Protección contra Patagónica Publicaciones S

Punta Arenas, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, trabajador independiente, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Patagónica Publicaciones S.A (nombre reservado EL nombre reservado), representada por don nombre reservado; y en contra del MINISTERIO PÚBLICO, representada por don nombre reservado, en su calidad de Fiscal Nacional, conforme a los siguientes antecedentes:

Expone que respecto de la recurrida Patagónica Publicaciones, se puede encontrar en buscadores como google u otros, una publicación bastante antiguas, pero que hace referencia a su persona, denostando su derecho a una imagen personal, familiar y laboral que se ha visto lesionada a raíz de la misma. Dicha publicación es de fecha 06 de junio de 2014, y que hasta la fecha aún se mantiene vigente en los distintos buscadores de internet, y que publica la siguiente noticia: “Ex trabajador condenado por sustraer más de $ 4 millones Hasta tres años de presidio arriesga el imputado, luego de sustraer el dinero a la tienda Johnson´s. Por mayoría, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas encontró culpable a un ex trabajador de una céntrica tienda comercial, como autor de la sustracción de una millonaria suma en dinero en efectivo. En un juicio de dos días, nombre reservado, fue condenado ayer como autor del delito de hurto simple, por los hechos ocurridos el año pasado, cuando ingresó como encargado del departamento de recursos humanos de la tienda Johnson´s, sucursal Punta Arenas. Valiéndose de su acceso a las llaves de las bóvedas donde se guardaba el dinero recaudado durante el día, y que era retirado por una empresa de transporte de dinero, el 13 de julio, se apropió de la suma de $2.640.000. Posteriormente, el 20 de julio del mismo año, mediando la misma modalidad, vuelve a sustraer y a apropiarse de $2.000.000, para luego de ello no volver a su puesto de trabajo, perjudicando a su empleador en la suma total de $4.640.000.”

Sostiene que si bien se reconoce y respeta la libertad de prensa como pilar fundamental de toda sociedad democrática, no puede aceptarse que dicha libertad se ejerza sin límites temporales, ni consideraciones respecto de la actualidad y pertinencia de la información. La permanencia en línea de una noticia referida a hechos pasados, respecto de los cuales ya se ha cumplido condena y se ha saldado toda deuda con la justicia, transforma esa información en un dato caduco y carente de interés público actual. Esta situación genera un perjuicio gratuito, desproporcionado y permanente a su persona, afectando gravemente su honra, dignidad, vida privada y posibilidades de reinserción social.

Indica que la mantención de dicha publicación en la edición digital, accesible y difundida por motores de búsqueda como Google y otros, constituye hoy una afectación ilegítima y continua, al tratarse de información desactualizada, sin vigencia ni relevancia pública, cuyo único efecto es el menoscabo injusto de su reputación personal y familiar.

Respecto del Ministerio Público, refiere que en su página institucional, dentro del banner noticias regionales se puede acceder la siguiente publicación “Sala de Prensa Noticias Regionales Magallanes 10/06/2014. Ex empleado de Tienda Johnson condenado por apropiarse de dineros de la empresa cumplirá 541 días de presidio remitido por hurto. nombre reservado, fue condenado hoy por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, a quinientos cuarenta y un días de presidio remitido, penas accesorias y el pago de las costas de la causa, como autor del delito consumado de hurto en perjuicio de la tienda Johnsons. El acusado deberá pagar además, una multa a beneficio fiscal, equivalente a seis unidades tributarias mensuales vigentes a la fecha de los sucesos. El representante del Ministerio Público, Fiscal Oliver Rammsy Dickinson, indicó en juicio que el delito se perpetró en julio del año pasado, después que el acusado ingresara como encargado de recursos humanos a la tienda Johnsons, sucursal Punta Arenas y en tal condición tuviera acceso a las llaves de las bóvedas donde se guardaba el dinero recaudado lo que aprovechó para sustraer la suma de $4.640.000.- en dos oportunidades, luego de lo cual hizo abandono del trabajo para no regresar más, con el evidente perjuicio de su empleador.”

Consigna que a la fecha, han transcurrido once años desde los hechos referidos, y no existe actualmente un interés público prevalente que justifique la difusión continua de esta información. La permanencia indefinida de estas publicaciones en internet, accesibles a través de buscadores y sitios web, no hace más que generar un grave y permanente daño a mi imagen personal, honra y reputación.

Dichas publicaciones generan un trato irrespetuoso y contrario a los principios éticos que deben regir la actividad informativa, vulnerando la dignidad humana y la legítima expectativa de reinserción y reparación social de quien ya ha cumplido con las sanciones impuestas por la justicia. La mantención de estos contenidos solo perpetúa un estigma injusto, desconociendo el derecho fundamental a la honra y la protección de la vida privada, amparados por nuestra Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile.

Por lo expuesto, solicita que las recurridas, contando con plenas facultades técnicas y administrativas para ello, eliminen, bloqueen, restrinjan o impidan toda mención de su nombre —en todas sus variantes— que lo vincule directa o indirectamente con hechos, procesos judiciales o circunstancias que ya han sido resueltos por la sentencia dictada en su oportunidad.

Conforme a su entender y de acuerdo con las normas internas de rango constitucional y legal, en especial lo dispuesto en los artículos 1° incisos primero y tercero, artículo 19 N°3 y N°4, todos de la Constitución Política de la República, es su derecho, verse liberado del uso que pudiera derivarse de las publicaciones digitales que aparecen en las páginas de las recurridas, conforme a lo que se ha denominado como el “derecho al olvido digital”.

Acompaña a su presentación Extracción de la página web de la nota de la recurrida nombre reservado EL nombre reservado referida a los hechos indicados en el cuerpo de este libelo; Extracción de la página web de la nota de la recurrida MINISTERIO PUBLICO referida a los hechos indicados en el cuerpo de este libelo; Copia de publicaciones del nombre reservado El nombre reservado y del Ministerio Público que mantienen la información en línea.

A folio 15 informa nombre reservado, Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien expone:

Que, no existe regulación expresa del “derecho al olvido”, por lo tanto, la controversia debe resolverse mediante una ponderación de derechos fundamentales eventualmente en conflicto: por una parte, el derecho a la honra (art. 19 N°4 de la Constitución) y, por otra, el derecho a la libertad de información (art. 19 N°12).

Así, agrega que la información contenida en la publicación cuestionada corresponde a hechos verificados y resueltos judicialmente mediante sentencia firme y ejecutoriada, dictada por tribunal competente en una audiencia pública, conforme a los artículos 9 del Código Orgánico de Tribunales, y 44 y 289 del Código Procesal Penal.

Destaca que dicha noticia no contiene apreciaciones subjetivas, descalificaciones ni calificativos personales, sino que se limita a describir los hechos tal como fueron establecidos por el órgano jurisdiccional, actuando el Ministerio Público exclusivamente como canal de información objetiva hacia la comunidad.

Sostiene que el tiempo, si bien puede ser un elemento para considerar en la ponderación entre derechos fundamentales, no basta por sí solo para justificar la eliminación de una publicación que conserva interés público. En el presente caso, al tratarse de una sentencia penal condenatoria por un delito de hurto simple, existe aún un grado de interés legítimo de la comunidad en conocer el resultado de los procesos judiciales, lo que se vincula directamente con los principios de publicidad, transparencia y responsabilidad institucional.

Por ello, considera que el Ministerio Público no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad, por cuanto carece de facultades jurisdiccionales y no ha intervenido en la dictación de la sentencia, limitándose únicamente a difundir hechos verdaderos y públicos. Además, no ha existido vulneración de garantías constitucionales, por cuanto el actuar institucional se ha ajustado plenamente al marco legal y a las atribuciones conferidas por la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

A folio 22 informa Patagónica Publicaciones S.A., indicando que la noticia fue eliminada de sus sistemas el día 29 de julio de 2025, por lo que actualmente nada aparece con el nombre del recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma carta magna se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha, consiste en mantener en el portal de los recurridos, una noticia disponible en internet, desde el día 06 de junio de 2014, donde se informa la condena que le fue aplicada al recurrente, al ser sentenciado como autor del delito de hurto agravado a una pena de 541 días de presidio menor en grado medio.

TERCERO: Que, de lo expuesto por las partes y con el mérito de los antecedentes allegados al proceso, analizados conforme a las reglas de la sana critica, es posible tener por acreditado los siguientes hechos y circunstancias:

1) El recurrente fue condenado por el delito de hurto agravado con fecha 05 de junio de 2014, por del Tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas.

2) Que la recurrida Publicaciones Patagónicas S.A., eliminó de su portal de internet, la noticia que daba cuenta de dicha condena, el día 29 de julio de 2025.

3) Que el Ministerio Público, mantiene en su portal institucional, una nota informativa dando cuenta de la sentencia dictada, pormenorizando el delito y la identidad del condenado.

CUARTO: Que, de esta manera, respecto de la primera recurrida, el recurso de protección ha perdido oportunidad, pues habiendo eliminado la nota de prensa desde su portal de internet, no existe en la actualidad medida alguna que pueda adoptar esta Corte, para amparar los derechos del recurrente, razón por la cual se ha de desestimar la presente acción constitucional deducida en su contra.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al recurrido Ministerio Público, efectivamente mantiene en su página web institucional la información de la condena aplicada al recurrente.

En este punto se ha de considerar que el denominado “derecho al olvido”, no está establecido en nuestra legislación con aquella denominación, pero su fuente se encuentra, por una parte, en el derecho a la cancelación de datos personales contemplado en los artículos 2 y 6 de la Ley N°19.628, que consiste en la forma de hacer efectiva la autodeterminación informativa, en términos que el derecho a controlar los propios datos, deviene en imposible si no existe la facultad de exigir jurídicamente la supresión de los mismos.

Por otro lado, tal cual lo ha sostenido el propio recurrido, la decisión de otorgar aquella cautela jurisdiccional que se invoca por este arbitrio, debe ser necesariamente analizada mediante la ponderación de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, tales como la libertad de información y el derecho a la honra o, en su caso, el derecho a la vida privada.

SEXTO: Que, en este sentido, cobra relevancia lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°19.733, en orden a que se consideran como hechos de interés público de una persona, los consistentes en la comisión de delitos, razón por la cual, la información que la recurrente solicita eliminar relativa a su participación en el delito ya referido, ostenta tal calidad y por lo tanto, ameritaban su publicidad.

Sin embargo, aquella relevancia pública, dado el tiempo transcurrido, esto es, más de diez años, evidentemente se ha morigerado y actualmente, teniendo además presente la naturaleza del ilícito de que se trata, prácticamente ha derivado en intrascendente para la sociedad.

SEPTIMO: Que, de este modo, se advierte entonces que la publicación de la noticia de la condena aplicada al recurrente, en su momento resultó lícita y acorde a los principios de publicidad que informan nuestro actual sistema procesal penal.

No obstante, la mantención de aquella, particularmente de los datos sensibles del recurrente, como lo es su nombre completo, dada la data de los hechos y el inicio de un nuevo proyecto de vida, efectivamente colisiona con su derecho a la honra.

OCTAVO: Que, en tales términos, el trascurso del tiempo constituye el criterio de ponderación de derechos más relevante y adecuado para resolver el presente conflicto, pues los hechos que se revelan y particularmente la identidad del recurrente, condenado en su oportunidad, carecen en la actualidad de relevancia informativa que pueda servir de base para lesionar en mayor medida sus derechos fundamentales.

NOVENO: Que, así las cosas y conforme se ha venido razonando, surge que el requisito básico y esencial sobre cuya base se construye el derecho al olvido, esto es, el transcurso del tiempo, en el presente caso reúne las características que permitirían aseverar que la noticia de que se trata carece, en la actualidad, de relevancia, pues ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, donde incluso no se ha cuestionado que el recurrente cumplió la condena.

DECIMO: Que, en las circunstancias antes indicadas, es posible concluir que transcurridos más de 11 años desde que quedó despejada la situación procesal del recurrente, se ha concretado un lapso de tiempo suficiente para estimar que una noticia que fue de interés público ha devenido en intrascendente, por lo que en el presente caso se debe otorgar preeminencia al derecho del particular, acogiendo el recurso deducido.

Sin embargo, en el entendido que la protección que se requiere es posible sea otorgada mediante la anonimización de los datos personales del recurrente, en la información que el Ministerio Público mantiene en su sitio web, se dispondrá que se proceda de esa manera en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N°1, 4 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de Patagónica Publicaciones S.A.

II.- Que se ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, respecto del recurrido MINISTERIO PÚBLICO, solo en cuanto se ordena a la recurrida anonimizar el nombre del recurrente en la noticia contenida a su respecto en su portal institucional, dentro de tercero día de ejecutoriada esta sentencia.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol N°269-2025 Protección.