ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS con nombre reservado

Punta Arenas, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece Claudia Casas Karelovic, abogada, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, ambas con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA -en adelante DIPRES-, ingeniera, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 236, de 04 de abril de 2024, que en su parte pertinente, ordena a Tesorería General de la República efectuar descuento del fondo común municipal a la Municipalidad de Punta Arenas por aplicación del artículo 98 de la ley N° 21.647, a partir del mes de abril del presente año, por un monto total de $3.432.761.394.

Expresa que el improcedente descuento ordenado obedece a que la recurrida ha extendido ilegalmente el pago de la “Asignación de zona” a funcionarios que no correspondía, ello de conformidad a los convenios colectivos suscritos por la CORMUPA con los sindicatos de asistentes de la educación de la comuna. Tal extensión implica descontar el monto ordenado, cuando de una aplicación correcta de la ley específica, como de la ponderación de los convenios colectivos suscritos, el monto debiese ser, como máximo, de $512.472.3603.

Explica que en virtud de la Ley N° 19.464, que regula las relaciones laborales de los asistentes de la educación y, específicamente, lo establecido en su artículo 14, la CORMUPA -como administrador de la educación pública hasta el 31 de diciembre de 2023- llevó a cabo una serie de negociaciones con dos Sindicatos de Asistentes de la Educación de la comuna. Como hito inicial se encuentra aquella que concluyó con la celebración del Convenio Colectivo N° 1, con el Sindicato N° 1, de fecha 23 de agosto de 2017, el cual en su artículo trigésimo octavo consideró una “Asignación de zona”, bajo el siguiente tenor:

“TRIGÉSIMO OCTAVO: ASIGNACIÓN DE ZONA: Por el hecho del traspaso o cambio de sostenedor a un órgano que integre la Administración del Estado o tenga dependencia o relación directa o indirecta con el Ministerio de Educación, a través del cual se cumpla la función pública de prestar el servicio de educación pública, los trabajadores asistentes de la educación adquirirán desde el momento del traspaso o cambio de sostenedor, el beneficio denominado asignación de zona que será el cuarenta por ciento mensual y se calculará sobre el último sueldo base del trabajador. Esta asignación será compatible con todo otro derecho análogo bonificación que tenga similar denominación o fundamento y que tenga un monto inferior, sea de origen legal o contractual. Este beneficio se encuentra sujeto a que se cumpla la condición del traspaso o cambio de sostenedor”.

Por su parte, el artículo cuadragésimo cuarto estableció, de conformidad al artículo 325 del Código del Trabajo -ultraactividad de un instrumento colectivo-, el reconocimiento de derecho en los contratos individuales del trabajo, del siguiente tenor:

“CUADRAGÉSIMO CUARTO: RECONOCIMIENTO DE DERECHO EN LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO. Por el hecho del traspaso y cambio de sostenedor se entenderán forma parte integrante de los contratos individuales de trabajo todas y cada una de las cláusulas de este contrato colectivo, de los convenios colectivos, de los contratos individuales precedentes (…)”.

Al vencimiento del Convenio antes aludido, no existió una nueva negociación colectiva con el Sindicato ya individualizado, sino hasta el 30 de junio de 2022, motivo por el cual operó la ultraactividad de las cláusulas del Convenio N° 1, entre ellas, la del anotado artículo trigésimo octavo sobre “Asignación de zona”. Este nuevo convenio -Convenio N° 3- reiteró en los mismos términos el artículo trigésimo octavo del Convenio N° 1, aunque ahora ubicado en el artículo trigésimo séptimo, agregando en su parte final lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el contrato colectivo de fecha 23 de agosto de 2017”.

Hace presente, además, que con fecha 04 de mayo de 2021, el Sindicato N° 2 del Sindicato de Asistentes de la Educación, celebró el Convenio Colectivo N° 2, cuyo artículo trigésimo primero consagró una “Asignación de Zona” en idénticos términos de aquella contemplada en el Convenio N° 1.

Expone que con fecha 24 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.040 que “Crea el sistema de educación pública”, la cual, en lo que interesa en estos autos, dentro de su articulado transitorio, señala:

“Artículo cuadragésimo segundo. - Protección de derechos del personal. El traspaso al que alude este párrafo en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado. Asimismo, no podrá significar disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos estatutarios o previsionales de dicho personal. Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento expreso.

La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos del Ministerio de Educación, expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República".

Como consecuencia del traspaso a los Servicios Locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos”.

Posteriormente, se publicó con fecha 25 de abril de 2019, la Ley N° 21.152 que “Mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica”, la cual agregó un inciso final nuevo al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, con el siguiente tenor: "Con todo, sólo le serán oponibles a los Servicios Locales de Educación Pública las condiciones pactadas con anterioridad a seis meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del personal de que trata este párrafo. En caso de que el Presidente de la República ejerza la facultad establecida en el inciso cuarto del artículo sexto transitorio, podrá establecer un plazo menor".

Luego, con fecha 08 de julio de 2023, se publicó la Ley N° 21.583 que “Interpreta el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública, con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores que indica traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública”. Esta ley aclaró que los trabajadores asistentes de la educación, al momento de ser traspasados a los establecimientos educacionales de los Servicios Locales de Educación Pública (“SLEP”), mantendrán todas y cada una de las asignaciones que recibían, siempre que se hayan pactado, al menos, con seis (6) meses de antelación al traspaso, debiendo fijarse el monto total de la suma de las asignaciones de cada trabajador, con independencia de la naturaleza de las mismas, a fin de establecer una planilla complementaria que se pagará a partir del traspaso. Asimismo, declara que en los contratos individuales de quienes se desempeñaban en establecimientos educacionales administrados por una corporación de educación municipal -como ocurre en autos- se tendrán por incorporadas todas las cláusulas de los instrumentos colectivos de trabajo vigentes seis (6) meses antes de su traspaso a los SLEP.

Por último, se publicó en el Diario Oficial, con fecha 23 de diciembre de 2023, la Ley N° 21.647 que “Otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales”, la que en su artículo 98 introdujo las siguientes modificaciones al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040:

1. Intercálase en su inciso cuarto entre "este párrafo" y el punto y seguido, la frase ", debiendo pagar la municipalidad o corporación municipal respectiva aquellas que se pacten dentro de dichos seis meses".

2. Agrégase, a continuación de su inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo: "Tampoco serán oponibles al Servicio Local las condiciones de trabajo que se pacten o se hayan pactado en cualquier fecha previa al traspaso del servicio educativo, para que produzcan efectos o se hagan exigibles desde que se verifique el traspaso del servicio educacional al Servicio Local, las que serán pagadas por la municipalidad o corporación municipal respectiva, a través de una planilla complementaria. El Servicio Local de Educación en representación del municipio o corporación municipal pagará dicha planilla complementaria. Para tal efecto, los recursos necesarios para el pago de la obligación del municipio, incluida su corporación, serán deducidos por el Servicio de Tesorería de las remesas por anticipos del Fondo Común Municipal que le correspondan a la respectiva municipalidad de acuerdo a lo que se establezca mediante resolución exenta de la Dirección de Presupuestos. Dichos recursos no ingresarán al presupuesto del respectivo servicio local. Lo establecido en este inciso será aplicable para todas aquellas condiciones que se hayan pactado desde el 1 de enero de 2021 en adelante".

Afirma que la Resolución impugnada adolece de dos evidentes ilegalidades y arbitrariedades, por cuanto:

1. El Acto Impugnado adolece de falta de motivación, por cuanto no fundamenta los montos consignados en sus considerandos 7° y 8° y en el artículo 1° de su parte resolutiva, ni especifica: (i) a qué funcionarios se les efectuó el pago de la “Asignación de zona” ni a qué período corresponde; (ii) si estos funcionarios se encuentran dentro de los Convenios; (iii) cuánto se le pagó a cada uno de los funcionarios; y, (iv) en definitiva, cómo se determinó y calculó el monto mensual a descontar a la Municipalidad.

De esta forma, se infringe el artículo 7 de la Constitución Política de la República y los artículos 8, 11 inciso 2, 16 inciso 1 y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880 2. La Directora de la DIPRES contraviene lo dispuesto en el inciso final del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, vulnerando, en consecuencia, el principio de juridicidad reconocido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

Reclama que, en los hechos, correspondería sólo descontar un monto mensual de $43.419.413.-, y no los $333.084.940.- mensuales que se pretende. Así, respecto del Convenio N° 3, de los 572 funcionarios que negociaron, existen, por una parte, 403 que negociaron previamente la “Asignación de zona” mediante la celebración del convenio colectivo de 23 de agosto de 2017, cláusula respecto de la cual operó la ultraactividad del artículo 325 del Código del Trabajo; y, por otra, 113 que no negociaron previamente en el Convenio Colectivo de 2017. Por su parte, en cuanto al Convenio N° 2, de los 145 funcionarios que negociaron, existen, por una parte, 72 que negociaron previamente la “Asignación de zona” mediante la celebración del convenio colectivo de 23 de agosto de 2017, cláusula respecto de la cual operó la ultraactividad del artículo 325 del Código del Trabajo; y, por otra, 64 que no negociaron previamente en el Convenio Colectivo de 2017. Por tanto, existe un total de 177 funcionarios -113 correspondientes al Sindicato N° 1 y 64 al Sindicato N° 2-, cuyo beneficio denominado “Asignación de zona” se incorporó en sus contratos en fecha posterior al 1° de enero de 2021, razón por la cual, sólo respecto de ellos operaría la norma del inciso final del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.

Sostiene que, como consecuencia de la dictación del acto impugnado, se ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los numerales 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En este sentido, la sola falta de motivación o motivación insuficiente torna la Resolución Exenta N° 246 en arbitraria y contraria a la garantía de igualdad ante la ley. Se afecta también el debido proceso en lo que concierne a no ser juzgado por una comisión especial, por cuanto, la recurrida se erige como un verdadero órgano juzgador respecto de la extensión y aplicación de los Convenios Nos. 1, 2 y 3, interpretándolos y aplicando de manera errada el ordenamiento jurídico. Por último, se vulnera el derecho de propiedad, por cuanto el acto impugnado excede el ámbito y los efectos del artículo 98 de la Ley N° 21.647, al determinar que el sujeto activo del pago de la “Asignación de zona” es la Municipalidad, no obstante que, conforme a las cláusulas de los Convenios N° 1 y 2 corresponden sean de cargo del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, por tratarse de beneficios pactados con anterioridad al 1° de enero de 2021; no reconocer ello importa incurrir en la privación de derechos adquiridos, así consagrados en los contratos individuales de los trabajadores.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso deducido, ordenando que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 236, de 4 de abril de 2024, y se ordene a la recurrida dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual ordene a la Tesorería General de la República realizar los descuentos de aquellos pagos que digan relación sólo con los funcionarios cuya “Asignación de Zona” se haya incorporado en sus contratos de trabajo a contar del 1° de enero de 2021, y con exclusión de aquellos que hayan concurrido a la celebración del Convenio N° 1, de 2017, sin perjuicio de las demás medidas que se estime necesarias para restaurar el imperio del derecho.

Evacuó informe la recurrida quien solicita el rechazo de la acción de protección, con costas, por las consideraciones que a continuación expone:

En primer término, refiere los antecedentes normativos que regulan la materia de autos, haciendo alusión a la Ley N° 21.040 que Crea el Sistema de Educación Pública, publicada en noviembre de 2017; la historia del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley N° 21.040; la Ley N° 21.152, que incorpora un inciso cuarto al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040; la Ley N° 21.583, que interpreta el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores que indica; y el artículo 98 de la ley N° 21.647, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector Público.

Sostiene que en cumplimiento de la normativa constitucional y legal antes citada, la Dirección de Presupuestos procedió a dictar la Resolución Exenta N° 236, de 2024, por medio de la que se dispusieron los descuentos necesarios para contar con los recursos para que el SLEP Magallanes, en representación de la Municipalidad de Punta Arenas, procediera a dar pago a las obligaciones pactadas entre esa corporación y sus trabajadores, instruyendo para ello al Servicio de Tesorerías a deducir la remesa mensual por anticipo del Fondo Común Municipal que corresponde a esa comuna.

Expresa que en cada uno de los Convenios Colectivos indicados en el recurso y que fueron suscritos por la recurrente con los Sindicatos Nos. 1 y 2 de Asistentes de la Educación, en lo referido al beneficio de asignación de zona, las partes pactaron una mera expectativa que, durante la vigencia de dichos acuerdos de voluntades, no surtió ningún efecto, no generó ningún derecho ni menos un pago efectivo del estipendio acordado. Como consecuencia de lo anterior, la norma de Ultraactividad de los instrumentos colectivos contenida en el artículo 325 del Código del Trabajo resulta inaplicable, por cuanto lo pactado es una mera expectativa sujeta a la condición suspensiva de verificarse el traspaso del personal y, por lo tanto, no es un derecho adquirido. A mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico en el artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.109 -Estatuto de los Asistentes de la Educación- reconoce a dicho personal que sea traspasado a un SLEP el derecho a conservar los derechos adquiridos, y no las meras expectativas o promesas de pago de remuneraciones u otros beneficios, que hubieren tenido como fuente los instrumentos colectivos que hubieren celebrado con su ex-empleador, tal y como ocurre en el caso de marras.

Señala que lo que la recurrente ha querido omitir deliberadamente en su presentación es la identificación de la naturaleza jurídica de las disposiciones que convinieron el beneficio que acordaron en llamar “Asignación de Zona”, ya que lo que realmente dichas cláusulas han establecido es la promesa de un hecho ajeno, con el agravante de que la condición suspensiva a la que se sujetaba la Asignación de Zona -el cambio de sostenedor- era un hecho cierto y sabido por las partes que suscribieron los convenios.

Hace presente que, a diferencia de los municipios, organismos como los SLEP son financiados de acuerdo con lo estructurado en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, que los contempla en detalle en sus distintas partidas, que contienen conceptos de ingresos y gastos, detallados en el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda que determina de clasificaciones presupuestarias. Entonces, es legalmente imposible que un municipio, o una corporación creada por éste, establezca condiciones contractuales, remuneracionales, para trabajadores fiscales, como son aquellos que se desempeñan en los SLEP. No existe ratificación alguna, ni de órgano público ni de una ley posterior que avale dichos acuerdos. De hecho, el mismo artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley N° 21.040, establece claramente que dichas obligaciones son inoponibles al SLEP, fijando únicamente un mecanismo de pago de obligaciones, acordadas desde el 1° de enero de 2021, las que no le empecen a la Administración, cosa de hacer responsable efectivamente al deudor, el Municipio. Atendido ello, corresponde distinguir:

a) Las obligaciones contraídas con anterioridad al 1° de enero de 2021, cuya exigibilidad se condiciona al traspaso del servicio educacional al SLEP.

La cláusula de “Asignación de Zona” es absolutamente inoponible al SLEP, aplicando las normas generales del derecho ya explicadas, que no tiene siquiera contemplado un mecanismo de pago en la legislación vigente (cómo si lo tienen contemplado aquellos suscritos con posterioridad al año 2021).

También, no está de más recordar que es un Convenio cuya vigencia duró hasta el 31 de agosto de 2020, es decir, las disposiciones del artículo 98 de la ley N° 21.647 (que incorpora el mencionado mecanismo de pago) no le son aplicables; el mismo establece que “regirá por período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive.”. La pérdida de vigencia del Convenio N° 1, cuya ultraactividad se intenta argumentar, queda aún más en evidencia al constatarse que, salvo algunos matices, fue replicada dicha norma en el Convenio N° 3 que suscribió el Sindicato N° 1 el año 2022. Si la cláusula hubiese estado vigente, no hubiese sido necesaria su reincorporación.

b) Las obligaciones contraídas con posterioridad al 1° de enero de 2021, cuya exigibilidad se condiciona al traspaso del Servicio Educacional al SLEP Son obligaciones absolutamente inoponibles a la Administración, de acuerdo con las normas generales, con el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.109 y con el artículo 98 de la ley N° 21.647.

Son obligaciones que, no obstante, su inoponibilidad respecto del tercero, son válidas respecto de las partes. Por ello se estableció un mecanismo de pago para no perjudicar las legítimas expectativas de los trabajadores lo que no significa ratificación ni reconocimiento de algún tipo de sucesión. Para ello, se determinó que fueran pagadas por quien concurrió con su voluntad a su nacimiento (el Municipio).

En otras palabras, a dichas obligaciones se les aplica el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley N° 21.040, cuya naturaleza es de derecho público y rige in actum, con independencia de la fecha en que haya entrado en vigor (puesto que la ley establece una retroactividad).

Arguye que del petitorio del recurso se puede concluir que la recurrente reconoce la necesidad legal de aplicación del artículo 98 de la Ley N° 21.647, respecto de los convenios posteriores al año 2021, tanto así, que expresamente solicita que se dicte un nuevo acto, en aplicación de este artículo.

Formalmente, la recurrente no solicita pronunciarse sobre la situación jurídica del Convenio N° 1, anterior al 1 de enero de 2021, pero pide expresamente que no se efectúen descuentos a la cuota de las remesas del Fondo Común Municipal correspondiente al Municipio para el financiamiento de las condiciones pactadas en ese instrumento. Sin embargo, lo anterior, sostiene la tesis jurídica de que estas condiciones serían oponibles al SLEP Magallanes, el cual debería, por lo tanto, financiarlas con cargo a su propio presupuesto, lo cual es incorrecto por cuanto las condiciones pactadas con anterioridad al año 2021 no están amparadas por norma que establezca el pago, constituyeron una promesa, por parte de la corporación, de un hecho ajeno sobre el que no tenía, ni tiene, potestad jurídica alguna. A ello debe agregarse, a modo de reiteración necesaria que, en el caso de la norma citada, el legislador se cuidó expresamente de señalar que el pago que se estableció es realizado por el respectivo SLEP a nombre del municipio, no constituyendo nunca una obligación propia. Finalmente, a estas condiciones, pactadas el año 2017, no les resulta aplicable el artículo 325 del Código del Trabajo, por el vencimiento del instrumento -pactado hasta el 31 de agosto de 2020- y reconocimiento de los propios intervinientes al suscribir un nuevo convenio.

Afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario de su parte por cuanto:

a) Los convenios suscritos entre el municipio y sus trabajadores, destinados a tener efecto sólo una vez que éstos últimos dejaran de ser dependientes del municipio, constituyeron actos efectuados al margen del derecho, absolutamente inoponibles a este empleador futuro.

b) Sin embargo, la ley, en beneficio de los trabajadores, estableció un sistema de pago para el cumplimiento de estos compromisos, regulado en el artículo cuadragésimo segundo de la Ley N° 21.040, modificado por el artículo 98 de la Ley N° 21.647.

c) La Dirección de Presupuestos, por medio del acto impugnado, aplicó correctamente la ley, haciendo uso de las potestades conferidas por el legislador, resguardando los derechos de los trabajadores, y a través del instrumento jurídico señalado en la propia ley.

d) Nunca fue aprobada por ley una asignación como la acordada por la Corporación, para los funcionarios de los SLEP, ni fueron consignados recursos para que los SLEP pagaran tales asignaciones en la ley de presupuestos para el año 2024.

En cuanto a la falta de motivación reclamada por la contraria, se debe considerar que:

a) El acto recurrido cuenta con los fundamentos necesarios. Las normas legales aplicadas son citadas en los vistos, y las circunstancias que fundan el análisis de la Administración, al dictarlo, son expresadas en la propia resolución;

b) El análisis que permitiría distinguir categorías de trabajadores, para efectos de hacer aplicable la normativa sólo a algunos (y de esa manera imputar al SLEP la responsabilidad financiera de pagar beneficios que nunca pactó), responde a una construcción argumentativa que sólo la parte recurrente sostiene.

c) Lo que realmente desea el recurrente es cuestionar el contenido del acto administrativo, así como los antecedentes que lo fundan, intentando disfrazar esta pretensión como una falta de motivación. Sin embargo, el acto explica suficientemente el razonamiento que llevó a la autoridad a su dictación.

Por último, concluye, no existe vulneración a los derechos fundamentales de la recurrente. Así, llama la atención que la recurrente se dedica simplemente a hablar de la supuesta arbitrariedad del acto administrativo, sin explicar cómo ésta afectaría la igualdad ante la ley. En cuanto a la supuesta infracción al debido proceso, la recurrente podría haber hecho uso de los recursos establecidos en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, incluyendo los recursos de reposición y jerárquico; también la Ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República contiene la facultad de este organismo de resolver cualquier clase de consultas relativas a la legalidad de los actos de la Administración del Estado y, por último para el conocimiento de mayores antecedentes podría haber hecho uso de las disposiciones de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Por último, no hay que olvidar que la recurrente no presentó el recurso en nombre de los trabajadores ni de la CORMUPA, sino en nombre propio por lo que causa extrañeza la aseveración de que se vulneraría su derecho de propiedad.

Se trajeron los autos en relación.

En la causa alegaron el abogado Ramiro Mendoza Zúñiga por la recurrente y por la recurrida, el abogado Claudio Benavides Benavidez, quienes expusieron lo que estimaron conveniente a sus derechos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en lo concreto, la discusión de autos se centra en que la recurrente, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, considera que la recurrida, Directora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, incurrió en un acto ilegal y arbitrario al momento de la dictación de la Resolución Exenta N° 236, de 04 de abril de 2024, que ordena a Tesorería General de la República efectuar un descuento del fondo común municipal a la Municipalidad de Punta Arenas, por aplicación del artículo 98 de la ley N° 21.647, a partir del mes de abril del presente año, por un monto total de $3.432.761.394, por el concepto de pagos de asignación de zona a los/las trabajadores asistentes de la educación de la Corporación Municipal de Punta arenas, en virtud del compromiso adquirido a través de los convenios colectivos con los sindicatos N°1 y N°2, considerando la recurrente, que este pago debe ser oponible al Servicio Local de Educación Pública SLEP y no a su parte, respecto de aquellos asistentes de la educación con quienes se había pactado en el año 2017, el pago de dicha asignación.

CUARTO: Que establecida así las cosas, cabe indicar en primer término, que del examen del acto que funda la presente acción constitucional y del propio contenido del recurso y de las peticiones que se efectúan a esta Corte, fluye que aquel acto administrativo, sí cuenta con la fundamentación idónea para entregarle suficiente sustento normativo y fáctico.

En efecto, la Resolución Exenta N°236 de 4 de abril de 2024, emanada de la Directora de Presupuestos, se basa precisamente en las modificaciones introducidas al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley 21.040 por el artículo 98 de la Ley 21.647, en razón del traspaso de los funcionarios asistentes de la educación al SLEP a contar del día 1 de enero de 2024, respecto de los cuales se había pactado el pago de una asignación de zona, mismo que sería de cargo de la Municipalidad por medio del mecanismo contemplado en dicha normativa, al resultar inoponible para el SLEP, por la data de los convenios y las condiciones en que se estableció tal derecho.

QUINTO: Que, en el mismo sentido, las alegaciones del recurrente, lejos de discurrir sobre la base de la inexistencia de fundamentos del acto impugnado, giran en torno a su disconformidad con la argumentación jurídica plasmada por la recurrida, en torno a que en la especie, el pago de la asignación de zona para los asistentes de la educación traspasados, no le es oponible a la SLEP.

Tanto es así, que en el petitorio del recurso, no se solicita la invalidación del acto recurrido, sino su corrección en cuanto a efectuar un descuento menor al establecido, en razón que respecto de ciertos trabajadores el pago de la asignación de zona le es oponible a la recurrida, desde que el pacto es anterior al 1 de enero de 2021, lo que denota un perfecto conocimiento de las motivaciones del ente de la administración para dictar la resolución que se objeta.

Finalmente, las supuestas deficiencias que se enuncian, en orden a que no se pormenoriza el número de trabajadores que se considera, la forma de cálculo empleada, ni el monto que le correspondería a cada trabajador, resultan elementos que son propios de los insumos empleados para la emisión del acto administrativo, pero cuya omisión, en caso alguno pueden importar su invalidación, desde que tal especificidad excede el ámbito de la motivación.

SEXTO: Que, por otra parte, se reclama la ilegalidad de la Resolución Exenta de que se trata, por una supuesta vulneración al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N°21.040, conforme al cual son oponibles al Servicio Local de Educación Pública Magallanes, aquellas condiciones que se hayan pactado antes del 1° de enero de 2021, cuyo es el caso del Convenio N°1, desde que se suscribió en el año 2017, operando luego la ultraactividad de sus cláusulas conforme al artículo 325 del Código del Trabajo, constituyendo la asignación de zona para tales trabajadores un derecho adquirido y no una mera expectativa.

SEPTIMO: Que en los términos planteados, la discusión eminentemente jurídica que el recurrente pretende sea resuelta en esta sede y mediante la presente acción constitucional, excede con creces su objetivo y alcances.

En primer lugar, es bien sabido que para que prospere el presente arbitrio, constituye un requisito fundamental, que nos encontremos en presencia de un derecho indubitado, lo que no ocurre en la especie, toda vez que precisamente la discusión radica acerca de la oponibilidad o inoponibilidad para las partes, respecto del convenio donde se acordó la asignación de zona para ciertos asistentes de la educación, cuestión que se erige como un derecho esgrimido por el recurrente evidentemente dubitado por la recurrida y que por lo tanto, no puede servir de base para la presente acción.

Además, lo que en definitiva se pretende por esta vía, es que esta Corte emita un pronunciamiento declarando que ciertos trabajadores asistentes de la educación, tienen derecho a asignación de zona, en virtud de un convenio colectivo celebrado en el año 2017, respecto del cual operó la ultraactividad de sus cláusulas conforme a la legislación laboral, cuestión propia de una acción ordinaria en que la discusión jurídica se contribuya con rendición de prueba idónea, a fin de establecer los hechos que le den sustento, sin que por ello este arbitrio resulte idóneo para tal fin.

OCTAVO: Que, así las cosas, constatándose sólo la existencia de hechos controvertidos en relación a los cuales procede pronunciarse sobre la aplicación o no, de la norma pertinente, es que no corresponde en esta sede sino realizar una revisión formal, en relación al acto que se califica como ilegal.

En tales términos, y respecto de este acto de carácter administrativo, tal como ya se ha adelantado, se advierte que la Resolución Exenta en cuestión, reúne formalmente las exigencias de forma y fondo relativas a una fundamentación jurídica idónea, mediante una interpretación razonable de la norma que cita, esto es, el actual texto del inciso final del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley 21.040.

NOVENO: Que, por lo señalado anteriormente, estos sentenciadores estiman que la Dirección de Presupuestos, dictó la resolución impugnada haciendo uso de sus potestades legales, a través del instrumento jurídico pertinente y debidamente fundado, sin que por lo tanto, adolezca de arbitrariedad o ilegalidad; en tanto que además, el conflicto propuesto ha de ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento, razones por las cuales se ha de desestimar al presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección interpuesto por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, en contra de doña nombre reservado, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Rol N°260-2024. PROTECCION.