Recurso de protección

nombre reservado, uno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, de la comuna y ciudad de nombre reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la difusión, en diversas redes sociales, de publicaciones que exponen su imagen, vulnerando con ello la garantía del derecho al respeto y protección de la honra y la propia imagen, alegando vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Señala que, el viernes 5 de junio de 2026, aproximadamente entre las 18:30 y 18:40 horas, la recurrida concurrió a la sucursal Entel nombre reservado, debido a un problema relacionado con su línea telefónica, la cual habría amanecido sin servicio, siendo atendida por una ejecutiva comercial que realizó las gestiones correspondientes sin que fuera posible entregar una solución inmediata, por requerir la incidencia la intervención de otras áreas de la compañía.

Indica que, ante dicha situación, la recurrida manifestó su molestia e insistió en obtener una solución inmediata, solicitando ser atendida por la recurrente. Agrega que, mientras esperaba esa atención, abandono el área destinada a clientes y se acercó a los módulos de trabajo donde se desempeñaban distintos ejecutivos, dirigiéndose al personal de manera insistente, elevando progresivamente el tono de voz y manteniendo una actitud de confrontación, procediendo además a grabar de forma deliberada a los trabajadores, enfocando sus rostros y puestos de trabajo sin su consentimiento.

Afirma que, una vez que la recurrente se dispuso a atenderla, la recurrida continuó grabando la interacción, acercando reiteradamente su teléfono móvil a escasa distancia del rostro de las personas involucradas, contexto en el cual la recurrente apartó el dispositivo que era acercado a su espacio personal, sin intención alguna de agredir físicamente a la clienta, no obstante lo cual la recurrida comenzó inmediatamente a manifestar que estaba siendo víctima de agresiones.

Sostiene que, durante los días siguientes, la recurrida difundió en las plataformas TikTok, Facebook, Instagram y X diversos videos, fotografías, historias y publicaciones relacionadas con el incidente, efectuando afirmaciones que le atribuían a la recurrente y a otros trabajadores conductas constitutivas de agresiones físicas y verbales, señalando expresamente que había recibido un “manotazo” y que había sido víctima de agresión física y psicológica.

Refiere que la recurrida creó y difundió contenido que expuso públicamente a trabajadores de la sucursal y realizó publicaciones afirmando la existencia de vínculos familiares entre integrantes del personal y sugiriendo favoritismos, información difundida masivamente sin fundamento alguno, alcanzando algunas publicaciones cientos de miles de visualizaciones, miles de interacciones y numerosos comentarios.

Señala que en las capturas de pantalla que se insertan en el recurso, dan cuenta como se le imputa públicamente hechos constitutivos de delito, que no son ciertos, los que al ser publicados en redes sociales, le han generado un menoscabo en su integridad psicológica u lesión a si honra y vida privada, exponiendo a la opinión pública hechos falsos en su contra.

Indica que el derecho constitucionalmente protegido es el contenido en el artículo 19 N°4 de la Constitución, vulnerando en este caso su honra y la de su familia y el derecho a la propia imagen.

Por lo expuesto solicita, que se ordene a la recurrida eliminar toda publicación efectuada en su contra y/o de su grupo familiar en las redes sociales en que se haya denostado su imagen o la de su familia; ordenar el cese de la conducta y en lo sucesivo abstenerse de realizar publicaciones de igual o similar naturaleza, con costas.

Que informa el recurso Máximo Manuel Díaz Silva, abogado, en representación de doña nombre reservado, pidiendo que se rechace el recurso, con condena en costas.

Señala que la recurrente omite deliberadamente el contexto fáctico que constituye el antecedente directo de las publicaciones, pues con fecha 5 de junio de 2026 su representada concurrió a la sucursal de Entel a fin de obtener respuesta respecto del bloqueo unilateral, de una de sus líneas telefónicas, situación particularmente grave por encontrarse bajo seguimiento médico activo por un traumatismo craneal sufrido en accidente de tránsito en abril del presente año, a la espera de derivación a Neurología del Hospital Clínico de Magallanes.

Indica que en dicha sucursal su representada fue objeto de un trato displicente, burlesco y humillante por parte del personal, situación que culminó con un acto de agresión física directa cometido por la propia recurrente, jefa de tienda, consistente en un manotazo asestado sobre sus manos con el propósito de arrebatarle el teléfono celular con que documentaba los hechos, agresión que fue registrada en video, motivando que el 06 de junio de 2026 interpusiera denuncia ante la Policía de Investigaciones, generándose el RUC N°2600882175-4 ante la Fiscalía Local de nombre reservado, así como reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor.

Sostiene, como primera defensa, la improcedencia de la acción por existir vías ordinarias idóneas, como la acción de protección de datos personales de la Ley N°19.628, la querella criminal por injurias y calumnias, la acción civil de indemnización de perjuicios y los procedimientos administrativos ante las plataformas digitales, cada uno con un debate de lato conocimiento.

Refiere, la ausencia de derechos indubitados que cautelar, que en ninguna de las publicaciones se individualiza a la recurrente con su nombre completo, cédula de identidad o algún dato que permita identificarla unívocamente sino que en las publicaciones se hace referencia genérica a “la jefa de tienda”, “la sucursal Entel nombre reservado” o “el personal del local”, sin proporcionar nombre completo, RUT, domicilio ni dato que permita a un tercero no relacionado identificarla. Agrega que cuando una crítica recae sobre una empresa, un servicio o sobre un conjunto indeterminado de funcionarios sin individualización, no existe afectación al honor subjetivo personal, ya que no hay un "yo" reconocible socialmente como destinatario del juicio crítico.

Finalmente sostiene que las publicaciones constituyen ejercicio legítimo de la libertad de expresión amparado en el artículo 19 N°12 de la Constitución, pues su representada, en su calidad de consumidora afectada por un servicio defectuoso y luego de ser víctima de un trato denigratorio y de una agresión física, ejerció su derecho a informar a la comunidad sobre un hecho de relevancia pública relacionado con la calidad del servicio comercial brindado por una empresa de telecomunicaciones, por lo que no se trata de una “funa” carente de fundamento, sino de la documentación audiovisual auténtica de hechos efectivamente ocurridos.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario, consistente en la difusión, por parte de la recurrente en redes sociales de videos, fotografías, entre otro tipo de publicaciones que le atribuyen conductas constitutivas de agresiones físicas y verbales y que exponen públicamente su imagen, estimando vulnerado el derecho al respeto y protección de la honra y de la propia imagen, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, solicitando, que se ordene a la recurrida eliminar toda publicación efectuada en su contra y que se abstenga en lo sucesivo de realizar ese tipo de publicaciones con costas.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva, reconociendo, en lo sustantivo, haber efectuado las publicaciones, indicando que en ellas no se individualiza a la recurrente con sus respectivos datos personales y en último término amparándose en la garantía de emitir opinión consagrada en el artículo 19 N°12 de la carta fundamental.

QUINTO: Que respecto del caso de marras, se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia que la accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad de verificación de la veracidad de los antecedentes publicados impiden a quien se ve afectado por ello, así como a su entorno familiar y social, la posibilidad de manifestar su propia opinión o rebatir la imputación, elemento que justamente permite concretar la intención de afectación a la honra perseguida por quien publica o difunde tales expresiones y que en dicho sentido, el derecho de emitir opinión consagrado en el artículo 19 N°12 de la carta fundamental, cede respecto del derecho de la honra de la persona afectada.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo señalado, aparece en el caso de autos, y conforme al texto del recurso de protección, que en él se insertan una serie de capturas de pantallas de las cuales se observa imágenes de personas que trabajan en la empresa de telecomunicaciones, con frases tales como: “así como trabajadores implementan la campaña de “mood respeto en Entel”, “vine a sucursal porque hoy mi chip amaneció dado de baja sin motivo y esta es la respuesta, no dan ninguna solución”. Que estos son los únicos insumos que tiene esta Corte para resolver, ya que, sin perjuicio de que se insertan en el recurso enlaces de redes sociales, no es posible acceder a ellas, sin que se acompañara, a través de algún soporte digital, los videos o demás imágenes de las cuales reclama la actora y que estima que afectan su garantía constitucional consagradas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de las imágenes a las que se ha hecho referencia, y las frases en ella insertadas, no se aprecia, a juicio de estos sentenciadores, la existencia de alguna expresión difamatoria, o que tenga por objeto lesionar la honra o imagen de la actora, sino que más bien se encuadra dentro de ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de emitir una opinión del cual la recurrida es titular conforme el artículo 19 N°12 de nuestra Carta Fundamental, ello en base a poder informar, a partir de su propia experiencia, respecto de una situación vivida.

Que abona lo expuesto el hecho de que, en las imágenes no se contiene una individualización de la recurrente, se desconoce quién de las personas que aparece en las fotografías es precisamente la actora y que la recurrida informó la existencia de una denuncia ante la Policía de Investigaciones, así como de reclamos administrativos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor, lo que evidencia que los hechos que sirven de fundamento a las publicaciones se encuentran sometidas al derecho, siendo conocidos en sedes diversas, dotadas de etapas de prueba y contradicción de las que el recurso de protección carece.

OCTAVO: Que, por lo expuesto, y advirtiéndose que en la especie no se colige la intención de denostar el buen nombre de la recurrente, sino que la conducta desplegada por la recurrida se encuentra contemplada por la libertad de expresión consagrada en el artículo 19 N°12 de la carta fundamental, se rechazará el recurso por no existir conculcación de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

ROL N°278-2026 PROTECCIÓN.