proceso de postulación al régimen de teletrabajo, a fin de permitir que tanto nombre reservado como nombre reservado puedan postular nuevamente, considerando la situación excepcional en la que se encuentran, con un hijo diagnosticado dentro del espectro autista, que requiere apoyos permanentes y específicos durante el horario de adaptación escolar vespertino.

Informa CLAUDIO ALFONSO CASTILLO CASTILLO, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, quien dice:

I.- ANTECEDENTES GENERALES RELATIVOS AL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA nombre reservado

La Ley N°21.302 creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fin de garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, a través del diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones, estableciéndose en el artículo 58 de dicho texto legal, que este Servicio sería el sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores, en los ámbitos que resulten de su competencia de acuerdo a la ley, a contar del 01 de octubre de 2021.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°21.302, el Servicio, en el desarrollo de su objeto, garantizará, dentro del ámbito de su competencia, y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas. En el desarrollo de su objeto, el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos de manera concordante con la dignidad humana del niño, niña o adolescente y siempre orientado al ámbito familiar y sistémico, entendiendo al niño, niña o adolescente en el contexto de su entorno, cualquiera que sea el tipo de familia en que se desenvuelva.

Las normas antes señaladas fijan la competencia de este Servicio, debiendo aquel garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente amenazados o vulnerados, como un compromiso del Estado de Chile para la protección de niños niñas y adolescentes; de ahí la importancia de que los/as funcionarios/as de esta institucionalidad cumplan con la capacidad e idoneidad para el ejercicio de sus funciones en los cargos que desempeñan.

En este sentido, la Ley N°21.302, al crear esta nueva institucionalidad estableció altas exigencias y estándares para los/las funcionarios/as del Servicio atendidas las funciones encomendadas por la ley, requiriendo contar con personal idóneo y capacitado según los términos requeridos para el ejercicio de sus labores, tal como se indica en el artículo 54 de dicho texto legal, estableciendo además, prohibiciones e inhabilidades adicionales a las exigidas a los/las funcionarios/as que ingresan a la Administración del Estado.

Según el inciso primero del artículo 5 de la Ley N° 21.302 “La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá su representación legal con las responsabilidades establecidas en esta ley o en otras leyes que le sean aplicables”.

De acuerdo con el artículo 7 de dicha ley, corresponderá al Director Nacional entre otras, las siguientes funciones: “a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y administrar el funcionamiento del servicio para el logro de sus fines, y ejercer respecto de su personal las atribuciones propias de su calidad de jefe superior del Servicio”.

Concordante con lo antes señalado, el inciso segundo del artículo 31 del DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que “A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos, responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne”.

Según lo dispone el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N°21.302 “Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio se coordinará permanente y de forma intersectorial con los tribunales de justicia, las Oficinas Locales de la Niñez, los colaboradores acreditados de cada territorio y con los demás órganos de la Administración del Estado competentes”.

EN CUANTO A LOS HECHOS.

En primer término, cabe señalar que mediante la ley N°21.652 que prórroga para el año 2024, la facultad establecida en el artículo 66 de la ley N°21.526 y regula otras materias que indica, se faculta a los Jefes Superiores de Servicio de las subsecretarías y de los Servicios Públicos dependientes de los Ministerios o que se relacionan con el Presidente de la República a través de ellos, para eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta el porcentaje de la dotación máxima del personal del respectivo Servicio que indica, cualquiera sea su régimen laboral, quienes podrán realizar sus labores fuera de las dependencias institucionales, mediante la utilización de medios informáticos dispuestos por el Servicio.

De la misma norma citada se establece, que la facultad para eximir al personal será aplicable entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024, señalando el porcentaje máximo de funcionarios y funcionarias que podrán quedar afectos a dicha facultad no podrá exceder del 20% de la dotación máxima de personal del Servicio. Con todo, a quienes se aplique este artículo deberán realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales, al menos, tres jornadas diarias dentro de la jornada semanal.

A su vez el inciso sexto del artículo 66 de la ley de reajuste para el año 2023, indica que los Jefes Superiores de Servicio deberán dictar una resolución que regulará, a lo menos, el número máximo de funcionarios que podrán estar afectos, los criterios de selección del personal que voluntariamente desee sujetarse a la modalidad dispuesta, las áreas o funciones de la institución que podrán sujetarse a dicha modalidad, los mecanismos y periodicidad en que se asignarán las tareas, los que deberán ser acordes en cantidad y calidad a la jornada de trabajo que tuviera el funcionario y funcionaria, los mecanismos y periodicidad para la rendición de cuentas de las labores encomendadas, los protocolos de seguridad, y medidas de control jerárquico que aseguren el correcto desempeño de la función pública.

En cumplimiento con la normativa, se dicta por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, Resolución Exenta N°305 de fecha 03 de marzo de 2024 que aprueba Reglamento para el año 2024 para la implementación del sistema de trabajo remoto en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado, estableciendo las condiciones mínimas para su funcionamiento y ordena suscripción de convenio que indica, reconociendo como norma de aplicación general la modalidad de trabajo presencial para los funcionarios, funcionarias y servidores/as públicos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, en los términos y condiciones que regula el Estatuto Administrativo y los respectivos convenios a honorarios, según sea el caso, y por el contrario, como una modalidad excepcional el trabajo remoto, pudiendo la Jefatura de Servicio aprobar un sistema que combine días de trabajo presencial y días de trabajo remoto.

El señalado reglamento, aplicable entre el 01 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2024, para la implementación del sistema de trabajo en forma remota denominado “trabajo remoto”, en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado, mencionan los criterios para determinar las áreas o funciones afectas a trabajo remoto especificando:

Para definir las funciones y cargos afectos a esta modalidad al interior del Servicio, se establecieron criterios que fueron contrastados con los perfiles de cargos existentes. Estos criterios son:

a) Por su naturaleza, pueden ser realizadas a distancia sin afectar la continuidad del funcionamiento institucional y sea validada la posibilidad por sus respectivas jefaturas.

b) Permiten establecer indicadores, para la aplicación de una métrica individual y/o grupal.

c) Nivel de estandarización y digitalización de los procesos asociados a las funciones respectivas.

d) Factibilidad tecnológica de equipamiento y sistemas de información para la realización del trabajo, almacenamiento de información y coordinación con actores internos y externos, bajo estándares de seguridad de la información y ciberseguridad.

e) Nivel de autonomía requerido para la organización del trabajo en pro del cumplimiento de tareas y objetivos.

Áreas y Funciones Podrán postular a la modalidad de trabajo remoto los funcionarios que desempeñen roles de Analistas profesionales y Asistentes técnicos y administrativos, de las siguientes Unidades y Departamentos de:

• Direcciones Regionales, • División de Administración y Finanzas • División de Estudios y Asistencia Técnica, • División de Gestión y Desarrollo de Personas, • División de Servicios y Prestaciones, • División de Supervisión, Evaluación y Gestión, • Fiscalía, • Departamento de Auditoría Interna, • Departamento de Planificación y Control.

• FAE y Unidades de Familia Según lo consigna la normativa pertinente y por el impacto en la institución, se excluyen de la modalidad de trabajo remoto de acuerdo con el inciso 2 del artículo 66, a los funcionarios y funcionarias pertenecientes a la planta Directiva; a quienes desempeñen funciones de jefatura o de coordinación, según lo define el jefe superior de servicios y que no se encuentren en la planta Directiva; a quienes presten atención directa presencial a público o en terreno, según lo defina el jefe superior de servicio. Además, de las siguientes áreas o funciones:

• Asesores y asesoras de gabinetes.

• Profesionales de Comunicaciones.

• Profesionales de unidades de coordinación intersectorial.

• Profesionales de atención ciudadana y OIRS.

• Personal que se desempeña en labores de cuidado alternativo, de trato directo en atención de niños, niñas y adolescentes.

• Personal que preste atención directa presencial a público ya sea interno o externo, choferes, secretarias, estafetas y auxiliares.

Resulta importante indicar, que sobre el proceso de postulación para la implementación del sistema de trabajo en forma remota denominado “trabajo remoto”, en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado, para el año 2024, el Reglamento establece que “mediante comunicado nacional se informará la apertura del proceso de postulación, adjuntando el formulario y los términos de referencia que detallarán, especialmente, las condiciones objetivas de elegibilidad, según lo dispuesto en este Reglamento y en la ley Nº21.652 de 2024 que prorroga, para el año 2024, la facultad establecida en el artículo 66 de la ley Nº21.526, y regula otra materia que indica. Quienes postulen deberán informar su voluntad de adscribir a esta modalidad, enviando al correo electrónico correo reservado, con la firma de su jefatura directa, la Carta de Postulación (según Anexo N°1) y la Autoevaluación de Higiene y Seguridad del domicilio en el que se teletrabajará (según Anexo N°2).

La persona que postule deberá indicar en el formulario de postulación que dispone o dispondrá de una conexión de Internet de banda ancha, de mínimo 20 MB, para realizar sus actividades”.

En cumplimiento a lo anteriormente mencionado, se realiza comunicado oficial a todos los y las funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, tanto aquellos pertenecientes a la Dirección Nacional como también a los correspondientes a las Direcciones Regionales a lo largo del país, por el área de comunicaciones del mismo Servicio, mediante correo electrónico informándose sobre el proceso de postulación a trabajo remoto año 2024, lo anterior con fecha 07 de marzo de 2024, según transcripción que consta a continuación:

Sin perjuicio de haberse realizado por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado la comunicación a todos los/las funcionarios/as del Servicio sobre el inicio y término del proceso de postulación para el trabajo remoto durante el año 2024, como queda acreditado, se realiza nueva comunicación con fecha 30 de marzo de 2024, recordándose el vencimiento del plazo para postular a la modalidad de trabajo remoto para el año 2024.

Debe señalarse que no se recibe postulación formal para la modalidad de teletrabajo para el periodo anual 2024, durante los plazos informados por el Servicio, de los funcionarios: doña nombre reservado y don nombre reservado, habiéndose informado las fechas correspondientes.

Que, para el año 2025, la ley N°21.724 que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, mediante su artículo 41 se prorroga la facultad establecida en el artículo 66 de la ley N°21.526 para 2025; facultando a los Jefes Superiores de Servicio de las subsecretarías y de los Servicios Públicos dependientes de los Ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, para eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta el porcentaje de la dotación máxima del personal del respectivo Servicio que indica, cualquiera sea su régimen laboral, quienes podrán realizar sus labores fuera de las dependencias institucionales, mediante la utilización de medios informáticos dispuestos por el Servicio.

Que, dado la prórroga para el año 2025 para otorgar teletrabajo a los/las funcionarios/as, como se expone, se dicta por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, Resolución Exenta N°425, de fecha 29 de abril de 2025, que aprueba Reglamento para el año 2025 para la implementación del teletrabajo en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado estableciendo condiciones mínimas para su funcionamiento y ordena la suscripción de convenio que indica.

En cuanto al proceso de postulación, se dispone que mediante comunicado nacional se informará la apertura del proceso de postulación, adjuntando el formulario y los términos de referencia que detallarán, especialmente, las condiciones objetivas de elegibilidad, según lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 21.724 de 2025 que prorroga, para el año 2025, la facultad establecida en el artículo 66 de la Ley 21.526. Agrega que quienes postulen deberán informar su voluntad de adscribir a esta modalidad, completando el formulario que la División de Gestión y Desarrollo de Personas dispondrá para tal efecto, adjuntando con la firma de su jefatura directa, la Carta de Postulación (según Anexo N°1) y la Autoevaluación de Higiene y Seguridad del domicilio en el que se teletrabajará (según Anexo N°2), debidamente firmados y en caso de ser una postulación de casos excepcionales su debida explicación (Anexo N°3). Finalmente indica que ante dudas y consultas deberá remitirlas al correo electrónico correo reservado. La persona que postule deberá indicar en el formulario de postulación que dispone o dispondrá, de una conexión de Internet de banda ancha, de mínimo 20 MB, para realizar sus actividades.

Que, es dable indicar que con fecha 29 de abril de 2025 mediante correo electrónico dirigido a todos/as los/as funcionarios/as del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado se envía comunicado en cual se informa sobre el inicio al proceso de postulación para optar a la modalidad de teletrabajo para el año 2025, indicándose que para la postulación debe ser completando un formulario el cual se encuentra en la comunicación, además de exponer que el plazo de postulación vencería el día 6 de mayo de 2025 a las 23:59 horas, no considerándose postulaciones fuera de plazo, ni aquellas que estén incompletas.

Que, como queda de manifiesto, el proceso de postulación para la modalidad de teletrabajo para los/as funcionarios/as del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado para el año 2025 se inicia con fecha 29 de abril del presente año, rigiendo en consecuencia para el actual año calendario. Sin perjuicio de ello, los funcionarios/as que contaban con teletrabajo autorizado durante el año 2024, continuaron desempeñándose en esa modalidad hasta el nuevo llamado.

Señala que por lo expuesto, cabe indicar que la decisión administrativa impugnada por lo recurrentes no es ilegal ni arbitraria, sino el resultado de la aplicación de la normativa interna que regula el régimen de trabajo remoto en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado, específicamente las resoluciones exentas N°546/2024 y N°00425/2025. Ambas resoluciones fueron dictadas por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades, conforme a los principios de publicidad y razonabilidad exigidos por el ordenamiento jurídico administrativo.

Indica que la comunicación realizada mediante correo electrónico con fecha 7 de mayo de 2025, hacia los recurrentes por el Jefe del Departamento de Administración de Personal, de la División de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, en cuanto a que la postulación realizada por ellos al teletrabajo no se habría realizado a través de los canales formales establecidos al efecto, debidamente comunicados de manera a todos/as los/las funcionarios/as del Servicio, de la forma que anteriormente se ha relatado en los párrafos precedentes, no constituye una actuación arbitraria ni ilegal, pues se ajusta a la normativa del Servicio, la que se funda en la legislación vigente que regula la materia de teletrabajo y no es arbitraria porque el procedimiento to para acceder y postular a beneficio, se aplica a todos/as los/as funcionarios por igual, de manera uniforme sin excepciones.

Señala, que ambas resoluciones establecen un procedimiento claro, objetivo y reglado para la postulación al teletrabajo, incluyendo la habilitación de un plataforma institucional específica para tales fines, junto con difusión oficial a través de correos electrónicos institucionales y reuniones informativas, no puede considerarse una omisión del Servicio el hecho de que los funcionarios recurrentes no hayan utilizado dichos canales, o bien hayan optado por remitir antecedentes a través de medios no oficiales, como correo electrónico, sin seguir el procedimiento establecido, debiendo destacar que existió por parte del Servicio una difusión activa y socialización del proceso, y que los plazos y medios de postulación fueron iguales para todos los funcionarios, sin distinción.

En lo que respecta al funcionario recurrente don nombre reservado, por el desempeño de su cargo como integrante del equipo técnico de una residencia de administración directa del Servicio, involucrando una función de apoyo directo en intervenciones con los niños, niñas y adolescentes, sujetos de atención especializada, la normativa institucional excluye expresamente del régimen del teletrabajo a quienes se desempeñan en funciones de residencia, atendida la naturaleza continua y presencial del servicio que se presta, por razones de contención y supervisión, incluso aunque el funcionario haya planteado que algunas de sus labores serían de tipo administrativo, esto no altera el eje de su función dentro del equipo de la residencia, exigiendo una disponibilidad inmediata y trabajo en terreno dado la necesidad de intervención ante alguna necesidad de una niño, niñas o adolescente de la residencia, por tanto la decisión de exclusión de la postulación se encuentra debidamente justificada en la normativa vigente y en razones que son objetivas, las que son conocidas por los funcionarios dado el reglamento.

Que, en cuanto a la funcionaria recurrente doña nombre reservado, si bien su cargo sí podría ser compatible con la modalidad de teletrabajo, no realizó su postulación a través de los mecanismos formales establecidos, encontrándose con licencia médica durante el período de postulación. Es así que el Servicio no estaría facultado para a vulnerar los principios de igualdad y juridicidad creando procedimientos extemporáneos o validando postulaciones fuera del plazo, en la medida que con dicho eventual actuar privilegiaría a un/a determinado/a funcionario/a por sobre el resto de los/las funcionarios/as que sí cumplieron cabalmente con los requisitos y plazos estipulados.

Resume que la actuación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, en específico para lo recurrido, fue en todo momento, ajustada a derecho, proporcional y diligente, ofreciendo medidas alternativas como el uso del permiso especial del Servicio, de Trastorno del Espectro Autista, en el marco de la ley N°21.545. Que, sobre el envío de antecedentes clínicos de su hijo, se debe dejar establecido que son enviados por parte de los recurrentes, siendo esta acción completamente voluntaria mediante medios institucionales, no constando en los antecedentes del proceso ninguna vulneración a la confidencialidad, ni difusión masiva o indebida de los documentos.

En conclusión, con el conjunto de hechos expuestos se demuestra que el Servicio ha actuado con respeto al procedimiento, dentro del marco normativo vigente, descartándose cualquier tipo de legalidad, arbitrariedad o falta de razonabilidad en las decisiones adoptadas y que la negativa a autorizar el teletrabajo no se funda en una actitud inflexible, sino en el cumplimiento estricto de las normas que regulan el funcionamiento del Servicio.

Finalmente sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente que a través de correo electrónico de fecha 16 de junio del presente, el Servicio comunicó a todos/as los/as funcionarios/as la apertura de un proceso permanente de postulación para optar a la modalidad de teletrabajo, según transcripción que se adjunta, para quienes no pudieron participar en el primer llamado realizado, en el marco del cual pueden los recurrentes realizar sus postulaciones, al cual se acompañan todos los antecedentes y documentos para llevar a efecto dicho proceso, lo que fue comunicado además por correo electrónico de 25 de junio de 2025, a la recurrente, por la Jefatura Departamento de Administración de Personal de la División de Gestión y Desarrollo den Personas, de esta repartición:

DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto del derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que en ningún caso los recurrentes han sido objetos de discriminación arbitraria, toda vez que ha quedado establecido que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado aplicó de manera general, objetiva y no selectiva la normativa interna contenida en la resolución exenta N°425, de 2025, que regula el régimen de teletrabajo para los funcionarios del Servicio, siendo este procedimiento debidamente difundido por los canales institucionales establecidos.

En cuanto a la diferencia del trato alegada por los recurrentes no obedece a razones ilegítimas, sino al hecho de no haber formalizado su postulación mediante el mecanismo dispuesto para tales efectos, lo que constituye una omisión atribuible exclusivamente a la propia esfera de control de los recurrentes, por lo que no se justifica un trato distinto a funcionarios/as que no cumplieron con los requisitos formales mínimos del procedimiento, de aceptarse lo contrario no se cumpliría con el principio de legalidad y de igualdad de todos los funcionarios/as ante los requisitos establecidos en la normativa interna administrativa.

En cuanto al derecho a la vida privada consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, sobre esta garantía no se ha acreditado vulneración alguna, los antecedentes clínicos del hijo de los recurrentes, fueron proporcionados voluntariamente por éstos, mediante correo electrónico, en el contexto de la solicitud, no probándose su divulgación indebida ni tratamiento de datos, por lo que no se configuran los elementos objetivos ni subjetivos de una afectación ilegitima a la privacidad ni a la honra, no existiendo en el caso una afectación real, actual y específica de la vida privada.

Referente al derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, no existe un factor causal suficiente entre el actuar del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado y los padecimientos de salud de los recurrentes, de tal manera que la carga emocional asociada al cuidado de su hijo es una situación familiar preexistente que no puede ser imputada a decisiones administrativas ajustadas a derecho, de manera tal que la acreditación de la afectación a la integridad psíquica debe ser consecuencia directa, necesaria y demostrable del acto u omisión impugnado, lo que no se verifica en la especie, al contrario el Servicio adoptó medidas como se han expuesto, en cuanto a la autorización del permiso especial de trastorno del espectro autista.

Sobre el derecho a la educación del niño, consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, debe señalarse que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado en la calidad de empleador de los recurrentes, no tiene facultades ni responsabilidades en la gestión directa del proceso educativo del niño, no constando en autos que el niño haya sido excluido de su establecimiento ni que el actuar del Servicio haya ocasionado impedimento alguno en su escolarización o participación en programas terapéuticos. En consecuencia, no existe afectación directa ni mediata a este derecho.

Finalmente, respecto del derecho al trabajo en condiciones dignas y compatibles con la vida familiar, consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, procede precisar que este derecho no implica un acceso irrestricto a modalidades especiales como el teletrabajo, ni corresponde su interpretación como una obligación institucional de conceder todas las formas solicitadas por los recurrentes, sino que debe entenderse este derecho dentro de los límites de la legalidad y del principio de igualdad, particularmente en el desarrollo de la función pública, rigiendo las normas como el Estatuto Administrativo y reglamentos internos. Para el caso en cuestión el derecho a condiciones laborales dignas se encuentra debidamente resguardado, puesto que los funcionarios mantienen su relación laboral vigente, han hecho uso de permisos regulados y cuentan con canales administrativos formales para plantear sus necesidades especiales.

Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento de Teletrabajo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, aprobado por la Resolución Exenta N°425, de 2025, no es procedente autorizar el teletrabajo de forma permanente ni fraccionada para ambos padres respecto de un mismo hijo, ya que el beneficio debe ser ejercido por uno solo de ellos. Lo anterior se funda en los criterios de priorización establecidos en el numeral XIV del Reglamento, que indica expresamente que, en el caso del cuidado de menores de 14 años o personas con dependencia severa, solo uno de los cuidadores podrá ejercer el beneficio, debiendo la madre ceder expresamente el derecho al padre mediante una declaración jurada simple.

Asimismo, cabe precisar que la Ley N° 21.545, no otorga derechos laborales específicos como el teletrabajo, sino que establece lineamientos generales para la inclusión, diagnóstico y atención integral de personas con trastorno del espectro autista. Así, autorizar el teletrabajo simultáneo o alternado para ambos progenitores no solo contraviene la regulación institucional vigente, sino que también compromete el principio de continuidad del servicio.

Que, en cuanto a la solicitud de los recurrentes sobre el aviso para el permiso especial, es dable señalar que el dictamen E409614, de 2023, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones para los funcionarios públicos, en relación al ejercicio del permiso especial que se establece en el nuevo artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, señala que “ante la ocurrencia de la emergencia de que se trata, la persona funcionaria o el servidor o servidora a honorarios deberá avisar a su empleador de su salida del lugar de trabajo, sin mayor formalidad y por la vía más expedita, tal como una llamada telefónica o un mensaje de texto. Asimismo, deberá dar igual aviso de su retorno al lugar de trabajo, una vez finalizada la emergencia”. Agrega que “Las personas funcionarias o los servidores a honorarios que hayan asistido a una emergencia de su hijo, hija o menor bajo su tutela, deberán acreditar esta circunstancia ante su empleador, mediante una constancia expedida por el establecimiento educacional del niño, niña o adolescente, en que se dé cuenta de la fecha y las horas de inicio y de término en que ella aconteció”.

Es así como la Unidad de Procesos de Personas de este Servicio, instruyó las Unidades de Gestión y nombre reservado de las Direcciones Regionales, que, cada vez que se requiera hacer uso de este permiso, deberán ingresarlo a través del módulo institucional Persomático y acompañar la constancia del establecimiento educacional que exige la normativa, fundante del acto administrativo correspondiente.

Por último, cabe señalar que la Ley N°21.724 que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, en su artículo 41 inciso cuarto señala expresamente que “Los servicios deberán implementar un sistema remoto de registro horario de la jornada ordinaria de trabajo para efectos de aplicar la modalidad dispuesta en este artículo. Los funcionarios y funcionarias no podrán hacer uso de esta modalidad fraccionando la jornada diaria de trabajo"; de tal forma, no resulta procedente legalmente que este permiso sea empleado por medias jornadas.

Solicita tener a bien rechazar el recurso de protección interpuesto, en base a los argumentos esgrimidos en el cuerpo de este informe, en consideración a que el Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la nombre reservado, no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya provocado privación, perturbación o amenaza sobre el legítimo ejercicio de los derechos invocados por el recurrente, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N°305, de fecha 06 de marzo de 2024, de esta Dirección Nacional, que Aprueba Reglamento para el año 2024 para la implementación del sistema de trabajo remoto en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado estableciendo las condiciones mínimas para su funcionamiento y ordena suscripción de convenio que indica.

2.- Resolución Exenta N°425, de fecha 29 de abril de 2025, de esta Dirección Nacional, que Aprueba Reglamento para el año 2025 para la implementación del sistema de trabajo remoto en el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado estableciendo las condiciones mínimas para su funcionamiento y ordena suscripción de convenio que indica.

3.- Resolución Exenta RA N°215067/70/2025, de 21 de enero de 2025, que Prorroga Contrata de Cargos que indica.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por los actores, lo hace consistir en la negativa injustificada y desproporcionada a otorgar el beneficio de teletrabajo solicitado por los recurrentes —ambos funcionarios del mismo Servicio— para atender las necesidades de su hijo con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), la aplicación estricta de una exigencia formal sin atender a la realidad material de los solicitantes, la falta de evaluación fundada del caso concreto, la omisión de adoptar medidas de adecuación razonable, la exposición indebida de antecedentes clínicos del menor, y la ausencia de una respuesta oportuna por parte de la administración pública.

CUARTO: Que, la recurrente acompañó a su libelo, copia del informe de neurología infantil que es claro en señalar que Mateo padece Autismo con nivel de apoyo 2, necesitando supervisión y apoyo permanente en sus procesos de regulación emocional, facilitar su participación en actividades diarias y educativas y asegurar el cumplimiento de indicaciones médicas y terapéuticas que forman parte de su plan de atención integral.

QUINTO: Que, por lo tanto, la cuestión planteada por la recurrente dice relación con el derecho de su hijo Mateo de contar con supervisión y apoyo que le permitan integrarse a su educación formal de manera igualitaria a cualquier otro niño, niña o adolescente.

SEXTO: Que, la ley 21.545 establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, especialmente de los niños y niñas que se encuentran en esta condición y tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA); eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Estableciéndose como un deber general del Estado el Asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, autonomía e igualdad de oportunidades de las personas con TEA y Asegurar el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, en especial, su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización.

SEPTIMO: Que, por su parte la ley 21.645 establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado menores de catorce años, a una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, y que no reciban remuneraciones por esta labor, a que toda su jornada o parte de ella, sea diaria o semanal pueda ser ejecutada bajo la modalidad del trabajo a distancia, en la medida que la naturaleza de su labor lo permita.

Que para dar cumplimiento a esta ley organizaciones tanto públicas como privadas han dictado reglamentos de teletrabajo OCTAVO: Que, en el caso en comento el Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado cuenta con el Reglamento para el año 2025 para la implementación del Teletrabajo resolución exenta 000425/2025.

NOVENO: Que, de este modo, en estos autos se encuentra acreditado que la parte recurrida, ha negado en base a un reglamento interno, un beneficio establecido por ley a niños, niñas y adolescentes cuya condición sea del espectro autista. Ley que obliga al Estado de Chile a brindar en igualdad de condiciones medidas de acompañamiento para la integración y escolarización de los niños y niñas en esta condición, a través – entre otras- del apoyo y supervisión permanente de los adultos responsables de su cuidado, en este caso padre y madre recurrentes, todo esto en coherencia con los derechos fundamentales de los niños consagrados en la “Convención de los derechos del niño”, promulgadas en nuestro país a través del Decreto 830 del Ministerio de relaciones Exteriores.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, derecho del niño a la integración, no puede ser condicionado por plazos establecidos en un reglamento, no existiendo oportunidad para este tipo de solicitudes, ya que los niños, niñas y adolescentes, pueden requerir en cualquier etapa de su desarrollo y en atención a los distintos requerimientos de su desarrollo escolar, de un periodo especial de acompañamiento, no pudiendo éste estar supeditado a plazos fijados por reglamentos internos.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en representación de su hijo nombre reservado en contra del Servicio de Protección Especializada a la nombre reservado y la persona de su Director Nacional don Claudio Castillo Castillo, sólo en cuanto a que se le ordena al Servicio a recibir la solicitud de teletrabajo y analizarla conforme la situación del niño diagnosticado dentro del espectro autista y su necesidad de apoyos permanentes y específico.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por la Abogada Integrante Sintia Orellana Yévenes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº309-2025 PROTECCIÓN