Recurso de protección

Punta Arenas, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, en representación de la FUNDACIÓN nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado; doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado; doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado; doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado; y doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado, señalando como actos ilegales y arbitrarios una campaña sistemática, coordinada y masiva de hostigamiento digital desplegada por las recurridas en su contra.

Funda su recurso en que dicha campaña se habría materializado a través de un comunicado público difundido los días 23 y 24 de mayo de 2026 y replicado por los medios nombre reservado y nombre reservado; de publicaciones en las redes sociales Instagram y Facebook; de una carta dirigida con fecha 10 de junio de 2026 a la Embajada de Suiza, dada a conocer por el diario nombre reservado el 20 de junio siguiente; y de comunicaciones electrónicas dirigidas al Museo Etnográfico de la Universidad de Zúrich.

Afirma que dichas actuaciones contendrían imputaciones falsas e injuriosas, consistentes en negar la identidad étnica y ancestralidad de los directores de la Fundación pese a contar éstos con certificación de la CONADI; comparar sus gestiones ante instituciones suizas con los denominados “zoológicos humanos”; atribuirle vínculos con la industria salmonera; aludir a una investigación de la Contraloría General de la República respecto de la Comunidad nombre reservado; exigir a instituciones nacionales e internacionales que no la validen; y demandar el cambio de su nombre legal y la exhibición de sus fuentes de financiamiento.

Sostiene que lo anterior vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene el cese de toda difusión de las comunicaciones referidas, la eliminación de las publicaciones cuestionadas, la prohibición de dirigir nuevas comunicaciones de ese tenor a entidades vinculadas a sus proyectos, y una publicación reparatoria, con costas.

Informa don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, pidiendo que se rechace el recurso.

Expone que las publicaciones cuestionadas no obedecen a un ánimo difamatorio, sino a la legítima preocupación de sus representadas por no haber sido consideradas en gestiones que atañen al conjunto de las comunidades del pueblo nombre reservado, en especial el proceso de repatriación de restos humanos ancestrales, invocando al efecto las obligaciones de consulta contempladas en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo. Agrega que la recurrente carece de representatividad para actuar a nombre de la totalidad del pueblo nombre reservado, atendido que su directorio corresponde únicamente a la Comunidad nombre reservado, y que las expresiones cuestionadas se enmarcan dentro del legítimo ejercicio de la libertad de opinión e información consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República.

Informa asimismo don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, Presidenta de la Comunidad nombre reservado, solicitando también el rechazo de la acción.

Manifiesta que las actuaciones reprochadas se insertan en el marco de una controversia preexistente entre diversas comunidades del pueblo nombre reservado y la Fundación recurrente, relativa a la representación de dicho pueblo, al uso de la denominación "nombre reservado" y a la participación en el proceso de restitución de restos humanos ancestrales.

Añade que los propios antecedentes acompañados por la recurrente -la declaración pública, las publicaciones en redes sociales y las comunicaciones institucionales- dan cuenta del ejercicio de las libertades consagradas en los artículos 19 N°12 y 19 N°14 de la Constitución Política de la República, sin que conste el ejercicio de potestades de fiscalización o veto sobre la Fundación, y que la pretensión deducida excede el ámbito propio de la acción de protección, al perseguir impedir la sola expresión de una posición dentro de un debate de interés colectivo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente que acusa la afectación de tales derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que la recurrente acciona constitucionalmente por las expresiones manifestadas y difundidas por las recurridas en su contra, las que califica como falsas e injuriosas y atentatorias contra su derecho a la honra, conforme a los argumentos reseñados en la parte expositiva de este fallo.

TERCERO: Que no se encuentra controvertido en autos que las recurridas suscribieron y difundieron el comunicado público de 23 y 24 de mayo de 2026, replicado por los medios “nombre reservado” y “nombre reservado”; que mantienen publicaciones activas en sus cuentas de Instagram individualizadas en el recurso; y que remitieron con fecha 10 de junio de 2026 una carta a la Embajada de Suiza, dada a conocer por nombre reservado el 20 de junio siguiente, exigiendo la suspensión del proceso de repatriación de restos ancestrales gestionado por la Fundación recurrente. Así se desprende de los propios informes evacuados por doña nombre reservado y otras, y por doña nombre reservado, quienes no niegan la autoría ni la difusión de dichas actuaciones, sino que se limitan a justificarlas como ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho de petición.

CUARTO: Que, examinado el contenido de las actuaciones reprochadas, cabe distinguir dentro de ellas dos categorías de afirmaciones de naturaleza jurídica diversa.

Por una parte, las recurridas cuestionan la representatividad de la Fundación recurrente para actuar a nombre del conjunto del pueblo nombre reservado, objetan el uso de la denominación “nombre reservado” por parte de una persona jurídica de derecho privado, y reclaman la falta de un proceso de consulta previo en las gestiones relativas a la repatriación de restos humanos ancestrales. Tales afirmaciones, en cuanto constituyen la expresión de una posición institucional sobre una controversia de interés colectivo, se enmarcan efectivamente dentro del legítimo ejercicio de las libertades consagradas en los artículos 19 N°12 y 19 N°14 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, sin embargo, las publicaciones y comunicados acompañados a los autos contienen imputaciones de hechos concretos y específicos que exceden con creces esa discusión institucional: (i) la afirmación de que la Fundación y la Comunidad nombre reservado “operan para intereses de la industria salmonera”; (ii) la aserción de que dicha comunidad “está siendo investigada por la Contraloría General de la República”; (iii) la comparación de las gestiones de la Fundación ante instituciones suizas con la práctica histórica de los “zoológicos humanos”; y (iv) la negación de la calidad indígena y ancestralidad de los directores de la Fundación, no obstante contar éstos con certificación vigente de la CONADI acompañada en autos.

QUINTO: Que las cuatro afirmaciones recién descritas no constituyen meras opiniones o valoraciones críticas amparadas por la libertad de expresión, sino imputaciones de hechos precisos y verificables -un vínculo con una industria determinada, la existencia de una investigación de un órgano contralor, la asimilación de conductas concretas a prácticas históricas de exhibición y explotación de personas, y el desconocimiento de una calidad jurídica acreditada mediante instrumento público- que, conforme al mérito de autos, no cuentan con respaldo probatorio alguno. En efecto, ninguno de los informes evacuados por las recurridas hacer valer algún antecedente que sustente la existencia de vínculos con la industria salmonera ni de la aludida investigación de la Contraloría, limitándose a defender dichas expresiones desde la perspectiva de la libertad de opinión, sin hacerse cargo de su efectividad y sustento de veracidad que respalde las expresiones que difunde contra la recurrente.

A este respecto, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N°19.634-2024, de 12 de agosto de 2024, confirmatoria de la sentencia de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, en cuanto a que la libertad de expresión, incluida su manifestación a través de redes sociales, puede entrar en conflicto con el derecho a la honra, debiendo primar este último cuando las publicaciones atribuyen a la persona afectada un actuar ilícito sin que tal circunstancia se encuentre establecida a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, afectando su prestigio comercial o institucional mientras la controversia de fondo no ha sido dilucidada por las vías idóneas.

Tal es precisamente la situación que se verifica en la especie, desde que las recurridas atribuyen a la Fundación recurrente conductas concretas -servir a intereses de la industria salmonera, encontrarse sujeta a una investigación de Contraloría- sin que conste que dichas circunstancias hayan sido establecidas por autoridad competente alguna, ni que las propias recurridas hayan iniciado por las vías institucionales o jurisdiccionales pertinentes una acción tendiente a esclarecerlas.

SEXTO: Que, asimismo, la negación pública de la identidad indígena y ancestralidad de los directores de la Fundación recurrente, pese a la certificación de la CONADI acompañada en autos, no puede entenderse amparada bajo ningún respecto por la libertad de expresión ni por el derecho de petición, por cuanto no se dirige a cuestionar la representatividad institucional de la Fundación, sino que desconoce derechamente una calidad personal legalmente acreditada de sus integrantes, lo que resulta contrario, además, al artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, sin que ello habilite a terceros para desconocer, con fines de desprestigio, la identidad de otro integrante del mismo pueblo que cuenta con reconocimiento oficial.

SEPTIMO: Que la circunstancia de que las actuaciones reprochadas se inserten en el contexto de una controversia preexistente entre diversas comunidades del pueblo nombre reservado y la Fundación recurrente, relativa a su representatividad y a la participación en el proceso de repatriación de restos ancestrales, no legitima que dicha controversia se proyecte mediante la difusión pública de imputaciones fácticas concretas y carentes de sustento probatorio. El deber de consulta contemplado en el artículo 6.1 letra a) del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo constituye una obligación que pesa sobre el Estado frente a los pueblos indígenas cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, y no una potestad de fiscalización de una comunidad indígena sobre otra persona jurídica del mismo pueblo, ni un fundamento que autorice a atribuir a ésta, sin prueba, la comisión de actos ilícitos o vínculos con terceros ajenos a la controversia, como la industria salmonera.

OCTAVO: Que el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República garantiza el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, garantía que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores ha extendido a las personas jurídicas en cuanto a su prestigio institucional, por cuanto éste resulta indispensable para el desarrollo de sus fines y actividades lícitas. En la especie, las imputaciones examinadas en los motivos precedentes son idóneas para menoscabar la credibilidad y el prestigio de la Fundación recurrente ante las entidades académicas, diplomáticas y de cooperación internacional con las que mantiene vínculos vigentes, afectando su capacidad de continuar desarrollando los proyectos de rescate y visibilización cultural del pueblo nombre reservado que constituyen su objeto.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado, las publicaciones e imputaciones fácticas individualizadas en el motivo cuarto - esto es, la atribución de vínculos con la industria salmonera, la alusión a una investigación de la Contraloría General de la República, la comparación con los denominados “zoológicos humanos” y la negación de la identidad indígena de los directores de la Fundación pese a su acreditación oficial- constituyen un acto ilegal, por exceder el ámbito de protección de la libertad de expresión consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, y arbitrario, por carecer de todo sustento razonable y de respaldo probatorio, produciendo un directo e inmediato menoscabo en la honra de la Fundación recurrente, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual el recurso habrá de ser acogido en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las alegaciones referidas a la representatividad de la recurrente para actuar a nombre del pueblo nombre reservado y a la ausencia de un proceso de consulta, por constituir controversias que exceden el ámbito de esta acción cautelar de urgencia, deberán ventilarse, de estimarse pertinente, por las vías institucionales o jurisdiccionales que correspondan.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE PARCIALMENTE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de la Fundación nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en sus respectivas calidades de presidentas de las comunidades indígenas nombre reservado individualizadas en autos, sólo en cuanto se declara que las recurridas deberán abstenerse de emitir cualquier expresión y de la difusión, publicación o remisión de comunicados, publicaciones en redes sociales o comunicaciones dirigidas a terceros que atribuyan a la Fundación nombre reservado o a sus directores vínculos con la industria salmonera, la existencia de una investigación de la Contraloría General de la República, o que comparen sus gestiones con los denominados “zoológicos humanos”, así como toda expresión que desconozca la identidad indígena de sus directores acreditada por la CONADI. Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic Antinopai.

Rol N°294-2026. Protección.-