Protección contra Servicio de Salud Magallanes

nombre reservado, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud Magallanes (SSM), representado por su Directora doña nombre reservado, y en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Contralor Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, don Jorge Beamín Rosas, señalando como actuaciones ilegales y arbitrarias la Resolución Exenta NUM000, de 21 de agosto de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución; la Resolución Exenta RA NUM001, de 1 de octubre de 2025, ambas del Servicio de Salud Magallanes, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra y afinó el sumario administrativo; y el Oficio NUM002, de 19 de mayo de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que desestimó el reclamo de ilegalidad deducido con arreglo al artículo 160 de la ley N°18.834, invocando la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2°, en relación con el 3°, y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que, mediante Resolución Exenta NUM003, de 26 de mayo de 2025, el Servicio de Salud Magallanes instruyó en su contra un sumario administrativo, en atención a lo informado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes (COMPIN) mediante Oficio NUM004, de 19 de mayo de 2025, en cuanto a que ella y otra funcionaria habrían realizado viajes al extranjero encontrándose amparadas por reposo médico. Señala que, en el marco de dicho procedimiento, se le formuló cargo por haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa al haber viajado a la República Argentina en dos oportunidades -el 29 de mayo de 2023, con reingreso el mismo día, y entre el 1 y el 3 de febrero de 2025-, contraviniendo el reposo dispuesto por licencias médicas vigentes entre el 6 y el 30 de mayo de 2023, y entre el 3 y el 23 de febrero de 2025, respectivamente, reconociendo haber presentado sus descargos fuera de plazo, motivo por el cual no fueron tenidos por presentados.

Añade que, mediante Resolución Exenta NUM000, de 21 de agosto de 2025, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, decisión respecto de la cual dedujo recurso de reposición invocando la desproporción de la sanción y la existencia de circunstancias atenuantes -irreprochable conducta funcionaria anterior, ausencia de anotaciones de demérito, colaboración durante el procedimiento y el reintegro de los subsidios correspondientes a las licencias médicas rechazadas-, recurso que fue rechazado mediante Resolución Exenta RA NUM001, de 1 de octubre de 2025, notificada el 3 de octubre siguiente, la que además dispuso afinar el sumario y remitirlo a la Contraloría General de la República para su registro.

Expone que, en contra de esta última resolución, dedujo reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, conforme al artículo 160 de la ley N°18.834, solicitando se declarara la nulidad del acto, se revocara la medida de destitución y se aplicara una sanción proporcional atendidas las circunstancias atenuantes ya referidas, reclamo que fue desestimado en todas sus partes mediante Oficio NUM002, de 19 de mayo de 2026.

Sostiene que las resoluciones y el oficio impugnados adolecen de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto: a) carecerían de fundamentación suficiente en orden a explicar por qué la conducta atribuida reviste el carácter de infracción grave al principio de probidad administrativa que exige el artículo 125 de la ley N°18.834; b) la conducta reprochada -el incumplimiento del reposo médico mediante viajes de corta duración a localidades fronterizas- no se encontraría comprendida entre las descritas en el artículo 62 de la ley N°18.575, lo que importaría una infracción a los principios de tipicidad y reserva legal; c) se habría prescindido de la ponderación de circunstancias atenuantes, no obstante la escasa entidad de los incumplimientos -4 de 46 días totales de reposo- y la ausencia de perjuicio patrimonial para el servicio; y d) el acto que dispuso su destitución no se encontraría afinado, por cuanto el sumario, al haber sido -a su juicio- ordenado instruir por la Contraloría General de la República en atención al Oficio NUM005, de 22 de mayo de 2025, debió someterse al trámite de toma de razón y no sólo al de registro.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta NUM000 y Resolución Exenta RA NUM001, ambas del Servicio de Salud Magallanes, y el Oficio NUM002 de la Contraloría General de la República, disponiendo su absolución o la aplicación de una sanción proporcional a la falta cometida, o, en subsidio, su reincorporación hasta que el sumario se encuentre afinado, con pago de las remuneraciones no percibidas, con costas.

Comparece don nombre reservado, en representación del Servicio de Salud Magallanes, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto habiendo sido notificada la recurrente el 3 de octubre de 2025 de la resolución que confirmó su destitución, el plazo de 30 días corridos para deducir la presente acción se encontraría largamente superado.

En cuanto al fondo, sostiene que el sumario administrativo se instruyó y tramitó con estricto apego a la normativa aplicable, cumpliéndose todas las etapas esenciales -formulación de cargos, notificación, oportunidad para formular descargos, término probatorio y recurso de reposición-, y que el hecho materia del cargo -haber realizado viajes al extranjero mientras se encontraba acogida a licencia médica- no fue controvertido por la recurrente, quien reconoció su ocurrencia. Añade que dicha conducta ha sido calificada reiteradamente por la jurisprudencia judicial y administrativa -cita, entre otros, el fallo de la Excma.

Corte Suprema Rol N°52.153-2025 y los dictámenes de la Contraloría General de la República Nos48.377, de 2016, y 60.701, de 2012- como una infracción grave al principio de probidad administrativa, que obliga a la autoridad a aplicar la sanción de destitución sin que le sea posible ponderar circunstancias atenuantes, conforme al dictamen N°53.223, de 2012, de ese origen. Agrega que el propio Servicio ha aplicado idéntico criterio en casos similares, habiendo destituido a otros funcionarios por infracciones de igual naturaleza, incluyendo a la coinculpada en el mismo sumario, doña nombre reservado.

Asevera, además, que el sumario no fue instruido por orden de la Contraloría General de la República, sino en virtud de la denuncia formulada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes, órgano distinto de aquélla, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en la resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, la medida disciplinaria no se encontraba afecta al trámite de toma de razón, sino sólo al de registro, tal como se procedió en la especie.

A su turno, informa don Jorge Beamín Rosas, Contralor Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitando el rechazo del recurso.

Alega, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de esa entidad, por cuanto el agravio reclamado por la recurrente se vincula exclusivamente con los actos administrativos dictados por el Servicio de Salud Magallanes en ejercicio de su potestad disciplinaria, no habiendo esa Contraloría Regional adoptado la decisión de sancionar a la recurrente ni sustanciado el procedimiento respectivo, limitándose a resolver el reclamo de ilegalidad planteado con arreglo al artículo 160 de la ley N°18.834.

Sostiene, enseguida, que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar un sumario administrativo válidamente tramitado, invocando en tal sentido lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en su sentencia de 3 de febrero de 2025, Rol N°10.997-2024, y por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de enero de 2024, en autos Rol N°248.058-23. Añade que el oficio impugnado no adolece de ilegalidad o arbitrariedad alguna, toda vez que se limitó a examinar la legalidad del procedimiento sumarial y a desestimar fundadamente el reclamo interpuesto por la recurrente, sin sustituir a la Administración activa en la valoración del mérito de los antecedentes ni en la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

En relación con la alegación de la recurrente relativa a la falta de toma de razón, precisa que el sumario fue instruido por el Servicio de Salud Magallanes en atención a la denuncia formulada por la COMPIN Magallanes, servicio público distinto de la Contraloría General de la República, por lo que la medida disciplinaria en análisis no se encontraba sujeta al trámite de toma de razón, sino únicamente al de registro, de conformidad con el numeral 20 del artículo 19 de la resolución N°36, de 2024, de esa Entidad de Control.

Por último la recurrente formuló observaciones a los informes precedentes. En relación con el informe de la Contraloría General de la República, sostiene que el propio considerando segundo de la Resolución Exenta NUM003, de 26 de mayo de 2025, da cuenta de que el sumario se instruyó, entre otros antecedentes, en atención al Oficio NUM005, de 22 de mayo de 2025, de esa Entidad de Control, mediante el cual se habría instruido la adopción de medidas tendientes a esclarecer los hechos, circunstancia que a su juicio determinaría que el sumario debió considerarse ordenado instruir por la Contraloría General de la República para efectos del trámite de toma de razón. En relación con el informe del Servicio de Salud Magallanes, hace presente que, según una publicación de prensa que acompaña, existirían 62 funcionarios con destitución resuelta por igual causa, sin que el Servicio hubiere acompañado antecedentes suficientes para efectuar una comparación útil con su situación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 21 de agosto de 2025, y de la Resolución Exenta RA NUM001, de 1 de octubre de 2025, ambas del Servicio de Salud Magallanes, que le aplicaron la medida disciplinaria de destitución y rechazaron su recurso de reposición, y en el Oficio NUM002, de 19 de mayo de 2026, de la Contraloría General de la República, que desestimó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de dichas resoluciones, actuaciones que estima ilegales y arbitrarias por carecer de fundamentación y proporcionalidad suficientes, por infringir los principios de tipicidad y reserva legal, y por no encontrarse el sumario válidamente afinado.

A su turno, las recurridas instan por el rechazo del recurso, por los argumentos consignados en lo expositivo.

CUARTO: Que corresponde pronunciarse, en primer término, sobre la alegación de extemporaneidad planteada por el Servicio de Salud Magallanes, fundada en que la recurrente fue notificada el 3 de octubre de 2025 de la resolución que confirmó su destitución. Al respecto, cabe tener presente que la propia recurrente dedujo, con fecha 16 de octubre de 2025, el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160 de la ley N°18.834 ante la Contraloría General de la República, el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N°19.880, interrumpió el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, plazo que se reanudó una vez notificada la recurrente del Oficio NUM002, de 19 de mayo de 2026, que desestimó dicho reclamo. Habiéndose deducido la presente acción el 18 de junio de 2026, esto es, dentro de los treinta días corridos siguientes a esa notificación, la acción de protección resulta oportuna, por lo que la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

QUINTO: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por la Contraloría General de la República, cabe señalar que dicha entidad intervino en los hechos al conocer y resolver el reclamo de ilegalidad deducido por la recurrente conforme al artículo 160 de la ley N°18.834, pronunciamiento que constituye, en sí mismo, un acto susceptible de control por esta vía en la medida que de él emane una ilegalidad o arbitrariedad propia; sin perjuicio de lo cual, como se razonará a continuación, del examen de los antecedentes no se advierte que el Oficio NUM002 adolezca de un vicio de dicha naturaleza, por lo que el recurso tampoco puede prosperar en su contra.

SEXTO: Que, examinados los antecedentes acompañados, no se advierte que el sumario administrativo instruido en contra de la recurrente haya adolecido de vicios que afecten su derecho a un racional y justo procedimiento, desde que consta que se le formuló un cargo determinado, se le notificó de él, se le otorgó la posibilidad de presentar descargos y ofrecer prueba -oportunidad que no ejerció dentro de plazo, según ella misma reconoce-, dedujo recurso de reposición ante la propia autoridad administrativa y, posteriormente, reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, mecanismos de defensa e impugnación que fueron efectivamente conocidos y resueltos por los órganos competentes.

SEPTIMO: Que el cargo formulado a la recurrente, no controvertido en su ocurrencia material, consistió en haber viajado en dos oportunidades a la República Argentina mientras se encontraba acogida a licencias médicas que disponían su reposo total en el domicilio. Sobre este punto, tanto la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°52.153-2025- como la Contraloría General de la República en diversos dictámenes han sostenido de manera constante que el incumplimiento del reposo médico mediante la realización de viajes ajenos a la finalidad de la licencia constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 52 de la ley N°18.575. En este orden de ideas, la calificación efectuada por el Servicio de Salud Magallanes, confirmada por la Contraloría General de la República, no aparece carente de fundamento ni desprovista de sustento normativo y jurisprudencial, por lo que no cabe calificarla de arbitraria.

OCTAVO: Que, en lo relativo a la alegada infracción a los principios de tipicidad y reserva legal, cabe tener presente que, conforme lo ha señalado reiteradamente la Contraloría General de la República, la potestad disciplinaria en sede administrativa no se estructura sobre la base de tipos cerrados de conductas ilícitas, sino mediante un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones funcionarias, entre las cuales se encuentra el deber genérico de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general sobre el particular, contemplado en el artículo 52, inciso segundo, de la ley N°18.575 y en el artículo 61, letra g), de la ley N°18.834, deberes que la autoridad administrativa estimó infringidos por la conducta atribuida a la recurrente, sin que dicha calificación pueda estimarse, por esta sola circunstancia, ilegal o arbitraria.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegada infracción al principio de proporcionalidad y a la falta de ponderación de circunstancias atenuantes, cabe considerar que, una vez calificados los hechos como constitutivos de una infracción grave al principio de probidad administrativa, la sanción de destitución contemplada en los artículos 121, letra d), y 125 de la ley N°18.834 resulta de aplicación imperativa para la autoridad dotada de la potestad disciplinaria, sin que le sea posible sustituirla por una medida correctiva de menor entidad, ni ponderar circunstancias que pudieran aminorar la responsabilidad funcionaria.

En este contexto, la circunstancia de que los viajes cuestionados hayan tenido una duración acotada, o de que la recurrente hubiere reintegrado los subsidios correspondientes a las licencias médicas rechazadas, no resulta suficiente para desvirtuar la gravedad de la infracción a la probidad ya calificada, ni para tornar en desproporcionada una sanción cuya procedencia deriva directamente de la ley.

DECIMO: Que, en lo referente a la alegación relativa a que el sumario no se encontraría afinado por no haberse remitido el acto administrativo sancionatorio al trámite de toma de razón, cabe tener presente que, conforme a los artículos 18.7 y 19.20 de la resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, sólo se encuentran afectas a toma de razón las medidas disciplinarias aplicadas en sumarios instruidos u ordenados instruir por dicha Entidad de Control, no siendo éste el caso de autos, desde que el procedimiento disciplinario fue incoado por el propio Servicio de Salud Magallanes mediante Resolución Exenta NUM003, en atención a la denuncia formulada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes, órgano distinto de la Contraloría General de la República. La sola circunstancia de que en el considerando segundo de dicha resolución se aluda, entre otros antecedentes, al Oficio NUM005, de 22 de mayo de 2025, de la Contraloría General de la República -mediante el cual esa entidad remitió información recabada en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras generales- no permite equiparar dicho antecedente a una orden de instrucción del sumario en los términos exigidos por la citada resolución N°36, de 2024, desde que fue el propio Servicio quien decidió incoar el procedimiento en atención a la denuncia de la COMPIN Magallanes. En consecuencia, el trámite de registro dispuesto en la especie se ajustó a la normativa vigente, encontrándose el acto administrativo sancionatorio válidamente afinado.

UNDECIMO: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, no se ha acreditado en autos la existencia de un trato diferenciado arbitrario respecto de otras personas en idéntica situación; por el contrario, consta que el mismo Servicio de Salud Magallanes ha aplicado idéntico criterio disciplinario en casos similares de incumplimiento de reposo médico, incluyendo a la funcionaria investigada en el mismo procedimiento, doña nombre reservado, quien también fue objeto de la medida de destitución, por lo que no se advierte la existencia de una diferencia arbitraria que afecte la igualdad ante la ley invocada por la recurrente.

DUODECIMO: Que, en lo relativo a la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, cabe reiterar que la estabilidad en el empleo público no reviste el carácter de un derecho de propiedad absoluto e irrestricto, sino que se encuentra sujeta a las causales de cesación de funciones legalmente establecidas, entre ellas la aplicación de medidas disciplinarias válidamente adoptadas en el marco de un procedimiento sumarial ajustado a derecho, como ha ocurrido en la especie, por lo que tampoco se advierte una vulneración a dicha garantía constitucional.

DECIMOTERCERO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte del Servicio de Salud Magallanes ni de la Contraloría General de la República, Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, el recurso de protección deducido no podrá prosperar al no cumplirse con los requisitos que lo hacen procedente, en especial con el contemplado en la letra b) del considerando segundo, motivo por el cual deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio de Salud Magallanes y de la Contraloría General de la República, Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic Antinopai.

ROL N°286-2026. Protección.-