Protección contra Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Foja: 49 Cuarenta y Nueve Punta Arenas, cuatro de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 15 comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena, con domicilio en domicilio reservado.

Fundamenta su recurso indicando que el día 17 de julio de 2014, don nombre reservado, en su calidad de Juez sustanciador de Tesorería Regional dictó cinco resoluciones que decretaban el embargo de remuneraciones y ampliaciones de embargo de remuneraciones respecto de los autos administrativos Nº1011-2000, 1032-2002, 522-2003, 1002-2003 y 512-2005, todos de la comuna de Punta Arenas, por toda la parte de la remuneración que exceda de 5 Unidades Tributarias Mensuales de las remuneraciones que percibe en su calidad de funcionario público de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Agrega que este acto vulnera su derecho consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política del Estado, por cuanto el acto denunciado debe ser analizado a la luz de las disposiciones contempladas en los artículos 565, 576, 578 y 583 del Código Civil, y al aplicarse como se hizo en la especie el artículo 170 del Código Tributario se ha afectado su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, aún más, cuando esta última norma ha sido derogada tácitamente por el artículo 57 del Código del Trabajo, por lo que su aplicación es ilegal. La norma del Código Laboral permite el embargo de remuneraciones únicamente en la parte que exceda 56 unidades de fomento (equivalentes a $1.347.864.-), en cambio, la norma aplicada por el sustanciador de cobranza permite el embargo por sobre las cinco unidades tributarias, perjudicándole en gran medida al recibir una remuneración exigua que no le alcanza para la subsistencia.

Solicita en definitiva sea acogido el presente recurso y se declare que la sentencia (sic) dictada es ilegal al impedir al recurrente hacer uso de su derecho de propiedad sobre su remuneración, ordenando se adopten las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho y el status quo existente antes de dictarse dicha sentencia que atenta contra el derecho, asegurando la debida protección del afectado, sin perjuicio de las acciones que se hagan valer ante los tribunales correspondientes.

A fojas 34, evacua informe don nombre reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (s), en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso por improcedente, con costas.

Manifiesta que efectivamente el 17 de julio del presente año, se dictaron cinco resoluciones que ordenaron el embargo y ampliación de embargo en su caso, sobre el monto que exceda las 5 Unidades Tributarias Mensuales proveniente de las remuneraciones que percibe el recurrente como funcionario municipal. Al respecto, indica que dichas resoluciones han sido dictadas según lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que regulan el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias en dinero, encontrándose lo resuelto, bajo el imperio del derecho y el marco de la legalidad, por lo que no existe acto arbitrario o ilegal que deba ser analizado por esta vía.

Además, señala que existen recursos e instancias legales destinadas a solucionar el conflicto, establecidas expresamente en los artículos 176, 177, 190 y 193 del Código Tributario, por lo que el recurso de protección no es la vía idónea para solucionar el conflicto. Por lo demás, agrega que la interpretación que el actor hace del artículo 57 del Código del Trabajo es errónea, ya que la norma tributaria es especial y por lo tanto, prima por sobre la norma laboral, e incluso, por expresa aplicación del artículo 1 del Código del Trabajo se excluye al actor –al estar sujeto al estatuto administrativo- de la aplicación de las normas laborales, en especial del aludido artículo 57.

A fojas 46 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el acto arbitrario o ilegal contra el que recurre el actor lo hace consistir en la emisión de cinco resoluciones dictadas por el Tesorero Regional de Magallanes, el que actuando como juez substanciador de los autos administrativos Nº 1011-2000, 1031-2002, 522-2003, 1002-2003 y 512-2005 sobre cobro ejecutivo por deuda morosa de impuestos fiscales, determinó que se embargaran las remuneraciones que éste percibe en su calidad de funcionario de la Municipalidad de Punta Arenas, por toda la parte de éstas que exceda de 5 unidades tributarias mensuales, lo que según expone el recurrente vulneraría su derecho de propiedad sobre tales emolumentos, toda vez que la norma legal en que la autoridad recurrida fundamenta su decisión, a saber, el inciso tercero del artículo 170 del Código Tributario, se encontraría derogada tácitamente por el artículo 57 del Código del Trabajo que establece que, excepcionalmente pueden embargarse las remuneraciones solo en aquella parte que exceda de 56 unidades de fomento, por lo que la aplicación del mencionado artículo 170 sería ilegal.

TERCERO: Que, ajeno a la discusión de fondo planteada por el recurrente, esto es, si resulta aplicable el artículo 170, inciso tercero, del Código Tributario, o el artículo 57 del Código del Trabajo, respecto del monto de las remuneraciones susceptibles de ser embargado, lo cierto es que de lo que se viene diciendo aparece que la cuestión que ahora se trae al conocimiento de esta Corte por esta vía constitucional de protección, se encuentra sometida al imperio del derecho, ya que las resoluciones que motivan el recurso de protección han sido dictadas por el Tesorero, actuando en calidad de juez substanciador, y, en el marco de un Procedimiento Ejecutivo de Cobro de Obligaciones Tributarias en Dinero, regulado legalmente por los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, los que permiten al ejecutado ejercitar las acciones y defensas a que tiene derecho, en mérito a las normas ordinarias aplicables en la especie.

CUARTO: Que, el conflicto que plantea el recurrente se encuentra bajo el imperio o la autoridad del Derecho, toda vez que en primer lugar, éste se encuentra sometido al conocimiento del juez competente correspondiendo por tanto, que se corrijan por los medios que franquea la ley aquellos actos que puedan reprocharse, razón por la cual no corresponde llevar estas diferencias ante otro tribunal, resultando en consecuencia, en estos casos, el recurso de protección inidóneo si con él se pretende corregir determinadas interpretaciones legales, transformándolo en un recurso subsidiario o supletorio de recursos ordinarios, y en segundo término, porque las cinco resoluciones por las que se reclama fueron dictadas en virtud de un mandato legal dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que impone al Tesorero Regional, en su calidad de Juez substanciador la carga de emitir pronunciamientos en el marco del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, en conformidad al mérito de los antecedentes que se le aportaron en dicho proceso.

QUINTO: Que, siendo requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte alguna de las garantías constitucionales de aquellas que se encuentran protegidas por la Constitución Política de la República, y considerando que en la especie no ha existido actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, el presente arbitrio constitucional deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, doña Carmen González Mundaca.

ROL PROTECCIÓN 275 -2014.

DICTADA POR EL MINISTRO INTERINO DON MARCOS KUSANOVIC ANTINOPAI, EL FISCAL JUDICIAL DON nombre reservado Y LA ABOGADA INTEGRANTE DOÑA CARMEN GONZÁLEZ MUNDACA. AUTORIZA DOÑA nombre reservado, SECRETARIA TITULAR.

En Punta Arenas, a cuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.