nombre reservado con SERVICIO SALUD MAGALLANES

nombre reservado, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, Makarena García Dinamarca, abogada e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, funcionaria a contrata del Servicio de Salud Magallanes, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado en contra de la Contraloría Regional De Magallanes Y De La Antártica chilena, RUT N°RUT reservado, representada por el Contralor Regional don Jorge Beamin Rosas, domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado y el Servicio De Salud Magallanes, representado por su Director o quien lo subrogue o reemplace legalmente, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, por haber emitido, la primera, el Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, mediante el cual rechazó el reclamo administrativo interpuesto por la recurrente al amparo del artículo 160 del D.F.L. N°29/2004, validando el cobro de $4.307.044, más una multa equivalente a tres veces lo percibido y una inhabilidad de cinco años para volver a percibir la asignación contemplada en la Ley N°20.909 y la segunda, al haber dictado las Resolución Exenta N°942 de fecha 17 de febrero de 2026, que desestimó el recurso de reposición de la recurrente y mantuvo la orden de reintegro, multa e inhabilidad, lo que entiende vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°24, 2 y 16 de la Constitución Política de la Republica.

Refiere que doña nombre reservado es funcionaria a contrata del Servicio de Salud Magallanes desde el 28 de agosto de 2017, desempeñándose como nombre reservado con mención en Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre, Grado 15°, bajo el régimen del D.F.L. N°29/2004 (Estatuto Administrativo).

Agrega que el 13 de noviembre de 2023, la recurrente suscribió convenio de asignación por desempeño con dedicación exclusiva conforme a la Ley N°20.909, beneficio que le fue concedido mediante Resolución Exenta N°7.733, de fecha 29 de diciembre de 2023, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Durante el año 2024, la recurrente fue invitada a participar en el Proyecto Anillo ATE-220061, del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, consistente en un estudio científico sobre hemocultivos negativos que se ejecutaba en las dependencias del propio Hospital Clínico de Magallanes. La recurrente participó en dicha investigación creyendo de buena fe que su participación era compatible con su convenio de dedicación exclusiva, toda vez que el proyecto había sido autorizado por el propio Hospital y se desarrollaba dentro de sus instalaciones.

En ese contexto, dice que emitió la Boleta de Honorarios N°1, de fecha 21 de octubre de 2024, por $300.000, a nombre de la Universidad del Desarrollo. Sin embargo, al tomar conocimiento de que su participación en el proyecto podía ser incompatible con su convenio de dedicación exclusiva, por haber sido informada verbalmente de dicha incompatibilidad, procedió de inmediato y de absoluta buena fe, con fecha 13 de noviembre de 2025, a anular las boletas de honorarios emitidas ante el Servicio de Impuestos Internos (quedando en estado “ANULADA” con ingresos tributarios por $0) y a restituir íntegramente la totalidad de los fondos percibidos, equivalentes a $1.100.000.

Añade que sólo con posterioridad a dicha restitución y no antes, el Servicio de Salud Magallanes emitió el Reservado N°574, de fecha 25 de noviembre de 2025, comunicando formalmente la incompatibilidad.

Dice que con fecha 14 de enero de 2026, mediante Ordinario N°107, la Directora del Servicio de Salud Magallanes notificó a la recurrente del supuesto incumplimiento del convenio, ordenando el reintegro de $4.307.044 equivalente a la totalidad de la asignación anual percibida, más la multa equivalente a tres veces lo percibido e inhabilidad de cinco años para percibir nuevamente la asignación.

Menciona que se interpuso recurso de reposición ante el Servicio de Salud Magallanes, argumentando la ausencia de percepción efectiva de ingresos en razón de la anulación de las boletas y la restitución íntegra de los fondos antes de la notificación del cargo. Dicho recurso fue rechazado mediante Resolución Exenta N°942, de fecha 17 de febrero de 2026, suscrita por el Director Subrogante del Servicio de Salud Magallanes, señalando que el incumplimiento se consumó al momento de prestar los servicios y percibir transitoriamente los fondos, sin que la restitución posterior lo subsanara. Previamente, la Resolución Exenta N°909 formalizó la instrucción de reintegro, multa e inhabilidad.

Aduce que en contra de la Resolución Exenta N°942, interpuso reclamo ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, conforme al artículo 160 del D.F.L. N°29/2004 (Estatuto Administrativo), solicitando se declarara ilegal dicha resolución y se dejaran sin efecto el reintegro. Respecto a aquella se, resolvió mediante el Oficio N° OF80921/2026, rechazándolo bajo el fundamento de que los recursos “ingresaron efectivamente a su patrimonio” y que la devolución fue realizada un año después de su percepción, sin pronunciarse sobre los argumentos de proporcionalidad ni sobre la buena fe de la recurrente.

Finalmente, el 5 de mayo de 2026, el Servicio de Salud Magallanes la notificó, vía correo electrónico, el resultado del Oficio N° OF80921/2026 de la Contraloría Regional, comunicándole que disponía de un plazo de 5 días hábiles para gestionar ante la Contraloría facilidades de pago, advirtiendo que de no hacerlo procedería a efectuar el descuento de la totalidad de la suma adeudada directamente de sus remuneraciones, en cuotas sucesivas hasta saldar el total de la deuda En cuanto al acto de la Contraloría Regional alega falta de motivación suficiente debido a que su parte planteó expresamente tres argumentos de fondo: (i) que no hubo enriquecimiento indebido ni perjuicio fiscal, dado que devolvió íntegramente los fondos antes de ser notificada formalmente del cargo; (ii) que participó en el proyecto creyendo de buena fe que estaba autorizada por el Hospital, y que al recibir el Reservado N°574 la operación ya se había revertido; y (iii) que la sanción aplicada es manifiestamente desproporcionada respecto de la conducta efectivamente verificada.

Sin embargo, al omitir pronunciarse sobre los fundamentos centrales del reclamo, el acto recurrido es arbitrario por falta de motivación.

Respecto al acto del Servicio de Salud Magallanes, sostiene una inexistencia jurídica de “obtención de ingresos” entendiendo que el supuesto de hecho de la prohibición no se configuró además de una vulneración del principio de proporcionalidad ya que en el actuar de la recurrente no medió dolo ni ánimo de eludir el régimen de exclusividad; y la actividad no se desarrolló en competencia con el sistema público de salud sino en colaboración con él por lo que aplicar el máximo rigor normativo en estas circunstancias es manifiestamente desproporcionado.

Por otro lado alega una omisión de buena fe como circunstancia determinante debido a que la Contraloría General ha fijado en el Dictamen N° E443420/2024 que la finalidad de la Ley N°20.909 fue evitar que los funcionarios públicos migren al sector privado en busca de una mejor renta.

Por lo anterior, solicita:

1. Declarar que el Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, es arbitrario e ilegal y afecta las garantías constitucionales de la recurrente;

2. Declarar que la Resolución Exenta N°942, del Servicio de Salud Magallanes, es arbitraria e ilegal y afectan las garantías constitucionales de la recurrente;

3. Dejar sin efecto el Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena;

4. Dejar sin efecto la resolución Exenta N°942, del Servicio de Salud Magallanes;

5. Ordenar al Servicio de Salud Magallanes abstenerse de efectuar cualquier descuento en las remuneraciones de la recurrente, de iniciar cobro ejecutivo o de ejecutar acción alguna tendiente a hacer efectivo el reintegro ordenado;

6. Dejar sin efecto todo acto administrativo posterior que suponga la validez de los actos recurridos;

7. Dictar las demás medidas que S.S. Iltma. estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca; y Condena costas.

Acompaña, 1. Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

2. Notificación del Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

3. Resolución Exenta N°942, de fecha 17 de febrero de 2026, del Servicio de Salud Magallanes.

4. Ordinario N°107, de fecha 14 de enero de 2026, del Servicio de Salud Magallanes, que informa reintegro por incumplimiento del convenio de dedicación exclusiva.

5. Correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2026 del Servicio de Salud Magallanes, que comunica la amenaza de descuento directo de remuneraciones.

6. Comprobante de transferencia de fecha 13 de noviembre de 2025, por $1.100.000, acreditando la restitución íntegra de los fondos a la Universidad del Desarrollo con anterioridad a la notificación del cargo.

7.Boletas de honorarios N°1 y N°2 emitidas por la recurrente y sus respectivas anulaciones.8.Relación de servicios de la recurrente en el Servicio de Salud Magallanes.

Informa Alejandra Gálvez Romero, abogada por el recurrido Servicio de Salud de Magallanes, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Hace presente que la ley 20.909 crea una asignación que incentiva el desempeño con dedicación exclusiva para los profesionales de los servicios de salud. Frente a aquello, el Departamento de Auditoría detectó que la actora, emitió boletas de servicios de honorarios.

Así, el 21.10.2025, se le informa a doña nombre reservado del hallazgo detectado, lo que importa un incumplimiento normativo, solicitándole mediante el Oficio 107/20.01.2026 del Servicio, el reintegro de las sumas percibidas, además del pago de la respectiva multa, todo ello en estricto apego al artículo 4 de ley 20.909.

Agrega que el certificado de participación en el proyecto emitido, por la casa de estudios, da cuenta indubitada de la realización de labores propias de su profesión de nombre reservado por parte de la actora, prestando servicios para otra institución distinta del Servicio de Salud.

En cuanto al recurso, arguye que a la luz de lo establecido en el artículo octavo del Código Civil y habiendo suscrito voluntariamente -la recurrente- un convenio con el Servicio para su desempeño exclusivo, carece de todo sentido o asidero el supuesto desconocimiento, ya que debió comprender aquello que firmaba y cuyo tenor resulta del todo evidente, toda vez que los vocablos “desempeño exclusivo” no son en sí indescifrables.

Añade que, si la funcionaria tuvo alguna duda sobre el alcance del convenio suscrito, el establecimiento asistencial en el que se desempeña cuenta con un departamento jurídico que de manera permanente atiende las diversas consultas realizadas por los funcionarios y/o servidores del hospital.

Menciona que al obedecer la actuación del Servicio de Salud Magallanes de acuerdo al tenor literal de la ley 20.909, no incurrió en una ilegalidad ni mucho menos una arbitrariedad en su obrar, por el contrario aceptar la tesis de la contraria importaría una ilegalidad y comprometería la responsabilidad administrativa de la Directora del Servicio de Salud, por tanto la presente acción debe ser rechazada en todas sus partes.

Acompaña, mandato judicial de fecha 23 de julio de 2024 otorgada ante el Notario Público Interino de Punta Arenas, don nombre reservado, número de repertorio 2.311-2024, Certificado de participación, suscrito por d. nombre reservado., Directora del Proyecto Anillo ATE-220061, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, de fecha 28.10.2025 y boleta de honorarios electrónica, d. nombre reservado, de fecha 21.10.2025.

Informa la recurrida Contraloría General de la República, solicitando el rechazo de la acción.

Hace presente que lo que pretende la recurrente mediante esta acción cautelar es que esa Iltma. Corte de Apelaciones revise la decisión de la autoridad del Servicio de Salud Magallanes de disponer la devolución de las sumas que se le pagaron por concepto de asignación de dedicación exclusiva, más los reajustes y multa contemplada en la ley N°20.909, toda vez que esa actuación es la que causaría un agravio a la interesada.

Siendo así, el presente recurso de protección en ningún caso debió dirigirse en contra de dicho Órgano de Control, por lo que correspondería desestimarlo en lo que a la Institución Fiscalizadora se refiere, por falta de legitimación pasiva.

Por otro lado, plantea que lo pretendido en el recurso es que, por medio de esta acción cautelar se deje sin efecto un pronunciamiento jurídico emitido por esta Entidad Fiscalizadora, cuyas conclusiones no resultan afines a sus pretensiones.

Frente a lo anterior, alega que resulta claro que la presente acción excede la naturaleza cautelar del recurso de protección pues no existe un derecho indubitado a favor de la recurrente, sino que pretende, precisamente, obtener la declaración del mismo en esta sede, lo que implica una distorsión de la esencia del recurso.

Agrega que de la lectura de la acción no se advierte de qué manera el oficio N° OF80921, de 2026, que se impugna, ha podido ser ilegal, toda vez que se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; y artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la ley N°10.336; por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que rige la materia, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la resolución N°1.002, de 2011.

En cuanto al fondo indica que la recurrente incumplió el convenio de dedicación exclusiva suscrito con el Servicio de Salud Magallanes en contravención a la finalidad de la ley N°20.909, de acuerdo con el criterio contenido en el citado dictamen N°E443420, de 2024. Sin embargo, menciona que en aquellos antecedentes se planteaba una situación similar a la de la recurrente, debido a que en su caso los servicios fueron prestados a una entidad privada (la Universidad del Desarrollo), y, por tanto, pagados por ésta, contraviniendo la recurrente la exclusividad de desempeño requerida por la ley.

En cuanto a la proporcionalidad hace presente que en la situación que se analiza, el legislador no entregó al criterio de la autoridad la determinación de las medidas a imponer, sino que en el artículo 6°, inciso cuarto, de la citada ley N°20.909 estableció como consecuencia de la infracción de los convenios de dedicación exclusiva la actuación adoptada por el Servicio de Salud recurrido.

Acompaña, copia de la presentación realizada por la recurrente con fecha 23 de febrero de 2026, ingresada bajo el N° de referencia 233.248, de 2026, copia del oficio N°E80921, de 2026, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, copia del oficio Ord. N°730, de 2026, del Servicio de Salud Magallanes, copia de la resolución exenta N°942, de 2026, del Servicio de Salud Magallanes, copia del “Convenio de dedicación exclusiva ley N°20.909”, suscrito entre la señora nombre reservado y el Servicio de Salud Magallanes, el día 13 de noviembre de 2023, y solicitud de la misma fecha, copia de los dictámenes Nos 72.957, de 2010, 14.550, de 2012, y E443420, de 2024, de la Contraloría Regional de la República e Historia de la ley N°20.909.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, a través del presente recurso se reclama respecto de los actos consistentes en el Oficio N° OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026 emanado de la Contraloría General de la República, que valida el cobro de $4.307.044, más una multa equivalente a tres veces lo percibido y una inhabilidad de cinco años para volver a percibir la asignación contemplada en la Ley N°20.909 y la resolución exenta N°942 de fecha 17 de febrero de 2026, del Servicio de Salud de Magallanes, que desestima el recurso de reposición y mantiene la orden de reintegro, multa e inhabilidad.

CUARTO: Que, las recurridas solicitaron el rechazo del recurso en todas sus partes, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en cuanto a falta de legitimación pasiva alegada por la Contraloría General de la República, se debe tener presente que, conforme a lo referido en el considerando tercero, se impugna el Oficio N°OF80921/2026, de fecha 21 de abril de 2026, emanado de su parte por lo que dicha alegación será desestimada.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente que la Ley 20.909 crea una asignación que incentiva el desempeño con dedicación exclusiva de los profesionales de los servicios de salud, señalándose en su artículo número 4 los requisitos para acceder a aquella y en su inciso cuarto lo siguiente: “Los funcionarios que hayan suscrito el convenio a que se refiere el inciso segundo estarán sujetos a las siguientes prohibiciones e inhabilidades:

a) No podrán ejercer libremente su profesión y estarán impedidos de obtener ingresos por sociedades de profesionales que se dediquen a prestar servicios o asesorías profesionales, sea que los perciban en calidad de socio o por el hecho de prestar servicios en ella.

b) Tampoco podrán ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en entidades que persigan fines de lucro, siempre y cuando digan relación a su profesión.”

Por su parte el inciso 4 del artículo 6 del mismo cuerpo legal dispone: “Si como resultado de la aplicación del sistema de control se verificare el incumplimiento del convenio por parte del funcionario, el director del servicio de salud ordenará la devolución de la totalidad de lo recibido por concepto de la asignación durante el año calendario respectivo. Este monto será reajustado de conformidad con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o la institución que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Además, dicho funcionario deberá pagar una multa equivalente a tres veces la asignación percibida y no podrá volver a solicitarla dentro de los cinco años siguientes.”

SEPTIMO: Que, por otra parte, no es controvertido que la recurrente suscribió convenio de asignación por desempeño con dedicación exclusiva conforme a la Ley N°20.909, beneficio que le fue concedido mediante Resolución Exenta N°7.733, de fecha 29 de diciembre de 2023, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y que la boleta de honorarios N°1, de fecha 21 de octubre de 2024, da cuenta del pago de un total de $300.000, por servicios profesionales prestados a la Universidad del Desarrollo, correspondientes a “hemocultivo realizado en el Hospital de Punta Arenas, proyecto anillo ATE220061”.

OCTAVO: Que, en este orden, la actora no discute la emisión de la boleta de honorarios referida precedentemente, ni la participación en el proyecto señalado, sino que para impugnar las resoluciones de autos, alega una falta de fundamentación suficiente respecto a la Contraloría General de la Republica e inexistencia de obtención de ingresos, por lo que no se configuraría el supuesto de hecho para el reembolso y consecuencias de la misma, como así también vulneración del principio de proporcionalidad y omisión de la buena fe en su caso por parte del Servicio de Salud.

NOVENO: Que, respecto a la Contraloría de la República, se rechazará la acción atendido que aquella al emitir el oficio impugnado en autos, no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le han sido asignadas en virtud de lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 1,5, 6, 9 y 67 de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General; las que han sido debidamente delegadas por el Contralor General en los Contralores Regionales mediante la resolución N°1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, emitiendo un pronunciamiento conforme la petición realizada por la propia actora, sin que exista ilegalidad alguna en su dictamen, ni arbitrariedad.

DECIMO: Que, asimismo, respecto al Servicio de Salud recurrido, conforme la normativa legal transcrita en el considerando sexto de esta sentencia, aquel se limitó a hacer uso de dicha facultad, al constatarse la prestación de servicios incompatible, de la recurrente en el año 2024, lo que no puede calificarse de arbitrario ni ilegal, atendido el tener expreso del convenio y las normas referidas.

UNDECIMO: Que, por lo demás, el conflicto se centra en las distintas interpretaciones que las partes hacen respecto de la aplicación de normativa legal, por lo que los derechos cuya protección alega la recurrente no tienen el carácter de indubitados, exigencia fundamental para que esta acción pueda prosperar, ya que los derechos exhortados por aquella no aparecen definitivos como derechos preexistentes, sino controvertidos por orden e interpretación de Contraloría General de la República, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos. En consecuencia, el reconocimiento o declaración de los derechos que esgrime en esta causa, es propio de una controversia de lato conocimiento, en que las partes puedan procesalmente acreditar en forma legal sus pretensiones, esto es, discutir, formular alegaciones, rendir prueba y deducir los recursos que sean procedentes, como lo ha expresado repetidamente la Excma. Corte Suprema.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de falta de legitimación pasiva opuesta por la Contraloría General de la República.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica chilena y el Servicio de Salud de Magallanes, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic, quien no firma por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°245-2026 PROTECCIÓN.