Recurso de protección

nombre reservado, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, rut NUM000, terapeuta ocupacional, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en publicaciones en redes sociales – principalmente Facebook e Instagram– actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, relativa al respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

Relata que con fecha 30 de mayo de 2016, tomo conocimiento de una publicación efectuada por la recurrida en la red social Facebook, utilizando su perfil personal, publicación que permanece visible al día de hoy.

Manifiesta que dicha publicación fue realizada en el grupo denominado "Una Mañana en Familia" y se refiere a una causa judicial de alimentos seguida en contra de su cónyuge, no siendo parte en dicho procedimiento. No obstante, lo anterior, la recurrida expone públicamente antecedentes personales de la recurrida, individualizándola mediante nombre completo, RUT y referencias suficientes para identificar su domicilio particular, ubicado en domicilio reservado, nombre reservado.

Asimismo, la publicación incorpora imágenes y antecedentes provenientes de documentos judiciales, exponiendo información personal que la identifica plenamente ante terceros. La publicación además contiene afirmaciones que le atribuyen conductas reprochables, señalando que estaría ocultando el paradero de una persona o entorpeciendo actuaciones judiciales, imputaciones que afectan directamente la honra y reputación de la recurrente frente a la comunidad.

Indica que con fecha 30 de mayo, solicitó expresamente a la recurrida, mediante mensaje de WhatsApp, que eliminara la publicación por contener sus datos personales y afectar sus derechos fundamentales. Sin embargo, dicha solicitud fue ignorada y la publicación continúa disponible al público.

Señala que esta conducta no constituye un hecho aislado, ya que con anterioridad interpuso recurso de protección en contra de la misma recurrida, causa Rol Protección N°2767- 2019 de esta Corte. Mediante sentencia de fecha 22 de abril de 2020, se acogió el recurso deducido por esta parte y ordenó a la recurrida retirar publicaciones efectuadas en Facebook que afectaban su honra e imagen, disponiendo expresamente que debía abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones de similar naturaleza. Pese a dicho pronunciamiento judicial, la recurrida ha reincidido en conductas destinadas a exponer públicamente antecedentes sus personales y afectar su honra mediante publicaciones en redes sociales.

Afirma que los hechos descritos importan vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, que asegura el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia, así como la protección de los datos personales.

En razón de lo expuesto solicita tener por interpuesto el recurso y acogerlo ordenando la eliminación inmediata de la publicación objeto de este recurso y de cualquier otra publicación que contenga sus datos personales, imágenes o antecedentes judiciales. Así como abstenerse en lo sucesivo de efectuar publicaciones en redes sociales que expongan los datos personales de la recurrente, su imagen, domicilio o antecedentes relativos a mi vida privada.

Acompaña las capturas de pantalla de la publicación denunciada, copia de mensaje de WhatsApp mediante el cual se solicitó su eliminación y copia autorizada de la sentencia recaída en la causa Rol Protección N°2767-2019.

Informa la recurrida nombre reservado, cedula nacional de identidad NºNUM001, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Expresa que los hechos expuestos por la recurrente no reflejan el contexto real de los acontecimientos ya que solo presenta una versión parcial e incompleta de los hechos, omitiendo antecedentes esenciales para comprender el contexto en que se efectuó la publicación cuestionada.

Refiere que la situación se origina en una causa de alimentos en la que existe una importante deuda alimentaria impaga, mantenida durante años por el deudor don nombre reservado, respecto de quien se ha solicitado reiteradamente medidas judiciales destinadas a obtener el cumplimiento de resoluciones pronunciadas en favor de los alimentarios. La relevancia de la participación de la recurrente en los hechos radica en que, en su calidad de cónyuge del deudor de alimentos, fue consultada por funcionarios policiales respecto de su paradero, manifestando desconocer el paradero del deudor e indico que este no residía en el inmueble desde hacía aproximadamente tres meses. Sin embargo, posteriormente existieron antecedentes provenientes de personas del sector que permitían cuestionar razonablemente la veracidad de dicha información.

Reconoce la recurrida haber realizado la publicación señalando que tuvo por objeto exponer una situación vinculada al incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias y a las dificultades existentes para ejecutar resoluciones judiciales.

Señala que no existió ánimo de hostigar, injuriar o menoscabar gratuitamente a la recurrente. La publicación se relacionó directamente con antecedentes provenientes de actuaciones judiciales efectuadas por organismo competentes en el contexto de una causa de alimentos.

Precisa que la publicación cuestionada no contiene fotografía de la recurrente, la imagen incorporada corresponde al deudor de alimentos respecto del cual se mantienen vigentes diligencias de búsqueda y medidas de apremios judiciales destinadas a obtener el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Asimismo, indica que no redactó ni publicó por iniciativa propia datos personales de la recurrente. Los antecedentes que la recurrente señala como nombre, rut, u otros datos identificatorios aparecen únicamente en el extracto de una diligencia policial relacionada con la búsqueda del deudor, extracto del documento que forma parte del contexto de la publicación.

Indica que la recurrente pretende transformar una controversia derivada de una causa judicial vigente en una supuesta vulneración constitucional, omitiendo el contexto que dio origen a la publicación y la legitima preocupación existente por el incumplimiento persistente de obligaciones alimentarias respecto de niños beneficiarios de una pensión decretada judicialmente.

Refiere que La situación que da origen a los hechos debatidos no puede analizarse prescindiendo del contexto en que se desarrolló, esto es, una causa de alimentos destinada a resguardar derechos de niños beneficiados de una pensión de alimentos reconocida juridicialmente. La ley Nº14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias establece diversos mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, precisamente por la especial protección que el ordenamiento jurídico reconoce a los derechos de los alimentarios. En dicho contexto, las diligencias de búsqueda, apremios y ubicación del deudor revisten especial importancia para la ejecución de las resoluciones vigentes. Por ello, cualquier antecedente relacionado con el paradero del deudor resulta relevante para el cumplimiento de las decisiones judiciales dictadas en beneficio de los alimentarios.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en publicaciones por parte de la recurrida, a través de redes sociales, en virtud de las cuales se procedió a hacer públicos sus datos personales al referirse a una causa judicial de alimentos seguida en contra de su cónyuge.

CUARTO: Que, informó la recurrida, en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados, cabe destacar que la recurrente acompaña copia de la publicación en el grupo de Facebook denominada “una mañana en familia” la que señala: “en otro capítulo de: no vengo a funar, vengo a recordar, esta bien que quieras al hombre con quien te casaste, pero no obstruyas a la justicia y no ocultes el paradero, indicando que este individuo no vive en la casa conyugal donde habitan, para que la orden de arresto no sea efectiva. Los habitantes del sector la Foresta indican que nunca ha salido de ahí. nombre reservado PAGA LA PENSIÓN DE ALIMENTOS. Un deudor con mas de 40 pensiones impagas e indicando a la primera hija de 4 que tiene, que nunca le pagan los trabajos que realiza bajo el nombre de CALORMAG.”

Acompañándose la publicación con la fotografía del Sr nombre reservado y fotografía de documento que acredita diligencia de búsqueda por parte de la PDI donde se deja constancia del nombre de la recurrente, cedula de identidad y domicilio la que señala que el Sr. nombre reservado ya no reside en ese lugar.

SEXTO: Que, de este modo, la cuestión planteada dice relación con que si la aludida publicación se encuentra amparada dentro del derecho a la libertad de expresión que ostenta la recurrida; o si aquel debe ceder ante el derecho a la honra de la recurrente, que habría sido vulnerado, al permitir a terceros ajenos conocer sus datos personales (nombre, run y domicilio) y además comentar y compartir el contenido en la plataforma virtual.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, ante la eventual colisión de dos garantías constitucionales, como lo son el derecho a la honra y la libertad de expresión, se debe efectuar el correspondiente ejercicio de ponderación.

Así, se debe indicar que dentro del derecho a la honra reconocido en el N°4 del artículo 19 de la carta fundamental, se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre y la reputación social, esto es, la estima con la que cuenta una determinada persona en su medio. De esta manera, la expresión pública de determinados enunciados, en que se da cuenta de eventuales irregularidades o inconductas profesionales, pueden efectivamente erosionar el crédito social y profesional del eventual afectado.

Por su parte, en el artículo 19 N° 12 de nuestra Constitución Política, se asegura a todo individuo una amplia libertad para expresar opiniones e informar, sin censura previa y con responsabilidad por los eventuales abusos que cometa en su ejercicio.

OCTAVO: Que, en el presente caso, además se debe ponderar el contexto en el cual se origina esta publicación- deudas de pensiones alimenticias a favor de niños- siendo el acto una manifestación que guarda relación con el cumplimiento de relaciones jurídicas, más aún teniendo en cuenta que los antecedentes personales difundidos no lo son en la publicación misma si no que son los contenidos en una orden judicial, es por esto que los términos utilizados en la aludida declaración, no cabe estimarlos como un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, especialmente cuando, como ocurre en la especie, el contenido de las publicaciones dice relación con el incumplimiento de deberes parentales que inciden en el bienestar de niños. En tales circunstancias, el conflicto entre las garantías en tensión debe resolverse en favor de la libertad de expresión, que en este caso se asocia también a la tutela del interés superior del niño, valor reconocido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

NOVENO: Que, conforme a lo anterior, entendiendo que el actuar de la recurrida se amparó en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, corresponde desestimar la acción cautelar intentada a su respecto.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, ya individualizadas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Marcos Kusanovic Antinopai, por encontrarse haciendo uso de permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°256-2026. PROTECCIÓN.