Protección contra Dirección Regional del Trabajo

Punta Arenas, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, al mando del Capitán de Fragata, nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, del Departamento Social de la Intendencia de la Región de Magallanes, cuya Directora es nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y “de cualquier autoridad u organismo público que tenga responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales”.

Indica que los hechos arbitrarios e ilegales se iniciaron el día 02 de octubre, para concretarse el 31 de dicho mes, al borrársele de la base de datos que indica el reglamento sobre trabajo portuario, la cantidad de 38 trabajadores portuarios eventuales, entre los que se encuentra.

Expresa, que alegó de esta situación ante la SEREMI del Trabajo, quien le manifestó que tenía conocimiento del asunto, pero carecía de atribuciones, debiendo recurrir al Departamento Social de la Intendencia.

Agrega que a través de su cónyuge realizó las gestiones en dicho Departamento, en donde le informaron que todos los trabajadores portuarios eventuales que hubiesen recibido pensión de gracia quedarían excluidos del trabajo portuario, en atención a un acuerdo suscrito entre el Gobierno y CONTRAPORCHI/COMACH.

Por ello, realizó consultas en la Dirección Regional del Trabajo y la Capitanía de Puerto, quienes expresaron no tener atribuciones en la materia.

Indica que de materializarse el acto reclamado, perdería su calidad de cotizante en la Ex Caja TRIOMAR, ya que, para permanecer en ella, es requisito esencial el cotizar en el desempeño laboral del medio marítimo-portuario. Agrega que padece de cáncer a la próstata, debiendo costear a través de FONASA las secuelas de la radioterapia.

El haberlo privado de su calidad de trabajador portuario eventual, le conllevaría la pérdida de 40 años de cotizaciones, el acogerse al régimen establecido por la ley de trabajos pesados y la pérdida de la posibilidad de ser contratado.

Este acto amenaza gravemente el derecho a la libertad de trabajo, y a la protección de la salud y la seguridad social. Solicita en definitiva que la Corte adopte las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección.

Evacua informe nombre reservado, Capitán de Puerto de Punta Arenas, solicitando que se rechace el recurso.

Expresa que la acción de protección, impone como requisito de procedencia que por un acto u omisión ilegal o arbitraria se perturbe prive o amenace los derechos que dicho recurso protege. En la especie se le imputa, el haber actuado ilegalmente al impedir al recurrente el ingreso a recintos portuarios, lo cual, no es efectivo. Además, el acto imputado se ajusta a la ley.

Informa que el actor, es uno de los beneficiarios del Acuerdo suscrito entre el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Sindicato de trabajadores al cual pertenece.

En virtud de este acuerdo, se le concedió al actor una pensión de gracia, de dos ingresos mínimos mensuales. En dicho acuerdo, celebrado el 19 de diciembre de 2012, se indica que aquellos trabajadores beneficiados por la pensión “…entregarán su credencial portuaria y se eliminará su nombre de la Base de Datos de Trabajadores Portuarios de la Directemar…”. Expone que nombre reservado, dirigente de los trabajadores portuarios de Punta Arenas, formuló una declaración jurada en donde expresó que los trabajadores del listado adjunto (en donde se encontraba el recurrente), efectuarán retiro programado de su labor portuaria del citado puerto.

En su oportunidad, se comunicó al Director General que se había suscrito un acuerdo marco entre las Autoridades de Gobierno y los Dirigentes de la Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria, donde se estableció una red de Protección Social para los trabajadores que fueran desplazados a consecuencia de la puesta en marcha del nuevo sistema de operación portuaria, la cual consistía en el otorgamiento de pensiones de gracia y programas de generación de alternativas laborales. Este documento contenía la orden del Subsecretario de Transportes al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de registrar, en las bases de datos, los antecedentes de los beneficiarios de la Red de Protección Social a fin de no permitir su ingreso al puerto o no se les conceda permiso de seguridad en faenas portuarias.

Asimismo, se indicaba en dicho acuerdo, que “…de conformidad a lo concordado con los representantes de la Coordinadora, este beneficio es incompatible con cualquier estipendio que pudiere percibir por el desempeño de labores portuarias, y supone la desvinculación definitiva del beneficiario del sector…”.

En consecuencia, y cumpliendo lo establecido en los documentos mencionados, el nombre reservado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 04 de noviembre del presente año, solicitó el bloqueo definitivo del registro de Directemar, de 38 Trabajadores Portuarios y en definitiva eliminarlos del registro, entre los cuales, se incluye el actor, en consecuencia, la Autoridad Marítima, cumplió la orden de la Autoridad Superior, correspondiente al Ministerio del Interior, por lo que su actuar no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario.

En cuanto a la normativa, luego de reseñar la regulación del organismo, expresa que el artículo 133 del Código del Trabajo dispone que el ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la Autoridad Marítima, la cual, por razones fundadas de orden y seguridad, podrá impedir el acceso a cualquier persona, de manera tal, que la regla general dispone que la Autoridad Marítima controla el acceso a los puertos; y, dentro de ese control ha cumplido con la orden administrativa del Ministerio, que ordena bloquear del registro respectivo, al recurrente y 37 trabajadores más, y no permitirles el ingreso a puerto e impedir que se les otorgue el permiso portuario.

En consecuencia, siendo la ley, la que le ha encargado el control del acceso a los recintos portuarios y ejerciendo tal facultad y cumpliendo una instrucción administrativa del Ministerio del Interior, bloqueó y eliminó de la base de datos referida, sin ponderar, la legalidad, oportunidad o conveniencia de dicha orden, ni si efectivamente los afectados fueron agregados en los listados, ni si efectivamente ingresaron al Programa de Microempresas o si fueron agregados a dichas listas por error.

Por ello, su actuar, se ha ajustado estrictamente a la ley, por lo que éste no puede ser calificado como ilegal o arbitrario, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Informa en segundo lugar, Viviana Ampuero Santana, Abogado de la Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Expone que de la sola lectura de la acción, no existe acto u omisión que se le pueda imputar a su representada, por cuanto, la Dirección del Trabajo no puede arbitrar medidas, respecto de un acto administrativo que no dictó.

Asimismo, de los antecedentes aportados por el recurrente, se desprende que la determinación de borrarlos de los registro de datos que lleva la Autoridad Marítima del Sistema de Control de la Normativa Laboral Portuaria, como trabajadores portuarios eventuales, obedece a que dichos trabajadores son asignatarios de una pensión de gracia, lo cual emanaría de una instrucción dada por el Ministerio del Interior, en circunstancia que la Autoridad Marítima es la encargada de velar por el control y acceso a los puertos.

Además, la obtención de una pensión de gracia no es un beneficio autoimpuesto, ya que para ser beneficiario se deben cumplir una serie de requisitos los cuales deben acreditarse. En consecuencia, obedece a un acto voluntario del trabajador, el cual, estando en conocimiento de lo que implica, accede al beneficio, por ello, no puede alegar desconocimiento de los efectos de obtener la pensión de gracia, en circunstancias que es Secretario del Sindicato de Trabajadores Transitorios de Estivas y Desestibas y Otros desde el año 1998; y que dicho Sindicato se encuentra afiliado a la Federación Marítima Portuaria de Sindicatos Transitorio o Eventuales y Anexos de la XII Región, desde el año 2000.

En cuanto a la normativa aplicable referente a las Pensiones de Gracia, expresa que la ley 18.056, establece normas generales sobre su otorgamiento por el Presidente de la Republica, y en virtud, de esta facultad, mediante Decreto Supremo N° 2024 de 28 de diciembre de 2017, se otorgó este beneficio al recurrente. Esta facultad se viene ejerciendo desde el año 2000, a raíz de protocolos o acuerdo entre dicho sector y el gobierno, que constan en diversos Decretos Supremos.

Así, en cumplimiento de la diferente normativa, y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los Trabajadores, se estableció que una vez que el beneficiario haya percibido el primer pago asociado a las pensiones de gracia, entregará la credencial portuaria y se eliminará su nombre de la base de datos de trabajadores portuarios de la DIRECTEMAR. Agrega el acuerdo, que el trabajador que perciba remuneraciones derivados de trabajo portuario que requiera credencial Certificado de Seguridad para Trabajadores Portuarios, con posterioridad al inicio del pago de la pensión de gracia, ésta última se extinguirá y no podrá volver a postular a la misma.

También hace referencia a lo establecido en el artículo 133 del Código del Trabajo, y en cuanto a las facultades de la Institución que representa, explica que la normativa dispone que “La Dirección del Trabajo coordinará con la autoridad marítima un Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria, destinado a controlar el acceso y permanencia de los trabajadores a que se refiere este párrafo a los recintos portuarios, velando porque la prestación de los servicios que realicen se efectúe de manera segura y lo sea en virtud de alguna de las modalidades contractuales previstas en el inciso segundo del artículo anterior”. Así, la labor de coordinación y reglamentación del sistema con la Autoridad Marítima a través de la DIRECTEMAR, tiene como principal objetivo controlar el acceso, permanencia y descanso de todos los trabajadores portuarios que desarrollen labores dentro del recinto portuario, cuidando que las faenas que se desarrollen al interior de los puertos se realicen de manera segura.

Asimismo, le corresponde fiscalizar la observancia y respeto a las reglas especiales establecidas en el artículo 137 del Código del Trabajo, en particular la contenida en la letra a), que dispone que el contrato de trabajo de los trabajadores portuarios eventuales, deberá ser pactado por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima.

Concluye su informe, señalando que no existe ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que se le pueda atribuir ya que no hay, un ordinario, resolución, oficio, o acto administrativo que pueda ser calificado así, tampoco ha existido una omisión, ya que sólo se limitaron a señalar que no tenían competencia sobre dicha materia; argumenta que el derecho a la seguridad social no se encuentra amparado por esta acción cautelar, y en cuanto al derecho a la protección de salud, éste encuentra amparo sólo en el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea público o privado; por último, en cuanto a la libertad de trabajo, ésta se encuentra protegida respecto a libre elección y libre contratación, y respecto a esta garantía no se vislumbra afectación, porque para poder ejercer como trabajador portuario se deben cumplir una serie de requisitos, los cuales conforme a la nueva situación del recurrente no cumpliría, ya que no se encuentra en los registros y no se le renovó o renovará su credencial que permite su acceso al puerto, en virtud de lo cual, no puede trabajar como tal. De esta manera, no puede existir vulneración a una garantía fundamental, si la propia ley establece requisitos para acceder a determinado trabajo y estos no concurren en la especie, con lo cual también se cae una eventual discriminación, en tal sentido.

Concretamente, pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos, declarando que, no existe una acción u omisión arbitraria ni ilegal, ni se ha vulnerado la garantía por parte de la Dirección del Trabajo, con costas.

Informa el recurso, el Sr. Intendente Regional de Magallanes y la nombre reservado.

Plantea que carece de atribuciones para actuar en la problemática reclamada por el actor, por cuanto la pensión de gracia es un beneficio otorgado por el Presidente de la República, quien es asesorado por una Comisión especial, por lo que el Departamento Social de la Intendencia, lo único que hace es servir de nexo entre los postulantes y la unidad de pensiones de gracia, únicamente remitiendo informes al Ministerio del Interior.

En cuanto a las pensiones de los trabajadores portuarios, manifiesta que aquellas se comenzaron a entregar el año 2011, estableciéndose requisitos de postulación, plazos y consecuencias de las mismas, en donde se incluye la obligación de entrega de la credencial portuaria y eliminación del nombre de la base de datos de trabajadores portuarios de la DIRECTEMAR.

Producto de la revisión del otorgamiento de las pensiones, se advirtió que existían 53 trabajadores portuarios cobrando pensión, con credencial vigente y en uso, determinándose a través de un acuerdo con los dirigentes de la Federación Portuaria de Punta Arenas, el retiro el día 31 de octubre de 2019.

Por lo anterior, su actuar se enmarca dentro del acuerdo celebrado y las normas legales que lo rigen, y siendo así, solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho que el recurrente estima como arbitrario e ilegal lo hace consistir en que el día 2 de octubre de 2019 y 31 del mismo mes, se procedió a borrar de la base de datos que indica el reglamento sobre trabajo portuario, la cantidad de 38 trabajadores portuarios eventuales, entre los que se encuentra. Que a través de su cónyuge realizó gestiones en el Departamento Social de la Intendencia, en donde le informaron que todos los trabajadores portuarios eventuales que hubiesen recibido pensión de gracia, quedarían excluidos del trabajo portuario, en atención a un acuerdo suscrito entre el Gobierno y CONTRAPORCHI/COMACH. Que de materializarse el acto reclamado, perdería su calidad de cotizante en la ex Caja TRIOMAR, ya que para permanecer en ella es requisito esencial el cotizar en el desempeño laboral del medio marítimo-portuario; que padece de cáncer a la próstata, debiendo costear a través de Fonasa las secuelas de la radioterapia. Que al haberlo privado de su calidad de trabajador portuario eventual, le conllevaría la pérdida de 40 años de cotización, el acogerse al régimen establecido por la ley de trabajos pesados y la perdida de la posibilidad de ser contratado TERCERO: Que las partes recurridas, evacuan sus correspondientes informes al tenor de lo consignado en lo expositivo del fallo.

CUARTO: Que son hechos establecidos en estos autos los siguientes:

a) Que el recurrente nombre reservado es director del Sindicato de Trabajadores Transitorios de Estibas-Desestibas y otros según consta de certificado N°1201/2019/232.

b) Que con fecha 28 de diciembre de 2017 mediante Decreto supremo N°2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se concedió a nombre reservado una pensión de gracia equivalente a 2 ingresos mínimos no remuneracionales.

c) Que entre el Gobierno y los Trabajadores nombre reservado Y COMACH se celebró un acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2012 destinado a precisar las condiciones para efectuar los llamados al programa de generación de pensiones de gracia aplicables a trabajadores portuarios, estableciéndose en su numeral 4 lo siguiente: “Extinción de los beneficios: una vez que el beneficiario haya percibido el primer pago asociado a las pensiones de gracia que conforme a este acuerdo se establecen, entregará la credencial portuaria y se eliminará su nombre de la Base De Datos De Trabajadores Portuarios de la DIRECTEMAR. Es por lo anterior que el trabajador que perciba remuneraciones, derivados de trabajo portuario que requiera credencial Certificado de Seguridad Para Trabajadores Portuarios con posterioridad al inicio del pago de la pensión de gracia, esta última se extinguirá y no podrá volver a postular a la misma.”

d) Que mediante correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2019, nombre reservado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ordena a la DIRECTEMAR el bloqueo definitivo de sus registros de 38 trabajadores Portuarios entre los que se encuentra don nombre reservado.

QUINTO: Que en primer término se hace necesario revisar la legislación aplicable en la especie.

El artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley 292 que Aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General Del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Artículo 3° Corresponde a la Dirección: LEY 18011 Art 6° a) Velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar, controlando el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales sobre estas materias: atender la señalización de las costas y rutas marítimas en el litoral de la República; y atender las telecomunicaciones marítimas de la Marina Mercante; b) Velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional, como asimismo, por el estudio de la organización y desarrollo del transporte marítimo, fluvial y lacustre; c) Controlar y fiscalizar el material de las naves y artefactos navales para asegurar su eficiencia y las condiciones de navegalidad de ellas; d) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la parte técnica y profesional de la Marina Mercante Nacional y de Pesca y Caza Marítima, de la Marina de Turismo y de los Deportes Náuticos, tanto en lo concerniente a su personal como a su material, comprendiendo en aquél a los empleados y obreros marítimos, fluviales y lacustres; e) Controlar y asegurar el mantenimiento del orden y la disciplina a bordo de las naves mercantes y especiales y de los artefactos navales; f) Juzgar y sancionar al personal de la Marina Mercante, al personal de naves especiales y, en general, al personal que trabaja en faenas que las leyes le encomiendan fiscalizar, por falta de carácter profesional o por faltas al orden, a la seguridad y a la disciplina; g) Multar a los infractores de las leyes y reglamentos vigentes y de los que se dicten concernientes a los servicios de la Marina Mercante Nacional; h) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad de las naves en los puertos de la República y de las faenas marítimas, fluviales y lacustres; i) Dictaminar en los sumarios administrativos que se sustancien sobre accidentes y siniestros marítimos, determinar las responsabilidades que correspondan en ellos y aplicar sanciones. Estas facultades se aplicarán respecto del personal de naves chilenas en lo relativo a la situación profesional y disciplinaria, sea que los hechos ocurran en Chile o en el extranjero. Respecto al personal de naves extranjeras sólo se aplicarán estas facultades si los hechos han acaecido dentro de la jurisdicción de la Dirección. Por decreto supremo se fijarán el procedimiento para sustanciar los sumarios administrativos y las sanciones y multas que corresponda aplicar al personal de las naves nacionales y extranjeras y, en general a quienes por cualquier causa sean responsables en accidentes y siniestros marítimos; j) La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no ejercerá su autoridad en los asuntos laborales cuya solución corresponde a los Tribunales de Justicia; k) Otorgar títulos, matrículas, licencias, permisos y libretas de embarques en conformidad a la ley l) Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. El Director y las Autoridades Marítimas y los demás funcionarios en quienes el Director o las Autoridades Marítimas deleguen tales facultades, podrán efectuar allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de sus funciones de Policía Marítima; m) Ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes con éstas en el mar, ríos y lagos; de las rocas, fondos de mar y porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lagos, y a lo largo de las costas del litoral y de las islas, cuyo control y fiscalización otorgan las leyes al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina; y n) Realizar la movilización de la Marina Mercante Nacional y/o tomar el control de los servicios marítimos cuando el Gobierno decrete un estado de emergencia nacional o internacional que amenace la seguridad de la República, con el objeto de mantener la eficiencia de los servicios marítimos nacionales.

Asimismo el artículo 32 manifiesta: “Los Capitanes de Puerto deberán como autoridad pública dar cumplimiento a todo mandato judicial y prestar la cooperación que soliciten los funcionarios públicos en cuanto se relacione al control y cumplimiento de las leyes que a dichos funcionarios les han sido encomendadas para su ejecución”.

Por otra parte el Título VI del Decreto Ley 222 de 1978, Ley de Navegación, dispone:

Art. 97. Corresponde a la Autoridad Marítima supervigilar el cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias y de las resoluciones administrativas que rijan o deban llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional.

La Autoridad Marítima velará también por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que deban ejecutarse en su zona jurisdiccional.

Las resoluciones o actuaciones administrativas que deban cumplirse o llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, se ejecutarán por intermedio o con asistencia de la Autoridad Marítima”.

A su turno el artículo 133 del Código del Trabajo señala: “Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios. Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El trabajador portuario, para desempeñar las funciones a que se refiere el inciso primero, deberá efectuar un curso básico de seguridad en faenas portuarias en un Organismo Técnico de Ejecución autorizado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el que deberá tener los requisitos y la duración que fije el reglamento. El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual, por razones fundadas de orden y seguridad, podrá impedir el acceso de cualquier persona. Sin perjuicio de las facultades a que se refiere el inciso anterior, las empresas concesionarias de frentes de atraque que administren terminales portuarios y las empresas de muellaje que operen en puertos privados deberán cumplir las obligaciones que le imponga el Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria, a que se refiere el artículo siguiente”.

SEXTO: Que es de parecer de los sentenciadores de mayoría, rechazar el recurso por cuanto la actuación del Capitán de Puerto de Punta Arenas Sr. nombre reservado no puede estimarse como ilegal puesto que la misma se ajustó a la legalidad vigente, puesto que como autoridad marítima actuó en el ejercicio de funciones que le son propias, tales como controlar el acceso a los puertos.

SEPTIMO: Que tampoco puede estimarse la actuación del referido Capitán de Puerto como arbitraria, antojadiza y carente de razonabilidad toda vez que la referida autoridad se limitó a cumplir una instrucción administrativa del Ministerio del Interior al bloquear y eliminar del registro respectivo al recurrente y a 37 trabajadores más y no permitirles el ingreso a puerto e impedir que se les otorgue el permiso portuario, sin que tuviese la posibilidad dentro del ámbito de su competencia de calificar ni ponderar la misma. Que también es dable consignar que el presente recurso de protección no se dedujo en contra de la autoridad del Ministerio del Interior de quien provenía la orden.

OCTAVO: Que igualmente, se procederá a rechazar el presente arbitrio constitucional dirigido en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes y nombre reservado y contra el Sr. Intendente Regional de Magallanes y nombre reservado por no provenir el supuesto acto arbitrario e ilegal de ninguno de estos recurridos, careciendo en consecuencia éstos de legitimidad pasiva.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección presentado por nombre reservado en contra de la Dirección Regional del Trabajo, representada por nombre reservado; de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, al mando del Capitán de Fragata, nombre reservado; del Departamento Social de la Intendencia de la Región de Magallanes, cuya Directora es nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Pinto, quien estuvo por acoger el presente recurso de protección por las siguientes razones:

1°. Que no hay ninguna incompatibilidad ya sea jurídica o material entre la pensión de gracia otorgada al recurrente y la calidad de trabajador portuario eventual. Desde luego, la normativa –citada en el voto de mayoría- no permite decantar en disposición alguna que establezca incompatibilidad de alguna clase. El recurrido Capitán de Puerto, se justifica solo en un impedimento por orden del Ministerio del Interior y éste se asilaría en el acuerdo marco, que no tiene rango legal, ni reglamentario.

2°. Que son hechos de la causa:

1) Se le concedió pensión de gracia el 24 de enero de 2014, por DS (Min. Interior) 207.

2) Aparece con pensión de gracia por DS. (Min. Interior) 2024 desde 26 de diciembre de 2017.

3) El actor se ha desempeñado como trabajador portuario eventual hasta el año 2019.

4) Ha recibido las prestaciones de seguridad social en tal calidad hasta el momento de ser bloqueado su ingreso al puerto.

3°, Que la realidad se impone con fuerza en este caso, para demostrar que desde el 24 de enero de 2014 y al menos desde el 26 de diciembre de 2017, ha habido perfecta compatibilidad entre la percepción de la pensión de gracia y la calidad de trabajador portuario que ha ejercido el recurrente. De su parte, es evidente su voluntad de trabajar así como la necesidad de hacerlo –desde luego la pensión de gracia por su cuantía no puede satisfacer sus múltiples de necesidades- y de parte de servicio portuario es obvio que no tuvo inconveniente en su ingreso al puerto a desempeñar su trabajo.

4°. Que no puede suponerse que dicha permisión obedezca a un descuido o una negligencia de la Capitanía de Puerto. Sino que ha existido una voluntad por parte de la autoridad política de facilitar al trabajador el desempeño de su actividad.

En efecto, el respeto a las consecuencias de los actos propios y pesa primeramente respecto la autoridad por lo que si ésta permitió el ingreso del trabajador antes y después de la percepción de la pensión de gracia, con mayor razón es esperable que el trabajador, quien tiene el derecho y la necesidad de trabajar, también entienda que dicha pensión no le generaba impedimento alguno.

5°. Que de acuerdo a la Ley 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, artículo 3, las autoridades, al servicio de la persona humana, deben actuar coordinadamente, en cumplimiento además de los demás principios declarados de su proceder, cuando más, en pro de los derechos de los administrados, de manera tal que la Intendencia, en su labor de intermediaria tuvo una injerencia que le permitía alguna intervención con el Ministerio del interior. Así mismo, la Dirección del trabajo, impuesta de los hechos en su oportunidad, tendría que haber actuado en su ámbito protector.

Al haber coartado un derecho preexistente que estaba en pleno ejercicio las recurridas han actuado de modo arbitrario, lo que ha ocasionado la vulneración de las garantías del artículo 19 N° 9, derecho a la protección de la salud, N° 16, de protección al trabajo y N° 18, a la seguridad social.

6°. Que, así, el recurso de protección se yergue como el mecanismo por el cual, el trabajador que ha sido coartado en un derecho preexistente del cual estaba en pleno ejercicio, puede obtener tutela y ser restituido al estado anterior al acto vulneratorio, que es lo que corresponde ordenar.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín y del voto en contra su autora.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 2505-2019.