nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Punta Arenas, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Guillermo Javier Soto Aguilera, abogado, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el descuento efectuado de las remuneraciones del recurrente, sin previo aviso y respecto de una deuda cuya acción de cobro se encuentra prescrita, alegando vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 21 de abril de 2011 su representado suscribió un pagaré en favor de la recurrida, por concepto de capital más los intereses respectivos, conforme a la Ley N°18.010, pactándose el denominado “crédito social” en 99 cuotas cuyos pagos se efectuarían de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Indica que don nombre reservado cumplió con el pago íntegro de las cuotas, sin embargo, por causas ajenas a su voluntad tuvo que reprogramar, pagando finalmente 72 cuotas y quedando pendientes 27 cuotas morosas al ser desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos.

Refiere que, frente a esta situación, su representado se dirigió a quien era hasta ese entonces su empleador, quien le indicó que dicha deuda quedaría saldada con los descuentos que se le harían de su finiquito. Sostiene que los años que siguieron don nombre reservado comenzó a trabajar de manera independiente y esporádica en diferentes emprendimientos, hasta enero del año 2024, en que comienza en un trabajo estable y cotizando en la empresa Equans Industrial SpA.

Afirma que así las cosas, desde la fecha de mora del crédito han transcurrido más de 9 años desde la primera cuota morosa, esto es, el 31 de mayo de 2017, cuota 73, y más de 6 años y 11 meses su mora, por lo que no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito al día de hoy.

Refiere que, no obstante lo anterior, y para total sorpresa de don nombre reservado, el 28 de mayo de 2026, fecha en que tomó conocimiento del actuar ilegal y arbitrario, el área de Recursos Humanos de su empleador le envió una copia de su liquidación de remuneración, informando que a través de la Caja de Compensación de Los Andes se le descontó la suma de $99.211, producto del crédito social ya individualizado, directamente de su remuneración.

Indica que la situación descrita deja a su representado en un estado de total indefensión, pues luego de más de 6 años un porcentaje importante de su remuneración le es arrebatada de forma arbitraria, pretendiéndose descontar de manera ilegal y arbitraria la suma de $99.211 mensuales, quedando un saldo pendiente, luego de la retención, de 26 cuotas mensuales más.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de su representado, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Señala que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere. Destaca que, habiendo transcurrido más de 9 años desde que el crédito se dejó de pagar, resulta irracional, abusivo y arbitrario que la recurrida haga uso del artículo 22 de la mencionada ley, sin previo aviso y sin que don nombre reservado tenga posibilidad de defenderse ante una deuda cuya acción muestra seria evidencia de encontrarse prescrita, invocando en su apoyo diversa jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso en todas sus partes y se declare que la recurrida debe abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y que debe reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que la Corte mejor estime; con condena en costas.

Que informa el recurso don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que esta Caja de Compensación, el 21 de abril de 2011, otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N°RUT reservado, por un capital inicial de $5.651.298, a una tasa de interés mensual de 1,65%, pagadero en 84 cuotas de $128.318, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de mayo de 2011. Indica que las cuotas de mayo de 2011 a abril de 2012 fueron pagadas entre el 10 de julio de 2011 y el 10 de mayo de 2012 y que, producto de la morosidad de las cuotas de mayo de 2012 a mayo de 2013, el señor nombre reservado, con fecha 2 de julio de 2013, efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $4.684.158, pagadera en 74 cuotas de $127.718, con primera cuota al 30 de junio de 2013. Refiere que las cuotas de junio de 2013 a abril de 2017 fueron pagadas entre el 10 de julio de 2013 y el 10 de agosto de 2017, encontrándose actualmente la operación en cobranza judicial y en estado moroso las cuotas de mayo de 2017 a julio de 2019.

Sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria, por cuanto los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Afirma que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita.

Señala que, no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, así como la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Destaca que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, no obstante lo cual dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del descuento efectuado por la recurrida desde las remuneraciones del recurrente, sin previo aviso y respecto de una deuda cuya acción de cobro se encuentra, a juicio del recurrente, prescrita por haber transcurrido más de cinco años desde que se dejó de pagar el crédito social contraído en el año 2011, estimándose vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida en cuanto a haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos, así como la devolución de los montos descontados, a la fecha no consta que aquello se haya materializado, lo que lleva al rechazo de la alegación de pérdida de oportunidad y a concluir que tales descuentos no debieron ser realizados al recurrente, afectando su patrimonio.

QUINTO: Que, en efecto, en la especie se verifica una vulneración y amenaza del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto el actor ha visto disminuidas sus remuneraciones, derivado de un acto de la recurrida, en atención a que, si bien ambas partes no discuten la existencia de la deuda que da origen al descuento por planilla, sí puede discutirse la vigencia de ésta, en tanto se trata de una obligación que se dejó de pagar en el año 2017, por ello y considerando el allanamiento de la recurrida a la pretensión del actor, se acogerá el recurso en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, ya individualizados y, en consecuencia, se declara que la recurrida debe abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá proceder a la devolución de los montos que fueren indebidamente descontados a partir del mes de mayo del año 2026, en adelante.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Jara Inostroza.

ROL N°270-2026 PROTECCIÓN.-