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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 264-20253 jun 2025

nombre reservado CONTRA nombre reservado

Fecha
3 de junio de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 264-2025, sentencia de 3 de junio de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque el reportaje cuestionado se ampara en la libertad de expresión e informar, y la responsabilidad por eventuales abusos debe hacerse valer por vía penal o civil, no mediante esta acción cautelar.

Texto íntegro

Punta Arenas, tres de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad RUT reservado, Trabajador Social, con domicilio en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra de “nombre reservado” Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado o quien lo reemplace, con domicilio en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena y nombre reservado, cédula de identidad n°RUT reservado, chilena, soltera, jubilada, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que respecto al primer recurrido el día 13 de abril del año 2025, el nombre reservado, publica un reportaje denominado “Punta Arenas te Descuida” redactado por el periodista nombre reservado, donde se hace mención a una carta enviada por la señora nombre reservado el 12 de febrero a la Corporación Municipal de Punta Arenas donde se denuncia una serie de hechos que incidieron en la muerte de su hija en el Hospital Clínico de Magallanes.

Esta publicación tiene sustento, sólo en los dichos de la propia persona, vulnerando gravemente los principios básicos del ejercicio periodístico responsable, al omitir el deber de verificación de los hechos al no contrastar las versiones con mi persona, faltando al Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile.

Aclara que la publicación efectuada por el medio de comunicación masivo nombre reservado, con fecha 13 de abril de 2025, donde se publica su nombre completo y su cargo como funcionario público, constituye una trasgresión flagrante, arbitraria y desproporcionada a diversas garantías constitucionales hacia su persona, en particular el derecho a la honra, la vida privada y su integridad psíquica.

Señala que concurre a hablar con el medio de comunicación recurrido, solicita aclarar la situación acerca de la información emitida y requiere disculpas públicas, accediéndose solo a brindarle disculpas particulares y nota en el mismo medio para hacer mis descargos.

Añade que dicha nota se emite el día martes 15 de abril del presente año, pero no va acompañada de las disculpas públicas por el daño a su imagen como funcionario de la salud municipal. Ello sin contar con el daño moral que ha sufrido su familia, amigos y compañeros de trabajo.

Respecto de la recurrida, indica que el día 13 de abril del año en curso, se entera mediante un diario de circulación regional que doña nombre reservado, de forma maliciosa había hecho pública la situación entre ambos, denostando, y perjudicando directamente su honra como persona y funcionario público, hecho que repercute gravemente en su integridad psíquica, toda vez que esta noticia se ha hecho pública por la misma vía, y compartida en todas las redes sociales.

Solicita entonces se acoja la acción y se ordene a las recurridas el retiro de circulación web de todas las publicaciones de fecha 13, 14 y 15 de abril del año 2025, así como las existentes en redes sociales, o bien se ordene tarjar su nombre, incluyendo las páginas de Facebook e Instagram o de cualquier otra red social perteneciente de la recurrida, o en subsidio de la forma que estime, con costas.

Acompaña; 1. Set de 8 pantallazos de las publicaciones efectuadas por el nombre reservado; 2. Set de 10 pantallazos de red social en las cuales aparece y se comenta la noticia y; 3. Set de 9 pantallazos de conversación llevada a cabo con periodista del nombre reservado.

Informa, Felipe Ignacio Alveal Tejos, abogado, por la recurrida nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Aclara que a los medios de comunicación y prensa se les debe la debida protección, al tenor de la llamada popularmente “libertad de prensa”, tutelada constitucionalmente por el artículo 19 Nº12 de la Constitución Política de la República, en concordancia con la Ley Nro. 19.733.

Aclara que la cuestión de fondo, contenida en la noticia expuesta en el Diario “LA nombre reservado”, corresponde a hechos que son efectivos, reales y fidedignos, sin perjuicio de los matices que pueden se esgrimidos por la recurrente.

Expone que la polaridad o posible colisión de derechos fundamentales ocurre habitualmente dentro de nuestro sistema normativo y que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido consistente en fallos roles Nºs 6.785-2013; 34.129-2017; 12.443-2018 y 31.817-2019, recalcando que cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga debe ser interpretada de manera restrictiva, y que - como principio general- se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se comenta en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal, respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil, por la comisión de ilícitos civiles. Una interpretación diferente, a juicio del tribunal supremo, conllevaría, en mayor o menor grado, una forma implícita de censura previa, cuestión proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

Así indica que en términos prácticos, se debe preferir la libertad de expresión (más aun con reconocimiento de los mismos hechos) y que cualquier acto que la restringa incurre entonces, en una modalidad de censura.

Informa Mauricio Ivan Sandoval Romero, abogado, en representación del nombre reservado, solicita el rechazo de la acción con costas.

Aclara que no existe vínculo alguno entre este medio y la señora nombre reservado. La fuente fue debidamente identificada y su relato contextualizado como una denuncia de carácter personal, sin que La nombre reservado haya formulado por sí imputación alguna.

Posteriormente, con fecha 14 de mayo de 2025, nuestro Editor General, don nombre reservado, tomó conocimiento del presente recurso de protección. En consecuencia, y como medida de buena fe, decidió retirar de nuestras plataformas digitales el nombre del recurrente, coincidiendo con lo solicitado en su acción, aunque sin mediar orden judicial.

Esta conducta refleja un ánimo colaborativo y de autorregulación, no una admisión de vulneración alguna.

No hay acto arbitrario ni ilegal atribuible a este medio. Se trata de hechos de interés público y verídicos.

Refiere que actuó en el marco del derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N°12, sin censura previa y conforme a los estándares de la Ley N°19.733. La libertad de informar sobre asuntos de relevancia pública debe ser resguardada, en tanto forma parte esencial del sistema democrático.

El medio actuó diligentemente y ofreció espacio para la versión del afectado El actor no ha acreditado ninguna amenaza actual o persistente. De hecho, el contenido fue retirado voluntariamente, y no existe publicación vigente que vulnere sus derechos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente, lo hace consistir en la publicación por parte de las recurridas y con fecha 13 de abril del reportaje denominado “Punta Arenas te Descuida”.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas cabe señalar por una parte, que la afectación del derecho a la honra y el derecho a la propiedad sobre la propia imagen cuya vulneración se reclama por el recurrente, involucra el derecho al buen nombre, esto es, el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en lo referente a sus condiciones humanas y profesionales, honestidad y comportamiento, el que puede llegar a entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión que asiste a la recurrida, y que igualmente se encuentra garantizado constitucionalmente.

QUINTO: Que, en este contexto, debe tenerse en cuenta lo estatuido expresamente en el N°12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”

Por su lado, el artículo 1° de la Ley N°19.733, reconoce que la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas y su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, derecho a buscar y recibir informaciones, y a difundirlas por cualquier medio.

SEXTO: Que por cierto, el ejercicio de esa libertad de expresión, debe entenderse sin perjuicio del deber o límite de responder en su caso, por los delitos y abusos que se cometan y de conformidad a la ley, de tal suerte que el derecho a ser protegido contra los actos susceptibles de ser atentatorios contra el honor y la reputación, tiene como correlato un elemento de responsabilidad posterior que recae en quien ejerce la libertad de expresión, responsabilidad que se podrá hacer efectiva ya sea, por la vía jurisdiccional penal y dirigida a sancionar a quien se excede en el ejercicio del derecho a informar sin censura previa; o por vía civil, con el fin de resarcir los perjuicios que se hayan ocasionado; o bien optando y haciendo uso de ambas vías, pero sin que se pueda invocar a priori, para restringir el ejercicio de dicha libertad otros términos distintos a los previstos en la ley.

Que en razón de lo anterior y de la regulación normativa en esta materia, resulta forzoso concluir que no ha habido algún acto arbitrario o ilegal que haya privado, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional que la recurrente refiere como conculcada como resultado del actuar de las recurridas, y en consecuencia, la presente acción cautelar de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de “nombre reservado” y nombre reservado, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°264-2025 PROTECCIÓN