nombre reservado con SERVICIO SALUD MAGALLANES

nombre reservado, trece de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece, Makarena García Dinamarca, abogada, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, Enfermera Universitaria, funcionaria a contrata del Servicio de Salud Magallanes, Grado 8°, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, RUT N°RUT reservado, representada por el Contralor Regional don Jorge Beamin Rosas, domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, y del Servicio de Salud Magallanes, representado por su Directora doña nombre reservado o quien la subrogue o reemplace legalmente, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, por haber emitido, la primera, el Oficio N°OF103606/2026, de fecha 1 de junio de 2026, mediante el cual desestimó la solicitud de reconsideración del Oficio N°E54953/2025 y ratificó que no se advierte irregularidad en la determinación del Servicio de Salud Magallanes de ordenar el reintegro de la Asignación de Dedicación Exclusiva correspondiente a los años 2023 y 2024, validando el cobro de $8.464.708, más las multas equivalentes a tres veces lo percibido en cada período y la inhabilidad de cinco años para volver a percibir la asignación contemplada en la Ley N 20.909; y la segunda, dictado el Ordinario N°510, de fecha 5 de marzo de 2026, mediante el cual rechazó el recurso de reconsideración de la recurrente, mantuvo la orden de reintegro por dicha suma, las multas asociadas y la inhabilidad, y comunicó que se procedería al descuento de esa suma directamente de sus remuneraciones en caso de que la funcionaria no gestionara facilidades de pago ante la Contraloría dentro de un plazo de 5 días hábiles, lo que entiende vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que doña nombre reservado es funcionaria a contrata del Servicio de Salud Magallanes desde diciembre de 1997, desempeñándose como Enfermera Universitaria, Grado 8°, bajo el régimen del D.F.L. N°29/2004 (Estatuto Administrativo), contando con 29 años de servicio ininterrumpido y calificaciones de excelencia en Lista N°1 de Distinción, sin anotaciones de demérito.

Añade que suscribió convenios de dedicación exclusiva conforme a la Ley N°20.909 los días 7 de noviembre de 2022 y 15 de noviembre de 2023, para los períodos correspondientes a los años 2023 y 2024, respectivamente.

Sostiene que durante esas anualidades realizó gestiones puntuales para las empresas Transportes Marítimos Vía Australis S.A. y Transportes Marítimos Geo Australis S.A., consistentes exclusivamente en la adquisición de medicamentos para reponer los botiquines de las embarcaciones Ventus Australis y Stella Australis, conforme a listados predefinidos, sin haber efectuado atención de pacientes, evaluaciones clínicas, administración de tratamientos ni acto alguno propio del ejercicio profesional de la enfermería.

Agrega que no emitió boleta alguna, sino que éstas -Nos 758 y 940, ambas de 23 de noviembre de 2023, y N°765, de 3 de diciembre de 2024- fueron emitidas unilateralmente por las empresas contratantes, consignando la expresión “apoyo enfermera” sin su intervención, lo que se encontraría corroborado por los certificados suscritos por doña nombre reservado, Jefa de Operaciones Hotel, de fechas 30 de diciembre de 2024 y 18 de febrero de 2026.

Añade que, con fecha 14 de enero de 2026, mediante Ordinario N°100, la Directora del Servicio de Salud Magallanes le notificó el incumplimiento del convenio correspondiente al año 2024, ordenando el reintegro de $4.307.044, más multa e inhabilidad, monto que se sumó al ya requerido por el año 2023 ($4.157.664), totalizando $8.464.708. Interpuesto recurso de reconsideración, éste fue rechazado por el Ordinario N°510, de 5 de marzo de 2026, que además comunicó que se procedería al descuento directo de las remuneraciones de la recurrente si no gestionaba facilidades de pago ante la Contraloría Regional dentro de 5 días hábiles.

Expone que, sometida la controversia a la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena conforme al artículo 160 de la Ley N°18.834, dicho Órgano de Control se pronunció mediante Oficio N°E54953/2025, de 4 de abril de 2025, avalando el reintegro relativo al año 2023, y luego, ante nueva solicitud de reconsideración, mediante el Oficio N°OF103606/2026, de 1 de junio de 2026, desestimó la reconsideración y extendió su conclusión al año 2024, razonando que la compra de medicamentos e insumos para botiquín se encuentra vinculada al ejercicio de la profesión de enfermera conforme al artículo 113, inciso final, del Código Sanitario.

En cuanto al acto de la Contraloría Regional, alega una errónea interpretación del artículo 113 del Código Sanitario y falta de motivación suficiente respecto de sus alegaciones de buena fe y de la circunstancia de no haber emitido las boletas cuestionadas. Respecto de los actos del Servicio de Salud Magallanes, sostiene una errónea interpretación del artículo 4° de la Ley N°20.909, vulneración del principio de tipicidad, arbitrariedad en la valoración probatoria, vulneración del principio de proporcionalidad y una amenaza concreta e inminente de descuento de remuneraciones, en contravención de la finalidad de la Ley N°20.909, invocando en su respaldo el Dictamen N° E443420/2024 de la Contraloría General de la República.

Por lo anterior, solicita declarar arbitrarios e ilegales el Oficio N°OF103606/2026 y el Ordinario N°510, dejarlos sin efecto, así como todo acto previo o posterior que suponga su validez, ordenar al Servicio de Salud Magallanes abstenerse de efectuar descuentos o de iniciar cobro ejecutivo, adoptar las demás medidas que se estimen pertinentes, y condenar en costas a los recurridos.

Informa don Sebastián Andrés Vera Meneses, abogado, en representación del recurrido Servicio de Salud Magallanes, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Expone que la Ley N°20.909 crea una asignación que incentiva el desempeño con dedicación exclusiva de los profesionales de los servicios de salud, cuya percepción exige la suscripción de un convenio que impone al funcionario la prohibición de ejercer libremente su profesión y de obtener ingresos por servicios o asesorías profesionales vinculados a ella. Señala que la actora suscribió tales convenios los días 7 de noviembre de 2022 y 15 de noviembre de 2023, y que el Departamento de Auditoría del Servicio, a través de la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, detectó la emisión de las boletas de honorarios Nos 758 y 940, de 23 de noviembre de 2023, y N°765, de 3 de diciembre de 2024, todas por conceptos referidos a “apoyo enfermera”, motivo por el cual se le comunicó el incumplimiento detectado y se le requirió el reintegro de $8.464.708, junto con las multas legales.

Sostiene que las boletas emitidas dan cuenta indefectible de que los servicios contratados derivaron de la condición de enfermera de la actora, conforme al principio de supremacía de la realidad, tratándose del abastecimiento de un botiquín y no de otra área de las embarcaciones. Agrega que la Ley N°20.909 no distingue entre quien emite la boleta, por lo que la circunstancia de que aquéllas hayan sido extendidas por las empresas contratantes resulta irrelevante, máxime cuando el error alegado se reiteró en dos anualidades distintas sin ser corregido. En cuanto a la proporcionalidad, señala que la sanción aplicada deriva directamente de la aritmética dispuesta por el artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N°20.909, no existiendo margen de discrecionalidad para su morigeración.

Informa la recurrida Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

En primer término, opone falta de legitimación pasiva, señalando que, si bien formalmente se impugna el Oficio N°OF103606/2026, el verdadero agravio reclamado por la recurrente recae en la decisión del Servicio de Salud Magallanes de disponer el reintegro de las sumas percibidas, de modo que la acción en ningún caso debió dirigirse en su contra, careciendo de legitimación pasiva. Añade que, conforme al artículo 54 de la Ley N°19.880, la reclamación administrativa deducida ante ese Órgano de Control interrumpió el plazo para accionar, plazo que se reanudó, respecto del Servicio de Salud Magallanes, con la notificación del Oficio N° OF103606/2026.

En cuanto a la naturaleza del recurso, sostiene que la presente acción excede el ámbito cautelar del recurso de protección, toda vez que no existe un derecho indubitado a favor de la recurrente, sino que se pretende obtener su declaración en esta sede, citando en su respaldo la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, Rol N°198-2024, confirmada por la Excma. Corte Suprema, Rol N°26.534-2024.

Sobre la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, señala que se limitó a ejercer las competencias que le confieren los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la Ley N°10.336, debidamente delegadas por el Contralor General a los Contralores Regionales mediante Resolución N°1.002, de 2011, y a solicitud expresa de la propia recurrente conforme al artículo 160 de la Ley N°18.834.

En cuanto al fondo, sostiene que la recurrente incumplió los convenios de dedicación exclusiva suscritos, toda vez que, conforme al artículo 113, inciso final, del Código Sanitario, y al Dictamen N°51.951, de 2008, de la Contraloría General de la República, la compra de medicamentos e insumos para botiquín se enmarca en la “gestión del cuidado” propia de la profesión de enfermera, careciendo de relevancia que la recurrente no haya emitido las boletas o haya actuado bajo la convicción de no infringir los convenios. Agrega que, en materia de proporcionalidad, el artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N°20.909 no entrega a la autoridad margen de discrecionalidad, estableciendo una consecuencia única ante el incumplimiento constatado. Finalmente, respecto de la igualdad ante la ley, señala que el Dictamen N°E443420/2024 invocado por la recurrente no resulta aplicable, por tratarse de una situación diversa, en la que los servicios se prestaron al mismo Servicio de Salud, a diferencia de la especie, en que los servicios cuestionados beneficiaron a un tercero particular.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar que actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, expresamente garantizado en el artículo 19 del texto constitucional; y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, a través del presente recurso se reclama respecto de los actos consistentes en el Oficio N°OF103606/2026, de fecha 1 de junio de 2026, emanado de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que ratificó la procedencia del reintegro de $8.464.708 y de las multas y la inhabilidad establecidas en la Ley N°20.909, respecto de los años 2023 y 2024, y el Ordinario N°510, de fecha 5 de marzo de 2026, del Servicio de Salud Magallanes, que rechazó el recurso de reconsideración deducido por la recurrente y mantuvo la orden de reintegro, las multas y la inhabilidad, además de comunicar el eventual descuento de la suma adeudada de sus remuneraciones.

CUARTO: Que las recurridas solicitaron el rechazo del recurso en todas sus partes, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se debe tener presente que, conforme a lo referido en el considerando tercero, se impugna directamente el Oficio N°OF103606/2026, de fecha 1 de junio de 2026, emanado de su parte, acto que desestimó la reconsideración solicitada por la recurrente y ratificó la procedencia del reintegro cuestionado en autos, por lo que dicha alegación será desestimada, sin perjuicio de lo que se razonará más adelante en cuanto al fondo respecto de la actuación de dicho Órgano de Control.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente que la Ley N°20.909 crea una asignación que incentiva el desempeño con dedicación exclusiva de los profesionales de los servicios de salud, señalando en su artículo 4°, inciso cuarto, letra a), que los funcionarios que hayan suscrito el convenio respectivo estarán sujetos a la siguiente prohibición: “No podrán ejercer libremente su profesión y estarán impedidos de obtener ingresos por sociedades de profesionales que se dediquen a prestar servicios o asesorías profesionales, sea que los perciban en calidad de socio o por el hecho de prestar servicios en ella”, exceptuándose, conforme al mismo cuerpo normativo, “el desarrollo de actividades económicas no vinculadas a la profesión”.

Por su parte, el artículo 6°, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal dispone: “Si como resultado de la aplicación del sistema de control se verificare el incumplimiento del convenio por parte del funcionario, el director del servicio de salud ordenará la devolución de la totalidad de lo recibido por concepto de la asignación durante el año calendario respectivo. Este monto será reajustado de conformidad con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o la institución que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Además, dicho funcionario deberá pagar una multa equivalente a tres veces la asignación percibida y no podrá volver a solicitarla dentro de los cinco años siguientes”.

A su turno, el artículo 113, inciso final, del Código Sanitario dispone que los servicios profesionales de la enfermera comprenden “la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento, médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente”.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, no es un hecho controvertido que la recurrente suscribió convenios de dedicación exclusiva conforme a la Ley N°20.909, para los períodos correspondientes a los años 2023 y 2024, respectivamente. Tampoco se desconoce la emisión, durante esas anualidades, de las boletas de honorarios Nos 758 y 940, ambas de 23 de noviembre de 2023, y N°765, de 3 de diciembre de 2024, a nombre de Transportes Marítimos Vía Australis S.A. y Transportes Marítimos Geo Australis S.A., por conceptos consignados como “Apoyo enfermera Ventus sept-oct-nov 2023”, “Apoyo enfermera Stella” y “Apoyo enfermería MN Ventus enero a julio 2024”, respectivamente, ni que la recurrente haya efectivamente gestionado, durante dichos períodos, la compra de medicamentos e insumos para los botiquines de las naves Ventus Australis y Stella Australis.

OCTAVO: Que, así las cosas, la actora no discute la prestación material de dichos servicios a las empresas señaladas, sino que, para impugnar las resoluciones de autos, alega una errónea interpretación del artículo 113 del Código Sanitario y del artículo 4° de la Ley N°20.909, falta de motivación suficiente por parte de la Contraloría Regional, arbitrariedad en la valoración probatoria -en cuanto las boletas fueron redactadas por las empresas contratantes y no por ella-, vulneración del principio de proporcionalidad, y una amenaza concreta e inminente de descuento de remuneraciones por parte del Servicio de Salud Magallanes.

NOVENO: Que, respecto de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se rechazará la acción, atendido que ésta, al emitir el oficio impugnado en autos, no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le han sido asignadas en virtud de lo previsto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, debidamente delegadas por el Contralor General en los Contralores Regionales mediante la Resolución N°1.002, de 2011, emitiendo un pronunciamiento a solicitud de la propia recurrente y sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, sin que se advierta ilegalidad ni arbitrariedad en su dictamen.

DÉCIMO: Que, por otro lado, respecto del Servicio de Salud Magallanes, conforme la normativa transcrita en el considerando sexto de esta sentencia, aquél se limitó a hacer uso de la facultad y del imperativo legal que le impone el artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N°20.909, al constatarse, sobre la base de la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos y de las propias boletas de honorarios emitidas en favor de la recurrente, la prestación de servicios vinculados a su profesión de enfermera durante los años 2023 y 2024, lo que no puede calificarse de arbitrario ni ilegal, atendido el tenor expreso de los convenios suscritos y de las normas legales y reglamentarias referidas.

UNDÉCIMO: Que, en lo relativo a la alegación de arbitrariedad en la valoración probatoria, fundada en que las boletas cuestionadas fueron redactadas por las empresas contratantes y no por la propia recurrente, cabe consignar que la Ley N°20.909 no distingue en función de quién emite el respectivo documento tributario, siendo suficiente para la configuración del incumplimiento que se acredite la vinculación entre la actividad efectivamente desarrollada y la profesión del funcionario.

En la especie, dicha vinculación se encuentra corroborada no sólo por la glosa reiterada en las tres boletas emitidas en dos anualidades distintas, sino también por los propios certificados acompañados por la recurrente, suscritos por doña nombre reservado., los que -aun cuando pretenden calificar la labor desempeñada como de índole administrativa- reconocen que ésta consistió en la compra y reposición de medicamentos para los botiquines de las naves, actividad que, conforme al artículo 113, inciso final, del Código Sanitario y al criterio sostenido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°51.951, de 2008, se enmarca en la gestión del cuidado propia del ejercicio profesional de la enfermería.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la alegada vulneración del principio de proporcionalidad, se debe tener presente que, en la situación que se analiza, el legislador no entregó al criterio de la autoridad sancionatoria la determinación de la sanción a imponer, sino que estableció en el artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N°20.909 una única consecuencia ante la infracción a los convenios de dedicación exclusiva, consistente en la devolución de la totalidad de lo percibido, reajustada, más una multa equivalente a tres veces la asignación percibida y la inhabilidad de cinco años, sin que exista margen de discrecionalidad para su morigeración, de manera que la actuación de los recurridos, ajustada a dicho mandato legal, no puede reputarse desproporcionada.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo referido a la amenaza de descuento de remuneraciones, cabe señalar que el Ordinario N°510 se limitó a informar a la recurrente la posibilidad de gestionar facilidades de pago ante la Contraloría Regional dentro de un plazo determinado, en ejercicio de las facultades legales conferidas al Servicio de Salud Magallanes para hacer efectivo el reintegro ordenado por la ley, sin que conste en autos que dicho descuento se haya materializado, no advirtiéndose de qué forma tal actuación podría, por sí sola, conculcar la libertad de trabajo consagrada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, cuya protección por esta vía se circunscribe a la libertad de elección y de contratación y a la negociación colectiva, ni el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, toda vez que la asignación de dedicación exclusiva constituye un emolumento asociado al cumplimiento de los convenios respectivos, que en la especie no fueron observados por la recurrente, sin que pueda incorporarse válidamente a su patrimonio una suma percibida en tales condiciones.

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, fundada en el Dictamen N°E443420/2024 de la Contraloría General de la República, se debe considerar que dicho pronunciamiento se refiere a una situación fáctica diversa de la de autos, por cuanto en aquél los servicios remunerados fueron prestados al mismo servicio de salud con el que el funcionario mantenía la obligación de exclusividad, en tanto que, en la especie, los servicios prestados por la recurrente beneficiaron a entidades privadas ajenas al Servicio de Salud Magallanes, por lo que no se advierte la existencia de una diferencia arbitraria que amerite la protección solicitada.

DÉCIMO QUINTO: Que, por lo demás, el conflicto se centra en las distintas interpretaciones que las partes hacen respecto de la aplicación de la Ley N°20.909 y del artículo 113 del Código Sanitario a los hechos no controvertidos de la causa, por lo que los derechos cuya protección alega la recurrente no tienen el carácter de indubitados, exigencia fundamental para que esta acción pueda prosperar, ya que no aparecen como derechos preexistentes y definitivos, sino controvertidos por la interpretación normativa sostenida por la Contraloría General de la República y el Servicio de Salud Magallanes, no siendo esta acción cautelar la instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos.

En consecuencia, el reconocimiento o declaración de los derechos que esgrime la recurrente en esta causa es propio de una controversia de lato conocimiento, en que las partes puedan procesalmente acreditar en forma legal sus pretensiones, esto es, discutir, formular alegaciones, rendir prueba y deducir los recursos que sean procedentes, como lo ha expresado repetidamente la Excma. Corte Suprema.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de falta de legitimación pasiva opuesta por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas por haber tenido la recurrente motivos plausibles para litigar, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y del Servicio de Salud Magallanes, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°269-2026 Protección.