Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, ciudadano colombiano, cédula de identidad para extranjeros NUM000, domiciliado en domicilio reservado nombre reservado, Región de Magallanes y la Antártica Chilena e interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la omisión que califica de ilegal y arbitraria consistente en no haber dictado resolución terminal respecto de su solicitud de residencia temporal, presentada el 1 de septiembre de 2025.

Sostuvo que dicha inactividad vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880.

Expone que el recurrente ingresó a Chile en calidad de turista con la intención de establecerse legalmente y desarrollar su proyecto de vida en el país, para lo cual solicitó un permiso de residencia temporal el 1 de septiembre de 2025. Indicó que, a la fecha de presentación de la acción, no había recibido respuesta del Servicio, permaneciendo en una situación de incertidumbre y preocupación frente a una tramitación que considera excesivamente prolongada.

Afirma que habían transcurrido nueve meses y veintiún días desde el ingreso de la solicitud sin pronunciamiento alguno, excediéndose el plazo máximo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880. Sostuvo, que esta demora constituye una omisión ilegal y arbitraria que discrimina al recurrente respecto de otros administrados que, encontrándose en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido una respuesta formal dentro de un plazo razonable.

Invoca jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que habría calificado de ilegal y arbitraria la prolongación injustificada de procedimientos migratorios, especialmente cuando se supera el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Sostiene, además, que la demora infringe los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo, inexcusabilidad, eficiencia y servicio a la persona, recogidos en las Leyes N°19.880 y N°18.575. Citó antecedentes de auditoría de la Contraloría General de la República sobre retrasos relevantes en la gestión de solicitudes migratorias y deficiencias de los sistemas informáticos del Servicio, para afirmar que la autoridad no habría adoptado medidas eficaces destinadas a resolver oportunamente los procedimientos pendientes.

Asevera que la Administración debe sujetarse a un procedimiento reglado, con etapas y plazos objetivos, y que el artículo 27 de la Ley N°19.880 debe aplicarse supletoriamente al procedimiento migratorio, al no existir en la legislación sectorial un plazo especial para resolver la solicitud.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso y se ordenara al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporal dentro del plazo de treinta días, o dentro del término que esta Corte estime pertinente, con expresa condena en costas.

Informando el recurso compareció doña nombre reservado

nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente nombre reservado presentó el 17 de julio de 2025 una solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID NUM001, la cual no fue acogida a trámite el 1 de septiembre de ese año, disponiéndose la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, donde se generó la solicitud ID NUM002. Añadió que, en esa misma fecha, el procedimiento avanzó a la etapa de obtención de información y análisis, y que el 12 de noviembre de 2025 se requirió al interesado la presentación de documentación adicional. Indicó que, a la fecha del informe, la solicitud de residencia temporal permanecía activa y se encontraba en etapa de resolución.

Afirma que el recurrente cuenta con un certificado de residencia temporal en trámite, documento que acredita su condición migratoria regular y lo habilita para entrar y salir del territorio nacional, así como para ejercer actividades remuneradas mientras se mantenga pendiente la resolución de su solicitud. En consecuencia, sostuvo que el interesado se encuentra jurídicamente protegido y autorizado para desarrollar actividades lícitas en el país, sin que la pendencia del procedimiento le ocasione una situación de irregularidad migratoria.

En cuanto al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, aduce que no tiene carácter fatal, por cuanto la ley no lo califica expresamente de esa forma ni contempla una sanción de caducidad asociada a su vencimiento. Sostuvo que se trata de un término referencial y prudencial para la Administración, que debe interpretarse como una obligación de resolver dentro de un plazo razonable, pero no como un límite perentorio que extinga la potestad administrativa. Invocó jurisprudencia de la Corte Suprema que habría confirmado dicha interpretación.

Añade que la Corte Suprema habría resuelto, en un asunto relativo a la demora en una solicitud de residencia temporal, que la tramitación de un procedimiento reglado compuesto por diversas etapas no vulnera por sí sola las garantías fundamentales del solicitante, ni siquiera en grado de amenaza, sin perjuicio del deber del Servicio de emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable conforme a la Ley N°21.325 y su reglamento.

Concluye que el Servicio ha actuado con apego a la Constitución y a las normas aplicables, que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite y en etapa de resolución, y que no existe una omisión ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida mediante esta vía cautelar. En consecuencia, solicitó rechazar la acción en todas sus partes.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario por la recurrente, consiste en la omisión de la recurrida, en cuanto al pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia temporal ID NUM002 de fecha 1 de septiembre de 2025.

CUARTO: Que la recurrida insta por el rechazo del recurso sosteniendo –en lo sustancial- que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por su parte, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados de la Constitución Política de la República. Afirma, en cuanto al plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, que este no tiene carácter fatal, por cuanto la ley no lo califica expresamente de esa manera ni contempla una sanción de caducidad asociada a su vencimiento.

QUINTO: Que, los artículos 68 y siguientes de la Ley N°21.325 regulan la residencia temporal, entendida como el permiso otorgado a las personas extranjeras que pretendan establecerse en Chile por un tiempo limitado, cuyas subcategorías, requisitos y forma de postulación se encuentran complementados por el Reglamento de la Ley y por el Decreto Supremo N°177, de 2022. Asimismo, conforme al artículo 157 del citado cuerpo legal, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver las solicitudes de permisos de residencia, autorizándolas o denegándolas de acuerdo con la normativa vigente.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrente que dice relación con una transgresión al artículo 27 de la Ley N°19.880 por parte de la recurrida, al no haber emitido pronunciamiento resolviendo su solicitud, debe de estarse a lo ya resuelto en la materia por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 13873-2026, en la cual declaró que: “en relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento. Sobre el particular, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte en relación a este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios”.

SEPTIMO: Que, conforme a lo razonado, no es dable tener por acreditada en la especie la afectación a las garantías constitucionales que alega el recurrente, teniendo presente que según informó la recurrida, la solicitud del recurrente se encuentra en tramitación encontrándose específicamente en etapa de resolución.

En efecto, habiéndose demostrado que la solicitud de residencia temporal se encuentra en tramitación, no se vislumbra acción ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales de la recurrente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la solicitud de residencia temporal se encuentra en tramitación, no se vislumbra acción ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales de la recurrente, por lo cual, no se cumple con los requisitos que hacen procedente el recurso de protección, en especial el contemplado en la letra b) del considerando segundo.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo expuesto, la acción impetrada no puede prosperar y deberá ser desestimada como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic Antinopai.

ROL N°291-2026 Protección.