Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes y Antártica Chilena y

nombre reservado, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes y Antártica Chilena y de la Superintendencia de Seguridad Social, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo reiterado e injustificado de sus licencias médicas, materializado en la Resolución Exenta N°NUM000, de 30 de abril de 2026, privándola del pago de subsidios por incapacidad laboral, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 9, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que es una mujer de 67 años, que ha trabajado gran parte de su vida como cajera en la tienda nombre reservado de nombre reservado, y que padece diabetes mellitus e hipertensión arterial, patologías crónicas que la obligan a mantener cuidados permanentes, especialmente respecto de sus horarios de alimentación, debiendo ingerir colación aproximadamente a las 17:00 horas para evitar graves descompensaciones.

Menciona que las dificultades laborales relacionadas con su condición médica fueron deteriorando progresivamente su salud mental, pues no se le permitía tomar adecuadamente la colación prescrita, situación que la hizo sentir humillada y menoscabada, viéndose obligada incluso a comer en una bodega y a recurrir a la Inspección del Trabajo para exigir condiciones mínimas compatibles con su estado de salud, todo lo cual derivó en un cuadro depresivo severo, diagnosticado como depresión mayor por médico psiquiatra.

Refiere que nunca ha sido una persona recurrente en el uso de licencias médicas, pero que su salud mental colapsó completamente, y que luego de un tratamiento inicial efectuado entre enero y marzo de 2025 con la Dra. nombre reservado, médico general, fue derivada al médico psiquiatra Dr. nombre reservado.

Asevera que durante aproximadamente seis meses vivió un período extremadamente complejo, con graves síntomas y descompensaciones, perdió 17 kilos de peso, sufrió caída del cabello y abandono total de sus actividades cotidianas, siendo diagnosticada con un trastorno depresivo mayor, presentando desconcentración, hipomnesia de corto plazo, ideas de muerte, baja autoestima, sentimientos de humillación y vejación, insomnio severo, angustia e incapacidad funcional significativa, asignándole una evaluación EEAG de 40 puntos, dando cuenta de una afectación psiquiátrica severa.

Sostiene que sus licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, extendidas sucesivamente entre el 24 de mayo y el 3 de noviembre de 2025, fueron rechazadas por la COMPIN bajo la causal genérica de “reposo prolongado para patología” y “sin causa médica que justifique el reposo”, y que, recurriendo ante la SUSESO, la que confirmó el rechazo mediante las resoluciones N°NUM007, NUM008, NUM009, NUM010 y NUM011, argumentando que no existiría incapacidad laboral más allá de 149 días de reposo continuos ya autorizados por la misma patología.

Afirma que jamás fue citada a peritaje psiquiátrico presencial, evaluación médica integral ni comisión médica especializada por parte de la COMPIN, pese a tratarse de una patología psiquiátrica compleja y severa, limitándose las recurridas a rechazar sucesivamente sus licencias sobre la base de criterios administrativos y sin una evaluación clínica directa de su estado de salud, no obstante haber acompañado abundante documentación médica, recetas, boletas, informes clínicos e informes de su médico tratante, e incluso haber solicitado expresamente ser evaluada por una comisión médica o médico contralor, cuestión que nunca ocurrió.

Añade que el actuar de las recurridas significó que durante extensos períodos no recibiera ingreso alguno, pese a encontrarse incapacitada laboralmente, afectando gravemente su subsistencia y la de su familia, obligándola incluso a retornar prematuramente al trabajo por estricta necesidad económica y no por encontrarse recuperada su salud mental, y que actualmente continua con el tratamiento psiquiátrico mensual desde enero de 2026 y tratamiento psicológico semanal desde marzo de 2026, con sintomatología depresiva e insomnio.

Alega que el actuar recurrido es ilegal, por infringir el artículo 6 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que establece que corresponde al médico tratante determinar la dolencia y el reposo necesario para la recuperación del trabajador, existiendo en la especie reiterados informes médicos especializados del psiquiatra tratante que justificaban el reposo prescrito, sin que las recurridas efectuaran evaluación clínica presencial alguna que permitiera desvirtuarlos.

Adiciona que el acto es también arbitrario, por carecer las resoluciones impugnadas de razonabilidad suficiente y desatender los antecedentes clínicos acompañados, especialmente la gravedad del cuadro depresivo, la existencia de ideación suicida, la pérdida significativa de peso, la afectación funcional severa, las patologías crónicas concurrentes, la edad de la recurrente y el tratamiento psiquiátrico y farmacológico prolongado, sustituyendo arbitrariamente el criterio clínico del médico especialista tratante sin practicar examen presencial alguno.

Aduce que el actuar de las recurrida, vulnera las garantías del artículo 19 N°1, 9, 24 de la Carta Fundamental ya que la negativa de las recurridas de entregar cobertura a las licencias médicas, ha afectado su estado de salud mental, desconoce los tratamientos válidamente prescritos, y niegan un derecho respecto del cual tiene derecho.

Solicita que se declare que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario; se ordene dejar sin efecto las resoluciones recurridas que rechazaron las licencias médicas individualizadas; que se ordene a las recurridas autorizar y pagar las licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006; disponer que adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de las garantías constitucionales vulneradas; y condenar en costas a las recurridas.

Informa don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, pidiendo que se rechace el recurso con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no se encuentra dentro de la enumeración taxativa del artículo 20 de la Constitución y, por tanto, no está amparado por esta acción cautelar.

En cuanto al fondo, refiere que consta en el expediente administrativo que la recurrente recurrió ante esa Superintendencia mediante presentación de 24 de marzo de 2026, solicitando reconsiderar el dictamen N° NUM012, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN de Magallanes en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, extendidas por un total de 140 días a contar del 24 de mayo de 2025, por reposo no justificado.

Sostiene que, estudiados los antecedentes, su representada concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, pues los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 149 días de reposo continuos ya autorizados por la misma patología.

Refiere que los informes médicos adjuntos describen un cuadro con evolución favorable durante el período analizado, sin que se aporten antecedentes clínicos que acrediten una agravación ni la persistencia de un compromiso funcional severo que justifique la mantención del reposo, documentándose además incumplimiento terapéutico en fases iniciales, sin que posteriormente se describan ajustes farmacológicos relevantes ni descompensaciones que fundamenten la prolongación del reposo. No acredita asistencia a psicoterapia, dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N°NUM000, de 30 de abril de 2026.

Destaca que el Dr. nombre reservado señaló “se presentan cinco licencias médicas consecutivas entre mayo y septiembre de 2025, todas por episodio depresivo moderado. Existe un historial de reposo prolongado y fragmentado, con más de 623 días autorizados en total (no consecutivos), lo que configura un curso crónico con uso extensivo de reposo laboral. (…). Los antecedentes clínicos aportados demuestran evolución favorable y no concordante con la necesidad de la extensión del reposo, la cual resulta desproporcionada respecto a la evolución clínica documentada y no se justifica desde el punto de vista terapéutico”.

Describe el marco jurídico normativo que regula la materia y sostiene que su actuación se ajusta a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan sus atribuciones fiscalizadoras e indica que, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Afirma que el solo otorgamiento de una licencia médica por un facultativo no genera el nacimiento de un derecho al subsidio por incapacidad laboral, pues éste requiere de una licencia previamente autorizada por la entidad correspondiente y del cumplimiento de los requisitos legales, de modo que no existe el derecho de propiedad invocado sobre eventuales subsidios, por lo que descarta cualquier actuar ilegal y arbitrario.

A folio informa don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, pidiendo que se rechace el recurso.

Expone que, conforme a los antecedentes que obran en su poder, la usuaria registra reposo por causal de origen psiquiátrico desde el 31 de diciembre de 2024, emitido inicialmente por médico general, alcanzando a 71 días continuos entre el 15 de enero y el 26 de marzo de 2025, los cuales se encuentran autorizados (las dos últimas mediando apelación ante la SUSESO); y que posteriormente, iniciado control y tratamiento con el médico psiquiatra doctor nombre reservado, se autorizaron 58 días continuos entre el 27 de marzo y el 23 de mayo de 2025, por Dictamen SUSESO N°NUM013 de 17 de junio de 2025.

Menciona que el reposo a contar del 24 de mayo de 2025 (licencia folio N°NUM001) se rechazó por no haber cambio en el curso de la enfermedad, a pesar de tener tratamiento acotado, completando 144 días ya autorizados, sin posibilidad de reintegro laboral a corto plazo, ratificándose el rechazo de la licencia médica N°NUM001 por la SUSESO en dos oportunidades, mediante Resoluciones N°NUM014 de 15 de julio de 2025 y N°NUM015 de 24 de septiembre de 2025, fundadas en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral más allá de los 149 días de reposo ya autorizados por la misma patología, “Que, los informes presentados no incorporan dentro del plan de tratamiento intervenciones de apoyo psicológicas, compatibles con el rol de los estresores psicosociales descritos en la historia médica, ni especifican elementos psicopatológicos de gravedad que impacten severamente en la capacidad funcional. No se determina además un plan de reintegro laboral ni una fecha estimada de alta, en concordancia con el tiempo de reposo ya cumplido.”

Refiere que las licencias posteriores, objeto del presente recurso, mantienen el rechazo por la misma causal, fundado en que no presentan cambio en el curso de la enfermedad, sin impacto en la capacidad funcional, manteniéndose el tratamiento, sin plan de reintegro ni propuesta de alta. Destaca que, en cuanto a la realización de peritajes o evaluación presencial, es facultad de la COMPIN realizar otras instancias para recabar mayor información si los antecedentes no son suficientes para determinar la pertinencia del reposo, lo que en este caso no fue necesario, pues se tuvieron a la vista los informes médicos que la usuaria puso a disposición a través de sus recursos de reposición.

Concluye que la COMPIN no ha actuado de forma ilegal o arbitraria, sino de manera coherente con el Decreto N° 3 de 1984, que circunscribe la naturaleza de la licencia médica como herramienta encaminada a la recuperación de la salud del trabajador, para su reincorporación laboral, y no como instrumento para “eternizar” el reposo médico, puesto que de no ser viable el reintegro laboral, se franquean otras alternativas y procesos relacionados con la declaración de invalidez del usuario, solicitando se desestime el recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente arbitrio se reclama en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes y Antártica Chilena y de la Superintendencia de Seguridad Social, por el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, materializado en las resoluciones de la COMPIN de Magallanes y confirmado por la SUSESO mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 30 de abril de 2026, por reposo no justificado.

CUARTO: Que, a su turno, las recurridas informan al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción interpuesta.

QUINTO: Que en primer término, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de la licencias médica, se alega vulneración de garantías constitucionales que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Asimismo, se les otorga la facultad de disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 del referido reglamento, entre otras las de la letra a), esto es, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, o la signada en la letra e) que permite disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

De igual forma, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

Así las cosas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

SEPTIMO: Que respecto de la licencia médica NUM006, que la recurrente sostiene que fue otorgada por 30 días a contar del 3 de noviembre de 2025, no es posible emitir pronunciamiento, en atención a que aquella no se encuentra incluida en la Resolución Exenta N°NUM000 de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnada en estos autos.

OCTAVO: Que, respecto de las restantes licencias médicas, la Resolución Exenta N° NUM000, de 30 de abril de 2026, señala en lo pertinente que, “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 149 días de reposo continuos ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos adjuntos describen un cuadro con evolución favorable durante el período analizado. No se aportan antecedentes clínicos que acrediten una agravación ni la persistencia de un compromiso funcional severo que justifique la mantención del reposo por el período solicitado. Asimismo, se documenta incumplimiento terapéutico en fases iniciales, sin que posteriormente se describan ajustes farmacológicos relevantes ni descompensaciones que fundamenten la prolongación del reposo. No acredita asistencia a psicoterapia.” Por ello resuelve confirmar el rechazo de las mencionadas.

NOVENO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, activadas por la recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión de que no era procedente la autorización de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, decisión que fue adoptada por las recurridas dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en dicha actuación.

DECIMO: Que, asimismo, se tiene presente que los certificados médicos emitidos por el psiquiatra nombre reservado acompañados a folio 1, fueron considerados por la recurrida en la Ficha Licencia Médica suscrita por el médico nombre reservado al emitir su opinión profesional, en cuanto indica que los informes médicos complementarios evidencian una evolución clínica con un tratamiento farmacológico acorde, y destacando antecedentes explícito de incumplimiento terapéutico en etapas iniciales, lo que constituye un factor relevante en la prolongación del reposo, concluyendo que, si bien existió un cuadro depresivo que inicialmente pudo justificar reposo laboral, los antecedentes clínicos aportados demuestran evolución favorable y no concordante con la necesidad de la extensión de éste, lo que resulta desproporcionada respecto a la evolución clínica documentada y no se justifica desde el punto de vista terapéutico.

Sobre la exigencia que se decreten nuevos peritajes médicos, cabe consignar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del citado Decreto N°3: “La Compin y la Unidad de Licencias Médicas, en su caso, tendrán un plazo de siete días hábiles para pronunciarse sobre las licencias, el que se contará desde la fecha en que el respectivo formulario se reciba en su oficina.

Este plazo podrá ampliarse por otros siete días hábiles en caso de que los antecedentes requieran estudio especial, dejándose constancia de este hecho. Cuando a juicio de la Compin o la Unidad de Licencias Médicas que está conociendo de la respectiva licencia, sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador”. A continuación, en su artículo 25 indica que: “Transcurridos los términos indicados en el artículo precedente, sin que la entidad competente emita el pronunciamiento respectivo sobre la licencia, ésta se entenderá autorizada y se procederá a los trámites para su pago y demás efectos legales, si correspondiere”.

En este orden, resulta consecuente que la obligación legal de emitir un pronunciamiento dentro de plazo, restringe la posibilidad de realizar nuevos exámenes o peritajes complementarios a los usuarios, ante la imposibilidad fáctica de realizar aquellos en la oportunidad establecida en la normativa.

UNDECIMO: Que, conforme a lo razonado, la fundamentación entregada por los organismos recurridos, basada en los antecedentes médicos tenidos a la vista, con los cuales se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006 no se encontraba justificado, más allá del período ya autorizado por la misma patología, a juicio de estos sentenciadores impone que la decisión de las recurridas se encuentra debidamente fundada, por lo que no se está frente a una actuación administrativa caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a descartar la existencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es posible concluir que en la especie no se ha acreditado la concurrencia del requisito contenido en la letra b) del considerando segundo, motivo por el cual el recurso interpuesto deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes y Antártica Chilena y de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic, quien no firma por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°243-2026 PROTECCIÓN.