nombre reservado con UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas, veintidós de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, estudiante, cédula de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, interpone acción constitucional de protección en contra de Universidad de Magallanes, representada legalmente por su nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la negativa a otorgar el respectivo Grado Académico de Licenciatura en Ciencias Jurídicas fundado en mantener una obligación correspondiente al Fondo Solidario de Crédito Universitario, solicitando se acoja la acción y se ordene a la recurrida la tramitación y entrega del Grado solicitado y de toda la documentación necesaria para dichos fines, dentro de décimo día o las medidas que esta Corte estime para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Refiere que ingresó a la Universidad de Magallanes el primer semestre de 2008, egresando de la Carrera de Derecho el segundo semestre de 2015. El 20 de abril del año en curso consultó vía correo electrónico a la Dirección de la Carrera cuales son los trámites para obtener el Grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas, en vista de haber concluido el trabajo de tesis, le respondió la Secretaria de Carrera solicitándole una serie de certificados, entre ellos uno que emite el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, informando el último que mantiene una deuda total de $41.892.535 de pesos, de los cuales $13.829.402 están en mora, proponiéndole que pague la suma de $1.500.000 para repactar la deuda, siendo esta la única forma que permite emitir el certificado necesario para la tramitación del grado. Al consultarle si la Universidad la demandaría ejecutivamente, le responde que no tienen intención ni recursos para obtener el pago compulsivo de las deudas.

Explica que se encuentra desempleada y sin posibilidad de contar con dicha suma de dinero, por lo que el pasado 09 de mayo, envió una solicitud a la Dirección de Carrera, a fin que se tramite el grado académico sin la necesidad de la presentación del mencionado certificado, en razón de no poder obtenerlos sin el pago de dichas deudas; el 11 de mayo del actual se le respondió por la doña nombre reservado, Directora de Carrera, que “su ámbito de acción se limita a lo académico” y que solo pueden consultar a Finanzas, negándose con ello, la tramitación requerida.

Considera que dicha negativa fundada en la existencia de una deuda pendiente configura un acto arbitrario e ilegal.

Precisa que corresponde al Administrador General del Fondo Solidario la cobranza del crédito de que es titular, según lo prescribe la Ley Nº 19.287 que modifica la Ley Nº 18.591 y establece normas sobre Fondos Solidarios, quien tiene las acciones ejecutivas que la ley le confiere y no corresponde que el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes se constituya en organismo de cobranza del mencionado fondo al supeditar la entrega y tramitación del Grado académico y la obtención de la Licenciatura a la solución o repactacion de esta deuda.

La arbitrariedad del acto se evidencia en que pese a cumplir los requisitos curriculares para la obtención del grado académico, esto es la aprobación de todos los ramos de la malla curricular y del examen de grado, manufacturación y entrega de un trabajo de tesis actualmente aprobado, se le niegue la tramitación de su petición en virtud de deudas, lo que nada tiene que ver con razones académicas.

La ilegalidad de la conducta deviene de la contravención de lo previsto en el artículo 3 de la Ley Nº 20.370, que regula el contrato de prestación de servicios Educacionales, establece los principios que inspiran el sistema educativo Chileno, se refieren, entre otros: “La Universalidad y Educación Permanente, en orden a que la educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda su vida; y la Equidad del Sistema, esto es, que el mismo debe propender a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo social”. Según establece el artículo 4 de la citada ley, la educación es un derecho de todas las personas y es deber del estado otorgar especial protección, lo cual va en concordancia con el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aplicable por el inciso final de artículo 5 de nuestra Constitución.

Los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Se conculca la igualdad ante la ley, pues se ha configurado una discriminación en relación a otros alumnos que en la misma situación si pueden obtener el grado, lo que configura un acto arbitrario (cita en apoyo de su pretensión un fallo de la Excma. Corte Suprema Rol 85.343-2020). Igualmente se infringe el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, pues pretende en forma unilateral y como medio de cobro de obligaciones, resolver un conflicto económico que debió someterse a la decisión de los tribunales ordinarios de justicia; en otras palabras, la recurrida pretende hacer justicia por mano propia al ponerla en la situación de tener que pagar una deuda, fuera del proceso legal que indica la ley; toda vez que no ha sido notificada judicialmente por la recurrida para pago alguno, buscando por dicha vía forzar un pago, bajo pretexto de que es un requisito para obtener un grado académico. Se afecta su derecho de propiedad por cuanto se ha visto privada de obtener su grado académico, al cual tiene derecho por haber aprobado en el 100% de la malla curricular correspondiente a la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Se amaga su derecho a la libertad de trabajo, por cuanto se obstaculiza la obtención del grado, mermando su capacidad de obtener la justa retribución y poder cumplir en forma y tiempo con sus obligaciones pecuniarias.

Informa la recurrida Universidad de Magallanes, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, en todas sus partes, por improcedente, con expresa condenación en costas.

Explica que la recurrente, de acuerdo a sus registros, ingresó a la carrera de Derecho el año 2008, para, posteriormente, el año 2015 egresar. Durante 2018, se le autorizó una reincorporación como alumna memorista, según da cuenta Resolución Nº 65/FCEJ/2018 manteniéndose en dicha carrera hasta culminar con su proceso y posterior obtención de su grado académico. Agrega que mantiene una deuda por concepto de aranceles por esta carrera que asciende, al mes de junio de 2022, a la suma de $42.593.287.

Explica que de acuerdo a la normativa vigente relativa a la entrega de títulos profesionales y grados académicos, al pago de aranceles y matrícula de sus alumnos; se le comunicó oportunamente que era necesario, como parte de la tramitación de su título profesional o grado académico que debía solucionar su situación de deudas pendientes con la recurrida, informándole tanto la deuda como las posibilidades de pago que se le ofrecían, mediante comunicaciones electrónicas que la actora sostuvo con la unidad de Administración del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Magallanes.

Considera que lo anterior claramente no constituye un acto arbitrario ni ilegal sino que se funda en las normas legales y reglamentarias que rigen a la institución en materia sobre el otorgamiento de títulos profesionales y grados académicos, que le son plenamente aplicables a la recurrente, esto es, el Decreto N° 005/S.U./2019, de fecha 29 de marzo de 2019, que Oficializa Nuevo el Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, que en su Título VIII, regula “DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES Y FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS”, la Resolución N°003/SU/2012, de la Secretaría de la Universidad, de fecha 05.01.2012, que “OFICIALIZA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPEDIENTE DE TITULO O GRADO”, la Resolución N°077/SU/202 de fecha 27 de abril de 2020, que “OFICIALIZA PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE TRAMITACIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS EN FORMA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES”, y la Resolución Nº 7/VRAF/2022, “FIJA ARANCELES UNIVERSITARIOS” y las disposiciones de la Ley Nº 21.091 sobre Educación Superior.

Sostiene que la Universidad de Magallanes es una Institución de Educación Superior del Estado creada por Decreto con Fuerza de Ley Nº 35, cuyo Estatuto fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 154 de 1981 del Ministerio de Educación, y para el cumplimiento de sus objetivos se encuentra facultada para otorgar grados académicos, certificados, diplomas y títulos profesionales, extendiendo los instrumentos en que ellos consten. Asimismo, dicho artículo, en su numeral 6) agrega que, además, puede dictar las ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones conducentes a la buena marcha de la corporación. De acuerdo a la Ley Nº 21.094 goza de autonomía académica, administrativa y económica.

En cumplimiento de este mandato, la Universidad de Magallanes, se ha dotado de documentos que rigen los hechos materia de este informe, antes citados, los que establecen que para obtener el título técnico o profesional y/o grado correspondiente, los alumnos deberán cumplir con los requisitos administrativos que para estos efectos establece la universidad. Igualmente se ha establecido los documentos que deben presentar para dar inicio a la formación de un expediente de titulación, uno de los cuales es un certificado de la oficina de tesorería de no tener deudas pendientes con la Universidad, o tenerlas debidamente documentadas, y otro es el certificado de la administradora de fondo solidario, que acredite no tener deuda con dicho fondo, pudiendo, en todo caso, repactar dichas deudas. En este caso, la recurrente no ha cumplido con la obligación de pagar los aranceles para iniciar sus trámites de titulación.

La reglamentación indicada, se encuentra absolutamente acorde con las normas legales que rigen la educación superior en Chile, esto es, la Ley Nº 21.091, que en su artículo 55 letra e) permite a las instituciones de educación superior condicionar el otorgamiento de títulos al pago de aranceles previamente establecidos por la institución e informados al estudiante; por cuanto considera como infracción grave condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo.

Enfatiza que siendo ésta la situación que ocurre en la especie, la Universidad de Magallanes no exige de manera perentoria el pago del total de la deuda para la tramitación del título profesional o grado académico, sino que se llegue a un acuerdo de pago de aquella. Entre las partes se perfecciono un contrato de servicios educacionales, el cual fue ratificado por la recurrente al matricularse y cursar las asignaturas correspondientes a la carrera de Derecho. En dicha relación contractual, solamente su representada cumplió, en forma completa, con su obligación de prestar el servicio educacional contratado, por lo que entiende que la recurrente dada su calidad de incumplidor, no está habilitado para exigir la entrega del título profesional respectivo, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 1552 del Código Civil, por lo que no hay arbitrariedad ni ilegalidad como afirma la recurrente.

Niega haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, dejando establecido que el otorgamiento de un título y/o grado profesional por parte de la Universidad recurrida, constituye la culminación de un proceso administrativo formal reglamentado por la Resolución Nº 003/SU/2012 de fecha 05 de enero de 2012 y que se inicia precisamente con la solicitud que el estudiante hace en la oficina correspondiente de la Dirección de Admisión y Registro Académico, la cual lógicamente tiene como uno de sus antecedentes el cumplimiento de todos los requisitos académicos exigidos en la correspondiente malla curricular del programa o carrera de que se trate, pero que ciertamente no es el único. A todos los estudiantes de la Universidad se la aplica la misma reglamentación, por lo que mal podría la situación planteada por el recurrente constituir una discriminación en su contra que vulnere su derecho de igualdad ante la ley.

Es un error señalar que se le estaría sancionando por aplicar su reglamentación vigente, no existe juzgamiento, ni autotutela, se han limitado a aplicar la normativa interna, la cual era conocida sobradamente por la recurrente cuando fue alumna de la carrera de Derecho. Tampoco advierte la conculcación a su libertad de trabajo y su protección en los términos que establece el artículo 20° de la Carta Magna, puesto que lo reclamado en el arbitrio no impide de manera alguna la libre contratación y la libre elección del trabajo.

Por último tampoco vislumbra de qué manera la recurrente ha incorporado en su patrimonio el derecho al Grado Académico de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y que por lo tanto la Universidad al no entregárselo esté atentando en contra de su derecho de propiedad, aun considerando el derecho de la recurrente como un bien incorporal, dicho derecho sólo podría provenir del contrato de prestación de servicios educacionales habido con mi representada, por lo que sólo podría exigirlo en la medida cumpla o al menos se allane a cumplir por su parte las obligaciones que para él emanan de dicha relación contractual, lo cual no ha ocurrido, según se aprecia de su presentación.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho vulneratorio que la actora califica de ilegal y arbitrario, lo hace consistir en la decisión de la recurrida de condicionar la entrega del grado académico de licenciado en ciencias jurídicas, carrera que cursó en dicha institución educacional a partir de 2008, al pago de una deuda de arancel ante el Fondo Solidario de Crédito Universitario, pese a cumplir con la totalidad de los requisitos curriculares necesarios para su obtención.

TERCERO: Que, a su turno, la recurrida, insta por el rechazo del recurso, fundado en que su actuar se encuentra ajustado a la legislación y normativa reglamentaria vigente, la cual le habilita para supeditar el otorgamiento del grado académico solicitado, únicamente, al pago del arancel adeudado, según lo permite el artículo 55 letra e) de la Ley 21.091, en relación con la Resolución Nº 003/SU/2012 de fecha 05 de enero de 2012.

CUARTO: Que, son hechos no controvertidos en el proceso que la recurrente con fecha 30 de marzo de 2022, ha completado los requisitos académicos para solicitar el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, carrera cursada en la Universidad de Magallanes, y mantiene una deuda vigente con la recurrida por concepto de aranceles universitarios.

QUINTO: Que, el contrato de prestación de servicios educacionales se encuentra regulado por la Ley N° 20.370 Ley General de Educación, cuyo artículo 3º, inciso primero, dispone que: “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”. A su turno, el artículo 4º señala que: “La educación es un derecho de todas las personas”, lo cual guarda armonía con el derecho fundamental a la educación garantizado en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, conforme a lo expresado y como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema la recurrente tiene el derecho a completar su proceso de titulación –pese a la existencia de una deuda por concepto de arancel- por cuanto el derecho a la educación considera la etapa de titulación universitaria.

SEPTIMO: Que, no obsta a la conclusión anterior, la circunstancia que el aludido condicionamiento se encuentre establecido en la Resolución Nº 003/SU/2012 de fecha 05 de enero de 2012, que oficializa procedimiento administrativo de expedientes de título o grado de la Universidad recurrida, toda vez que dicho reglamento posee una jerarquía normativa inferior a la citada Ley Nº 20.370 y, más importante aún, a la Carta Fundamental, razón por la cual en la especie deben prevalecer estos últimos; de lo cual resulta forzoso concluir que la decisión de la entidad recurrida deviene en ilegal.

Refuerza tal conclusión la circunstancia que el ordenamiento jurídico contempla acciones a fin que la recurrida pueda hacer valer sus derechos en la instancia judicial correspondiente, para el pago íntegro del arancel pactado con la recurrente.

OCTAVO: Que, el actuar que se ha constatado como ilegal afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha dado a la recurrente un trato diferente frente a otros estudiantes que se encuentran en la misma condición de egresados, impidiéndole ilegítimamente completar su proceso de titulación por motivos extra académicos; debiendo esta Corte adoptar las medidas pertinentes para brindar la protección reclamada para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, estudiante en contra de Universidad de Magallanes, todos ya individualizados, y en su mérito la recurrida deberá permitir a la actora completar su proceso de titulación, siempre que reúna los requisitos correspondientes, no pudiendo condicionar la titulación al pago o garantía de obligación alguna, en particular, por concepto de deuda por arancel.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N° 2521-2022. PROTECCIÓN.