TURISMO EL OVEJERO SPA con DIRECCION DEL TRABAJO

Punta Arenas, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece don Gerardo Ignacio Venegas Guzmán, abogado, en representación de Turismo El Ovejero SpA, Rol Único Tributario N°76.450.317-1, representada legalmente por don nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes y de la Antártica Chilena e Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, representadas legalmente por doña Viviana Ampuero Santana, Directora Regional del Trabajo de Magallanes y de la Antártica Chilena, fundado en actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes, principalmente, en la dictación tardía de la Resolución Exenta N°26, de 26 de diciembre de 2025 (individualizada por la recurrida como Resolución Exenta N°36 de igual fecha), que rechazó la solicitud de sustitución de la infracción N°1291/2023/3-2 por capacitación, no obstante haber transcurrido más de dos años y cinco meses desde su presentación.

Señala que, con fecha 21 de abril de 2023, se practicó una fiscalización laboral que dio origen a la Resolución de Multa N°1291/2023/3, que aplicó dos sanciones: i) la infracción N°1291/2023/3-1, de 10 UTM, por no informar a los trabajadores acerca de riesgos laborales; y ii) la infracción N°1291/2023/3-2, de 26,73 ingresos mínimos mensuales, por no exhibir toda la documentación necesaria para la fiscalización.

Indica que, con fecha 18 de julio de 2023, dentro de plazo, solicitó la sustitución de ambas sanciones por un programa de asistencia al cumplimiento o capacitación, de conformidad con el artículo 506 ter del Código del Trabajo, y que la recurrida mantuvo dicha solicitud sin resolver durante aproximadamente veintinueve meses, dictando recién el 26 de diciembre de 2025 la Resolución Exenta N°35, que autorizó la sustitución respecto de la infracción N°1291/2023/3-1, y la resolución individualizada en lo principal, que rechazó la sustitución respecto de la infracción N°1291/2023/3-2, por no encontrarse acreditada la corrección íntegra de la observación.

Sostiene que dicha demora infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880, que fija en seis meses el plazo máximo de duración de los procedimientos administrativos, produciendo el decaimiento del procedimiento y privando de sentido a la finalidad correctiva del artículo 506 ter del Código del Trabajo; y que, con posterioridad, la deuda derivada de la multa fue informada a la Tesorería General de la República, apareciendo morosa por $9.286.911, liquidada al 3 de junio de 2026, afectando operaciones bancarias y crediticias de la empresa.

Afirma que tomó conocimiento cierto, efectivo y concreto de la afectación actual de sus garantías constitucionales el 29 de mayo de 2026, con ocasión del rechazo u observación bancaria de una operación de crédito motivada por la deuda fiscal derivada de la multa, siendo dicho hito -y no la fecha de dictación formal del acto- el que debe considerarse para el cómputo del plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 2°, 3° inciso quinto, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, la libertad para desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho de propiedad, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°26 y la multa asociada a la infracción N°1291/2023/3-2, ordenando además comunicar dicha circunstancia a la Tesorería General de la República para la eliminación o suspensión de la deuda; y, en subsidio, que se ordene a la recurrida tramitar nuevamente la sustitución de la sanción por capacitación, absteniéndose en el intertanto de mantener o ejecutar sus efectos de cobro, con costas. En el primer otrosí acompaña documentos; en el segundo solicita orden de no innovar; en el tercero, patrocinio y poder; y en el cuarto, forma especial de notificación.

Informa el recurso doña Viviana Ampuero Santana, abogada, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, por estimarlo extemporáneo y por no concurrir acto ilegal ni arbitrario.

En cuanto a la extemporaneidad, señala que la Resolución Exenta N°26, de 26 de diciembre de 2025, que rechazó la sustitución de la infracción N°1291/2023/3-2, fue notificada electrónicamente a la casilla registrada por la propia empresa en la plataforma MiDT (correo reservado) el mismo 26 de diciembre de 2025, entendiéndose practicada la notificación al tercer día hábil siguiente, esto es, el 31 de diciembre de 2025, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N°21.327; que dicho artículo, en concordancia con el 515 del mismo Código, impone al empleador la obligación de mantener registrado un correo electrónico vigente para notificaciones, el que la empresa efectivamente registró y ratificó; y que, habiéndose deducido la acción recién el 27 de junio de 2026, transcurrió en exceso el plazo fatal de treinta días corridos contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Sostiene que la alegación de la recurrente, en orden a computar el plazo desde el 29 de mayo de 2026 -fecha en que habría advertido el impacto bancario de la deuda-, carece de asidero, pues los actos administrativos producen sus efectos desde su notificación válida, sin que la notificación misma haya sido cuestionada en el recurso, y sin que la eventual demora de la Tesorería General de la República en gestionar el cobro pueda alterar el cómputo del plazo fatal de impugnación.

En cuanto al fondo, afirma que la acción de protección no puede utilizarse como sustituto de los mecanismos ordinarios de impugnación que contempla el Código del Trabajo, en especial los artículos 503 y 512, que permiten reclamar de las resoluciones que aplican o rechazan la sustitución de multas ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días hábiles; que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no reviste el carácter de fatal, según jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°27.752-2025); que no existe discriminación arbitraria, pues todo empleador que no ejerce oportunamente sus acciones queda en igual situación; que el Servicio no se erigió en comisión especial, sino que ejerció potestades regladas conforme al artículo 506 ter del Código del Trabajo; y que ni la libertad económica ni el derecho de propiedad de la recurrente se ven conculcados por el ejercicio de facultades fiscalizadoras y de cobro que cuentan con vías legales de impugnación. Cita al efecto lo resuelto por esta Ilustrísima Corte en autos Rol de Protección N°3735-2022, “Rendic Hnos. con Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes”.

Solicita, por tanto, el rechazo del recurso, declarándolo extemporáneo y, en subsidio, rechazándolo por no concurrir los presupuestos de la acción cautelar, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso la recurrente reclama en contra de la dictación tardía y del rechazo de su solicitud de sustitución de la infracción N°1291/2023/3-2 por capacitación, contenido en la resolución individualizada en lo expositivo, estimando vulneradas las garantías de los numerales 2°, 3° inciso quinto, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, tanto por estimarlo extemporáneo cuanto, por no concurrir, a su juicio, un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas, conforme a los fundamentos consignados en lo expositivo.

QUINTO: Que, en primer término, corresponde pronunciarse sobre la alegación de extemporaneidad, para lo cual cabe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone que la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que consta de los antecedentes acompañados, y no ha sido controvertido por la recurrente, que la resolución que rechazó la sustitución de la infracción N°1291/2023/3-2 fue notificada por vía electrónica el 26 de diciembre de 2025 a la casilla de correo registrada por la propia empresa recurrente en la plataforma MiDT de la Dirección del Trabajo, notificación que, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo -incorporado por la Ley N°21.327-, se entiende practicada al tercer día hábil siguiente contado desde la emisión del correo respectivo, esto es, el 31 de diciembre de 2025. Dicha forma de notificación no ha sido objetada en el recurso, ni se ha alegado que la casilla electrónica utilizada no correspondiera a la registrada y ratificada por el propio empleador.

SÉPTIMO: Que, siendo ello así, el acto administrativo cuya legalidad se impugna produjo sus efectos jurídicos, y la recurrente tomó conocimiento cierto del mismo, desde su notificación válida el 31 de diciembre de 2025, sin que corresponda postergar el inicio del cómputo del plazo hasta la fecha -29 de mayo de 2026- en que la propia recurrente afirma haber advertido las consecuencias patrimoniales y bancarias derivadas de la deuda fiscal asociada a la multa. En efecto, la manifestación fáctica y contingente de los efectos de cobro de una obligación ya existente y exigible no constituye un nuevo acto de autoridad, ni importa el nacimiento de un plazo distinto para impugnar el acto administrativo que le dio origen; admitir lo contrario permitiría a cualquier recurrente extender indefinidamente el plazo fatal de treinta días mediante la sola alegación de haber conocido en una fecha posterior las consecuencias prácticas de un acto ya notificado, lo que pugna abiertamente con el carácter fatal, objetivo y de certeza jurídica que informa el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

OCTAVO: Que, en consecuencia, habiéndose notificado válidamente la resolución impugnada el 31 de diciembre de 2025, y habiéndose deducido la presente acción constitucional recién el 27 de junio de 2026, resulta que el recurso fue interpuesto una vez transcurrido en exceso el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el referido Auto Acordado, circunstancia que conduce necesariamente a acoger la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida y a rechazar el recurso, según se dirá.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y a mayor abundamiento, cabe consignar que la presente acción tampoco podría prosperar por la vía de sus fundamentos de fondo, desde que el propio ordenamiento jurídico laboral contempla mecanismos especiales de impugnación de las resoluciones que rechazan la sustitución de multas administrativas, conforme a lo dispuesto en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, que permiten reclamar de tales resoluciones ante el Juez de Letras del Trabajo competente, sede que posibilita un conocimiento del asunto con mayor latitud probatoria, en particular respecto de la controversia de fondo relativa a si la empresa recurrente corrigió o no íntegramente la observación que motivó la infracción N°1291/2023/3-2, cuestión que excede el ámbito cautelar, urgente y no declarativo propio de la presente acción constitucional.

DÉCIMO: Que, asimismo, y en cuanto a la infracción al plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 que se reprocha a la recurrida, cabe tener presente que dicho plazo de seis meses no reviste el carácter de fatal, según ha sido reiteradamente resuelto por la Excma. Corte Suprema, sin que su solo transcurso -por prolongado que resulte- determine por sí solo la ineficacia o ilegalidad del acto tardío, siendo necesario además un examen adicional acerca de la razonabilidad o justificación del exceso, ponderación que, en todo caso, corresponde efectuar en la sede de fondo pertinente y no en el marco sumario y cautelar propio del recurso de protección.

UNDÉCIMO: Que, por último, no se advierte de los antecedentes que el actuar de la recurrida importe una diferencia arbitraria de trato respecto de otros administrados que se encuentren en igual situación, ni que el Servicio se haya erigido en una comisión especial, desde que actuó en ejercicio de las potestades regladas que le confiere el artículo 506 ter del Código del Trabajo, quedando en todo caso a salvo el derecho de la recurrente para discutir el fondo de lo resuelto por las vías ordinarias de impugnación que contempla la ley.

DUODÉCIMO: Que, de lo razonado en los considerandos precedentes, y no concurriendo los presupuestos que hacen procedente la acción cautelar de protección, ésta deberá ser rechazada, con costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Gerardo Ignacio Venegas Guzmán, en representación de Turismo El Ovejero SpA, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, ya individualizadas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Marcos Kusanovic Antinopai, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°308-2026. Protección.-