Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Punta Arenas, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, y deduce recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, enfermero, dirigido en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por doña nombre reservado, y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, representada legalmente por doña nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta NUM000, de 29 de abril de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 40 días a contar del 16 de octubre de 2025, por reposo no justificado, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 27 de febrero de 2026, el recurrente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, apelando por cuanto la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena confirmó el rechazo de las licencias médicas individualizadas, por reposo no justificado, ratificación contenida en la Resolución de SUSESO NUM000, de 29 de abril de 2026, acto administrativo objeto del presente recurso, la que señala: ...“en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá́ de los 148 días de reposo ya autorizados por la misma patología, entre enero 2024 y octubre de 2025; que los informes disponibles no describen elementos de gravedad o reagudización que justifiquen la incapacidad laboral temporal en el periodo solicitado, estimándose que el tiempo otorgado previamente ha sido adecuado para la estabilización. Al no existir evidencia técnica que fundamente la necesidad de una prórroga por sobre lo ya concedido, se estima que el reposo aquí́ reclamado no se encuentra justificado para los fines recuperativos previstos en la normativa vigente…”.

Refiere que dicha respuesta es contradictoria, arbitraria y abiertamente ilegal, toda vez que de la documentación adjuntada a la reclamación se denota la observancia de los requisitos necesarios para la justificación y posterior aprobación del reposo prescrito.

Indica que el recurrente se desempeña como enfermero en el Servicio de Salud de Magallanes y que el motivo que lo llevó a estar con licencia médica fue un estado de angustia y ansiedad con trastorno del sueño, que se desencadenó cuando se cambió la jefatura del hospital y comenzaron graves vulneraciones a sus derechos, incluyendo acoso, maltrato laboral y el inicio de una investigación sumaria en su contra, todo lo cual derivó en un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, iniciando tratamiento farmacológico y psicoterapia.

Destaca que las licencias médicas se encuentran acreditadas por médico especialista, el psiquiatra Dr. nombre reservado, y que comenzó terapia psicológica con la especialista nombre reservado.

Sostiene que el recurrente ha cumplido a cabalidad con los procedimientos médicos necesarios para la aprobación de sus licencias, sometiéndose a las indicaciones prescritas, tanto la farmacología como los tratamientos complementarios.

Afirma que el rechazo de las licencias médicas vulnera las garantías de los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República toda vez que importa la privación de un derecho a retribución monetaria contemplado expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, lo cual no se condice con el fin esencial de una licencia médica, cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Alega que la decisión de las recurridas debe ser fundada, lo que no ocurre en la especie toda vez que no consta que se hayan solicitado otros antecedentes ni dispuesto pericia alguna para verificar la procedencia médica del reposo, como lo establece el artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, limitándose a negar un derecho y que la decisión de las recurridas carece de la necesaria fundamentación, ponderación y razonabilidad, agregando que las licencias fueron rechazadas fuera de plazo, lo que no permitió que fueran pagadas, generándole un perjuicio económico.

Solicita, en definitiva, que se ordene que se autoricen y paguen las singularizadas licencias médicas, con costas.

Informa don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, en representación de la COMPIN, pidiendo que se rechace el recurso.

Expone que el recurrente reclama respecto del rechazo de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 40 días a contar del 16 de octubre de 2025, por reposo no justificado, ratificación contenida en la Resolución de SUSESO NUM000, de 29 de abril de 2026.

Refiere que el recurrente es funcionario del Servicio de Salud Magallanes, desempeñándose como enfermero en el Hospital de Puerto Natales, y que registra reposo por causa psiquiátrica desde enero de 2024.

Precisa que, según el histórico de licencias, registra 101 días continuos autorizados entre el 30 de enero y el 9 de mayo de 2024; un período entre el 3 de octubre de 2024 y el 14 de febrero de 2025 con 22 días autorizados, 10 reducidos y 103 rechazados mediante Resolución SUSESO NUM003; 15 días autorizados entre el 8 y el 22 de abril de 2025; y un período entre el 1 de octubre y el 24 de noviembre de 2025 con los primeros 15 días autorizados y los 40 días siguientes rechazados, correspondientes a las licencias por las cuales se presenta el presente recurso.

Sostiene que, respecto de las licencias alegadas, la Contraloría Médica considera injustificado el reposo, registrándose en cartola médica que el recurrente fue evaluado por varios tratantes sin que exista cambio en el curso de la enfermedad, manteniendo la Superintendencia de Seguridad Social el rechazo por cuanto los antecedentes disponibles no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 148 días ya autorizados por la misma patología entre enero de 2024 y octubre de 2025. Destaca, además, que el funcionario tuvo evaluación en la Mutual de Seguridad, que calificó su patología como de origen común, manteniendo SUSESO dicha calificación mediante Resolución Exenta NUM004, de 18 de marzo de 2026, descartándose el origen laboral.

Afirma que en ningún caso la COMPIN ha actuado de forma ilegal o arbitraria, sino de manera coherente con lo prescrito en el Decreto N°3 de 1984, que define y circunscribe la naturaleza de la licencia médica, encaminada a la recuperación de la salud del trabajador para su reincorporación laboral, destacando que no responde a una herramienta para “eternizar” el reposo médico, puesto que, de no ser viable el reintegro laboral, se franquean otras alternativas relacionadas con la declaración de invalidez.

Solicita que se desestime el recurso.

Informa don Jorge Esteban Garrido Pehuén, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, pidiendo que se rechace el recurso.

Afirma que no ha existido de parte de esa Superintendencia actuación ilegal o arbitraria alguna que haya causado al recurrente vulneración de derecho constitucional, pues el organismo se limitó a resolver, dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, y que el asunto debatido en autos versa sobre materias propias del sistema de seguridad social, particularmente sobre la procedencia del reposo médico contenido en las licencias médicas reclamadas y el eventual acceso al subsidio por incapacidad laboral, deben ser conocidas y resueltas conforme al procedimiento administrativo técnico previsto al efecto, no siendo esta acción cautelar la vía idónea para sustituir la valoración médico-funcional efectuada por la autoridad competente Expone, en cuanto al fondo, las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, el derecho a licencia médica y su marco regulador.

En cuanto a la fundamentación del acto impugnado, menciona que la Resolución Exenta NUM000 expresa con claridad las razones que sustentan la decisión, al concluir que el reposo prescrito no se encontraba justificado, por cuanto los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 148 días de reposo ya autorizados por la misma patología entre enero de 2024 y octubre de 2025. Agrega “que, los informes disponibles no describen elementos de gravedad o reagudización que justifiquen la incapacidad laboral temporal en el periodo solicitado, estimándose que el tiempo otorgado previamente ha sido adecuado para la estabilización. Al no existir evidencia técnica que fundamente la necesidad de una prórroga por sobre lo ya concedido, se estima que el reposo aquí reclamado no se encuentra justificado para los fines recuperativos previstos en la normativa vigente”.

Refiere que la ficha médica elaborada por los profesionales de la Superintendencia consigna que el tratamiento farmacológico se mantiene con dosis habituales de antidepresivos y ansiolítico, sin registrarse ajustes recientes que den cuenta de una reagudización de la severidad de cuadro. Añade, que el propio informe psicológico acompañado por el recurrente, de 18 de febrero de 2026, describe una evolución altamente favorable, con remisión significativa de la sintomatología, recuperación de la funcionalidad laboral, adecuada regulación emocional y reintegración laboral efectiva, concluyendo que el interesado se encontraba clínicamente estable y con pronóstico favorable.

Arguye que, la resolución impugnada no se limitó a enunciar una conclusión genérica, sino que explicita los elementos clínico-funcionales tenidos a la vista para resolver, particularmente la extensión del reposo autorizado por la misma patología y la insuficiente acreditación clínico-funcional de una incapacidad laboral temporal de entidad suficiente para justificar la prolongación del reposo. Tales elementos fueron debidamente ponderados y permiten sustentar adecuadamente el rechazo del reposo en cuestión, por lo que la decisión impugnada no constituye un acto arbitrario ni carente de fundamentación, sino el resultado de una evaluación técnico-médica efectuada dentro del ámbito de su competencia legal. Señala que tampoco resulta atendible la alegación relativa a la falta de nuevas diligencias médicas, toda vez que, conforme al artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, la adopción de medidas adicionales constituye una facultad que se ejerce únicamente cuando los antecedentes disponibles resultan insuficientes para resolver, lo que no ocurre en la especie.

Solicita que la acción sea desestimada, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente arbitrio se reclama en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, materializado en las resoluciones de la COMPIN de Magallanes y confirmado por la SUSESO mediante Resolución Exenta NUM000, de 29 de abril de 2026, por reposo no justificado.

CUARTO: Que, a su turno, las recurridas informan al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción.

QUINTO: Que en primer término, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se alega vulneración de garantías constitucionales que sí se encuentran tuteladas por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Asimismo, se les otorga la facultad de disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 del referido reglamento, entre otras las de la letra a), esto es, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, o la signada en la letra e) que permite disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

De igual forma, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

Así las cosas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

SEPTIMO: Que, respecto de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, la Resolución Exenta NUM000, de 29 de abril de 2026, señala en lo pertinente que, “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 148 días de reposo ya autorizados por la misma patología, entre enero 2024 y octubre de 2025.

Que, los informes disponibles no describen elementos de gravedad o reagudización que justifiquen la incapacidad laboral temporal en el periodo solicitado, estimándose que el tiempo otorgado previamente ha sido adecuado para la estabilización. Al no existir evidencia técnica que fundamente la necesidad de una prórroga por sobre lo ya concedido, se estima que el reposo aquí reclamado no se encuentra justificado para los fines recuperativos previstos en la normativa vigente.” Por ello resuelve confirmar el rechazo de las mencionadas licencias médicas.

OCTAVO: Que, de los antecedentes acompañados, es dable colegir que, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, activadas por el recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, decisión que fue adoptada por las recurridas dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

NOVENO: Que asimismo, se tiene presente que el certificado de la psicóloga tratante doña nombre reservado acompañado a folio 1, indica comienzo del tratamiento psicológico el 17 de noviembre de 2025, es decir, con posterioridad al inicio del reposo que da cuentan las licencias médicas impugnadas en estos autos, esto es, el 16 de octubre de 2025.

A su vez, el informe evacuado por el psiquiatra nombre reservado de 9 de diciembre de 2025, se refiere al contexto puntual de la evolución de la patología del paciente respecto de un periodo de reposo médico, antecedente que fue ponderado por la recurrida según consta en la Ficha de Licencia Médica evacuada por el profesional nombre reservado, quien estimó que el tiempo otorgado aparece suficiente para la estabilización y reintegro, por lo que sugiere no acoger.

DECIMO: Que conforme a lo señalado, la fundamentación entregada por los organismos recurridos, basada en los antecedentes médicos tenidos a la vista con los cuales se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002 no se encontraba justificado, más allá del período ya autorizado por la misma patología, a juicio de estos sentenciadores, permite constatar que la decisión de las recurridas se encuentra debidamente fundada, por lo que no se está frente a una decisión caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, resultando por ello innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic, quien no firma por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°240-2026 PROTECCIÓN.