nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Punta Arenas, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Rut N°RUT reservado, Técnico Nivel Superior, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada legalmente por don nombre reservado, señalando como acto arbitrario e ilegal la Resolución Interna N°470 de fecha 14 de mayo de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Interna N°367 de 10 de abril de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, invocando la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 7 y 9 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que se desempeñó como funcionaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas desde noviembre de 2010 hasta el 15 de mayo de 2026, en calidad de Técnico Nivel Superior (TENS), categoría C conforme al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, prestando servicios en el Centro Comunitario de Salud Familiar Dr. Juan Damianovic – Fortaleciendo Vidas.

Expone que en el año 2022 presentó una sintomatología de salud mental que la incapacitó para desempeñar con normalidad sus labores, siendo atendida por el médico del Programa de Salud Mental, doctor nombre reservado, quien le extendió licencia médica desde el 3 de octubre de 2022 hasta el 16 de febrero de 2023, con diagnóstico de ansiedad y trastorno adaptativo.

Refiere que, con fecha 3 de diciembre de 2022, el hermano de su pareja y la esposa de éste sufrieron un accidente en la ciudad de Aysén que les causó lesiones graves, careciendo de red de apoyo en el lugar, motivo por el cual decidió viajar junto a su pareja en vehículo particular, iniciando el trayecto el 10 de enero de 2023 y cruzando la frontera argentina el 11 de enero de 2023 por el paso Ingeniero Ibáñez Palavicini, señalando que dicha vía es la única forma de conectividad terrestre hacia el lugar de destino. Indica que permaneció en la ciudad de Puerto Ibáñez por espacio de treinta días, prestando ayuda a sus familiares en su recuperación, retornando a la ciudad de Punta Arenas el 11 de febrero de 2023.

Sostiene que no hubo premeditación de su parte en infringir la normativa, sino que actuó movida por una obligación moral de asistencia familiar, invocando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, y que su actuar se enmarca en el principio de buena fe consagrado en el artículo 707 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de reconocer expresamente no desconocer la infracción normativa cometida.

Añade que se le instruyó sumario administrativo mediante Resolución Interna N°557 de 28 de mayo de 2025, a raíz del Oficio N°E82804/2025 y del Consolidado de Información Circularizada CIC N°9 de 2025 de la Contraloría General de la República, formulándosele cargos por haber registrado salida y entrada del país durante el período de reposo médico total indicado en su licencia. Sostiene que no se calificó su conducta como falta grave ni en la formulación de cargos ni en la resolución que aprobó el proceso, no obstante lo cual se le aplicó la sanción de destitución, la más gravosa contemplada en el Estatuto Administrativo Municipal, sin ponderar circunstancias atenuantes como su intachable conducta anterior, y sin considerar el contexto de fuerza mayor en que ocurrieron los hechos, lo que a su juicio vulnera el debido proceso y la deja en la indefensión.

Cita en apoyo de su tesis el fallo de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 8 de junio de 2026, Rol N°41.498-2025, en cuanto sostiene que la medida de destitución resulta ineludible únicamente cuando los hechos han sido calificados de graves, lo que a su juicio no habría ocurrido en su caso.

Alega, además, vulneración de los principios de igualdad, equidad, legalidad y proporcionalidad contemplados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 120 de la Ley N°18.883, indicando que ya reintegró la totalidad de los descuentos practicados en sus remuneraciones por las licencias médicas rechazadas, ascendentes a $864.094.

Solicita, en definitiva, dejar sin efecto la Resolución Interna N°470 de 14 de mayo de 2026 y que, en su reemplazo, se dicte una resolución acorde al mérito de los antecedentes y proporcional a las circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativa.

Informa el recurso doña Consuelo Miranda Corona, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Expone que la Corporación Municipal de Punta Arenas es una persona jurídica de derecho privado creada al amparo del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3063 de 1980, independiente de la Municipalidad, cuyo objeto es administrar y operar los servicios de educación y salud traspasados por ésta, señalando que el recurso de protección no indica de manera clara y específica la garantía constitucional presuntamente vulnerada ni el acto concreto que se impugna.

Refiere que el sumario administrativo instruido en contra de la recurrente cumplió con todas las etapas esenciales establecidas en la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente conforme al artículo 4° de la Ley N°19.378: notificación personal de la encartada, plazo para recusar al fiscal o actuario, oficios para recabar antecedentes, toma de declaración, formulación de cargos, otorgamiento de prórroga y presentación de descargos), apertura y rendición del término probatorio solicitado por la propia recurrente y vista fiscal.

Indica que, conforme se comprobó objetivamente en el proceso sumarial, la recurrente registró salida del país el 10 de febrero de 2023 por el paso fronterizo Avanzada El Límite y entrada el 11 de febrero de 2023 por el paso Monte Aymond, encontrándose en dicho período bajo reposo médico total indicado en la licencia médica N°3, Folio RUT reservado, de 16 de enero de 2023, hecho que la propia recurrente reconoce, configurándose con ello un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias.

Sostiene que la sanción no fue impuesta por el solo incumplimiento del reposo médico —materia ajena a la competencia de la Corporación y reservada a la COMPIN conforme al artículo 55 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud—, sino por haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52 de la Ley N°18.575, cuyo cumplimiento constituye obligación expresa del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, al haberse acreditado el uso desleal del tiempo de licencia médica remunerada para fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para otros funcionarios, retrasos en la atención de usuarios y deslealtad con la comunidad.

Añade que, tratándose de una infracción grave al principio de probidad a la cual la ley asigna una sanción específica —la destitución, conforme al artículo 123 letra g) de la Ley N°18.883 en relación con el artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378 y el artículo 62 N°4 de la Ley N°18.575—, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que sea procedente ponderar circunstancias atenuantes, conforme lo ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República en sus dictámenes N°49.580 de 2008 y N°53.223 de 2012, criterio ratificado por la Excelentísima Corte Suprema en el fallo Rol N°9082-2025 de 30 de octubre de 2025.

Precisa que el descuento de remuneraciones por las licencias médicas rechazadas no constituye una sanción disciplinaria ni importa una doble sanción por los mismos hechos, sino la restitución de subsidios indebidamente percibidos conforme al artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N°3 de 1984, tratándose de procesos ejecutados por entidades distintas y con fines diversos.

Finalmente, controvierte una a una las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, señalando que no se ha acreditado afectación a la integridad psíquica atribuible a un acto ilegal de su parte, que no se ha demostrado un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios en igual situación, que el sumario administrativo se ajustó íntegramente a las exigencias del debido proceso, que no se ha restringido la libertad personal de la recurrente, y que en ningún momento se ha limitado su acceso a las acciones de protección y recuperación de la salud.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación de la Resolución Interna N°470 de 14 de mayo de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Interna N°367 de 10 de abril de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo -en síntesis- que el procedimiento disciplinario se sustanció con estricto cumplimiento de las exigencias legales y del debido proceso, y que la sanción aplicada no obedeció al mero incumplimiento del reposo médico, sino a la infracción grave del principio de probidad administrativa, quedando la autoridad, en tal supuesto, en el imperativo legal de aplicar la sanción de destitución.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, se debe dejar asentado que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión en arbitrario o ilegal, siendo necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política, desde que consta que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un fiscal, notificación personal de la encartada, posibilidad de recusación, etapa indagatoria, formulación de cargos, presentación de descargos dentro de plazo, apertura y rendición del término probatorio solicitado por la propia recurrente, y dictación de una resolución sancionatoria motivada, de manera que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, no corresponde a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo ni sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el propio ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como el recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República.

SEPTIMO: Que, asimismo, se encuentra acreditado en autos, y no ha sido controvertido por la recurrente, el hecho objetivo consistente en que ésta registró salida del país el 11 de enero de 2023 y entrada el 11 de febrero de 2023, encontrándose en dicho período bajo reposo médico total conforme a la licencia médica, circunstancia que fue calificada por la autoridad administrativa como un uso desleal del beneficio de licencia médica para fines ajenos al restablecimiento de la salud, constitutivo de infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52 de la Ley N°18.575 y exigido por el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente conforme al artículo 4° de la Ley N°19.378.

Siendo así, tratándose de una infracción a la que la ley asigna una sanción específica —la destitución, conforme a los artículos 123 letra g) de la Ley N°18.883 y 48 letra b) de la Ley N°19.378, en relación con el artículo 62 N°4 de la Ley N°18.575—, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que resulte procedente ponderar circunstancias atenuantes, criterio sostenido reiteradamente por la Contraloría General de la República en sus dictámenes N°49.580 de 2008 y N°53.223 de 2012, y ratificado por la Excelentísima Corte Suprema en el fallo Rol N°9082-2025 de 30 de octubre de 2025.

OCTAVO: Que, además, las circunstancias invocadas por la recurrente para justificar su conducta —la emergencia familiar que la habría movido a viajar al extranjero durante el goce de su licencia médica— si bien pueden estimarse atendibles, no alteran el hecho objetivo verificado ni la naturaleza de la infracción al deber de probidad que de éste deriva, tanto más cuanto la propia recurrente reconoce expresamente en su libelo no desconocer la infracción normativa cometida, circunscribiendo su reclamo a la falta de ponderación de circunstancias atenuantes, materia que, conforme a lo razonado en el motivo precedente, no resulta procedente cuando la ley impone una sanción única y específica para la conducta acreditada.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de incompetencia de la Corporación recurrida para pronunciarse sobre el uso de la licencia médica, corresponde precisar que la sanción no fue impuesta por el incumplimiento del reposo médico en sí, materia reservada a la COMPIN, sino por la infracción al principio de probidad administrativa derivada del uso desleal de dicho beneficio, lo que sí es de competencia de la entidad empleadora, por lo que no se advierte que la recurrida se haya excedido en el ámbito de sus atribuciones ni infringido lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

DECIMO: Que, por otro lado, en relación con el descuento de las remuneraciones correspondientes a las licencias médicas rechazadas, se trata de una consecuencia administrativa distinta y autónoma de la sanción disciplinaria de destitución, fundada en el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que impone la restitución de los subsidios indebidamente percibidos, por lo que no constituye una doble sanción por los mismos hechos ni vulnera garantía constitucional alguna.

UNDECIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales que se acusan infringidos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto el N°1, referido a la integridad psíquica, desde que no se ha acreditado una afectación atribuible a un acto ilegal de la recurrida distinta de las naturales consecuencias de una sanción disciplinaria ajustada a derecho; ni el N°2, sobre la igualdad ante la ley, por cuanto no se ha demostrado que la recurrente haya sido objeto de un trato diferenciado respecto de otros funcionarios en igual situación, constando que todos los sumarios derivados del CIC N°9 de 2025 de la Contraloría General de la República fueron instruidos bajo idénticos parámetros; ni el N°3, por alguna eventual transgresión al debido proceso, por cuanto la sustanciación del sumario administrativo se ajustó a las etapas y garantías legales, con pleno ejercicio del derecho a defensa; ni N°7, sobre la libertad personal, dado que esta garantía que no guarda relación con el ejercicio de la potestad disciplinaria de la entidad empleadora; ni por último la contenida en N°9, relativa a la protección de la salud, respecto de la cual no se ha acreditado limitación alguna al acceso de la recurrente a las acciones de protección, promoción y recuperación de su salud.

DUODECIMO: Que, en consecuencia, no concurriendo los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección, en particular el contenido en la letra b) del considerando segundo, esto es, la existencia de un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, el recurso deducido deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, ya individualizadas, sin costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°271-2026.Protección.