Protección contra Caja de Previsión de la Defensa Nacional

Punta Arenas, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, Ex Sargento Segundo del Ejército de Chile, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en fijar para el día 14 de abril de 2027 el pago del beneficio de desahucio que legalmente le corresponde, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que sirvió por largos años al Ejército de Chile, cumpliendo fielmente las funciones que le fueron encomendadas por la institución y por el Estado, desarrollando una carrera funcionaria caracterizada por la disciplina, el compromiso y la permanente disponibilidad para el servicio.

Alega que mediante Resolución RES.SS.FF.AA.DAI.DEPTO.PREV.SOC. NUM000, de fecha 1 de febrero de 2026, dictada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se materializó el acto administrativo que le permitió acceder a los beneficios previsionales correspondientes a su retiro, habiendo realizado con anterioridad todas las actuaciones administrativas requeridas para la correcta tramitación de su expediente previsional.

Afirma que el 19 de mayo de 2026 concurrió personalmente a dependencias de CAPREDENA en la ciudad de Punta Arenas con el propósito de conocer el estado de tramitación de sus beneficios previsionales y las fechas en que se harían efectivos los pagos, oportunidad en que se le informó que la pensión comenzaría a pagarse a contar del mes de junio de 2026, mientras que el desahucio recién sería enterado con fecha 14 de abril de 2027.

Expone que dicha determinación implica que deberá esperar más de dos años desde la fecha de su retiro efectivo, habiendo permanecido ya trece meses sin percibir remuneraciones, situación que ha afectado severamente su estabilidad económica y la de su grupo familiar.

Menciona que la actuación de la recurrida constituye un acto manifiestamente arbitrario, toda vez que no existe una fundamentación objetiva, razonable y suficiente que permita justificar una demora de tal magnitud, sin que CAPREDENA haya proporcionado explicación alguna respecto de las razones jurídicas o presupuestarias que la justifiquen. Agrega que la actuación impugnada resulta igualmente ilegal por infringir los principios rectores del procedimiento administrativo consagrados en la Ley N°19.880, en particular los principios de celeridad, eficiencia, economía procedimental y conclusividad.

Refiere que la conducta de la recurrida vulnera la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, pues el caso del Suboficial Mayor de Ejército nombre reservado, quien encontrándose en una situación previsional comparable, obtuvo el pago de su desahucio apenas tres meses después de comenzar a percibir su pensión de retiro, demuestra que CAPREDENA sí posee capacidad administrativa para efectuar estos pagos en plazos considerablemente menores, sin que exista explicación objetiva para la diferencia de trato.

Sostiene que se encuentra igualmente afectado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24) de la Constitución, por cuanto postergar por más de dos años el pago de un beneficio ya reconocido administrativamente implica privar al actor de la posibilidad de utilizarlos para satisfacer necesidades básicas y enfrentar el período de transición entre la vida activa y el retiro. Finalmente alega vulneración a la garantía del artículo 19 N°1) relativa al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues permanecer durante más de trece meses sin remuneraciones y enfrentar la incertidumbre de esperar más de dos años para recibir un beneficio previsional legalmente reconocido constituye una situación objetivamente apta para generar afectaciones emocionales y psicológicas significativas, contrariando la finalidad alimentaria y asistencial que el sistema previsional está llamado a cumplir.

Por lo expuesto solicita que se declare ilegal y arbitraria la actuación de CAPREDENA y se ordene el pago inmediato del beneficio de desahucio que legítimamente le corresponde, con costas.

Informa el recurso el Fiscal de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, abogado, en representación de CAPREDENA, pidiendo que se rechace el recurso.

Afirma que el procedimiento para el otorgamiento de la pensión de retiro y del desahucio se inicia en la propia institución donde el recurrente prestaba sus servicios, siendo las solicitudes canalizadas a través de la División o Departamento de Personas del Ejército de Chile para su derivación y posterior tramitación ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, entidad que realiza el cálculo de la pensión y del desahucio y los concede mediante el acto administrativo correspondiente, sin que CAPREDENA intervenga en modo alguno en la generación de dicha resolución.

Aduce que de acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 1° del DFL N°31, de 1953, orgánica de CAPREDENA, sólo le corresponde "Pagar las pensiones y demás asignaciones que se decreten en conformidad a las leyes en favor del personal sometido a su régimen".

Agrega que en ese contexto, mediante la Resolución NUM000, de 2 de febrero de 2026, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas concedió al recurrente una pensión de retiro de $612.897 y una indemnización de desahucio de $15.013.803, resolución que llegó a conocimiento de CAPREDENA el 4 de febrero de 2026.

Afirma que ingresada la resolución que concede el desahucio, CAPREDENA la incorporó al sistema de pagos en estricto orden de prelación conforme a la fecha de ingreso y en función de los recursos financieros disponibles, sistema que se ha definido como un modo de respetar adecuadamente lo establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política respecto de los restantes pensionados que se encuentran a la espera de recibir el pago del beneficio con una antigüedad de ingreso mayor a la del actor y que el pago se programó para el 14 de abril de 2027, por lo que intentar percibir un pago antes de esa fecha implica romper el orden establecido de tramitación.

Sostiene que la normativa que regula el otorgamiento de los beneficios previsionales al personal en retiro de las Fuerzas Armadas no contempla un plazo mínimo que deba respetar CAPREDENA para materializar el pago del desahucio, añadiendo que los artículos 586 y 587 del Decreto N°204, de 1969, del Ministerio de Defensa Nacional, disponen que las resoluciones que conceden el desahucio de las Fuerzas Armadas serán cumplidas por CAPREDENA en el orden de su fecha.

Refuerza lo anterior con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°19.880, que obliga a guardar el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza.

Añade que CAPREDENA, para gestionar el pago de los beneficios previsionales, entre ellos el desahucio, depende de la asignación de recursos que son transferidos desde el Ministerio de Hacienda, a través de la División de Presupuestos, cartera ministerial a la cual se ha solicitado la asignación de recursos para satisfacción del desahucio de un importante número de pensionados, entre los cuales se encuentra el actor, personas todas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. Luego cita jurisprudencia administrativa y judicial sobre la materia.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales señalada por el recurrente y refiere que el caso del Suboficial Mayor nombre reservado, invocado por el recurrente para acreditar un trato discriminatorio, constituyó una circunstancia excepcional derivada de aportes extraordinarios efectuados por la División de Presupuestos durante octubre de 2024, que permitió disminuir significativamente las listas de espera, situación que no resulta comparable con las condiciones presupuestarias y operativas vigentes en la actualidad, por lo que no existió tratamiento preferente ni arbitrario.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por haber dispuesto el pago del desahucio del actor para el 14 de abril de 2027, sin fundamentar tan extensa dilación, alegando vulneración a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene el pago inmediato del desahucio correspondiente.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo de la controversia, cabe examinar si la actuación de CAPREDENA consistente en programar el pago del desahucio del recurrente para el 14 de abril de 2027 puede calificarse de ilegal o arbitraria en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, teniendo presente que a través de la Resolución de 2 de febrero de 2026, se concedió la pensión de retiro y otros beneficios al recurrente.

SEXTO: Que, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es administrado por la Caja de Prevision de la Defensa Nacional ́(CAPREDENA), institución que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del DFL N°31 del Ministerio de Defensa Nacional, es una institución autónoma con personalidad jurídica, sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, cuyas funciones principales son las siguientes: a) Pagar las pensiones y demás asignaciones que se decreten en conformidad a las leyes en favor del personal sometido a su régimen; b) Formar un capital de reserva para atender el pago total de las pensiones y beneficios que establecen las leyes; c) Otorgar los beneficios que contempla esta ley; d) Atender los servicios y operaciones que consulten las leyes y los que en el futuro se creen por el Consejo Directivo con aprobación del Presidente de la República.

SEPTIMO: Que, por otra parte, según la Ley N° 10.336, la Institución Previsional se encuentra subordinada al control de legalidad de la Contraloría General de la Republica, cuyos dictámenes, y en particular, el citado por la recurrida e incorporados en autos, NUM001 de fecha: 15-9-2023, ha señalado que “Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 61 de la ley Nº 18.948 -Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas- establece, en lo que interesa, que el régimen de previsión y de seguridad social del personal de planta de las Fuerzas Armadas es autónomo y comprende, entre otros, los beneficios de pensión de retiro, montepío y desahucio.

En ese contexto, los artículos 65 y 89 de la precitada ley disponen que los referidos estipendios se considerarán fijados en forma definitiva e irrevocable por la resolución que los concede, añadiendo que el personal que se retire con derecho a pensión percibirá una suma global a título de desahucio, el que será calculado en la forma que se indica.

A su vez, el artículo 190 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, vigente en virtud del artículo final del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del mismo origen -este último, actual Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas-, prevé que las pensiones de retiro se abonarán desde la fecha del cese que, por el sueldo de actividad, expedirá la respectiva oficina pagadora.

El inciso primero del artículo 210 de ese texto normativo indica que el desahucio se tramitará de la misma manera que el otorgamiento de las pensiones.

Por su parte, los artículos 206 y 208 del aludido decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, disponen que el personal regido por ese Estatuto solo podrá percibir el sueldo y demás remuneraciones hasta la fecha del cese del sueldo de actividad, el que, en el caso de quienes obtienen retiro con derecho a pensión, se expedirá después de dictada la resolución que fija la pensión de retiro o dentro del plazo máximo de noventa días.

Los artículos 586 y 587 del antes anotado decreto Nº 204, de 1969, del Ministerio de Defensa Nacional, preceptúan que las resoluciones que conceden desahucio serán cumplidas por CAPREDENA en el orden de su fecha y que, si a varios beneficiarios se les otorgara el desahucio en una misma fecha, el orden para el pago respectivo estará determinado por el número de la resolución que concedió tal beneficio, añadiendo que si en la cuenta Fondos de Desahucio no existieran disponibilidades para cumplir ese acto, aquel será pagado en el momento mismo en que se contabilicen fondos en el orden indicado.”

Al respecto concluye: “Como puede advertirse, las normas relativas al régimen de previsión y de seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas no contemplan un plazo perentorio para tramitar los beneficios de pensión de retiro y de desahucio. Sin embargo y tal como se ha establecido, entre otros, en los dictámenes Nºs. NUM002 y NUM003, ambos de 2015, y 38.616, de 2016, ello no obsta a que las entidades intervinientes arbitren las medidas que sean necesarias para evitar que estos se otorguen en un plazo superior a los noventa días hábiles siguientes, contado desde la fecha de retiro del respectivo funcionario o después de dictada la resolución que le confiera la jubilación.

Ahora bien, respecto del desahucio, se advierte que CAPREDENA debe pagarlo con la prelación establecida por la norma y cuando tenga disponibles recursos para ello. En consecuencia, no basta con la resolución que otorga ese desahucio y fija su monto, sino que CAPREDENA debe esperar a tener recursos disponibles para cubrir ese pago (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nºs. 8.061, de 1992, y 4.000, de 1995).”

OCTAVO: Que, por lo razonado, el presente recurso de protección no podrá prosperar, toda vez que no se ha acreditado suficientemente que CAPREDENA haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario, pues su actuación se ha ajustado al ordenamiento jurídico que rige la materia en discusión, donde no se establece plazo alguno para el pago del beneficio de desahucio reclamado por el recurrente, supeditando su solución a la existencia de recursos disponibles y al estricto orden de prelación aplicable a todos los beneficiarios en igual situación.

NOVENO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, por lo que posible concluir que en la especie no se ha acreditado la concurrencia del requisito contenido en la letra b) del considerando segundo, por lo que el recurso interpuesto deberá ser desestimado, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja De Previsión de la Defensa Nacional, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por el Ministro Marcos Kusanovic, quien no firma por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°251-2026 PROTECCIÓN.