Protección contra Servicio Local De Educación Pública De Magallanes

nombre reservado, quince de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, docente, cédula de identidad N°NUM000, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Local De Educación Pública De Magallanes, RUT N°RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, o quien lo subrogue actualmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en la paralización injustificada del procedimiento disciplinario instruido en su contra, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar funciones de docencia en el establecimiento educacional “Escuela nombre reservado”, dependiente de la recurrida, desempeñándose como profesora jefe de un segundo básico desde el 7 de marzo de 2025. Relata que el día 20 de agosto de 2025 se produjo un incidente con un estudiante que ingresó a su sala encontrándose suspendido, hecho a partir del cual se le habría reprochado un trato inadecuado hacia el alumno, tomando conocimiento con posterioridad de un informe de evidencias de la misma fecha, elaborado por profesionales del Programa de Integración Escolar, que daría cuenta de dichos hechos.

Indica que con fecha 2 de octubre de 2025 se le notificó personalmente la Resolución de Fiscalía N°NUM001, que dispuso su suspensión preventiva de funciones mientras durara la tramitación del procedimiento disciplinario, oportunidad en la cual tomó conocimiento de la existencia del sumario administrativo instruido en su contra, el que, según afirma, se mantiene sujeto a secreto sumarial. Agrega que no fue informada acerca de la no renovación de su contrata, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, y que remitió diversos correos electrónicos —el 19 de diciembre de 2025 y los días 5, 8 y 15 de mayo de 2026— consultando por el estado del procedimiento, sin obtener respuesta alguna.

Sostiene que, conforme al artículo 27 de la Ley N°19.880 y a los artículos 135 y siguientes de la Ley N°18.834, el procedimiento disciplinario ha excedido con creces los plazos legales previstos para su tramitación, sin que a la fecha del recurso se le hubiesen formulado cargos, lo que en su concepto constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera su integridad psíquica, la igualdad ante la ley, su derecho a la honra y su libertad de trabajo. Solicita que se declare que la omisión de la recurrida de dar continuidad al sumario administrativo constituye un acto ilegal y arbitrario, que se ordene a ésta dar curso progresivo al procedimiento, notificando los cargos o proponiendo la absolución dentro de un plazo perentorio no superior a 15 días, con costas.

Informa la recurrida SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Sostiene, en primer término, que la acción deducida resulta improcedente, por cuanto la recurrente no impugna una resolución administrativa terminal, esto es, un acto que ponga fin al procedimiento disciplinario o que produzca efectos definitivos sobre su situación jurídica, sino que dirige su reproche contra la forma en que se ha desarrollado un procedimiento disciplinario actualmente en curso, pretendiendo que la jurisdicción constitucional ordene su prosecución y fije actuaciones y plazos específicos, cuestión que excede el ámbito cautelar propio del recurso de protección e importaría que los tribunales sustituyeran a la Administración en el ejercicio de potestades disciplinarias que la ley le confiere privativamente.

Añade que la investigación administrativa fue instruida sobre la base de antecedentes objetivos —entre ellos el Informe de evidencias de fecha 20 de agosto de 2025, denuncias formuladas por integrantes de la comunidad educativa e informes emanados del establecimiento educacional — y que durante su tramitación se dictaron sucesivas resoluciones y actuaciones, entre ellas la suspensión preventiva de la recurrente, el cierre de la etapa investigativa y la posterior formulación de cargos, circunstancias que, a su juicio, resultan incompatibles con la existencia de una paralización o abandono del procedimiento.

Refiere que los plazos previstos en la Ley N°19.880 y en el Estatuto Administrativo para la tramitación de los procedimientos disciplinarios poseen naturaleza ordenatoria y no fatal, de manera que su eventual inobservancia no produce, por sí sola, la nulidad del procedimiento ni transforma la actuación de la Administración en ilegal o arbitraria. Agrega que, durante la etapa investigativa, el procedimiento se encontraba sujeto al régimen de secreto sumarial previsto por la ley, circunstancia que explica la falta de acceso de la recurrente a las actuaciones practicadas y que no puede confundirse con una inactividad administrativa.

Finalmente, señala que la falta de respuesta a los correos electrónicos remitidos por la recurrente no constituye, por sí sola, una infracción al principio de juridicidad ni una afectación de las garantías constitucionales invocadas, no concurriendo respecto de ninguna de ellas —artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°16— acto u omisión ilegal o arbitraria alguna imputable a la Administración.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar que las consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen mediante este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional destinada a servir de remedio rápido, expedito y eficaz frente a violaciones ostensibles o manifiestas a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe dicho ejercicio, siendo indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se vulneran los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente la recurrida ha incurrido en el hecho o en la omisión que se le atribuye; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, privando, perturbando o amenazando el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, expresamente garantizado en el artículo 19 de la Constitución; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que la recurrente funda su acción en la circunstancia de encontrarse sujeta, desde el 2 de octubre de 2025, a una medida de suspensión preventiva dictada en el marco de un procedimiento disciplinario que, a la fecha de interposición del recurso, no había culminado con la formulación de cargos, atribuyendo dicha demora a una omisión ilegal y arbitraria de la recurrida que vulneraría las garantías de los numerales 1°, 2°, 4° y 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida solicita el rechazo del recurso, sosteniendo, en síntesis, que el procedimiento disciplinario ha tenido un desarrollo continuo y ajustado a derecho, que los plazos legales invocados por la recurrente no tienen carácter fatal, que la reserva del sumario durante su etapa investigativa obedece al régimen legal de secreto sumarial, y que no concurre de su parte acto u omisión ilegal o arbitraria alguna.

QUINTO: Que resulta necesario precisar, en primer término, la naturaleza de la actuación que se reprocha por esta vía. La recurrente no impugna una resolución administrativa terminal, esto es, un acto que ponga fin al procedimiento disciplinario o que produzca efectos definitivos sobre su situación jurídica, sino que dirige su reproche contra el ritmo de tramitación de un procedimiento disciplinario que, según consta del mérito de los antecedentes acompañados por ambas partes, se encontraba en curso —y que, conforme señala la recurrida, culminó con la formulación de cargos— al tiempo de deducirse la acción.

En efecto, el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el desarrollo de procedimientos administrativos disciplinarios que se encuentran en tramitación, ni para dirigir o fijar la oportunidad en que deben practicarse actuaciones propias de la potestad disciplinaria que la ley entrega privativamente a la Administración, puesto que ello importaría que la jurisdicción constitucional sustituyera a la autoridad administrativa en el ejercicio de competencias que le son propias, alterando la distribución de competencias que el ordenamiento jurídico establece entre la Administración y los tribunales de justicia.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo que concierne a la alegada demora en la tramitación del procedimiento disciplinario, cabe tener presente que los plazos contemplados en el artículo 27 de la Ley N°19.880 y en los artículos 135 y siguientes de la Ley N°18.834 poseen naturaleza ordenatoria y no fatal, encontrándose establecidos con el objeto de imprimir celeridad a la actuación administrativa, sin que su eventual inobservancia produzca, por sí sola —a falta de disposición legal expresa en tal sentido—, la caducidad del procedimiento, la pérdida de competencia de la autoridad instructora ni la nulidad de las actuaciones practicadas.

A ello se agrega que, conforme consta de los antecedentes acompañados a estos autos, durante la sustanciación del procedimiento se incorporaron sucesivamente diversas actuaciones —entre ellas el Informe de evidencias de 20 de agosto de 2025, la resolución que dispuso la suspensión preventiva de la recurrente y las diligencias propias de la etapa investigativa, culminando con el cierre de dicha etapa y la formulación de cargos—, circunstancias que resultan incompatibles con la existencia de una paralización absoluta o de un abandono del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, el hecho de que la recurrente no hubiere tenido acceso oportuno al contenido del expediente disciplinario, ni obtenido respuesta a los correos electrónicos remitidos consultando por su estado, no permite, por sí solo, tener por acreditada la omisión que se reprocha, desde que dicha reserva encuentra fundamento en el régimen de secreto que la ley contempla para esta clase de procedimientos durante su etapa investigativa, el cual tiene por objeto resguardar tanto el éxito de la investigación como los derechos de las personas involucradas en ella, sin que pueda equipararse a una inactividad de la Administración.

OCTAVO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, tampoco se advierte en autos que la sola existencia y prolongación del procedimiento disciplinario, con la consiguiente incertidumbre que naturalmente conlleva para quien se encuentra sujeto a él, sea apta para configurar, por sí misma, una vulneración a la integridad psíquica consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución; a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 —garantía que, además, exige un término de comparación válido que no ha sido proporcionado en el recurso—; al derecho a la honra del artículo 19 N°4 —desde que no se ha atribuido a la recurrida actuación alguna destinada a desacreditar pública o socialmente a la recurrente—; ni a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16, toda vez que la suspensión preventiva de que fue objeto encuentra fundamento en el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria que la ley confiere a la Administración.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, es dable concluir que en la especie no concurren las exigencias contenidas en la letra a) del considerando segundo que antecede, al no haberse demostrado que la parte recurrida hubiere incurrido en algún acto u omisión ilegal o arbitraria que corresponda enmendar por esta vía constitucional, motivo por el cual la acción interpuesta deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, ambos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Sintia Orellana Yévenes.

Rol N°276-2026. PROTECCIÓN.-