nombre reservado CONTRA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER nombre reservado

nombre reservado, cinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por su director, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando sea acogido en todas sus partes, declarando que el acto u omisión denunciado ha sido arbitrario e ilegal, ordenando a la Corporación recurrida, proceder con el pago de sus remuneraciones, en razón a la subrogancia realizada, sin perjuicio de las otras medidas que se estime pertinentes, con expresa condena en costas por la presente instancia, y sin perjuicio de aquellas que se generen en la segunda instancia.

Explica que es funcionario del Poder Judicial desde el 01 de agosto de 1979, ingresó a la planta el año 1983, actualmente detenta el cargo de Oficial Primero Titular del Juzgado de Competencia Común de Porvenir, grado XII, y conforme al artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales, le corresponde realizar la subrogancia legal del Secretario Titular del Tribunal.

Refiere que efectuó tal subrogancia entre el 28 de febrero y 24 de marzo de 2025, por ausencia del titular, en virtud de los fondos autorizados por la recurrida, mediante oficio N°11-2025 de 17 de marzo del año en curso. Durante dicho periodo hizo uso de permiso conforme al artículo 347 del citado Código, los días 7, 10 y 21 de marzo; los que se motivaron en razones médicas personales y familiares, incluso el día 21 de marzo viajó a Santiago para acompañar a su cónyuge en un control mensual por una patología oftalmológica, de cuidado. Conforme a lo anterior, se desempeñó 22 días como Secretario Subrogante del Tribunal, de los 25 por los cuales se autorizaron los fondos.

Hace presente que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida mediante oficio 37AZPTARE N°69 ID N°98387 de 10 de abril de 2025, le informa que no es posible tramitar el pago por dicha subrogación, dejando sin efecto la ficha de autorización de fondos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 500 antes citado; adjuntando el Oficio Circular 6RH N°220 de fecha 30 de noviembre de 2022 y Circular 6RH N°70 de fecha 26 de abril de 2018, ambos del Sr. Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en la cual se instruye acerca del procedimiento y criterios que deben cumplir en el cálculo y pago de remuneraciones.

Afirma que, en razón del perjuicio económico y la falta de una adecuada fundamentación del dictamen, formuló una reconsideración ante el Director Zonal de la Corporación recurrida, ello el 21 de abril; argumentando que los días solicitados no interrumpen el plazo de 15 días establecido en el art 500, toda vez que la Circular N°152 de 23 de agosto de 2022, que modifica la letra d) del acápite B) de la Circular N°70 de 26 de abril de 2018, establece que existen circunstancias que interrumpen y otras que suspenden dicho plazo, siendo los permisos facultativos del 347 del Código Orgánico uno de ellos, destacando que no solicitaba el pago por los días no trabajados, sino por el término de subrogación efectiva. Dicho recurso, fue resuelto el 06 de mayo del presente, por la Directora (S) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Sra. nombre reservado, en oficio 6RH N°2327 ID N°100095, dirigido al Administrador nombre reservado, rechazando su petición, señalando que no corresponde el pago discutido por cuanto la norma citada hace procedente el pago para períodos mayores a quince días, no pudiendo ser canceladas subrogaciones menores y no sucesivas en el tiempo, y atendido que la autorización del permiso artículo 347 por los días 7, 10 y 21 de marzo se interrumpe la subrogación, no cumpliendo con la exigencia legal.

Las resoluciones administrativas descritas, son los actos objeto de la acción constitucional, estimando que aquella es oportuna en relación al plazo de interposición.

Aduce que lo decidido por la recurrida se contrapone con lo dispuesto en la circular N°152 de 23 de agosto de 2022 y N°70 de 26 de abril de 2018, las que, estima, explícitamente disponen que existen ciertas circunstancias que pueden interrumpir y otras que pueden suspender el cómputo del plazo de 15 días fijado en el referido artículo; en los siguientes términos: “En el caso de las subrogaciones, no corresponderá certificar ni pagar como trabajado los días en que el funcionario o funcionaria se encuentre con licencia médica, feriado, permiso con goce de remuneraciones o comisión de servicio.

Las comisiones de servicios por cursos de perfeccionamiento on-line organizados por la academia judicial, de oficiales 1° que subrogan a los secretarios del tribunal, no interrumpe el plazo de más de 15 días que les permite percibir la diferencia de remuneración a que se refiere el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales. No obstante, esos días se pagarán según la remuneración de su cargo y no del que subrogan.

El uso de permiso facultativo por el día en la tarde no suspende el cómputo de plazo de 15 días establecido en el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales para el pago de subrogación.”

Analiza los conceptos de interrupción y suspensión en relación a la prescripción, a nivel doctrinario y concluye que el uso de permiso facultativo -definido en el artículo 2 del Acta N°111-2015- no interrumpe el plazo en comento, esto es, no hace perder los días transcurridos, a lo más podría suspenderlo; es decir, detiene el cómputo mientras subsiste la causa que lo motiva, puesto que, si un permiso facultativo “por el día en la tarde”, no suspende el plazo, como dispone el inciso tercero de la norma de marras, una interpretación a contrario sensu, lleva inevitablemente que un permiso facultativo de día completo suspende el cómputo del plazo, mas no lo interrumpe.

Adiciona que la falta de fundamentación de los oficios, los que se limitan a reproducir normas legales y circulares, sin exponer el razonamiento utilizado para llegar a dicha conclusión, le permite fundar que el acto u omisión por el cual se presenta la presente acción constitucional deviene en ilegal y arbitrario al vulnerar lo dispuesto en el artículo 500 Código Orgánico de Tribunales y al no respetar las propias circulares internas de la recurrida.

Considera que los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental por cuanto no se ha respetado la legislación vigente y se le ha discriminado, al no pagarle sus remuneraciones en forma íntegra, en comparación con otros funcionarios a los cuales se les paga la totalidad de aquellas en conformidad a su modalidad de contratación y al trabajo debidamente efectuado; privándosele además de la diferencia de grado existente, incluyendo la asignación establecida en el artículo 39 de la Ley N°17.272, por el periodo que duró el reemplazo. Enfatiza que la situación le ha ocasionado una serie de disgustos y dificultades, que le han afectado en su integridad psíquica, puesto que se ve obligado a presentar un recurso contra su empleador, ad-portas de jubilarse, con una carrera intachable; lo que ha sido sumamente difícil por su personalidad respetuosa de la jerarquía de la institución.

Informa por la recurrida Corporación Administrativa del Poder Judicial, el abogado Cristian Castillo García, que por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos que pueda reprocharse, solicita el rechazo de la protección solicitada.

Reconoce los hechos señalados en el libelo en relación a la calidad de funcionario del actor, labores que desempeña, subrogancia del cargo de secretario por el periodo reclamado y permisos conferidos, como asimismo las decisiones adoptadas objeto del recurso.

Sostiene que se dejó sin efecto la autorización de fondos para la subrogancia realizada, toda vez que la misma no se sirvió durante un periodo continuo mayor a 15 días como lo requiere el inciso segundo del artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación al fundamento de la solicitud que descansa en lo establecido en la Circular N°152 de 23 de agosto de 2022, aduce que aquella obedece a una interpretación amplia del recurrente, por cuanto pretende aplicar por analogía a los permisos del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales a una regulación que solamente dice relación con una situación concreta y taxativa, referida específicamente con comisiones de servicio para cursos de perfeccionamiento de oficiales 1° que subroguen a secretarios de tribunal.

Señala que al no encontrarse el recurrente en el supuesto que establece la norma, no puede entenderse que su subrogación no se vio interrumpida, por cuanto su ausencia en los días que hizo uso de permiso 347 no obedece a cursos de perfeccionamiento con las características que señala la citada circular.

En lo que atañe a lo previsto en la citada circular, que dispone que el uso de permiso facultativo por el día en la tarde no suspende el cómputo de plazo de 15 días establecido en el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales para el pago de subrogación; precisa que, también se trata de una interpretación extensiva y antojadiza de la norma, por cuanto esta es clara en regular el caso específico de uso de permiso facultativo por el día en la tarde, conforme a ello no es posible inferir que el uso de cualquier otra extensión de permisos facultativos si suspendería el cómputo del plazo, ya que no se ha establecido expresamente de esta forma.

Manifiesta que en el ámbito del Derecho Administrativo el principio de legalidad significa que la administración pública solo puede actuar si existe una ley o norma administrativa que lo autorice, por tanto, no es dable al recurrente realizar una interpretación extensiva de la normativa contenida en la Circular N°152 de 23 de agosto de 2022, como tampoco es posible que su parte la aplique de forma diversa a lo estrictamente contenido en ella.

De acuerdo a la Circular citada, que el propio recurrente transcribe, concluye que, en el caso de los permisos facultativos, como es el permiso que se regula en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, no corresponde certificar ni pagar como trabajados dichos días. Si en el caso de las subrogancias no se puede certificar como trabajado el día en que el funcionario hizo uso del permiso señalado, es claro entonces que no existe continuidad en dicha subrogancia, por lo cual concurre la imposibilidad de contar el plazo como uno de carácter sucesivo, y necesariamente debe entenderse que el término durante el cual el recurrente se desempeñó en calidad de Secretario Subrogante se vio interrumpido por los días en que no ejerció funciones efectivamente como tal.

Conforme a la normativa citada, es que efectivamente informó al recurrente que no procedía el pago de remuneraciones por la subrogación objeto del recurso, fundado en lo establecido en Circular N°70 de fecha 26 de abril de 2018 en acápite B: Respecto de los criterios de certificación, letra d) donde señala que “En el caso de subrogaciones, no corresponderá certificar ni pagar como trabajado los días en que el funcionario o funcionaria se encuentre con licencia médica, feriado, permiso con goce de remuneraciones o comisión de servicio”.

Adiciona que existe pronunciamiento en este sentido por parte del Tribunal Pleno de la Corte Suprema con fecha 30 de abril de 2019, que consta en AD-2042-2018, en el cual se acordó lo siguiente: “Con la cuenta dada, atendido el requerimiento formulado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial mediante Oficio 6 RH N°7681, de 13 de diciembre pasado, y lo acordado por su Consejo Superior, se tomó conocimiento de la propuesta para regular el pago en los casos de subrogación establecidos en el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales por ausencia de los secretarios, previstas en el artículo 388 del cuerpo legal en referencia, entendiendo que la norma citada hace procedente el pago para períodos mayores a quince días, no pudiendo ser canceladas subrogaciones menores y no sucesivas en el tiempo.”

Estima que el actuar de su representada no ha sido ilegal ni arbitrario, toda vez que ha ajustado estrictamente a lo dispuesto en el artículo 500 antes citado, a lo resuelto por la Corte Suprema en AD-2042-2018 y en lo regulado en el Circular N°70 de fecha 26 de abril de 2018, modificado por la Circular N°152 de fecha 23 de agosto 2022 y por la Circular N°220 fechada 30 de noviembre 2022.

Alude que la apreciación del recurrente se debe meramente a una expectativa con respecto a poder obtener el pago de una remuneración por subrogación que no fue continua por más de 15 días, aún en contra de la normativa vigente; pues la Circular N°152, citada por el propio actor, impide certificar y pagar como trabajado los días en que el funcionario o funcionaria se encuentre con licencia médica, feriado, permiso con goce de remuneraciones o comisión de servicio. De esta forma, no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda ser objeto de la presente Acción de Protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Niega la vulneración de garantías constitucionales que se alega, pues no existe desigualdad ante la ley ni discriminación de ninguna especie al hacer aplicación irrestricta de la normativa administrativa que regula los requisitos para el pago de la remuneración correspondiente a una subrogación de secretario de tribunal cuando esta se ha ejercido por más de 15 días sucesivos; además de forma alguna se ha afectado la remuneración del recurrente ni su derecho de propiedad sobre ella, por cuanto para que la subrogación que solicita le sea pagada, haya entrado a su patrimonio, era necesario cumplir previamente con el requisito de la normativa antes referida, en cuanto a servir en el cargo de secretario de tribunal por un periodo mayor a 15 días de manera sucesiva, lo que en la especie no ocurrió debido a la interrupción que supusieron los permisos de los cuales el recurrente hizo uso al tenor del artículo 347 del Código orgánico de Tribunales. En cuanto a la afectación psíquica del actor, aduce que cualquier persona que estime que se han infringido sus derechos puede sentirse estresada y agobiada, por cuanto es una reacción entendible, sin embargo, no observa un verdadero perjuicio al recurrente y que se manifieste en hechos efectivos y comprobables, y los alegados carecen de la necesaria determinación y gravedad para que la alegación pueda ser acogida.

Argumenta que lo reclamado en la especie es una pretensión o mera expectativa de que se le pague su subrogancia, y no un derecho sobre el cual tenga propiedad para poder hacerlo exigible, de carácter indubitado, por cuanto no cumple con los requisitos que ha establecido la normativa para ello.

Al no concurrir los presupuestos que hacen procedente la acción aquella no puede prosperar.

Ambas partes acompañan los documentos referidos en sus presentaciones.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en el no pago de la diferencia de la remuneración devengada por la subrogación por él efectuada del cargo de Secretario del Juzgado de Competencia Común de Porvenir, por el periodo que refiere, por estimar que el plazo no se ha interrumpido por los permisos ejercidos conforme al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales; lo que conculca las garantías constitucionales que invoca.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta por el rechazo del recurso, alegando que su actuar se ha ajustado a la normativa legal y reglamentaria vigente, careciendo el actor de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, corresponde dejar asentado y precisar que no existe discusión en cuanto al cargo que desempeña el recurrente, la calidad en que lo sirve, la subrogación legal que ejerció y el periodo en que ello tuvo lugar, como tampoco se ha controvertido que aquel hizo uso de permisos al tenor del articulo 347 del Código Orgánico de Tribunales, durante el periodo en que fungía como Secretario Subrogante del mentado Tribunal.

SEXTO: Que, conforme a lo referido y del examen de los escritos de discusión, lo controvertido se acota a lo peticionado en la acción intentada, que corresponde al reconocimiento de un derecho de aquellos que protege la acción intentada, en el sentido de obtener la declaración de la existencia de una obligación y se determine su consecuente pago.

SÉPTIMO: Que, conforme a la normativa que regula la materia, constituida por lo previsto en el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales, las instrucciones emitidas por la Corporación recurrida en ejercicio de sus facultades conferidas en el artículo 506 numerales 1 y 3 del referido código, la que constan en el oficio circular N°70 de 26 de abril de 2018 y sus modificaciones contenidas en los oficios N°152 de 23 de agosto y N°220 de 30 de noviembre, ambas de 2022; el asunto debatido corresponde a una contienda que debe resolverse en un juicio contradictorio en que pueda el Tribunal pertinente tener las facultades que implica la petición del actor, en el evento de estar asistido de razón jurídica en su pretensión, esto es, en un procedimiento donde pueda no sólo declararse el derecho, sino dictar una sentencia de pago, que en esencia es lo que persigue el actor, lo que ciertamente no es materia susceptible de esta vía extraordinaria constitucional de cautela de los derechos fundamentales que señala el artículo 20 de la Carta Fundamental, toda vez que la presente no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, características que no se reúnen en la especie, por lo que no puede prosperar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº260-2025.PROTECCIÓN.