nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Robinson Andrés Quelín Álvarez, abogado en interpone acción de protección en favor de nombre reservado, RUT RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra del nombre reservado, y su representante legal, Francisco Tocornal Fuenzalida, ambos con domicilio en domicilio reservado, región metropolitana de Santiago.

Refiere que su representada recibió a través de correo electrónico con fecha 13 de mayo de 2024, un documento que tiene la apariencia de un escrito o de una resolución judicial.

Sostiene que aquello ha sido una práctica reiterada de algunas empresas de cobranza utilizar formatos que tiendan parecerse a una resolución judicial, con términos que, a una persona lega, le produce incertidumbre, angustia y miedo a las consecuencias que la referida empresa pueda asumir, toda vez que, establece un plazo de 3º día como límite para regularizar “esta situación”.

Expone que la Excma. Corte Suprema ha resuelto para casos de similares características que, lo señalado ocurre porque aun cuando el objetivo del envío de la misiva es poner en noticia al deudor de su morosidad, en ningún caso las actuaciones relativas a la cobranza extrajudicial pueden considerar la remesa de documentos que aparenten ser escritos de naturaleza judicial, acorde con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°19.496, de manera que, en las condiciones descritas, el acto impugnado no sólo es ilegal, sino que además vulnera la garantía constitucional establecida en el N°1 Y 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Hace presente que la amparada de protección es una persona adulta mayor de tercera edad, lo que implica además que, nuestro legislador es especialmente cuidadoso para las decisiones que se adopten considerando lo que establece la Convención de los Derechos de los Adultos Mayores.

Solicita se acoja la acción y se disponga que se deje sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido de la comunicación remitida por correo electrónico con fecha 13 de mayo de 2024, prohibir el envío de comunicaciones de similares características en el futuro, y todas las medidas que sean necesarias para el restablecimiento del derecho, con expresa condena en costas, en caso de oposición, Acompaña, mandato Judicial que confiere la amparada al abogado ROBINSON ANDRES QUELIN ÁLVAREZ, con firma electrónica avanzada, correo electrónico de fecha 13 DE MAYO DE 2024, remitido por la recurrida de autos y certificado de Nacimiento de la amparada Informa Francisco José Tocornal Fuenzalida, abogado, por la recurrida Cobranzas Cobralet Limitada, quien solicita el rechazo del recurso.

Aclara que Cobranzas Cobralet Limitada, es un nombre reservado dedicado al cobro dé cotizaciones previsionales, mandatado para ello por las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones, para efectuar la cobranza perjudicial y judicial de los empleadores morosos que no efectúan el integro pago a sus trabajadores.

Expone que doña nombre reservado, en la actualidad, adeuda por concepto de declaración y no pago automático (DNPA) deudas con A.F.P. CAPITAL S.A y AFP PROVIDA S.A, vigentes hoy en día.

Al analizar éstos antecedentes entiende que lo expuesto por la recurrente no puede estar más ajeno a la realidad, y dicho actuar arbitrario o ilegal por el que estima haber sido agraviada, es inexistente, dado que el correo electrónico tiene un carácter meramente informativo, donde claramente se expresa las formas de regularización de esta deuda, que en la actualidad se encuentra total y absolutamente vigente en causa RIT: D-196-2011 y D-777-2011 ambos seguidos ante Jdo. de Letras del Trabajo Punta Arenas, juicios qué actualmente no se encuentran válidamente notificados.

Manifiesta que al enviar el correo electrónico ha actuado dentro del ámbito de la cobranza perjudicial, ya que dichas causas no sé han notificado válidamente por receptor judicial, por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia actual, él juicio no ha iniciado por no haberse trabado la litis.

Por otra parte, no es posible hablar de hostigamiento, ya que se ha enviado solo un correo.

Así, la recurrente no puede señalar que su actuar afecta su integridad psíquica ni su derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona, su familia y la protección de sus datos personales, ya que lo único que pretende es colaborar con él, más aún cuando no detalla como el envío de dicho correo le afecta sus garantías constitucionales, enmarcándose su actuar con lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.496 donde esté preceptúa que no se pueden comunicar las consecuencias de procesos judiciales no iniciados y aquí estamos frente a diversos juicios que son sustentados por la interposición de una demanda y que se encuentran debidamente vigentes en la actualidad.

Concluye que al no existir un acto arbitrario o ilegal alguno, puesto que su representada no ha obrado de una forma arbitraria (voluntad no gobernada por la razón) ni ilegal, debido a que el correo electrónico enviado solo tenía un carácter informativo respecto de una deuda total y absolutamente vigente, y que dan cuenta que las cotizaciones previsionales hasta la fecha siguen impagas.

Acompaña, escritura Publica de Transformación “Cobranzas Cobralet SPA” a “Cobranzas Cobralet Limitada”, fecha 5 de diciembre de 2022, de la 42° Notaria dé Santiago de nombre reservado, debidamente autorizada, donde consta la personería de Francisco Tocornal Fuenzalida para representar a Cobranzas Cobralet Limitada, Ebook, causa RIT: D-196-2011 de Jdo. de Letras del Trabajo Punta Arenas e Ebook, causa RIT: D-777-2011 de Jdo. de Letras del Trabajo Punta Arenas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en el envío de un correo electrónico con fecha 13 de mayo del presente año, el cual califica como ilegal y arbitrario, vulnerándose los derechos consagrados en el articulo 19N°1 y 4 de la Constitución Política de la Republica.

CUARTO: Que, a su turno el recurrido, insta por el rechazo de la acción en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, es menester tener presente que, el artículo 37 inciso 6° de la Ley N°19.496 prescribe que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”, la normativa anterior, da cuenta, de manera ejemplar que existe una serie de reglas que deben ser observadas, en el contexto de un ejercicio legítimo de mecanismos de cobro extrajudicial, circunstancia, que se ha sostenido se ha rebasado por la recurrente.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo expuesto por la recurrente, lo cierto es que a estos antecedentes sólo se allegó un correo electrónico, mismo del que no se desprende un acto de cobranza directa o abusiva, sino que la comunicación a fin de dar a conocer determinados beneficios a los que, la actora, podría suscribirse, de manera que es manifiesto que, con dicho único elemento no es factible-razonablemente- dar por comprobada la actividad denunciada en los términos señalados, ni que ésta tenga la entidad de atentar contra el núcleo de las garantías invocadas; de esa forma sólo se observa que lo esgrimido trasunta en argumentaciones genéricas, pero que carecen de antecedentes graves, reiterados y claros que las evidencien.

Es así como la misiva por la cual reclama, explicita la forma de ejercer los derechos, en diversas situaciones en que se encuentre una persona en calidad de deudor de cotizaciones, sin que se aperciba o amenace con la ejecución de la deuda.

SEPTIMO: Que, lo que se viene expresando, es indiscutible que, el primero requisito y base para la procedencia de la presente acción constitucional no se ha verificado, ya que no ha quedado asentada la existencia de un acto arbitrario o ilegal, en los términos que ha promovido quien ha provocado el ejercicio jurisdiccional, razón por la que no cabe sino desestimar lo pretendido por ausencia manifiesta de antecedentes.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Robinson Andrés Quelin Álvarez en favor de nombre reservado, en contra del nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº302-2024 PROTECCIÓN.